En el marco del Día Internacional contra la Corrupción                                                                                                                                                                                     

Por una aplicación de las leyes con ética, equidad, profesionalismo y, un conocimiento fundado en la capacitación permanente para abatir la corrupción en nuestra entidad, se pronunciaron ayer las y los magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM).

Durante un conversatorio en el TAAM, realizado a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el Pleno habló de los retos por cumplir y de la apuesta por colocar la impartición de la justicia administrativa michoacana a la vanguardia nacional, a fin de avanzar en el combate a un fenómeno cuyo costo en 2024 se estimó en más de 11 mil 900 millones de pesos en el país.

La magistrada presidenta, Lizett Puebla Solórzano, subrayó el compromiso por seguir fortaleciendo al TAAM, una “pieza fundamental en el combate y lucha contra la corrupción en el estado”, mediante acciones de capacitación y profesionalización continuas, por lo que llamó a las y los integrantes de este organismo autónomo, a trabajar “por una impartición de la justicia administrativa con calidad, para que sigamos en la vanguardia de los tribunales administrativos de México”.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, “para que haya tribunales que garanticen impartición de justicia objetiva y libre de corrupción, deben existir respeto al debido proceso, la debida motivación y fundamentación y, la garantía de que existan plazos razonables dentro de los juicios pues, a mayor tiempo, mayor probabilidad de que se presenten actos de corrupción en los órganos jurisdiccionales”, expuso la doctora Puebla Solórzano.

La magistrada Swany Peña Reyes, titular de la Primera Sala, se pronunció por atender los retos primordiales para la justicia administrativa:

“Juzgar con perspectiva transformadora”; es decir, con enfoque de género y derechos humanos, sin sesgos cognitivos; “Accesibilidad y justicia abierta”, de forma que las resoluciones sean comprensibles, cercanas y transparentes para litigantes y ciudadanía; “Prevención de desigualdades estructurales”, desde la propia administración de justicia; y, entre otros: “Una cultura ética y con responsabilidad institucional”, de forma que el combate a la corrupción tenga un efecto directo en la integridad pública, indicó.

A su vez, el magistrado Carlos Enrique Verduzco Hurtado –titular de la Tercera Sala– habló sobre “construir una visión contra la corrupción de manera comunitaria”, a fin de que los recursos, el conocimiento y la experiencia sean compartidas, para combatir un fenómeno que pareciera “parte de la naturaleza humana”, por lo que su combate es algo más que complejo.

“La dinámica anticorrupción no debería ser solo un esquema de cómo abatir de manera fulminante. Debe ser un constructo social que empiece a gestarse desde la casa, se fortalezca con la educación y desemboque en nuevas dinámicas sociales”, expuso.

El titular de la Cuarta Sala, magistrado Sergio Martínez Ocampo, destacó la existencia de un marco jurídico robusto para combatir la corrupción, que requiere no sólo una aplicación rigurosa y fundada, sino también una postura crítica de las personas servidoras públicas pues:

“Los controles constitucionales para abatir la problemática existen, y nos toca aplicarlos. Pero ello no nos exime de cometer actos irregulares”, indicó el magistrado, y más tarde adelantó que, en esa lógica, el TAAM ya trabaja para proponer una reforma al Código de Justicia Administrativa, con objeto de que la lucha anticorrupción en Michoacán tenga “las mejores herramientas jurídicas posibles”.

Al cierre, la magistrada Azucena Marín Correa, quien dirige la Cuarta Sala del TAAM, habló sobre la condición de las leyes, preguntándose si éstas pueden ser “realmente, congruentes con la justicia”, y el reto de las personas juzgadoras por resolver “más allá”, con una perspectiva ética.

Contra la impunidad en que a veces derivan los procedimientos jurisdiccionales, “nuestro reto es ser íntegros, como un ejército de iguales que tiene una línea muy clara y congruente con la ética y la justicia… En el TAAM estamos creciendo, acercamos la justicia administrativa a las personas, pero podemos hacer más: No se trata de cambiar el rumbo, sino de enderezarlo para darle oportunidad a las actuales y futuras generaciones de que puedan hacer las cosas con honestidad”, afirmó.

Es el primer tribunal del país en hacerlo formalmente                                                                                                                                                                                       

Con el firme propósito de fortalecer las políticas institucionales de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, se instaló el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial de Michoacán.

Este órgano es el encargado de diseñar, coordinar, impulsar y evaluar políticas, programas, acciones tanto de capacitación como de sensibilización, así como lineamientos y protocolos para promover y garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTQ+, pueblos y comunidades indígenas y originarias, personas afrodescendientes, personas privadas de la libertad o sujetas a procedimientos judiciales y, de manera innovadora, de los seres sintientes, también conocidos como animales, que requieren también respeto, protección y garantías en la defensa de su integridad, vida y salud.

La magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos preside este Comité instalado por acuerdo del Órgano de Administración Judicial, y durante su mensaje refirió que este grupo de trabajo asume una responsabilidad institucional esencial: garantizar entornos inclusivos, accesibles, libres de discriminación y con la protección debida para quienes así lo requieren.

El magistrado Luis Felipe Quintero Valois enfatizó que la consolidación del nuevo Poder Judicial exige adoptar perspectivas integrales -de género, infancia, personas mayores, entre otras- para tomar decisiones más justas; con este comité, Michoacán se convierte en el primer Poder Judicial del país que incorpora la perspectiva de seres sintientes de manera formal a un órgano institucional.

Por su parte, el magistrado presidente Hugo Gama Coria celebró la instalación de este comité, les tomó la protesta y señaló que forma parte de la nueva dinámica institucional enfocada en garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes forman parte de grupos vulnerables. Reiteró la importancia de contar con herramientas para asegurar el acceso a la justicia –como intérpretes de lengua de señas y espacios físicos adecuados- y recalcó que en el nuevo Poder Judicial no se permiten ni se toleran actos de discriminación y, de suceder, se debe dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial para que se tomen las medidas necesarias.

El titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez, señaló que la institución incorporará de manera transversal estos temas en todas sus actividades académicas. El director administrativo, Alan Juan Rodríguez Manríquez, destacó la relevancia de que las áreas administrativas formen parte del Comité, pues son quienes proyectan presupuestos basados en necesidades reales. A su vez, María Marbella Reynoso Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, informó que la próxima semana continuarán los trabajos derivados de la reunión sostenida con un colectivo de personas con discapacidad, cuyo pliego petitorio será analizado para definir acciones específicas; además, ya se preparan encuentros con otros grupos y organizaciones.

El Comité quedó integrado por la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos (quien preside), el magistrado Luis Felipe Quintero Valois, el director administrativo Alan Juan Rodríguez Manríquez, la titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, María Marbella Reynoso Juárez, así como el titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez. Además, se podrán invitar, con voz pero sin voto, a personas expertas y enlaces técnicos en temas relacionados, como instancias de protección animal, organismos de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas o colectivos de diversidad sexual, según la naturaleza de los asuntos a tratar.

Entre sus funciones destacan: impulsar campañas y programas de capacitación sobre derechos de grupos vulnerables; proponer convenios con instituciones públicas y privadas para fortalecer la inclusión; incorporar, cuando sea pertinente y autorizado, políticas con perspectiva animal integral para garantizar estándares adecuados de trato y manejo de animales involucrados en procedimientos judiciales; y establecer criterios y mecanismos de evaluación que aseguren la correcta aplicación de estas políticas en toda la institución.

Con la instalación de este Comité, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con una impartición de justicia incluyente, accesible y respetuosa de la dignidad humana, orientada a eliminar barreras y garantizar los derechos de quienes históricamente han enfrentado situaciones de vulnerabilidad.

Ha recibido 59 denuncias y 9 sentencias emitidas                                                                                                                                                                                             

El magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Michoacán, compartió con medios de comunicación del estado los avances del TDJ desde que inició funciones el pasado 15 de septiembre a la actualidad, tales como la recepción de 59 denuncias y 9 sentencias emitidas.

Este órgano que fue creado a partir de la reforma judicial, está encargado de atender posibles faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas del Poder Judicial de Michoacán, de tal forma que quienes lo integran han resuelto asuntos que han derivado en sanciones que incluyen inhabilitaciones por 9 meses, por 6 meses y amonestaciones privadas cuando se trata de faltas menores. El magistrado Flores Vargas destacó que actualmente 8 expedientes están próximos a resolverse y 35 más se encuentran en etapa final de análisis.

Además, destacó que uno de los aspectos más significativos ha sido la apertura de los canales de comunicación, tanto internos como externos, lo que ha permitido que la ciudadanía y el personal judicial presenten las quejas y denuncias ante la posible comisión de estas faltas, mecanismo que fortalece la confianza en los procesos de supervisión y transparencia.

En este contexto, conviene señalar la campaña activa desde hace varias semanas: El Tribunal de Disciplina Judicial ¡te escucha!, que invita a las personas usuarias de los servicios de impartición y administración de justicia a utilizar los canales accesibles para presentar quejas o denuncias sobre la actuación de servidoras y servidores públicos; se reciben directamente a las oficinas ubicadas en el Palacio de Justicia del Centro Histórico de Morelia (Portal Allende #267, colonia Centro), en el correo quejasydenuncias.tdj@poderjudicialmich.gob.mx o en el teléfono (443) 310 9500. En próximos días estará disponible el micrositio con toda la información en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx

Por otro lado, enfatizó que el TDJ cuenta con dos comisiones permanentes, la de Disciplina y la de Evaluación del Desempeño, por lo que respecta a esta última, detalló que se han realizado 9 visitas diagnóstico en juzgados de primera instancia —seis en Morelia y tres en Uruapan— para identificar áreas de oportunidad, conocer el clima laboral y detectar situaciones que pudieran derivar en alguna infracción a la legislación que rige la vida institucional.

El Pleno ha sesionado de manera constante, con 12 ordinarias y 4 extraordinarias, además de las correspondientes a las comisiones. Paralelamente, se trabaja en la elaboración del Reglamento Interno, en diversos manuales de procedimientos y de organización, así como en la actualización de los Códigos de Ética y de Conducta que regirán a todas las personas servidoras públicas de la institución.

Agregó que la Unidad de Investigación ha revisado y dictaminado 412 procedimientos penales, tanto del sistema oral como del tradicional, para efectos de responsabilidad oficial; se firmó un convenio de participación con la Auditoría Superior de Michoacán, que permite poner en marcha el micrositio y un buzón electrónico para la recepción de denuncias; y en breve se concretará la firma de convenios con la Fiscalía General del Estado y con el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado, entre otras acciones relevantes.

El Tribunal de Disciplina Judicial trabaja por una justicia eficaz, eficiente y transparente.