Entre una escuela que se acaba antes de tiempo, un empleo que no llega y un crimen que sí toca la puerta, se nos evoca a quienes conocimos el mundo de los videojuegos el «modo difícil»: que es entrar a un mismo mundo, bajo las mismas reglas, pero con menos recursos, adversarios más agresivos y casi ningún margen de error. Quien lo juega no es peor jugador; juega en peores condiciones. Es la mejor metáfora que encuentro para describir lo que significa tener entre 15 y 29 años en Michoacán. Aquí ser joven no es una etapa de posibilidades abiertas, sino una prueba de resistencia. Ser joven y vivir en Michoacán es existir en modo difícil. Y no lo digo con adjetivos, sino con datos.

Primer nivel: la escuela se acaba antes de tiempo

El primer obstáculo aparece en la puerta del bachillerato. La cobertura de secundaria en Michoacán es de 87.3%; en media superior cae a 66.1%, catorce puntos por debajo del promedio nacional de 80.3%; y en educación superior es de apenas 31.4%. En el paso de secundaria a bachillerato se pierden más de veinte puntos: decenas de miles de adolescentes concluyen un ciclo y no logran empezar o sostener el siguiente.

Las cifras oficiales recientes traen buenas noticias y hay que reconocerlas: la escolaridad promedio subió de 8.6 a 9.2 años y la asistencia escolar de las personas de 15 a 24 años pasó de 38.1% a 41.8%. Pero esa misma cifra confirma que casi seis de cada diez jóvenes de esa edad no están en un aula. Además, como advertimos desde Mexicanos Primero Michoacán, la comparación se hace contra 2020, año de pandemia, y no demuestra que más estudiantes permanezcan. La matrícula total, de hecho, bajó de 1,273,000 a 1,240,227 estudiantes en dos ciclos, y el IMCO ubica al estado en el lugar 28 de 32 en escolaridad promedio, estando en el antepenúltimo lugar de competitividad, solo por debajo de Guerrero y Oaxaca. Las transferencias económicas, rimbombantemente llamadas “becas” aunque no alcancen para dedicarse de tiempo completo a estudiar, alcanzan a 892,639 estudiantes. Estos monos ayudan a pagar el camino, pero no garantizan que el camino exista, ni que alguien acompañe a quien lo recorre.

Segundo nivel: el empleo que no llega, o llega sin derechos

Quien sale de la escuela, o la abandona, se topa con el segundo obstáculo. En el segundo trimestre de 2026, 1,582,717 de los 2,218,946 michoacanos ocupados trabajaban en la informalidad, según datos de la ENOE del INEGI: una tasa cercana a 71.3%. 5 de cada 7. El Plan de Desarrollo Integral del Estado prometió bajarla de 65.7% a 56%. Hoy estamos 5.6 puntos peor que al inicio y más de quince por encima de la meta. Es un dato de toda la población ocupada, no solo de jóvenes, pero son los jóvenes quienes entran al mercado por la puerta más estrecha: sin experiencia, sin contactos y sin que nadie les ofrezca contrato. Michoacán, además, figura entre las trece entidades donde la pobreza laboral aumentó en el último año, 2.4 puntos porcentuales. Es decir: hay más personas que sí trabajan, sin que sus salarios les alcancen para comprar la canasta básica siquiera.

A escala nacional, la OCDE estima que 19% de los jóvenes de 18 a 24 años no estudia ni trabaja, unos tres millones y seis puntos más que el promedio de sus países. Entre las mujeres la proporción es de 29%; entre los hombres, de 10%: una brecha de casi tres a uno. Michoacán, en cambio, no publica su propia cifra. No sabemos cuántos son. Y lo que no se mide no se atiende.

Tercer nivel: el crimen sí tiene oferta

El tercer obstáculo es el más cruel, porque es el único que sí compite por los jóvenes. Cuando la escuela se interrumpe y el empleo es precario, el crimen organizado promete dinero inmediato, pertenencia y protección. El informe 2025 del Mecanismo de Reclutamiento de la Secretaría de Gobernación coloca a Michoacán entre los diez estados con mayor incidencia y señala a Zamora, Morelia, Jacona y Uruapan como los municipios de mayor riesgo. El reclutamiento forzado de menores ni siquiera está tipificado en el Código Penal del Estado de Michoacán.

La Fiscalía informó que 40 adolescentes fueron vinculados a proceso por delitos de alto impacto entre agosto de 2025 y junio de 2026, 21 de ellos en internamiento preventivo, y que antes de agosto de 2025 casi no se judicializaban casos de menores. En Morelia se rescató a 18 adolescentes de un posible reclutamiento. Lo más inquietante es el diagnóstico de la propia autoridad: el enganche es cada vez menos forzado y más voluntario, y se ejerce por redes sociales y falsas ofertas de trabajo. Cuando el Estado no compite con una oferta mejor, otros la ocupan.

Cuarto nivel: un Estado que pelea con las manos casi vacías

Frente a esto, la respuesta institucional es mínima. El Instituto de la Juventud Michoacana, llamado a coordinar la política para más de 1.5 millones de jóvenes, tiene en 2026 un presupuesto de $41,980,851. Es 0.039% del gasto estatal: un peso de cada 2,570. Son unos 28 pesos por joven al año, menos de ocho centavos al día. Sus Caravanas Integrales, el programa que más jóvenes atiende, llegan a entre 30 y 40 mil al año: entre 2% y 2.7% del universo. A ello se suma que Michoacán depende en 90.46% de recursos federales, así que buena parte de la política juvenil, como las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro y los centros deportivos, se decide fuera de la entidad.

El propio Plan de Desarrollo prometió impulsar a las juventudes. En el reporte de control de gestión que elaboramos en Mexicanos Primero Michoacán, los compromisos de juventud llevan un avance estimado de 43.9% cuando ya transcurrió 83.3% del sexenio.

Cinco de las ocho metas juveniles no tienen dato público, y el Plan nunca les asignó presupuesto ni responsables. Hay obras valiosas, como los centros deportivos en diez municipios, pero nadie ha medido si retienen estudiantes o reducen el reclutamiento.

Lo que define al modo difícil

Como en el mundo de los videojuegos, lo que define al modo difícil no es cada obstáculo por separado, sino su concatenación. Quien abandona la preparatoria entra a la informalidad; quien no encuentra empleo es presa fácil del reclutamiento; quien es reclutado pierde la posibilidad de volver a estudiar. Si además es mujer, indígena o vive en un municipio con presencia criminal, los obstáculos se multiplican. El joven michoacano promedio no tiene un problema que resolver: tiene un sistema de problemas que pueden terminar con su vida. No gratuitamente, Michoacán es el primer lugar nacional en el homicidio de menores de edad durante 2025 y lo que va de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tabulados por la Red por los Derechos de la Infancia y analizados por Mexicanos Primero Michoacán.

Y sin embargo, la juventud michoacana no está rendida. Hay estudiantes que viajan horas para llegar a clase, jóvenes que emprenden con lo que tienen, equipos que llenan ligas y canchas. El modo difícil no es un destino ni una condena: es un diseño, y los diseños se pueden cambiar. Pero primero hay que nombrarlo.

Las consecuencias: dimensionar lo que está en juego. La escala es de proporciones históricas.  Hablamos de más de 1.5 millones de personas. Si aplicáramos a ese universo los porcentajes de referencia, 16% del IMCO o 19% de la OCDE, serían entre 240 mil y 285 mil jóvenes fuera de la escuela y del trabajo. No es una medición estatal, sino la estimación de un orden de magnitud. Y precisamente por eso es grave: porque para comenzar, ni siquiera tenemos la medición.

La pobreza que se hereda. Un estado cuya población promedio apenas concluye la secundaria reproduce la desigualdad entre generaciones: menos escolaridad, menos empleo formal, menos ingresos e hijos con las mismas desventajas. Cada vez hay menos nacimientos, pero los que se dan ya son en la zona en donde se siembran aguacates o frutillas, ahí las escuelas tienen más matrícula.

El bono demográfico se transformó en pagaré, con intereses compuestos. Es decir, la factura fue diferida por la corrupción y la omisión en funciones de agiotista. Con siete de cada diez ocupados en la informalidad, muchos de quienes hoy son jóvenes corren el riesgo de llegar a la vejez sin seguridad social. La cuenta se pagará en treinta años, pero se genera hoy.

La violencia que se alimenta de sí misma. Cada adolescente reclutado es una vida truncada, una familia herida y una comunidad más insegura. Y esa inseguridad erosiona la confianza, empuja a otros jóvenes a irse y debilita aún más a las comunidades que más necesitan oportunidades.

La ruptura con el Estado. Una generación que aprende que la autoridad solo aparece como patrulla o como trámite deja de esperar algo de ella. Quedan doce meses de gobierno y el presupuesto 2027 se definirá a más tardar el próximo 31 de diciembre: la ventana para corregir es corta y se está cerrando.

Por  todo lo anterior, elevamos un llamado concreto al Gobierno del Estado a asumir la rectoría de una estrategia juvenil articulada y presentar metas verificables antes de que termine 2026; a publicar el balance del ciclo escolar 2025-2026, la matrícula real y el abandono por municipio, así como poner en marcha un sistema de alerta temprana en el tránsito a bachillerato, así como a gestionar más recursos ante el gobierno central para focalizar becas y Jóvenes Construyendo el Futuro en los municipios con mayor brecha y transparentar el avance de las nuevas escuelas.

Así también, se hace la petición al Congreso del Estado a fortalecer la política juvenil estatal fiscalizando mejor a la Secretaría de Educación en el Estado y al Instituto de la Juventud Michoacana, a exigir un informe anual de juventud y tipificar el reclutamiento de menores.

Ser joven en Michoacán no tiene por qué ser una prueba de supervivencia. Puede volver a ser la edad de conformar la mejor versión de sí mismos. Para lograrlo, el Estado tiene que rescatar a los cientos de miles de jóvenes que ya juegan en modo difícil y, por ende, sus funcionarios tienen que dejar de ser los villanos del videojuego.

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