Plantea PRI que gobiernos estatal y federal localicen a halcones, sicarios o colaboradores de la organización para rescatarlos y rehabilitarlos                   

Aunque la captura de «Sierra Uno» y «Sierra Dos» representa un golpe importante contra el grupo criminal «Los Sierras», la organización permanece activa y existe el riesgo de que se fragmente en nuevas células delictivas, advirtió el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes.

El legislador local explicó que, tras la detención de los principales líderes, el siguiente paso debe ser una estrategia de contención dirigida a los jóvenes que integraban la estructura criminal y que enfrentan problemas de consumo de drogas.

«Creo que la banda está descabezada, sin embargo, no desarticulada, porque el mando y dos de los principales operadores ya están detenidos, pero el grupo criminal sigue. Tienen que hacer una tarea, una etapa integral de contención, porque hay muchos jóvenes que son adictos a las drogas h, que formaban parte de ese grupo delictivo, que si no se les da una rehabilitación, en lugar de ponerse a trabajar, van a poner su propio grupo delictivo», alertó.

El priista planteó que los gobiernos estatal y federal deben localizar a quienes fungían como halcones, sicarios o colaboradores de la organización para rescatarlos y brindarles rehabilitación, con la finalidad de reincorporarlos a la vida productiva.

Afirmó que ignorar este fenómeno podría provocar un incremento de la violencia en el sur de Morelia y municipios cercanos, debido a que una organización criminal puede dividirse en varios grupos tras la captura de sus dirigentes.

«Y una gavilla de tres o cuatro o cinco personas puede secuestrar a alguien, puede cobrar extorsión y, en comunidades de la Sierra donde ya no hay ni gente, el cambio de cultivo se convierte en eso, en actividades ilícitas», señaló.

Fue el pasado 25 de junio cuando el Gabinete de Seguridad de México informó la captura de Ernesto Rafael «N», alias «Sierra Uno», y Alfredo «N», alias «Sierra Dos», integrantes de «Los Sierras», grupo aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en el sur de Morelia.

Se presume que ambos están vinculados con extorsiones contra madereros, además de secuestros y homicidios.

El próximo 31 de agosto se determina quiénes ocuparán las cinco nuevas consejerías                                                                                                              

El proceso para renovar cinco consejerías del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inició con una lista de 215 personas que cumplieron los requisitos legales y accedieron a la etapa del examen de conocimientos.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, informó que, aunque se registraron 215 aspirantes mediante la plataforma en línea, únicamente 200 acudieron a presentar la evaluación, mientras que 15 personas no asistieron.

Añadió que el 7 de julio serán difundidos los resultados del examen, el 11 de julio arrancará el cotejo documental y el 18 de julio se aplicará el ensayo correspondiente a la siguiente fase del procedimiento.

«Luego, después del ensayo, cuyos resultados se publicarán a más tardar el 24 de julio, posteriormente habrá una prueba de competencias gerenciales el primero de agosto y la publicación de los resultados de esta prueba se va a dar a conocer el 17 de agosto. Con todos estos procedimientos se va a ir depurando la lista y, finalmente, van a pasar a entrevistas un conjunto», precisó.

Según la información publicada por el INE en el apartado del proceso de selección y designación de la presidencia y cuatro consejerías del organismo público local en Michoacán, de las 215 personas inscritas, 99 son mujeres y 116 son hombres.

El consejero presidente expuso que será el Consejo General del INE el que, el próximo 31 de agosto, determine quiénes ocuparán las cinco nuevas consejerías del Consejo General del IEM.

Delgado Arroyo aclaró que el desarrollo de esta convocatoria no afecta el juicio para la protección de los derechos político-electorales presentado por los cuatro consejeros destituidos recientemente.

Agregó que el procedimiento continuará normalmente y que únicamente podría detenerse la designación de nuevas consejerías si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de lay Federación (TEPJF) resuelve restituir a las personas separadas del cargo.

Presentan iniciativa para crear el delito autónomo de violencia escolar y endurecer sanciones por hechos que atenten contra la vida y la integridad corporal

El Congreso del Estado analiza una reforma que busca ampliar el catálogo de conductas relacionadas con la violencia escolar para fortalecer la investigación del delito y evitar que las instituciones educativas evadan responsabilidades cuando las agresiones ocurren dentro o en los alrededores de los planteles.

La iniciativa, presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, propone modificar el artículo 178 del Código Penal para crear el delito autónomo de violencia escolar y endurecer las sanciones por hechos que atenten contra la vida y la integridad corporal en el entorno educativo.

Uno de los principales cambios consiste en que las escuelas públicas y privadas ya no podrán deslindarse cuando los actos de bullying ocurran en las inmediaciones del plantel, práctica que actualmente es frecuente al argumentar que los hechos sucedieron fuera de sus instalaciones.

El proyecto establece penas de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa para servidores públicos, docentes, personal administrativo o directivo que participen en estos hechos o que, teniendo la obligación de impedirlos, permanezcan omisos, sin perjuicio de las sanciones adicionales por delitos como lesiones, amenazas o ataques al pudor.

También prevé que, cuando exista omisión por parte de quienes tienen el deber garante, la pena aumente hasta en una mitad, además de imponerse la destitución e inhabilitación del cargo, empleo o comisión por un periodo equivalente al de la pena de prisión.

La propuesta busca impedir que maestros y directivos ignoren las denuncias presentadas por estudiantes o padres de familia relacionadas con casos de acoso escolar.

Asimismo, contempla que jueces especializados cuenten con un tipo penal autónomo para aplicar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, permitiendo imponer medidas socioeducativas y de justicia restaurativa, entre ellas terapias cognitivo-conductuales, reubicación escolar y reparación del daño para adolescentes agresores.

La reforma también incorpora el artículo 178 Quinquies para sancionar a los adultos que formen parte de la dinámica escolar, incluidos padres de familia y docentes, cuando incurran en el delito autónomo de violencia escolar.

Las penas privativas de la libertad y las multas previstas en esta disposición serán aplicables únicamente a personas mayores de 18 años.