El veinticinco de septiembre, la gira por los 31 estados para rendir el llamado Segundo Informe del gobierno federal llegó a Morelia. Durante cuarenta minutos se desgranó una lista extensa de cifras: pensiones, transferencias monetarias que se denominan becas, kilómetros de carretera, hospitales y consultorios, entre otros. Se habló de un millón 682 mil 500 michoacanos beneficiarios de apoyos sociales y de 37 mil 376 millones de pesos entregados directamente. El auditorio respondió con aplausos y consignas. Sin embargo, entre las arengas y las estadísticas existe una distancia que merece revisarse metódicamente, particularmente en lo que corresponde a la educación y a las juventudes michoacanas, el sector de la población que estas becas dicen atender y que, paradójicamente, sigue siendo el más golpeado por el abandono escolar, el rezago educativo, la falta de cobertura, el reclutamiento criminal y el asesinato.
Analizar ese discurso desde la óptica educativa exige separar el ánimo festivo de una conferencia matutina trasladada a territorio del examen riguroso de las cifras, su origen, su suficiencia y su capacidad real de transformar la vida de niñas, niños y jóvenes en un estado que arrastra, desde hace décadas, una de las estructuras educativas más frágiles del país.
Las cifras educativas que se enumeraron para Michoacán fueron las siguientes: 256 mil 373 niñas y niños reciben la Beca “Rita Cetina” de primaria, 189 mil 417 estudiantes de secundaria pública reciben la misma beca en su modalidad bimestral, 128 mil 204 jóvenes de preparatoria reciben la Beca “Benito Juárez” y todos los estudiantes universitarios del estado, según se anunció, recibirán la Beca “Gertrudis Bocanegra”. A ello se suman 23 mil 984 jóvenes inscritos en “Jóvenes Construyendo el Futuro” y 5 mil 527 escuelas que recibieron mantenimiento a través del programa “La Escuela es Nuestra”.
Contrastemos estas cifras con la demografía estatal, hoy actualizada por la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Michoacán alcanzó 4 millones 868 mil 274 habitantes en viviendas particulares, cerca de 4.89 millones si se suma la población en viviendas colectivas, con una edad mediana que subió de 28 años en 2020 a 31 años en 2025, reflejo de un envejecimiento poblacional que reduce, en términos relativos, el peso de la niñez y la juventud. Aplicando sobre esa nueva base poblacional la distribución por grandes grupos de edad más reciente disponible para la entidad, pendiente todavía de un desglose quinquenal específico por parte del INEGI, la población menor de 23 años en Michoacán ronda 1 millón 975 mil personas, es decir, todavía cerca de cuatro de cada diez michoacanos. Sumando los beneficiarios educativos mencionados, incluida una estimación conservadora de 90 mil universitarios para Gertrudis Bocanegra, la cifra apenas roza los 688 mil beneficiarios, poco más de un tercio de esa población infantil y juvenil. Dos de cada tres niñas, niños y jóvenes michoacanos quedan, en los hechos, fuera del cuadro que se presentó como universal.
La matrícula oficial confirma la brecha. Según la Secretaría de Educación Pública federal, el ciclo escolar 2024 -2025 registró en Michoacán 1 millón 247 mil 21 alumnos inscritos, de los cuales 935 mil 749 cursan educación básica. La ampliación de Rita Cetina a primaria, además, inició únicamente con cuarto, quinto y sexto grado, dejando pendiente hasta septiembre al resto del alumnado de los primeros tres años. La foto que se mostró en Morelia describe, entonces, un proceso todavía incompleto y presentado como logro consumado.
La misma Encuesta Intercensal 2025 incorporó, por primera vez en la historia de este instrumento estadístico, una medición que ensombrece cualquier lectura optimista del sector educativo estatal: el desplazamiento forzado interno. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, al menos un integrante de 28 mil 300 hogares michoacanos, equivalentes a 90 mil 900 personas, tuvo que cambiar de residencia por inseguridad delictiva o violencia, proporción de 1.96 por ciento de los hogares de la entidad, quinto lugar nacional y muy por encima del promedio del país, de 1.28 por ciento. A ello se suman otros 5 mil 200 hogares, con cerca de 17 mil personas, desplazados por catástrofes naturales o humanas. Los municipios más golpeados, Tumbiscatío, con 16.44 por ciento de su población desplazada, Tepalcatepec, con 12.74 por ciento y Aguililla, con 9.04 por ciento, se ubican en Tierra Caliente, la misma región que concentra los mayores índices de abandono escolar. Ninguna beca resuelve la educación de una niña o un niño cuya familia tuvo que huir de su comunidad.
El punto más delicado del anuncio corresponde a la Beca Gertrudis Bocanegra, concebida originalmente como apoyo de transporte para estudiantes universitarios de Michoacán y que se había adelantado meses atrás que se extendería a un millón de jóvenes en todo el país. Su monto, mil 900 pesos bimestrales durante un máximo de 45 meses, equivale a un acumulado de 41 mil 800 pesos a lo largo de toda una licenciatura, destinados exclusivamente a traslado y no a inscripción, materiales, alimentación o vivienda. Se trata, en consecuencia, de un paliativo de movilidad y no de una beca de manutención integral, distinción que el discurso presidencial disolvió al hablar genéricamente de becas para universitarios.
Más grave resulta el origen del financiamiento de su expansión nacional. De acuerdo con información difundida por la propia Presidencia y confirmada por diversos medios, los recursos adicionales para llevar Gertrudis Bocanegra a un millón de jóvenes en el país provienen del pago fiscal extraordinario que Ricardo Salinas Pliego realizó al Servicio de Administración Tributaria, 10 mil 400 millones de pesos de un adeudo total de 32 mil 132 millones de pesos. Financiar la ampliación permanente de un derecho educativo con un ingreso fiscal contingente, producto de un litigio particular y no de una asignación presupuestal recurrente, constituye una decisión de política pública frágil. Cuando ese ingreso se agote, la sostenibilidad del programa quedará en entredicho y serán las familias michoacanas quienes enfrenten la interrupción.
El origen del resto de los recursos tampoco resulta neutro. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 destina al ramo administrativo de Bienestar, que concentra los programas sociales y las pensiones, 674 mil 510 millones de pesos, cifra superior a los 523 mil 858 millones de pesos asignados al ramo de Educación Pública. Al sumar los tres ramos que financian el sistema educativo nacional, educación pública, provisiones para educación básica y aportaciones federales a estados y municipios, el gasto educativo total alcanza 1 billón 253 mil 947 millones de pesos, equivalente a 3.4 por ciento del producto interno bruto, cifra que permanece por debajo del rango de 4 a 6 por ciento recomendado internacionalmente. El peso relativo de la educación dentro del gasto programable federal, además, cayó de 16.9 por ciento en 2025 a 16.62 por ciento en 2026. El propio Centro de Investigación Económica y Presupuestaria documentó que el crecimiento presupuestal de este año se concentró en educación básica y en transferencias monetarias, mientras que la educación superior sufrió recortes. La arquitectura fiscal, en suma, privilegia el efectivo entregado a las familias sobre la inversión estructural en aulas, plazas docentes, formación de maestros e infraestructura. Más aún, el citado organismo, en su análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 resalta que Michoacán es el estado que se ubica en penúltimo lugar en asignación presupuestal porcentual, estando por debajo de la línea inflacionaria, por lo que el dinero real disponible en el próximo ejercicio fiscal, de mantenerse incólume el proyecto, se reduciría en 0.4 por ciento, solamente por encima del estado de Campeche, el cual decaería en 0.8 por ciento, pero que tiene ingresos estatales muy altos, gracias a la actividad petrolera.
Michoacán conserva capacidades que podrían orientar estos recursos hacia resultados más profundos. La Secretaría de Educación en el Estado cuenta con información estadística detallada que permitiría focalizar apoyos en municipios con mayor rezago, particularmente en la región de Tierra Caliente y en zonas de alta marginación donde el abandono escolar, el desplazamiento forzado y el reclutamiento criminal de adolescentes se combinan de forma más severa. Existen, igualmente, universidades públicas con capacidad instalada para absorber más matrícula, organizaciones de la sociedad civil que documentan con rigor la brecha entre el discurso oficial y la realidad de las aulas, respecto al andamiaje normativo para un Consejo Estatal de Participación Escolar que, si se reactivara, podría vigilar el uso de los recursos anunciados. La coordinación entre el gobierno federal, el estatal y las universidades, hoy fragmentada, representa la fuerza disponible más subutilizada de todas.
Si la política educativa michoacana continúa reducida a la entrega de tarjetas y depósitos bimestrales sin abordar las causas estructurales del abandono escolar, las consecuencias serán previsibles. La absorción de educación superior en Michoacán se ubica apenas en 25 por ciento de cobertura, según cifras oficiales del ciclo escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés, lo que significa que tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar una licenciatura nunca llegan a hacerlo y, por tanto, jamás recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, por universal que se anuncie. En secundaria, la eficiencia terminal ronda 80 por ciento y la tasa de abandono superó 6.3 por ciento en el ciclo más reciente con datos disponibles, lo que anticipa que una parte de quienes hoy cobran Rita Cetina abandonarán antes de concluir el nivel. Sin intervención pedagógica, sin maestros suficientes, sin escuelas seguras y sin oportunidades laborales dignas al egreso, el dinero transferido corre el riesgo de aliviar un gasto familiar puntual sin modificar la trayectoria educativa de fondo. A esa fragilidad estructural se suma ahora el desplazamiento forzado que documentó la Encuesta Intercensal 2025: una niña, un niño o un adolescente que cambia de residencia por violencia interrumpe, casi siempre, su trayectoria escolar, sin que exista todavía un protocolo estatal que garantice la continuidad de sus estudios en el municipio de destino. Mientras tanto, los adolescentes que abandonan la escuela en municipios afectados por la violencia siguen siendo el blanco preferido del reclutamiento de grupos criminales, fenómeno que Mexicanos Primero Michoacán ha señalado reiteradamente y que ningún depósito bimestral, por sí solo, revierte.
El mensaje de Morelia describió un estado transformado por la inversión federal y en algunos rubros, como salario mínimo o infraestructura carretera, los datos ofrecidos resultan verificables. Sin embargo, trasladar esa misma narrativa de éxito al terreno educativo exige matices que el discurso omitió. Las becas universales constituyen, sin duda, un alivio económico real para millones de familias michoacanas que hoy enfrentan un costo de regreso a clases que, según estimaciones del sector privado citadas en análisis previos de esta columna, supera los 12 mil pesos por estudiante. Un pago único de 2 mil 500 pesos para primaria cubre apenas una quinta parte de ese gasto. 9 mil 500 pesos anuales para secundaria o preparatoria equivalen a poco más de 30 pesos diarios, insuficientes para cubrir transporte, alimentación y materiales en la mayoría de los municipios del estado. Se trata de un paliativo necesario, más distante de una política de desarrollo educativo integral, por lo que, la diferencia entre ambas cosas es, precisamente, la que separa la propaganda de la política pública.
La misma semana en que se presentaron estas cifras de bienestar en Morelia, el propio gobierno federal reaccionó con desconfianza ante los datos de desplazamiento forzado que arrojó la Encuesta Intercensal 2025. La presidenta pidió al INEGI revisar la metodología empleada para medir el fenómeno, en lugar de reconocer de entrada la magnitud de un problema que, en Michoacán ya alcanza a decenas de miles de familias y que siete de los diez municipios del país con mayor proporción de población desplazada se concentren en Chiapas y Michoacán. Celebrar las cifras favorables y cuestionar de inmediato las desfavorables representaría, quizá, la lectura más honesta de la gira: un ejercicio de comunicación gubernamental más preocupado por sostener una narrativa de éxito que por enfrentar, con la misma franqueza, los datos que la contradicen.
Michoacán y la federación tienen frente a sí una oportunidad concreta de corregir el rumbo. La primera propuesta consiste en indexar el monto de las becas al costo real de estudiar, actualizado anualmente con base en la canasta educativa que documentan organizaciones especializadas, en lugar de fijarlo de manera discrecional. Así, algún día podrían ser llamadas legítimamente becas, porque permitirían a sus recipiendarios dedicarse de tiempo completo a estudiar.
La segunda propone destinar una proporción creciente de los 674 mil 510 millones de pesos que hoy recibe el ramo de Bienestar hacia inversión estructural en el ramo educativo, particularmente en formación continua de docentes y en infraestructura de educación media superior y superior, los niveles donde la cobertura estatal resulta más precaria. La tercera exige transparentar, con reglas de operación públicas y auditables, el origen y la permanencia del financiamiento de Gertrudis Bocanegra, para que las familias sepan si se trata de un derecho garantizado o de un beneficio sujeto a la disponibilidad de ingresos fiscales extraordinarios. La cuarta plantea reactivar el Consejo Estatal de Participación Escolar y establecer mesas trimestrales entre la Secretaría de Educación en el Estado, las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, para dar seguimiento territorial al abandono escolar y al desplazamiento forzado en los municipios de mayor riesgo, con protocolos específicos de continuidad educativa para la niñez y la juventud desplazadas. La quinta, finalmente, propone diseñar un programa específico de retención dirigido a los adolescentes que hoy ni estudian ni trabajan, articulado con estrategias de seguridad y prevención, de manera que la beca deje de operar como acto aislado y se convierta en parte de una ruta educativa continua desde la primaria hasta la titulación universitaria.
Michoacán merece algo más que un informe de cifras leído entre aplausos. Las madres, padres y estudiantes que reciben hoy una tarjeta del Banco del Bienestar tienen derecho a exigir que ese apoyo se acompañe de escuelas dignas, maestros suficientes y una ruta clara hacia la universidad. Corresponde a la sociedad civil michoacana, a los medios de comunicación y a la comunidad académica exigir a la Secretaría de Educación en el Estado y a la federación la publicación puntual de los indicadores de cobertura, absorción, abandono y desplazamiento forzado del ciclo escolar en curso, hoy opacos. Corresponde también a las autoridades estatales dejar de subordinar la agenda educativa a la vitrina de una gira presidencial y construir, con la premura que exige el cierre de la actual administración pública estatal, una política educativa propia, sostenida en presupuesto real y no solamente en la generosidad de una tarjeta bancaria. Las juventudes michoacanas necesitan un lugar seguro en el salón de clases y una ruta creíble hacia su futuro.
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