Los hechos se remontan a 2016 por un asesinato que dio origen a la carpeta de investigación que años después derivó en una detención
Con señalamientos directos contra la Fiscalía General del Estado (FGE), familiares de Rodolfo Fulgencio denunciaron la supuesta fabricación de pruebas en su contra y la paralización deliberada del proceso judicial, por lo que demandaron la intervención del titular de la institución, Carlos Torres Piña.
A las afueras de Palacio de Gobierno, los manifestantes advirtieron que el caso permanece estancado debido a la inasistencia de la Fiscalía a las audiencias, situación que ha impedido el desahogo de pruebas y prolongado la permanencia en prisión del imputado, detenido desde 2023.
Tania Fulgencio Peña, hija del acusado, sostuvo que existen pruebas suficientes para acreditar la inocencia de su padre, entre ellas videos, estudios periciales y testimonios, pero acusó que no han podido ser presentadas ante la autoridad judicial.
Recordó que los hechos se remontan a 2016, cuando fue asesinado Alfredo Fulgencio, su tío, lo que dio origen a la carpeta de investigación que años después derivó en la detención de su padre.
La joven responsabilizó a Gustavo Arreola Baltazar, servidor público de la Fiscalía, de operar una presunta estrategia para fabricar elementos incriminatorios.
Además, señaló a Eduardo Fulgencio, también integrante de la institución, de haber generado pruebas en contra de su propio hermano, Roberto.
“Es una doble injusticia, la primera, el asesinato de mi tío, y ahora que se inculpe a mi padre como responsable de este crimen sin tener pruebas contundentes. Yo exijo que se me permita desahogar mis pruebas, porque será la manera en la que yo acredite la inocencia de mi padre, ya que cuento con videos y tenemos pruebas de genética, grafología, análisis periciales, declaraciones de testigos, entre otros”, afirmó.
Asimismo, denunció inconsistencias en el expediente, como la inclusión de una declaración atribuida a la madre del fallecido, la cual —aseguró— fue obtenida cuando ya había fallecido.
“Es imposible que una persona muerta haya declarado, falsificaron su declaración y firma, pero el documento carece de su huella digital”, afirmó.
La manifestante exigió el respeto a los derechos humanos del imputado, así como la realización inmediata de diligencias para destrabar el caso.
Indicó también que ha buscado sin éxito una audiencia con el fiscal Carlos Torres Piña, a quien acusó de no atender el caso mientras —dijo— el proceso permanece retenido por prácticas irregulares al interior de la institución.
