El 31 de agosto, con 185 días de clase por delante, Michoacán abrió sus aulas con un mensaje oficial de normalidad: cerca de 11 mil 500 escuelas abiertas y un millón doscientos mil estudiantes. Al corte del 8 de octubre, el saldo es otro.
El reporte integrado de Mexicanos Primero Michoacán, que revisó prensa y comunicados oficiales entre el 1 de septiembre y el 9 de octubre, documenta más de veinte incidencias con fecha y lugar identificables que interrumpieron o pusieron en riesgo la continuidad de clases.
Conviene matizar: no todas las incidencias cerraron aulas. Las de causa climática sí: el huracán Polo, el huracán Rachel y la tormenta tropical Simón obligaron a la Secretaría de Educación del Estado (SEE) a suspender las clases presenciales en los mismos siete municipios de la Sierra-Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. Sumadas, esas suspensiones representan entre siete y medio y ocho días sin clases presenciales: cuatro por Polo, entre uno y medio y dos por Rachel, y dos por Simón, estos últimos con reanudación aún pendiente.
Otras, como las de las primarias “Hijos del Ejército” y “Madero y Pino Suárez” son emblemáticas, por haber estado en ambas el gobernador en el acto de inauguración de un ciclo escolar en la última década, así como la secundaria técnica 121 de Peribán, donde dejaron alumnos sin clases por razones administrativas: falta de docentes, horas sin cubrir y drenajes colapsados. El resto son bloqueos, marchas y tomas cuyo efecto en las aulas no pudo confirmarse, por lo que, esa imposibilidad es parte central del problema. Si las personas movilizadas cobran como trabajadores de la educación debería forzosamente de haber una afectación a la escolaridad de los estudiantes. Esto se esconde por parte de las propias autoridades educativas.
Hagamos una cuenta sencilla. Entre el 31 de agosto y el 9 de octubre hay seis semanas y veintinueve días lectivos, descontado el 16 de septiembre. Si en siete municipios se perdieron entre 7.5 y 8 días presenciales, esas comunidades han estado sin aulas más de una cuarta parte del tiempo transcurrido. La SEE estimó unos diez mil alumnos afectados por Polo; si la cifra se mantuviera en las tres suspensiones, serían entre 75 mil y 80 mil días-alumno perdidos.
El territorio afectado tampoco es menor. Las incidencias tocan al menos doce municipios con nombre propio: Morelia, Panindícuaro, Peribán, Zitácuaro, Madero y los siete de la Sierra-Costa. Si se suman los siete cuyo magisterio fue convocado a los talleres regionales del Educador Popular de Zitácuaro (Tuzantla, Susupuato, Benito Juárez, Jungapeo, Tuxpan, Ocampo y Angangueo), la cifra sube a diecinueve. Es decir, entre uno de cada diez y uno de cada seis de los 113 municipios. Y es un piso, no un techo: el reporte advierte que no fue posible recorrer los 113 y que las comunidades pequeñas suelen quedar fuera de lo que la prensa registra. Incluso, la propia CNTE afirma que fueron prácticamente dos días sin clases en todas las regiones de Michoacán.
La falta de maestros también fue una cuestión sabida: hubo al menos una decena de protestas al respecto desde el inicio del presente ciclo escolar. Lo más grave es la admisión oficial de que el déficit se conocía desde el cierre del ciclo anterior: el sistema sabía y el ciclo arrancó igual. Con cerca de mil 700 solicitudes de jubilación en 2025-2026 frente a unos mil 080 egresados normalistas por generación, la carencia de docentes es atribuible a la falta de previsión, así como a la incapacidad de las autoridades de lograr que todos quienes cobran como trabajadores de la educación devenguen debidamente sus salarios.
Llegamos así al dato central, que es el que falta: nadie sabe con precisión cuántas escuelas han estado sin clases. La autoridad no publica un registro de planteles sin clases ni de sus causas. El 11 de septiembre, la SEE habló de cerca de 11 mil 500 escuelas abiertas, mientras la estadística registra 12 mil 894 planteles. Las cifras no son comparables sin conocer la base de cálculo, y esa es la pregunta sin respuesta. Cuando la autoridad no mide, la falta de evidencia equivale a falta de información pública, a opacidad deliberada
Ahí entra el relato. Al presentar el regreso a clases, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lo dijo con todas sus letras: «¡Vamos por el quinto ciclo escolar completo en Michoacán!». La consigna no es nueva: la SEE ya había difundido el «cuarto ciclo escolar completo» y el 31 de agosto presumió que se cumpliría con los 185 días. La promesa ofrece una cifra redonda y la narrativa de una normalidad recuperada tras años de paros. Pero «completo» significa que los días de clase se impartieron en todas las escuelas, a todos los alumnos. Bajo esos parámetros, el relato se diluye.
Se diluye, primero, porque no se puede certificar como completo lo que no se mide. Sin registro diario de escuelas sin clases ni circulares públicas, el gobierno no puede afirmar que ningún plantel ha perdido días. Un ciclo no es completo porque el calendario diga 185; lo es cuando se imparten. Se diluye, en segundo lugar, porque el promedio estatal esconde lo que «incompleto» significa en una escuela concreta: para los niños de Hijos del Ejército o de la Sierra-Costa el ciclo ya no es completo y apenas ha transcurrido una sexta parte.
Se diluye, en tercer lugar, porque el antecedente inmediato desmiente la cifra redonda. El reporte recuerda que la Sección XVIII se sumó al paro nacional indefinido de la CNTE iniciado el 1 de junio de 2026: la SEP reportó entonces 694 escuelas sin clases en Michoacán, 2 mil 258 docentes participantes y 42 mil 671 alumnos afectados. Una revisión hemerográfica contabiliza 19 días de paro en 2026, a los que se suman la suspensión estatal del 23 de febrero por la violencia y el ataque armado del 24 de marzo en una preparatoria de Lázaro Cárdenas. El ciclo anterior distó de ser completo, y el actual suma en su arranque tres suspensiones climáticas, una toma de oficinas de dos semanas y una cadena de bloqueos. Una narrativa que se sostiene ciclo tras ciclo con los mismos agujeros no es un logro: es un simple eslogan.
Las consecuencias son de tres órdenes. La primera es pedagógica. Cada día perdido representa aprendizaje que no se recupera solo, si no es que jamás. Y los niños de la Sierra-Costa arrastran además el rezago de un ciclo previo marcado por paros y violencia. La segunda es la desigualdad: el golpe cae donde hay menos conectividad y menos recursos; la familia con dinero paga clases particulares, la que no, espera. Y con una pérdida de 27 mil estudiantes en dos ciclos, cada interrupción es un argumento más para dudar de la escuela pública.
El tercer orden es institucional, y tiene que ver con la confianza. Padres que bloquean carreteras para que haya maestros, normalistas que exigen plazas, docentes que toman oficinas por claves y pagos: síntomas de una ventanilla que no resolvió a tiempo y de una sociedad que aprendió que solo se le escucha si interrumpe. La toma de la SEE, del 22 de septiembre al 6 de octubre, paralizó dos semanas los trámites de trabajadores, estudiantes y escuelas, y la dependencia lo reconoció. Hay además dos vías de pérdida: la gestión, evitable, y el clima, previsible. Tres suspensiones en menos de veinte días en los mismos siete municipios ya son un patrón que el sistema debió anticipar.
La SEE debe de publicar de inmediato un registro diario, por escuela y municipio, de planteles sin clases, con causa, duración y medida de atención. El gobierno de Michoacán debe de retirar la palabra «completo» de su propaganda mientras no pueda demostrarla. La Sección XVIII, Poder de Base y las normales, deben de movilizarse sin afectar días lectivos o, al menos, con aviso previo y continuidad pedagógica.
A la SEP, a transparentar el proceso USICAMM y aclarar si fueron 550 o 555 plazas. Y a padres, medios y organizaciones, a documentar cada incidencia y a solicitar información por transparencia.
Más allá de la denuncia, hacen falta medidas de política pública como las siguientes: Primera: datos abiertos de continuidad escolar, con registro diario por centro de trabajo y un indicador oficial de días efectivos de clase por escuela que sustituya al eslogan. Segunda: un protocolo de continuidad pedagógica ante fenómenos climáticos en la Sierra-Costa, con materiales a distancia, revisión previa de inmuebles, criterios de reanudación y reposición de días perdidos.
Tercera: asignación anticipada de plazas y horas docentes, concluida antes del cierre del ciclo anterior, con un plan multianual que cierre la brecha entre jubilaciones y egresados. Cuarta: un fondo de mantenimiento sanitario de respuesta rápida, con plazo máximo de reparación y sede alterna presencial mientras dure la obra. Quinta: una mesa permanente de atención temprana de conflictos, con tiempos de respuesta públicos y una ventanilla digital alterna para que una toma no paralice trámites. Sexta: auditoría ciudadana, con organizaciones civiles y consejos escolares, que contraste los reportes oficiales con lo que ocurre en las aulas.
Michoacán debe de trascender la etapa de bombardeo gubernamental con consignas triunfalistas sin evidencias probatorias. Lo que se necesita es saber cuántos días de clase reciben realmente sus hijos. Mientras la autoridad no mida, no publique y no repare, el ciclo escolar seguirá contándose desde el discurso y no desde el aula. En muchas comunidades escolares de Michoacán se contó otra historia muy diferente a la oficial en estas primeras seis semanas de clases. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
