A las niñas y niños que la escuela perdió, a quienes el Estado abandonó…

Antes de discutir acerca de la excelencia de la educación hay una pregunta más elemental: ¿están los niños en la escuela? La respuesta honesta es que todavía son demasiados los que no están.

Estar es el primer verbo del derecho a la educación, desde la concepción de Mexicanos Primero, en donde visualizamos a este conjunto de garantías como el estar, aprender y participar todas y todos en las mejores condiciones posibles en las escuelas mexicanas.  Inaceptablemente, al ser el estar el paso inicial para asegurar la vivencia plena de los derechos educativos, es así también el primero que el estado incumple, porque sin presencia no hay aprendizaje ni participación posibles.

En el ciclo 2024-2025, el sistema educativo michoacano registró 1,247,021 alumnos entre las modalidades escolarizada y no escolarizada: 13,713 en educación inicial, 170,902 en preescolar, 518,416 en primaria, 232,718 en secundaria, 173,387 en media superior y 137,885 en superior, de los cuales apenas 11,444 cursaban posgrado. La tasa bruta de escolarización de todo el trayecto, de la inicial a licenciatura, apenas rebasa seis de cada diez y llega a cerca de siete de cada diez si se deja fuera la educación inicial, que en Michoacán es casi simbólica.

Nivel por nivel, la comparación con el país es desfavorable. La cobertura de preescolar es de 62.8 por ciento frente a 63.9 nacional; la de primaria, 97.8 frente a 99.5; la de secundaria, 86.3 frente a 93.1; la de media superior, 64.4 frente a 74.8; y la de superior, con posgrado, 23.0 frente a 30.2. La brecha se agranda con la tasa neta, que mide a quienes cursan el nivel que corresponde a su edad: 62.5 por ciento en preescolar, 91.3 en primaria, 75.8 en secundaria y apenas 52.1 en media superior, contra 63.6, 94.5, 82.2 y 62.7 del promedio nacional.

Si se invierten esas tasas aparece una pirámide que se ensancha con cada escalón. De cada cien niñas y niños en edad de preescolar, unos 38 no están en el aula; en primaria son nueve; en secundaria, 24; en media superior, 48 de cada cien jóvenes de 15 a 17 años; y en educación superior, 74 de cada cien de 18 a 23. En cifras absolutas, hablamos de entre 75 y 100 mil niños fuera del preescolar, unos 45 mil fuera de la primaria, cerca de 65 mil adolescentes que no cursan secundaria a su edad, más de 120 mil jóvenes fuera del bachillerato y unos 340 mil que no llegan a la educación superior.

La Encuesta Intercensal 2025 matiza el cuadro, pero sin desmentirlo. La asistencia en Michoacán pasó de 60.5 a 72.1 por ciento entre los 3 y 5 años, de 90.7 a 93.9 entre los 6 y 14, y de 38.1 a 41.8 entre los 15 y 24. Es un avance real. Pero el país promedia 70.4, 96.0 y 47.3, de modo que fuera del preescolar seguimos por debajo: 2.1 puntos en la edad de la educación básica y 5.5 en la franja juvenil. Un derecho no se mide por el ritmo de mejora sino por quién queda sin ejercerlo:  hoy son cientos de miles. Hablar de avance mientras casi la mitad de los jóvenes de 15 a 17 años está fuera de la media superior es evadir la responsabilidad.

Respecto a quiénes están quedando fuera y por qué, partamos de que, la primera causa es la pobreza. El 25.7 por ciento de los michoacanos presentó rezago educativo en 2024, más de siete puntos por encima del promedio nacional, que ronda 19 por ciento. Uno de cada tres michoacanos es pobre y 61.2 por ciento carece de seguridad social. 15 de cada 100 menores de edad trabajan, lo cual incrementa 4.88 veces las probabilidades de desescolarización, porcentaje que sube a 7.39 veces si son menores de 15 años o realizan actividades ilegales, según la Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil, presentada la semana pasada.

La segunda es la violencia, que se ha vuelto un calendario escolar paralelo. El 22 de febrero de 2026 el gobierno suspendió las clases en todos los niveles tras los hechos violentos derivados de la muerte de un líder criminal, y dos días después tres municipios, Aguililla, Coalcomán y Chinicuila, seguían sin actividades. En Apatzingán se reportó el cierre de 34 escuelas, y a inicios de 2025 hubo cierres por inseguridad en Zinapécuaro, Zitácuaro, Queréndaro, Tepalcatepec, Buenavista y Erongarícuaro, entre otros municipios. Además, Michoacán figura entre los tres estados con más homicidios dolosos de menores de edad.

El reclutamiento merece mención aparte. En textos anteriores nos hemos referido al homicidio de menores y al reclutamiento forzado por grupos criminales; aquí importa su efecto educativo. Cuando la escuela no retiene, la calle recluta, y cuando la calle recluta, la matrícula no vuelve. Por eso cada adolescente fuera de la secundaria o del bachillerato no es sólo una cifra de cobertura sino un riesgo para la seguridad de su comunidad.

La tercera es el desplazamiento forzado: la Encuesta Intercensal 2025 contabiliza 30,862 viviendas michoacanas, 2.14 por ciento del total, con algún integrante obligado a mudarse por inseguridad. Detrás hay niños que cambian de escuela a mitad de ciclo, llegan sin documentos, se pierden en los registros o ya no se inscriben.

La cuarta es el embarazo adolescente. La tasa de fecundidad de las jóvenes de 15 a 19 años fue de 65.63 nacimientos por cada mil en 2024, una de las más altas del país, aunque las autoridades reportan una baja de 29 por ciento entre 2021 y 2025. Pocas escuelas están preparadas para retener a una estudiante embarazada.

La quinta es la escuela misma. Michoacán está entre los estados con menos progreso en infraestructura inclusiva, con más de 80 por ciento de planteles sin adaptaciones para estudiantes con discapacidad. El gobierno estatal presume más de dos mil millones de pesos en infraestructura educativa y más de cuatro mil obras; la inversión parece real, pero falta un diagnóstico público, plantel por plantel, que diga qué carencias atendió: agua, luz, sanitarios, rampas, conectividad.

Las consecuencias son sistémicas y a diferentes escalas de tiempo. A corto plazo, cada niño fuera del aula acumula rezago y queda expuesto al trabajo precario, a la maternidad temprana y a la economía criminal, que sigue reclutando en regiones enteras del estado. A mediano plazo, tendremos una generación con educación básica incompleta frente a un mercado laboral que exige más, lo que reproduce la informalidad y la pobreza de hogar en hogar y amplía la brecha entre la Meseta o el Oriente y la Tierra Caliente. A largo plazo, el costo es demográfico: la mitad de los mexicanos tiene 32 años o menos y la fecundidad bajó a 1.9 hijos por mujer, de modo que la ventana del bono demográfico se cierra. Los jóvenes que hoy no están en el aula son quienes sostendrán la economía y las pensiones de mañana.

Michoacán necesita saber quién falta. Propongo un padrón nominal de niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años, cruzado con registros civiles, de salud y de programas sociales, que identifique a cada uno que no se inscribió o dejó de asistir. Sobre él debe operar una búsqueda activa con un responsable por municipio y becas de permanencia que premien el regreso y la continuidad, no sólo la inscripción. Hace falta un protocolo estatal de escuelas en contextos de violencia, con reglas claras para suspender y reanudar clases, corredores seguros, reubicación de docentes amenazados e inscripción inmediata, sin exigir papeles, de niños desplazados. La infraestructura requiere transparencia antes que más obra, con un diagnóstico abierto escuela por escuela y accesibilidad universal obligatoria en toda obra nueva. Y las estudiantes embarazadas deben tener el derecho efectivo a seguir estudiando, con horarios flexibles y apoyo de cuidado infantil.

Estas medidas cuestan, pero cuestan menos que no tomarlas. Deben financiarse con un compromiso presupuestal plurianual, protegido de los vaivenes de cada ejercicio, y evaluarse con metas públicas: reducir a la mitad, en cuatro ciclos escolares, la brecha de unos diez puntos en media superior y de unos seis en secundaria frente al promedio nacional. Sin metas, el padrón se vuelve archivo y la búsqueda activa, discurso. Con ellas, la sociedad puede exigir resultados escuela por escuela y municipio por municipio, así se exigen los derechos.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado, a través de la SEE deben de publicar en seis meses el padrón de niñas, niños y jóvenes fuera de la escuela, con metas anuales de reincorporación por municipio. El Congreso del Estado, para el Presupuesto de Egresos 2027 debe de etiquetar recursos para becas de permanencia y para un programa de accesibilidad en los planteles. Las autoridades de seguridad y educativas están llamados a emitir un protocolo público para suspender, reanudar y proteger las clases en zonas de violencia. Los ayuntamientos deben de coadyuvar también, designando a un responsable municipal de búsqueda activa y atender a los niños desplazados, mientras que las madres, padres y docentes deben de reportar cada caso de un menor que dejó de asistir; porque un niño ausente es una alerta que debe de saberse, mucho más que una estadística por maquillar.

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