Primera parte: El peso de la evidencia
El año 2025 cierra con una realidad que no podemos seguir ignorando: el sistema educativo michoacano atraviesa una crisis estructural profunda que vulnera sistemáticamente el derecho a aprender de más de 1.2 millones de estudiantes. Los datos son contundentes y alarmantes: al menos 120 menores de edad asesinados durante el ciclo escolar 2024-2025, 15 días hábiles de paro magisterial en mayo que afectaron a más de 900,000 estudiantes, dos de cada tres escuelas sin servicios básicos completos, y la ausencia total de evaluaciones educativas que nos permitan medir el verdadero estado de los aprendizajes.
El discurso oficial de recuperación de la rectoría educativa contrasta dramáticamente con la realidad que viven cotidianamente maestros, estudiantes y familias en comunidades urbanas y rurales del estado. Es momento de dejar de lado los discursos triunfalistas y enfrentar con honestidad la magnitud del desafío que tenemos por delante.
Este artículo presenta un diagnóstico basado en evidencia sobre los principales problemas que aquejan a la educación michoacana, seguido de propuestas concretas y viables que, implementadas con voluntad política y participación ciudadana, podrían transformar nuestro sistema educativo rumbo a 2026 y años subsecuentes.
La violencia criminal como política educativa negada. La cifra es devastadora y debe repetirse hasta que duela lo suficiente como para provocar acción: durante el ciclo escolar 2024-2025, al menos 120 menores de edad fueron asesinados en Michoacán. Cada uno de estos números representa una vida truncada, un proyecto de vida interrumpido y una familia destrozada. Pero más allá del dolor individual, representa el fracaso colectivo de un Estado que no puede garantizar la seguridad de sus estudiantes.
Durante 2025, Michoacán fue uno de los estados más afectados por cierres escolares relacionados con hechos de violencia. Las suspensiones de clases ocurrieron en múltiples municipios, afectando especialmente a comunidades que ya enfrentan marginación histórica. La violencia del crimen organizado cobra vidas, roba días de clase, genera miedo en las comunidades escolares y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
Lo más preocupante es que las autoridades educativas no cuentan con protocolos claros de prevención, atención y seguimiento para estos casos. No existe un sistema de alerta temprana, no hay coordinación efectiva con autoridades de seguridad, y los docentes que trabajan en zonas de alto riesgo no reciben apoyo psicológico ni condiciones laborales diferenciadas que reconozcan el contexto adverso en el que ejercen su labor. La educación no puede construirse sobre cementerios de niños y jóvenes. Sin seguridad, no hay aprendizaje posible.
Los paros magisteriales: el secuestro del calendario escolar
El ciclo escolar 2024-2025 estuvo marcado por múltiples interrupciones causadas por movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El paro más prolongado ocurrió en mayo de 2025, cuando las dos facciones de la Sección XVIII paralizaron las escuelas durante 15 días hábiles, afectando a más de 900,000 estudiantes de nivel básico. Aunque las autoridades educativas estatales declararon haber completado 180 días de clases, organizaciones de la sociedad civil han cuestionado esta afirmación, argumentando que se instruyó a los directivos cerrar los planteles cuando lo consideraran oportuno, evidenciando una simulación administrativa que oculta el incumplimiento real del calendario escolar.
Es necesario ser claro: los maestros tienen derecho legítimo a organizarse, manifestarse y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Sin embargo, el derecho de los trabajadores de la educación no puede ejercerse vulnerando sistemáticamente el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a recibir educación. El problema es estructural y requiere soluciones que vayan más allá de negociaciones coyunturales.
Las demandas magisteriales en Michoacán incluyen el descongelamiento de más de 4,000 plazas docentes, regularización de trabajadores eventuales, aumento salarial y mejores condiciones de seguridad. Muchas de estas demandas son legítimas y deben atenderse. Sin embargo, la estrategia de paro indefinido como método de negociación ha demostrado ser ineficaz para resolver problemas de fondo y altamente dañina para los estudiantes.
La opacidad como sistema: el vacío de información educativa
La extinción de Mejoredu y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos implicó la pérdida de más de dos décadas de información sobre evaluación educativa. Durante el ciclo escolar 2024-2025, no se aplicó ninguna de las tres evaluaciones diagnósticas que promovía Mejoredu en Michoacán, dejando al sistema educativo sin herramientas para medir los aprendizajes reales de los estudiantes.
La Secretaría de Educación del Estado no ha garantizado el acceso público a los archivos del INEE y de Mejoredu, manteniendo a Michoacán en la opacidad sobre el verdadero estado de los aprendizajes estudiantiles. Esta ausencia de evaluaciones imparciales impide diseñar políticas educativas basadas en evidencia y mantiene en la incertidumbre el nivel real de preparación de las y los estudiantes michoacanos.
La escolaridad promedio en Michoacán alcanzó los 9.0 años según datos oficiales, pero esta cifra oculta profundas desigualdades entre zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos. El 6.1% de la población michoacana de 15 años y más no sabe leer ni escribir, cifra superior al promedio nacional de 4.7%. Sin información confiable, no hay rendición de cuentas. Sin evaluación, no hay mejora continua. La opacidad beneficia solo a quienes tienen interés en ocultar el fracaso.
Infraestructura educativa: la indignidad normalizada
Según datos públicos del SIGED, al menos dos de cada tres escuelas en la entidad no cuentan con servicios básicos y conectividad completas. Miles de planteles operan con techos que gotean, baños que no funcionan, aulas sin ventilación adecuada, falta de conectividad digital y ausencia de materiales didácticos básicos.
Aunque el gobierno estatal anunció la realización de 1,900 obras en instituciones educativas con una inversión de 2,000 millones de pesos a lo largo de cuatro años, los 590 millones destinados a infraestructura para 12,000 planteles escolares representan menos de 50,000 pesos por escuela. Esta cantidad es insuficiente para atender las carencias estructurales que enfrentan las comunidades escolares michoacanas.
La indignidad de la infraestructura educativa en Michoacán es más que un problema técnico o presupuestal: es un mensaje simbólico sobre el valor que la sociedad y el Estado otorgan a la educación. Cuando un niño debe aguantar el frío porque las ventanas no cierran, cuando una niña no puede ir al baño en condiciones dignas, cuando un maestro no puede utilizar tecnología porque no hay electricidad confiable, el mensaje es claro: la educación no es prioridad.
La brecha digital: la exclusión del siglo XXI
La brecha digital en Michoacán es múltiple y se profundiza. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, Michoacán retrocedió en conectividad con respecto a 2022, ubicándose entre las cuatro entidades con menor porcentaje de usuarios de Internet. En 2023, solo el 56.9% de los hogares michoacanos tenía conexión a Internet.
Del millón 284 mil 644 hogares registrados en 2023, solo el 37.2% tenía al menos una computadora, mientras que el 63% carecía de equipo de cómputo. La pandemia de COVID-19 dejó claro que los estudiantes michoacanos perdieron entre 1.5 y 2 años de aprendizaje efectivo durante el confinamiento, y que no se implementó ninguna estrategia integral para recuperar estos rezagos.
Aunque el gobierno estatal ha anunciado esfuerzos de conectividad, con aproximadamente 3,893 escuelas beneficiadas con internet gratuito, esto representa apenas una fracción de los más de 12,000 planteles escolares en el estado. La distribución de 6,000 computadoras Chromebook a 150 planteles educativos, aunque positiva, es claramente insuficiente para atender las necesidades de más de 1.2 millones de estudiantes.
Formación docente: la inversión que nunca llega
El presupuesto federal para 2026 destina apenas 105 pesos anuales por docente para formación continua. Esta cifra no cubre ni siquiera el costo del transporte de un maestro rural de municipios como Tancítaro o Tingambato a Morelia para acceder a programas de actualización.
Si bien existe la Estrategia Nacional de Formación Continua y programas estatales de capacitación, la realidad es que la mayoría de los docentes michoacanos no tienen acceso regular a formación de calidad, actualizada y pertinente para los desafíos que enfrentan en el aula. La capacitación en pedagogías innovadoras, uso de tecnologías educativas, atención a la diversidad, educación socioemocional y prevención de violencias es limitada, esporádica y frecuentemente desconectada de las necesidades reales de las escuelas.
Los maestros son el factor más importante para la calidad educativa, pero en Michoacán los tratamos como si fueran prescindibles. Les pedimos que transformen vidas sin darles las herramientas para hacerlo.
Presupuesto: simulación y prioridades equivocadas
El Congreso del Estado aprobó para 2026 un presupuesto educativo de 33,796 millones de pesos para la Secretaría de Educación del Estado, lo que representa un incremento del 8% respecto a 2025. Sin embargo, este aumento se concentra principalmente en nómina magisterial y becas, mientras que la inversión en formación docente y mejora de aprendizajes sigue siendo insuficiente.
El problema no es solo la magnitud del presupuesto, sino su distribución. Invertir en nómina sin invertir en formación es como comprar un auto sin nunca hacerle mantenimiento. Las becas son importantes para evitar el abandono escolar, pero no garantizan aprendizaje si las condiciones educativas son deficientes.
De aquí partamos, para cimentar las propuestas.
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