Hay escuelas en donde se aprende y hay escuelas en donde se dialoga, participa y convive; en las mejores sucede todo simultáneamente. En Michoacán cuesta encontrar la segunda. Participar es el tercer verbo del derecho a la educación y el más descuidado, porque no aparece en ninguna estadística de cobertura ni en ninguna prueba internacional. Se nota cuando una comunidad no sabe en qué se gastó su presupuesto.
La ley prevé que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo de participación escolar, integrado por madres, padres, docentes, directivos y representantes de la comunidad, y que cada entidad cuente con un consejo estatal, el CEPEE, además de consejos municipales. Su propósito es que la comunidad opine, vigile y colabore en la vida escolar, desde el uso de recursos hasta la convivencia y la asistencia. En el papel, Michoacán tiene toda esa arquitectura.
Detrás de ese diseño hay un principio que va más allá de la administración escolar. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México es parte, reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión en los asuntos que les afectan y a que esa opinión sea tomada en cuenta. Pocos asuntos los afectan más que su escuela. Participar no es una concesión de la autoridad ni un adorno democrático, sino parte sustantiva del constitucional derecho a la educación, por lo que, una escuela que no escucha y que no brinda canales de participación incumple una obligación, aunque sus aulas estén llenas y sus maestros cobren puntualmente.
En la práctica, la huella pública es mínima. La más reciente localizada, de una sesión del consejo estatal, entonces llamado de participación social, es la sexta sesión ordinaria reportada en 2019. No encuentro evidencia pública de planes de trabajo, sesiones ni rendición de cuentas posteriores del consejo estatal ni de los municipales. Hablo de un hueco de transparencia, no de un hallazgo cerrado, y las autoridades pueden llenarlo; un órgano de participación que no puede mostrar lo que hace es, por definición, un órgano que participa poco. En muchas escuelas el consejo se reduce a un acta que se firma para recibir recursos, no a un espacio para deliberar.
Las autoridades educativas organizan reuniones con madres y padres, y muchas comunidades sostienen su escuela con trabajo, cuotas y cariño. Eso es participación y es valiosa, pero es informal, no sistemática y solo con propósitos específicos, lo que no sustituye a los órganos con atribuciones legales, con información pública y con capacidad de incidir en decisiones. Cuando la colaboración se limita a faenas y cooperaciones, la comunidad pone la mano de obra y las decisiones se toman en otra parte. Esto es, democracia dirigida y una simulación de gobernanza. Peor aún, en el contexto michoacano de violencia, inseguridad, desplazamiento forzado, precariedad, ausentismo y falta de maestros, es sabido que, una escuela que opera en modo de supervivencia no puede enseñar a deliberar.
La ausencia más llamativa es la de los propios estudiantes. En la educación media superior y superior casi no existen espacios reconocidos donde los jóvenes decidan o incidan, mientras que, en la básica la participación infantil suele reducirse a ceremonias y concursos. Es una paradoja: se les pide madurez para elegir carrera a los quince años y no se les da voz sobre su escuela. Una señal de ese malestar aparece en las encuestas estatales que hemos realizado desde Mexicanos Primero Michoacán en 2023 y en 2026: el grupo que señala la educación como principal problema pasó de 1.7 a 3.5 por ciento y, dentro de él, los jóvenes de 18 a 29 años pasaron de 14.8 a 68.2 por ciento. Si bien, es un segmento pequeño y la comparación tiene límites metodológicos, sugiere que quienes más viven el problema son quienes menos canales tienen para plantearlo.
La participación estudiantil también se aprende: principalmente, practicándola. Un joven que ha votado por su representante de grupo, que ha debatido el reglamento de convivencia o que ha propuesto una mejora para su plantel llega a la vida adulta con otra relación con las instituciones: sabe que opinar tiene consecuencias y que los acuerdos se construyen. Quien jamás tuvo esa experiencia aprende, en cambio, que las decisiones se toman en otro lado y que lo sensato es callar o irse.
Tampoco hay espacios reales donde madres y padres opinen sobre la asignación de plazas, el calendario o el uso de los recursos que llegan al plantel. Los programas que entregan recursos directos a las escuelas operan con comités comunitarios; su valor depende de que la comunidad conozca el monto, el destino y los resultados, y no está claro que esa información se publique de forma sistemática.
La falta de información alimenta la sospecha. Cuando la comunidad no sabe cómo se asignan las plazas docentes ni por qué un grupo lleva semanas sin maestro, la desconfianza hacia la autoridad crece. Y la desconfianza, en un estado con un tejido institucional tan golpeado, es un costo democrático.
La participación exige seguridad, y la escuela michoacana convive con la violencia. El 22 de febrero de 2026 se suspendieron las clases en todo el estado tras los hechos violentos derivados de la muerte de un líder criminal; en Apatzingán se reportó el cierre de 34 escuelas, y a inicios de 2025 hubo cierres por inseguridad en Zinapécuaro, Zitácuaro, Queréndaro, Tepalcatepec, Buenavista y Erongarícuaro. Michoacán está entre los tres estados con más homicidios dolosos de menores, con 749 víctimas entre 2015 y enero de 2025, y 30,862 viviendas reportaron desplazamiento por inseguridad en la Encuesta Intercensal 2025. En el Valle de Apatzingán, la investigación académica documenta cómo los maestros aprenden a trabajar bajo fuego. En esos contextos, convocar al consejo escolar puede ser un acto de valentía, pero, una comunidad atemorizada no vigila nada.
Y, por si fuera poco, la infraestructura excluye: más de 80 por ciento de los planteles carece de adaptaciones para estudiantes con discapacidad. ¿Así como se convivirá con la constitucional inclusividad?
La convivencia escolar, además, necesita algo más que reglamentos. Una escuela en la que los alumnos no tienen voz ni mecanismos para reportar el acoso, la discriminación o el abuso de autoridad es una escuela donde esos problemas se esconden. La convivencia se construye cuando existen reglas acordadas con los estudiantes, instancias confiables para denunciar y adultos que responden. Y la experiencia comparada sugiere que las escuelas con comunidades informadas y activas tienden a tener mejor asistencia, mejor clima escolar y mayor cuidado de sus recursos. Participar no es un lujo para tiempos tranquilos, sino que constituye una condición para que la escuela funcione en los momentos difíciles. No es de simulación, sino que es de gobernanza.
A corto plazo, la ausencia de participación significa decisiones sin control social: plazas mal asignadas, recursos sin rendición de cuentas, problemas de convivencia que nadie atiende y una violencia que se normaliza. A mediano plazo, se erosiona la confianza de las familias en la escuela pública y se debilita su legitimidad; quienes pueden pagar se van a la privada y quienes no, se resignan. A largo plazo, el costo es cívico: una generación que nunca decidió nada en su escuela difícilmente exigirá cuentas a sus gobiernos, y las instituciones quedarán más expuestas a la captura de intereses criminales y a la apatía política.
Por todo lo anterior, hay que reinstalar y hacer funcionar el consejo estatal y los consejos municipales, con integración plural, sesiones abiertas, actas publicadas y un informe anual de gestión. Cada consejo escolar debe tener funciones reales en el uso de los recursos del plantel y publicar, en la puerta de la escuela y en línea, lo que recibe y lo que gasta. En media superior y superior deben reconocerse consejos estudiantiles con voz y voto en los asuntos de convivencia; mientras que, en la educación básica deben crearse espacios de participación infantil con metodologías de formación en gobernanza escolar adecuadas a cada edad. Es indispensable a nivel estatal un tablero público que mida el avance de las metas del Programa Sectorial de Educación y un protocolo de seguridad para que los consejos puedan sesionar en zonas de riesgo, con apoyo de las autoridades municipales y estatales.
Conviene añadir dos herramientas sencillas. La primera es un presupuesto participativo escolar, en el que cada comunidad decida, con información pública y acompañamiento técnico, el destino de una parte de los recursos del plantel. La segunda es una contraloría social efectiva, con madres, padres y estudiantes capacitados para verificar obras, entregas de materiales y asignación de plazas, y con un canal de denuncia que proteja a quien lo usa. Ambas deben medirse: cuántos consejos sesionan, cuántas actas se publican, cuántos estudiantes participan y qué decisiones cambiaron gracias a ellos. Lo que se publica se vigila y lo que se vigila mejora.
Nada de esto funciona sin formación y sin información. Los directores necesitan capacitación para conducir consejos que deliberen en lugar de validar. Las madres y los padres necesitan conocer sus atribuciones, la composición del consejo y la manera de exigir cuentas, en un lenguaje claro y, donde corresponda, en las lenguas de cada comunidad. Y los estudiantes necesitan espacios seguros, con adultos que los acompañen sin dirigirlos. Un portal estatal, sencillo y abierto, que reúna actas, presupuestos escolares, plazas, calendarios efectivos y resultados, haría visible lo que hoy es invisible y pondría a la autoridad frente a su propia información.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación en el Estado debería de publicar en noventa días el listado de consejos de participación instalados, con fechas de sesión y actas.
El Congreso del Estado de Michoacán debe de pedir cuentas sobre el funcionamiento del CEPEE y exigir un tablero abierto con las metas del Programa Sectorial de Educación.
Paralelamente, los ayuntamientos deben de instalar consejos municipales con sesiones públicas y acompañar a los comités escolares en zonas de riesgo.
Los directores de los planteles deben de abrir las sesiones del consejo escolar a madres y padres y rendir cuenta de cada peso que llega al plantel.
Los estudiantes, niñas, niños y jóvenes deben de organizarse, exigir su lugar en los consejos y hacer de la escuela un espacio que también les pertenece. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
