Algo serio está ocurriendo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana.

La dependencia que concentra aproximadamente el 12 por ciento de la matrícula universitaria, uno de cada ocho estudiantes nicolaitas, debería estar concentrada en estos momentos en uno de los procesos académicos más importantes de cualquier institución de educación superior: su reacreditación, que es un proceso mediante el cual evaluadores externos dan constancia o de que una escuela reune o no condiciones de calidad.

Pero la realidad es que durante las últimas semanas, la Facultad ha vivido una profunda inestabilidad derivada de la remoción durante algunas semanas de quien ha sido reconocido judicialmente como su director, el Doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota y de la colocación de una autoridad cuya principal función fue obstaculizar el adecuado funcionamiento de la escuela de juristas.

El problema es que una crisis de esta naturaleza no ocurre en el vacío. Tiene consecuencias académicas y administrativas, particularmente cuando una Facultad enfrenta un proceso de evaluación externa que requiere continuidad, planeación y conocimiento de los compromisos previamente adquiridos.

Durante el periodo en que el doctor Carmelo permaneció desconocido por la Universidad, quien estuvo al frente de la Facultad, nunca concentró sus esfuerzos en fortalecer el proceso de reacreditación, porque mientras se discutía quién debía conducir la Facultad, el reloj de la reacreditación seguía avanzando.

Lo digo también desde mi propia experiencia, pues he tenido la oportunidad de participar en diversas ocasiones como par acreditador y sé que estos procesos van mucho más allá de revisar aulas, bibliotecas, computadoras o el número de profesores con posgrado.

Los organismos acreditadores revisan expedientes, procedimientos, contratación de profesores, cargas académicas, órganos colegiados, planeación, resultados y evidencias. Revisan lo que la institución dice que hace, pero también comprueban documentalmente que efectivamente lo haga y aquí hay un elemento fundamental: la congruencia entre los procedimientos institucionales y la propia normatividad universitaria.

Por eso resulta preocupante lo que está sucediendo en Derecho, porque hemos visto que durante semanas se han acumulado conflictos relacionados con resoluciones judiciales, cambios de autoridades, asignación de materias, contratación de profesores y decisiones administrativas muy cuestionadas, particularmente las asignaciones académicas y contrataciones realizadas al margen del Contrato Colectivo de Trabajo, del Estatuto Universitario y de los procedimientos establecidos por la propia Universidad, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué van a encontrar los pares evaluadores cuando lleguen a revisar la Facultad de Derecho?

Si encuentran profesores incorporados mediante procedimientos controvertidos, asignaciones académicas cuestionadas, expedientes incompletos o decisiones administrativas que no puedan justificarse conforme a la normatividad, difícilmente podrán ignorarlo.

Una reacreditación se prepara durante meses; se integran evidencias, se revisan indicadores, se atienden recomendaciones de evaluaciones anteriores, se actualizan expedientes y se coordinan numerosas áreas académicas y administrativas.

La renuencia a reconocer y darles las condiciones de trabajo a las autoridades de la Facultad legalmente reconocidas por la justicia federal, dificulta mantener una línea de trabajo coherente y obliga a trabajar en condiciones poco optimas.

No se trata de anticipar que la Facultad vaya a perder su reacreditación, para nada, sino se trata de advertir que existen circunstancias que podrían ponerla en riesgo y de dejar constancia de ellas antes de que llegue la evaluación, porque si posteriormente aparecen observaciones importantes, será indispensable saber quién tomó las decisiones, quién intervino, quién removió a las autoridades responsables y quién decidió sobre materias, nombramientos y procedimientos administrativos; conocemos que después es demasiado fácil repartir culpas.

La Facultad de Derecho no es una dependencia menor y así cualquier afectación a su reacreditación puede tener consecuencias para miles de estudiantes, profesores y egresados y, por supuesto, para la propia Universidad.

Por eso resulta preocupante que, mientras una Facultad de esta dimensión debería estar concentrada en acreditación, investigación, calidad docente, actualización de programas y formación profesional, desde Ciudad Universitaria parezca privilegiarse la disputa por el control administrativo y político de la dependencia.

La Facultad puede terminar pagando esa factura y no será válido colocar sobre la comunidad académica de Derecho las consecuencias de decisiones tomadas fuera de sus espacios ordinarios de gobierno. Tampoco será justo responsabilizar a quienes hoy intentan mantener funcionando la Facultad de problemas originados por decisiones que no tomaron.

Las acreditaciones no se consiguen con discursos ni comunicados. Se consiguen con estabilidad institucional, planeación académica, expedientes completos, continuidad de los procesos, profesores debidamente incorporados y respeto estricto a la normatividad.

Si la Facultad logra superar satisfactoriamente su reacreditación, habrá que reconocer la fortaleza de su comunidad académica y su capacidad para mantener la calidad de sus procesos a pesar de la crisis.

Y quizá esa sea la verdadera pregunta que debe hacerse la comunidad universitaria:

¿Cuánto daño académico puede ocasionarse cuando, desde Ciudad Universitaria, se anteponen las disputas por el control de una Facultad a la obligación de garantizar su estabilidad, su calidad educativa y el cumplimiento de sus procesos de reacreditación?, ¿Quién responderá mañana por las decisiones que hoy se están tomando?.

Hoy no se trata de anticipar qué resultado tendrá la reacreditación, sino de dejar claro que, cuando llegue el momento de evaluar resultados, también deberá evaluarse quién tomó las decisiones que pudieron poner en riesgo la estabilidad académica de la Facultad.