El pasado 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Morelia en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentando una serie de anuncios educativos que el gobierno federal califica como «históricos». Es claro que se intenta conformar la narrativa de que Michoacán es laboratorio de una política pública ambiciosa: usar la educación como ariete contra la violencia y motor de pacificación.

Pero más allá de las cifras y los discursos, ¿qué nos dejó realmente esta visita? ¿Estamos ante una transformación educativa genuina, ante otro ejercicio de marketing político o algún matiz entre ambos extremos? Es importante hacer un balance de las fortalezas innegables, de las debilidades preocupantes y de las omisiones que podrían convertir una oportunidad histórica en otra promesa incumplida.

I. Lo que sí merece reconocimiento

El Plan Michoacán representa, al menos en papel, un esfuerzo sin precedentes. Y hay logros concretos que deben reconocerse.

Primeramente, un sistema de apoyos sociales, denominados becas, de alcance mayoritario, tendiente a universal. Michoacán es hoy el único estado de México con cobertura de apoyos desde primaria hasta universidad. La Beca Gertrudis Bocanegra, consistente en $1,900 bimestrales, 5 bimestres anuales; la Rita Cetina para nivel básico y los apoyos de $1,650 bimestrales para 11,050 niñas y niños indígenas y afromexicanos de 0 a 4 años conforman un entramado de protección social que, de implementarse bien, puede cambiar destinos.

La inversión de $418.7 millones de pesos en la Beca Gertrudis Bocanegra es presupuesto real. Y el operativo territorial —778,904 viviendas visitadas en los 113 municipios— demuestra que existe voluntad de llegar al último rincón del estado.

Así también, hay que reconocer ambición en construir infraestructura educativa. La meta de crear 30,000 nuevos espacios en educación media superior y 50,000 en educación superior responde a una necesidad real. Michoacán tiene déficit de cobertura, especialmente en zonas rurales y municipios alejados. Los 90 proyectos programados: 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 ciberbachilleratos, acompañados de una inversión de $1,041 millones en 31 instituciones de educación superior son favorables.

La llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a Zitácuaro, Múgica y Zacapu es significativa y que inicien clases el 2 de marzo es un avance tangible.

Promover cultura y ciencia. La distribución de 20,000 libros del Fondo de Cultura Económica, las 17 ferias de ciencia realizadas en semanas, el Librobús circulando por la Meseta Purépecha y los encuentros «Comunidades Artísticas, Patrimonio y Memoria» en zonas de conflicto muestran que alguien en el gobierno federal entiende algo fundamental: la batalla contra el crimen organizado no se gana solo con soldados, sino con libros, microscopios y conciertos. Arrebatar el imaginario colectivo de los jóvenes a la violencia mediante la curiosidad intelectual es una gran estrategia de largo aliento.

II. Las inconsistencias

Todo lo anterior, por valioso que sea, no puede hacernos perder de vista las grietas profundas que amenazan con convertir esta oportunidad en otra desilusión para las familias michoacanas.

1. La brecha de la Beca Gertrudis Bocanegra. La presentación oficial del gobierno revela un dato demoledor: de una meta de 93,588 estudiantes universitarios, solo 44,076, el 47% han sido registrados como becarios. Faltan 49,512 jóvenes. Eso es más de la mitad de la meta.

¿Qué explica esta brecha monumental? ¿Desinformación? ¿Trámites burocráticos excesivos? ¿Falta de recursos para completar el padrón? El gobierno no lo aclara. Y mientras no lo haga, mientras no presente un plan detallado y con fecha límite para cerrar esta brecha, la Beca Gertrudis Bocanegra seguirá siendo una promesa. Los 49,512 estudiantes excluidos hoy podrían estar decidiendo si abandonan la universidad por falta de recursos o si continúan con un apoyo garantizado.

2. Las condiciones de la infraestructura. Los anuncios van sobre cantidades: 30,000 lugares, 50,000 lugares, 90 acciones, 19 obras. Pero no se especifican condiciones ni calidades. ¿De qué sirve construir 60 ciberbachilleratos si no tienen internet funcional, si los docentes no están capacitados para enseñanza digital o si los equipos son obsoletos antes de ser inaugurados? ¿De qué sirve abrir tres sedes de la Universidad Rosario Castellanos si no hay suficientes profesores de tiempo completo, si las bibliotecas son precarias o si los laboratorios brillan por su ausencia?

El gobierno federal anuncia que los 5 planteles emblemáticos iniciarán construcción entre abril y octubre de 2026. Pero no dice nada sobre criterios de calidad arquitectónica y pedagógica, estándares mínimos de equipamiento, como servicios, baños, laboratorios, talleres o tecnología, programas de formación continua para docentes, sistemas de evaluación y mejora continua ni pertinencia de las carreras ofertadas con las necesidades del mercado laboral local.

Los jóvenes de Michoacán merecen educación de excelencia que realmente les cambie el destino.

3. La sostenibilidad financiera. La presidenta Sheinbaum prometió que el Plan Michoacán continuará hasta 2030. Es necesario que las promesas presidenciales sean acompañadas de presupuesto. El documento oficial presenta cifras para 2026. Pero ¿qué garantías hay de que estos recursos no se recortarán cuando cambien las prioridades políticas, cuando llegue una crisis económica o cuando el gobierno federal decida que ya «cumplió» con Michoacán?

Sin institucionalización legal, sin una reforma a la Ley de Educación de Michoacán que blinde estos recursos, sin cláusulas de irreductibilidad presupuestal y sin compromisos multianuales verificables, el Plan Michoacán es vulnerable. Y cuando las políticas son vulnerables, la historia dice que, las primeras víctimas son los estudiantes.

III. Las omisiones graves que nadie menciona. Más allá de las debilidades, hay silencios ensordecedores en el Plan Michoacán. 

Primeramente, la seguridad escolar. Michoacán vive una crisis de violencia crónica. El gobierno federal reporta una reducción del 15% en homicidios dolosos en 2025, lo cual es positivo. Pero esto no significa que las escuelas sean espacios seguros. ¿Qué protocolos de seguridad existen para estudiantes que deben cruzar zonas controladas por el crimen organizado para llegar a la escuela? ¿Qué protección tienen los docentes que trabajan en comunidades donde grupos armados operan abiertamente? ¿Qué mecanismos de alerta temprana existen para prevenir reclutamiento forzado en planteles educativos? ¿Es riesgoso o favorable incrementar la cobertura en una comunidad sembrada de minas personales?

La presentación oficial del Plan Michoacán no dice una sola palabra sobre esto. De nada sirve construir 90 planteles nuevos si los estudiantes no pueden llegar a ellos sin miedo, si los maestros renuncian por amenazas o si las familias prefieren mantener a sus hijos en casa antes que exponerlos.

2. Salud mental. Una generación entera de niñas, niños y jóvenes de Michoacán ha crecido rodeada de violencia. Han visto desapariciones, ejecuciones y vividos desplazamientos forzados. Muchos sufren estrés postraumático, ansiedad crónica y/o depresión. Y el Plan Michoacán no menciona ni una vez la palabra «salud mental» en su dimensión educativa. ¿Dónde están los psicólogos escolares en los nuevos planteles? ¿Dónde están los programas de atención psicosocial? ¿Dónde están los espacios de contención emocional para estudiantes traumatizados? Los jóvenes de Michoacán no son impermeables a la violencia que los rodea.

3. Inclusión de estudiantes con discapacidad. El Plan anuncia 90 nuevas acciones de infraestructura en educación media superior y 31 proyectos en educación superior. ¿Cuántos de estos planteles estarán diseñados con accesibilidad universal? ¿Cuántos contarán con rampas, elevadores, baños adaptados, señalética en braille, intérpretes de lengua de señas?

El documento oficial no lo especifica. En Michoacán hay 50 mil 254 personas con discapacidad registradas en programas de bienestar. Muchas de ellas en edad escolar. Si los nuevos planteles no son inclusivos, se estará perpetuando la exclusión bajo la bandera de la «justicia educativa».

IV. Qué hacer

El Plan Michoacán no es perfecto, pero tiene potencial genuino de transformación; es preciso actuar para que esta oportunidad no se desperdicie.

Por principio de cuentas, hay que universalizar la Beca Gertrudis Bocanegra ahora, mediante un plan con fecha límite para no dejar a nadie fuera. Hay que difundir los estándares de calidad: antes de poner un ladrillo, publicar los criterios de equipamiento, formación docente y pertinencia curricular. Que la ciudadanía pueda exigir cumplimiento.

También, es necesario institucionalizar el Plan Michoacán, mediante reformas normativas que blinden presupuestos, garanticen participación estudiantil y establezca mecanismos permanentes de evaluación.

Muy importante es crear organismos de gobernanza como espacios reales de participación, con poder de decisión. Así también, organizar foros de consulta abiertos. Quien consulta, no se equivoca.

Es vital atender la seguridad y salud mental: que se diseñen protocolos de protección escolar y se contraten psicólogos en todos los planteles. La educación en contextos de violencia requiere estrategias especializadas.

Es también momento de que todos documentemos avances y retrocesos con datos, exigiendo también transparencia proactiva. Es necesario conformar un Observatorio del Plan Michoacán y darle vida mediante alianzas entre organizaciones, universidades y colectivos estudiantiles.

Además de cifras, es necesario documentar historias, visibilizando a los estudiantes que lograron continuar gracias a las becas, pero también a quienes quedaron fuera, humanizando las estadísticas y denunciando irregularidades.

Asi también, es importantísimo el seguimiento: regresar a las comunidades en seis meses, en un año o en 2. Se debe verificar si las obras se completaron, si las becas llegaron y si los planteles son de calidad, investigando, en contraste, las omisiones en seguridad escolar, en salud mental, en inclusión. Las historias están en los silencios.

Hace unas décadas, Michoacán era sinónimo de esplendor cultural, de tradiciones vivas y de educación pública de prestigio. Hoy es sinónimo de violencia. El Plan Michoacán podría ser el inicio del camino de vuelta. Pero solo si dejamos de conformarnos con anuncios y empezamos a exigir resultados.

Los 93,588 jóvenes que deberían tener la Beca Gertrudis Bocanegra son destinos, son familias que podrían salir de la pobreza, son jóvenes que podrían convertirse en ingenieros, médicas, maestros y científicas. Pero solo si las promesas se cumplen, si la vigilancia ciudadana es implacable y si la educación logra ser un derecho universal, inclusivo, gratuito, laico y de excelencia para todos.

El futuro educativo de Michoacán, el de sus infancias y juventudes está de por medio. Y depende de todos que el Plan Michoacán sea otra oportunidad perdida.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.