CENSURA A LA VISTA
En un intento más por coartar la libertad de expresión en México y controlar los contenidos que se transmiten por radio, televisión y redes sociales, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos sobre los derechos de las audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, bajo pretexto de hacer efectivos los derechos de las personas que consumen contenidos de radio y televisión.
Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que con la nueva ley de Telecomunicaciones se proponen esas acciones para el sector de la radio y televisión. Explicó que los lineamientos establecen la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias y precisan los conceptos previstos en la ley para evitar interpretaciones discrecionales.
Indicó que las disposiciones son obligatorias para las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como para las programadoras de uso comercial, público y social. Además, señaló que la consulta pública estará abierta durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto.
La censura disfrazada de derechos de la audiencia ya fue rechazada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, al considerar que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, son «ambiguos y dan lugar a discrecionalidad».
A través de un comunicado expresaron su apoyo al «mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias», pero al analizar lo que está a consulta pública, localizaron algunos puntos a corregir para evitar una «regresión democrática».
La CIRT propuso un ejercicio con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada para presentarla en la consulta pública, ya que hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud», señaló la agrupación.
Además, consideró que la sanciones por las presuntas «faltas informativas» son en «exceso elevadas», ya que representan el 1% de los ingresos anuales cada concesionario y/o programador.
También, consideró que el «recurso de inconformidad», podrá revisar las decisiones de los defensores de audiencias y con ello, terminará decidiendo qué contenidos se pueden transmitir y cuáles no.
Para CIRT, es importante que estas quejas no sean anónimas o de lo contrario se pueden prestar a mecanismos de coerción «contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y/o artificiales».
Éste es el último eslabón que le faltaba controlar al gobierno de la 4T para frenar la crítica y la denuncia de sus irregularidades, todo hace parecer que, pese a la consulta, Sheinbaum disfrazará la censura con un derecho que los comunicadores conocemos y respetamos.
Dictadura disfrazada de bienestar.
