La propuesta de disminuir en 0.70 por ciento el presupuesto legislativo obliga a evaluar con precisión el destino de los recursos, señala                                            

La eventual reducción presupuestal al Congreso de Michoacán debe traducirse en una revisión profunda de gastos superfluos, particularmente en la eliminación de asesores en exceso y de personal que cobra sin trabajar, advirtió el dirigente del Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM), Octavio Ocampo Córdova.

El líder partidista, quien también se desempeña como diputado local, insistió en que la propuesta de disminuir en 0.70 por ciento el presupuesto legislativo obliga a evaluar con precisión el destino de los recursos y los rubros que representan cargas financieras innecesarias.

Como ejemplo, señaló la asignación de asesores en las distintas fracciones parlamentarias, cuestionando la desigualdad en el manejo de recursos dentro del propio Congreso.

“¿Por qué hay grupos parlamentarios de primera, hay grupos parlamentarios de segunda y hay grupos parlamentarios de tercera? Porque en el caso del PRD, nosotros no administramos el recurso que tiene el Congreso del Estado, ni somos parte del área financiera, ni somos parte del Comité de Administración del Congreso, ni de comunicación, donde se va un apartado de dinero importante”, afirmó.

Asimismo, consideró que el ajuste presupuestal podría impactar principalmente a quienes administran los recursos financieros del Congreso, como a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su posicionamiento, Ocampo Córdova retomó señalamientos de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), al advertir que cada legislatura incrementa su plantilla laboral, lo que hace necesario revisar la existencia de los llamados “aviadores”.

“Se conoce y se sabe que existe mucha gente en el Congreso de Michoacán que está dada de alta, pero que no trabaja y que no está aquí, y debemos echar un vistazo a todos los actos de corrupción”, manifestó.

El legislador también trajo a colación antecedentes de presuntas irregularidades, como la compra de un software multimillonario que nunca existió y el pago de un elevador inexistente, hechos que, subrayó, reflejan la necesidad de combatir la corrupción para hacer frente al déficit financiero.

Reconoce que se han detectado anomalías, incluyendo casos de personas que perciben ingresos sin desempeñar funciones claras                                                   

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado fijó una postura dual frente a la Reforma Electoral denominada Plan B, avalar la reducción de gastos excesivos, pero sin comprometer los derechos laborales del personal legislativo.

La coordinadora parlamentaria, Grecia Aguilar Mercado, fue enfática al señalar que los recortes no deben traducirse en afectaciones para quienes sostienen la operación del Congreso.

“Los vamos a defender a toda costa”, afirmó.

En ese contexto, precisó que la protección se extiende tanto a trabajadores de base como a colaboradores directos y personal de confianza, quienes forman parte esencial de la dinámica legislativa.

No obstante, reconoció que existen áreas que requieren revisión inmediata, particularmente el capítulo mil correspondiente a salarios, donde —indicó— se han detectado anomalías, incluyendo casos de personas que perciben ingresos sin desempeñar funciones claras.

Aguilar Mercado también coincidió en que la eliminación de gastos superfluos es una demanda constante de MC, por lo que consideró que el Plan B contiene elementos rescatables en ese sentido.

Sin embargo, advirtió que cualquier ajuste presupuestal debe realizarse de manera paulatina, evitando impactos abruptos en la estructura laboral del Congreso estatal.

En el plano político-electoral, subrayó la necesidad de establecer contrapesos que garanticen condiciones equitativas rumbo a 2027, mediante la asignación uniforme de prerrogativas a todos los partidos.

Asimismo, expresó preocupación por una posible invasión a la autonomía de los congresos locales en la definición de sus presupuestos, lo que anticipó derivará en una defensa firme por parte del partido naranja.

Finalmente, cuestionó la opacidad en torno al destino de los recursos ahorrados, al señalar que no se ha precisado qué obras públicas se beneficiarían, y advirtió que sería inapropiado redirigirlos a programas sociales, cuando existen necesidades urgentes en el sector salud, particularmente en el suministro de medicamentos.