La víctima se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por sujetos armados; los responsables escaparon
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LA TRIPLE EXCLUSIÓN EDUCATIVA: PARTICIPAR
Hay escuelas en donde se aprende y hay escuelas en donde se dialoga, participa y convive; en las mejores sucede todo simultáneamente. En Michoacán cuesta encontrar la segunda. Participar es el tercer verbo del derecho a la educación y el más descuidado, porque no aparece en ninguna estadística de cobertura ni en ninguna prueba internacional. Se nota cuando una comunidad no sabe en qué se gastó su presupuesto.
La ley prevé que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo de participación escolar, integrado por madres, padres, docentes, directivos y representantes de la comunidad, y que cada entidad cuente con un consejo estatal, el CEPEE, además de consejos municipales. Su propósito es que la comunidad opine, vigile y colabore en la vida escolar, desde el uso de recursos hasta la convivencia y la asistencia. En el papel, Michoacán tiene toda esa arquitectura.
Detrás de ese diseño hay un principio que va más allá de la administración escolar. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México es parte, reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión en los asuntos que les afectan y a que esa opinión sea tomada en cuenta. Pocos asuntos los afectan más que su escuela. Participar no es una concesión de la autoridad ni un adorno democrático, sino parte sustantiva del constitucional derecho a la educación, por lo que, una escuela que no escucha y que no brinda canales de participación incumple una obligación, aunque sus aulas estén llenas y sus maestros cobren puntualmente.
En la práctica, la huella pública es mínima. La más reciente localizada, de una sesión del consejo estatal, entonces llamado de participación social, es la sexta sesión ordinaria reportada en 2019. No encuentro evidencia pública de planes de trabajo, sesiones ni rendición de cuentas posteriores del consejo estatal ni de los municipales. Hablo de un hueco de transparencia, no de un hallazgo cerrado, y las autoridades pueden llenarlo; un órgano de participación que no puede mostrar lo que hace es, por definición, un órgano que participa poco. En muchas escuelas el consejo se reduce a un acta que se firma para recibir recursos, no a un espacio para deliberar.
Las autoridades educativas organizan reuniones con madres y padres, y muchas comunidades sostienen su escuela con trabajo, cuotas y cariño. Eso es participación y es valiosa, pero es informal, no sistemática y solo con propósitos específicos, lo que no sustituye a los órganos con atribuciones legales, con información pública y con capacidad de incidir en decisiones. Cuando la colaboración se limita a faenas y cooperaciones, la comunidad pone la mano de obra y las decisiones se toman en otra parte. Esto es, democracia dirigida y una simulación de gobernanza. Peor aún, en el contexto michoacano de violencia, inseguridad, desplazamiento forzado, precariedad, ausentismo y falta de maestros, es sabido que, una escuela que opera en modo de supervivencia no puede enseñar a deliberar.
La ausencia más llamativa es la de los propios estudiantes. En la educación media superior y superior casi no existen espacios reconocidos donde los jóvenes decidan o incidan, mientras que, en la básica la participación infantil suele reducirse a ceremonias y concursos. Es una paradoja: se les pide madurez para elegir carrera a los quince años y no se les da voz sobre su escuela. Una señal de ese malestar aparece en las encuestas estatales que hemos realizado desde Mexicanos Primero Michoacán en 2023 y en 2026: el grupo que señala la educación como principal problema pasó de 1.7 a 3.5 por ciento y, dentro de él, los jóvenes de 18 a 29 años pasaron de 14.8 a 68.2 por ciento. Si bien, es un segmento pequeño y la comparación tiene límites metodológicos, sugiere que quienes más viven el problema son quienes menos canales tienen para plantearlo.
La participación estudiantil también se aprende: principalmente, practicándola. Un joven que ha votado por su representante de grupo, que ha debatido el reglamento de convivencia o que ha propuesto una mejora para su plantel llega a la vida adulta con otra relación con las instituciones: sabe que opinar tiene consecuencias y que los acuerdos se construyen. Quien jamás tuvo esa experiencia aprende, en cambio, que las decisiones se toman en otro lado y que lo sensato es callar o irse.
Tampoco hay espacios reales donde madres y padres opinen sobre la asignación de plazas, el calendario o el uso de los recursos que llegan al plantel. Los programas que entregan recursos directos a las escuelas operan con comités comunitarios; su valor depende de que la comunidad conozca el monto, el destino y los resultados, y no está claro que esa información se publique de forma sistemática.
La falta de información alimenta la sospecha. Cuando la comunidad no sabe cómo se asignan las plazas docentes ni por qué un grupo lleva semanas sin maestro, la desconfianza hacia la autoridad crece. Y la desconfianza, en un estado con un tejido institucional tan golpeado, es un costo democrático.
La participación exige seguridad, y la escuela michoacana convive con la violencia. El 22 de febrero de 2026 se suspendieron las clases en todo el estado tras los hechos violentos derivados de la muerte de un líder criminal; en Apatzingán se reportó el cierre de 34 escuelas, y a inicios de 2025 hubo cierres por inseguridad en Zinapécuaro, Zitácuaro, Queréndaro, Tepalcatepec, Buenavista y Erongarícuaro. Michoacán está entre los tres estados con más homicidios dolosos de menores, con 749 víctimas entre 2015 y enero de 2025, y 30,862 viviendas reportaron desplazamiento por inseguridad en la Encuesta Intercensal 2025. En el Valle de Apatzingán, la investigación académica documenta cómo los maestros aprenden a trabajar bajo fuego. En esos contextos, convocar al consejo escolar puede ser un acto de valentía, pero, una comunidad atemorizada no vigila nada.
Y, por si fuera poco, la infraestructura excluye: más de 80 por ciento de los planteles carece de adaptaciones para estudiantes con discapacidad. ¿Así como se convivirá con la constitucional inclusividad?
La convivencia escolar, además, necesita algo más que reglamentos. Una escuela en la que los alumnos no tienen voz ni mecanismos para reportar el acoso, la discriminación o el abuso de autoridad es una escuela donde esos problemas se esconden. La convivencia se construye cuando existen reglas acordadas con los estudiantes, instancias confiables para denunciar y adultos que responden. Y la experiencia comparada sugiere que las escuelas con comunidades informadas y activas tienden a tener mejor asistencia, mejor clima escolar y mayor cuidado de sus recursos. Participar no es un lujo para tiempos tranquilos, sino que constituye una condición para que la escuela funcione en los momentos difíciles. No es de simulación, sino que es de gobernanza.
A corto plazo, la ausencia de participación significa decisiones sin control social: plazas mal asignadas, recursos sin rendición de cuentas, problemas de convivencia que nadie atiende y una violencia que se normaliza. A mediano plazo, se erosiona la confianza de las familias en la escuela pública y se debilita su legitimidad; quienes pueden pagar se van a la privada y quienes no, se resignan. A largo plazo, el costo es cívico: una generación que nunca decidió nada en su escuela difícilmente exigirá cuentas a sus gobiernos, y las instituciones quedarán más expuestas a la captura de intereses criminales y a la apatía política.
Por todo lo anterior, hay que reinstalar y hacer funcionar el consejo estatal y los consejos municipales, con integración plural, sesiones abiertas, actas publicadas y un informe anual de gestión. Cada consejo escolar debe tener funciones reales en el uso de los recursos del plantel y publicar, en la puerta de la escuela y en línea, lo que recibe y lo que gasta. En media superior y superior deben reconocerse consejos estudiantiles con voz y voto en los asuntos de convivencia; mientras que, en la educación básica deben crearse espacios de participación infantil con metodologías de formación en gobernanza escolar adecuadas a cada edad. Es indispensable a nivel estatal un tablero público que mida el avance de las metas del Programa Sectorial de Educación y un protocolo de seguridad para que los consejos puedan sesionar en zonas de riesgo, con apoyo de las autoridades municipales y estatales.
Conviene añadir dos herramientas sencillas. La primera es un presupuesto participativo escolar, en el que cada comunidad decida, con información pública y acompañamiento técnico, el destino de una parte de los recursos del plantel. La segunda es una contraloría social efectiva, con madres, padres y estudiantes capacitados para verificar obras, entregas de materiales y asignación de plazas, y con un canal de denuncia que proteja a quien lo usa. Ambas deben medirse: cuántos consejos sesionan, cuántas actas se publican, cuántos estudiantes participan y qué decisiones cambiaron gracias a ellos. Lo que se publica se vigila y lo que se vigila mejora.
Nada de esto funciona sin formación y sin información. Los directores necesitan capacitación para conducir consejos que deliberen en lugar de validar. Las madres y los padres necesitan conocer sus atribuciones, la composición del consejo y la manera de exigir cuentas, en un lenguaje claro y, donde corresponda, en las lenguas de cada comunidad. Y los estudiantes necesitan espacios seguros, con adultos que los acompañen sin dirigirlos. Un portal estatal, sencillo y abierto, que reúna actas, presupuestos escolares, plazas, calendarios efectivos y resultados, haría visible lo que hoy es invisible y pondría a la autoridad frente a su propia información.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación en el Estado debería de publicar en noventa días el listado de consejos de participación instalados, con fechas de sesión y actas.
El Congreso del Estado de Michoacán debe de pedir cuentas sobre el funcionamiento del CEPEE y exigir un tablero abierto con las metas del Programa Sectorial de Educación.
Paralelamente, los ayuntamientos deben de instalar consejos municipales con sesiones públicas y acompañar a los comités escolares en zonas de riesgo.
Los directores de los planteles deben de abrir las sesiones del consejo escolar a madres y padres y rendir cuenta de cada peso que llega al plantel.
Los estudiantes, niñas, niños y jóvenes deben de organizarse, exigir su lugar en los consejos y hacer de la escuela un espacio que también les pertenece. ¡Merecemos un gobierno educador!
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
DÍA DE MUERTOS
En Michoacán permanecen arraigadas algunas tradiciones investidas de historias y rituales que mantienen su vigencia, son parte de una identidad, trazos de una cultura singular que da santo y seña de los pasados que no se marchan, porque aquí se quedaron.
Una de las estampas multicolores en estas fechas en la entidad michoacana es la del Día de Muertos, amalgama cultural que describe una composición única por su significación, fuentes, leyendas y raíces.
El Día de Muertos es en la cultura purépecha celebración de vida. Ello se registra, principalmente, en la zona Lacustre, esto es en los pueblos alrededor del lago de Pátzcuaro, ahí se pueden conocer las raíces de una cultura que mantiene su vigencia y se manifiestan con sacro simbolismo que encierra una enseñanza vital a través de la muerte misma.
Evidentemente, para la mayoría de nosotros, tanto en las culturas occidentales, así como aquellas que se ubican en puntos geográficos distantes, nuestros muertos no han desparecido, sino que su espíritu se ha trasladado a otra dimensión existencial donde continuarán un proceso evolutivo cuyo misterio se encierra en la infinitud del universo.
Los lazos terrenos se manifiestan a través de la fuerza mayor del universo: el amor. En la Meseta Purépecha, la zona Lacustre –Pátzcuaro- regiones significativas de Michoacán, las raíces purépechas son evidentes en la celebración del Día de Muertos, una festividad pagano- religiosa, ya se incluyen ahí elementos de las tradiciones y religiones vigentes en nuestra patria desde antes de la llegada de los españoles, hasta la actualidad.
En las zonas indígenas permanece con honda raigambre la memoria colectiva, donde se encuentran las vertientes singulares de una celebración que festeja la vida más allá de la muerte. Para nuestros antepasados la vida se medía por instantes de luz y todo lo existente era parte de una dinámica que giraba alrededor de un orden universal. De acuerdo a la filosofía de los pueblos americanos, la muerte no es más que una prolongación de la vida.
En las últimas décadas, estas actividades de larga data han adquirido un gran vigor en Michoacán, los altares, calaveritas, los rituales y toda la gama de colores impregnados de sincretismo están presentes.
Para los pueblos originarios la muerte es eternidad. En el pueblo michoacano, para sus habitantes, no hay separación de cuerpos y almas. En esta cultura la muerte se concebía no como una fuerza natural y salvaje- como en la occidental, sino como un elemento de la realidad social.
El universo de los purépechas estaba formado por tres partes: el cielo (auándaro)- la tierra (echerendo)- y el mundo de los muertos (cumiechúcuaro ó uarichao) respecto a las ofrendas, generalmente se preparan alimentos tradicionales para esperar a las “ánimas” o difuntos en sus hogares y/o en el panteón. En el caso de los niños muertos, se monta un altar en su casa, sobre todo el primer año de fallecido el infante, en el altar se colocan alimentos, dulces, frutas y juguetes. Las tradiciones son un cemento que une y proyectan un sello característico de identidad que goza de cabal salud.
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EL DESENTENDIMIENTO
Las conductas indebidas de los servidores públicos vinculadas con sus cargos son sancionadas conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, incluidos como tales, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos como es el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las conductas exhibidas vinculadas con la ex titular del INE en días pasados, pueden caber en el apartado relativo que contempla a los delitos por hechos de corrupción, el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el delito de abuso de autoridad, el delito de coalición de servidores públicos, el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el delito de remuneración ilícita, el delito de concusión, el delito de ejercicio abusivo de funciones, el delito de tráfico de influencia, el delito de cohecho, el delito de peculado, el delito de enriquecimiento ilícito y los delitos cometidos por los servidores públicos, independientemente de las responsabilidades administrativas y políticas que se le puedan atribuir, con las agravantes respectivas.
De las investigaciones que se puedan iniciar al respecto, se pudieran encontrar visos de delincuencia organizada por los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del pasado 28 de noviembre de 2025. El solo hecho de separarse del cargo no le exime de que puedan dichas conductas ser investigadas para proceder jurídicamente en su contra, la realidad es que en la práctica no se integren las carpetas de investigación y se aperturen los expedientes para fincar responsabilidades administrativas por cuestiones de naturaleza política, por considerar que pudiera tener en su haber información privilegiada en contra del oficialismo en turno.
El riesgo de que el proceso electoral se empañe por la intervención del Poder Ejecutivo en aras de “blindarlo” es real, la ocurrencia que se ha venido manejando de que la papelería electoral sea confeccionada por el propio Estado, frente a los actos de corrupción en la asignación de contratos a personas afines a la extitular opacaría el proceso en sí, con un dejo de desconfianza en los resultados que se lleguen a obtener en beneficio de los candidatos oficialistas.
Existe la tesis aislada con registro digital 2025013 que nos ilustra sobre la complejidad en la imposición de sanciones de esta naturaleza, que indica que el sistema de responsabilidades de los servidores públicos contenido en la Constitución General, es un modelo complejo de mecanismos de control constitucional para el ejercicio del servicio público, que tiene sustento en el principio de autonomía y se estructura a partir de cuatro modalidades, a saber: I) responsabilidad política; II) responsabilidad penal; III) responsabilidad administrativa de carácter disciplinario (sancionatoria); y, IV) responsabilidad de carácter indemnizatorio (resarcitoria).
Es así que para cada tipo de responsabilidad, sea punitiva o resarcitoria, se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propios, aunque algunos de ellos coincidan desde el punto de vista material; eso explica que, con motivo de una falta administrativa que también involucre la comisión de algún delito, un servidor público o particular vinculado pueda ser sujeto de responsabilidad punitiva y, por tanto, sancionado en diferentes vías, por órganos diferentes y con distintas consecuencias, sin que ello implique transgresión al principio non bis in idem, porque se trata de sanciones que pertenecen a distintos ámbitos jurídicos y persiguen diversas finalidades.
Así, por ejemplo, tratándose de la pretensión resarcitoria o reipersecutoria, el Estado no persigue a la persona del servidor público o de algún particular responsable, sino a su patrimonio, toda vez que esa responsabilidad surge cuando se demuestra la relación causal entre el reproche del Estado por cierta conducta (sea de comisión u omisión) y el daño causado, siendo que una vez demostrada esa relación causal, la pretensión del Estado se dirige al patrimonio del responsable, quien deberá responder con él.
Pasaran muchos meses, años incluso, para conocer qué tipo de sanciones se le fincaran a la extitular del INE insaculada el 31 de marzo de 2023 en una tómbola en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por los legisladores oficialistas con su mayoría artificial, tómbola en la que participaron personas todas afines al actual sistema político en funciones; lo que sí podrían hacer, sería solicitar la prisión preventiva oficiosa ¿Lo harán?… @lvarezbanderas
MANZO, A UN AÑO
Si no peleas contra la corrupción, formas parte de ella:
Joan Baez (1941-?) Cantante y compositora estadounidense
Este domingo se cumplió un año del asesinato de Carlos Manzo. Hay más de una treintena de detenidos, entre ellos presuntos homicidas materiales e intelectuales. Empero, quedan aún más dudas que las que han podido clarificarse y ello tiene una explicación: la falta de credibilidad y por tanto de confianza en la Fiscalía michoacana.
Si desde el día del asesinato, Carlos Torres Piña, en ese momento fiscal, entrega la investigación a la Fiscalía General de la República, probablemente hubiera habido resultados más creíbles. ¿Y porqué tendría que haberlo hecho, si como fiscal en primera instancia le correspondía la indagatoria? Por el evidente conflicto de interés: él aspiraba a la gubernatura; investigaría el homicidio de quien aspiraba a lo mismo; pero además era obvio que a partir de ese momento la viuda de manera natural sería ubicada como obligada prospecto al mismo cargo y, por si fuera poco, otro aspirante, el senador Raúl Morón, había sido señalado por Manzo como alguien que debía ser investigado si algo le pasara.
Es decir, por todos lados Torres Piña estaba impedido ética y moralmente para llevar la investigación, de ahí que debió promover que la FGR la atrajera. Pero al no hacerlo, debió renunciar para que alguien más indagara el magnicidio. Y tampoco lo hizo. Eso explica porqué hay más dudas que claridades a un año de distancia.
Es probable que las investigaciones de Torres Piña hayan sido efectivas, imparciales y profesionales, y que todos los detenidos efectivamente hayan sido los autores materiales e intelectuales del asesinato, pero ese conflicto de interés descrito obligan al recelo.
Luego, tanto la viuda como el hermano de Manzo, enemistados entre sí, han pedido a la FGR que atraiga la investigación. La fiscal Ernestina Godoy ha bateado a Grecia Quiroz y a Juan Manzo por igual. Cierto, la Fiscalía federal tiene tanto o más desprestigio que la michoacana, por lo que su intervención tampoco es garantía de credibilidad, pero al menos en teoría cabría esperar algo más de imparcialidad.
A 365 días, pues, el asunto sigue sin un resultado en sus investigaciones sólido, creíble. Y mucho me temo que por ese tenor seguirá. El proceso electoral del 27 es buen pretexto para minimizar su vigencia.
X @jaimelopezmtz
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