Este lunes, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas emitió un acuerdo que debió ser innecesario: ratificar que el calendario escolar 2025 – 2026 se mantiene en sus términos originales, con los 185 días efectivos de clase establecidos desde junio del año anterior, y que el ciclo concluirá el 15 de julio conforme a lo previsto desde el inicio. La buena noticia es que la razón se impuso. La noticia que nadie debería ignorar es el precio que costó llegar a ese punto: un episodio de improvisación institucional que sacudió la confianza de millones de familias mexicanas, que motivó reacciones masivas plurales en contra y que dejó una herida en la credibilidad del sistema educativo que ningún comunicado oficial, por bien redactado que esté, puede cerrar de un solo trazo.

El siete de mayo, la posibilidad de mutilar el calendario escolar circuló con suficiente fuerza como para generar alarma nacional. El calor y el Mundial de Fútbol, que en 2026 se disputa en México, Canadá y Estados Unidos se instalaron en el debate público como justificaciones para recortar días de clase. Fue necesaria la intervención directa de la presidenta Sheinbaum para que el sistema educativo recordara que los calendarios escolares no se improvisan, que los derechos educativos no se negocian con el termómetro y que los niños de México no merecen que sus días de aprendizaje sean los primeros derrotados por la logística mundialista.

El primero de junio de 1970, México inauguró ante la Unión Soviética la novena Copa del Mundo de la FIFA, disputada en territorio nacional. Las escuelas de todo el país llevaban semanas sabiendo que el torneo coincidiría con las últimas jornadas del ciclo escolar, y ninguna autoridad educativa decretó suspensión alguna. El calendario siguió su curso. Los maestros, sin embargo, no fingieron que el torneo no existía.

En la primaria Melchor Ocampo, como en cientos de planteles similares a lo largo del país, el director llevó una radio de transistores los días en que México jugaba. La maestra de tercer año colocaba el aparato sobre su escritorio y pedía a los niños que abrieran el cuaderno de geografía. Mientras el locutor narraba los pases y los tiros, ella señalaba en el mapa mural el país rival del turno. Les explicaba dónde quedaba, qué idioma hablaban sus habitantes y cómo era su clima. El partido se convertía así en la puerta de entrada a una clase de geografía humana que ningún libro de texto hubiera podido ofrecer con igual potencia motivadora.

El calor de aquel junio se resolvía con las ventanas abiertas de par en par y con el patio techado como salón provisional durante las horas más intensas. Algunos maestros adelantaban la entrada a las siete de la mañana con el consentimiento tácito de los padres, que preferían mandar a sus hijos temprano antes que dejarlos en casa sin supervisión frente a la televisión. La lógica era sencilla y efectiva: si el calor es el problema, baja las persianas, abre las ventanas, reorganiza el horario y sigue adelante. Nadie propuso cancelar el año escolar.

El catorce de junio de 1970, cuando México enfrentó a Italia en los cuartos de final en un partido que terminaría 4 -1 en favor de los azzurri, la derrota llegó durante el horario escolar. Varios maestros detuvieron brevemente la clase para escuchar el marcador final. Hubo silencio y alguna lágrima entre los más pequeños. Luego la maestra de quinto año hizo algo que sus alumnos no olvidarían: les pidió que escribieran una carta al portero Ignacio Calderón explicándole por qué, a pesar de la derrota, estaban orgullosos de la Selección Nacional. Fue la mejor práctica de redacción del ciclo escolar. Y fue posible porque la escuela estaba abierta.

Dieciséis años después, entre el treinta y uno de mayo y el veintinueve de junio de 1986, México organizó por segunda vez una Copa del Mundo. El país atravesaba entonces una crisis económica severa, el peso se había devaluado y el terremoto de septiembre de 1985 había dejado cicatrices profundas en la Ciudad de México. Sin embargo, la fiesta futbolística movilizó al país.

Las escuelas permanecieron abiertas. En esta ocasión la televisión había llegado ya a la mayoría de los planteles urbanos y semiurbanos, y los directores adoptaron una solución que hoy parece obvia pero que en su momento requirió valentía institucional: sacar el televisor del salón de usos múltiples, colocarlo bajo una palapa improvisada en el patio principal y transmitir los partidos de México como actividad colectiva del plantel. Los niños sentados en el suelo, los maestros de pie a los costados, la bandera nacional colgada sobre la pared más visible. El fútbol convertido en acto cívico.

En la secundaria técnica número tres de Morelia, un maestro pidió a los alumnos que llevaran al día siguiente un breve reporte sobre el país rival. Cuando Maradona marcó los dos goles más famosos de la historia del fútbol el veintidós de junio, en el partido entre Argentina e Inglaterra, muchos maestros de México lo vieron junto con sus alumnos en algún patio escolar. El primero, el de la mano, generó indignación. El segundo, el de la gambeta, generó asombro. Varios de esos maestros convirtieron esa tarde en una clase sobre la ambigüedad moral: sobre la diferencia entre la trampa y el genio, sobre lo que significa la grandeza en el deporte y sus límites éticos. Los niños salieron a sus casas habiendo pensado en voz alta sobre algo que trasciende el marcador. Eso no sucede con la televisión encendida en casa y la escuela cerrada.

La diferencia entre lo que hicieron los maestros de 1970 y 1986, y lo que se intentó en mayo de 2026, no es de temperatura ni de partidos de fútbol. Es de actitud institucional. Cuando una secretaría de educación insinúa la suspensión de clases porque hay calor y hay Mundial, está enviando un mensaje pedagógico de enorme contundencia hacia abajo: que ante la dificultad, la respuesta institucional es retirarse. Que las condiciones adversas se eluden. Que el bienestar de los niños se garantiza manteniéndolos en casa y no resolviendo los problemas que impiden que estén bien en la escuela.

El problema real detrás del calor es la infraestructura escolar abandonada durante décadas, los techos sin aislamiento, los salones sin ventilación, los planteles donde la desidia constructiva ha convertido el aula en un horno durante los meses cálidos. Atacar ese problema con cierres escolares es equivalente a tratar una fractura con analgésicos: alivia por un momento y empeora el daño de fondo. Cada día que un niño no va a la escuela es un día que el Estado mexicano le debe y que, en la mayoría de los casos, nunca le paga. La evidencia sobre los rezagos educativos postpandemia es contundente.

El Comunicado 164 de la Secretaría de Educación Pública, emitido el 11 de mayo de 2026, recoge cuatro acuerdos de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU. El primero ratifica el calendario vigente. El segundo abre la posibilidad de ajustes locales ante condiciones extraordinarias, siempre garantizando el cumplimiento de planes y programas. El tercero señala, con una hondura que merece reconocimiento, que el cierre del ciclo escolar no representa solo la conclusión administrativa de un calendario, sino un momento pedagógico de síntesis, acompañamiento y evaluación formativa. El cuarto reivindica el carácter democrático y plural del CONAEDU.

Los cuatro acuerdos son correctos. El problema es que ninguno de ellos responde a la pregunta que millones de familias mexicanas se formularon en silencio durante los días de incertidumbre: cómo es posible que esto haya llegado a debatirse.

Ningún comunicado, por bien intencionado que sea, borra el hecho de que fue necesaria la intervención presidencial para restablecer algo que debió ser intocable desde el primer día. La confianza institucional no se recupera con un acuerdo unánime; sino con conductas sostenidas en el tiempo, con decisiones que demuestren que la protección del derecho a aprender es un principio y no una posición negociable según el contexto político o logístico del momento.

Recuperar la confianza de maestros, estudiantes y familias requiere algo más que mantener el calendario: requiere demostrar con hechos que la tentación de ceder ante el pretexto cómodo ha sido verdaderamente superada.

La primera señal concreta sería un diagnóstico honesto de infraestructura: que las autoridades visiten los planteles antes del inicio del verano, comprueben cuáles aulas son realmente inhabitables por el calor y distingan con criterio entre un plantel sin techo ni ventilación, donde suspender es un acto humanitario, y un plantel funcional donde la suspensión es simplemente la ruta de menor resistencia administrativa.

La segunda señal sería transformar el Mundial en una oportunidad pedagógica explícita y programada, tal como lo hicieron los maestros de 1970 y de 1986: convocar a los maestros a que conviertan los países rivales en pretextos de geografía, historia, lengua y ética. Lo que en 1986 se hacía con un televisor prestado y una palapa improvisada, hoy puede hacerse con proyectores, plataformas digitales y materiales en línea, sin costo extraordinario y con alto impacto pedagógico.

La tercera señal, quizás la más importante de todas, sería una disculpa honesta dirigida sino a las comunidades escolares: a los padres que reorganizaron sus semanas en torno a la incertidumbre, a los maestros que tuvieron que explicar a sus grupos lo que ellos mismos no entendían, a los niños que no saben nada de comunicados institucionales pero que perciben con una claridad aterradora cuándo los adultos que gobiernan su mundo no saben lo que están haciendo. Los más afectados de semejante medida hubieran sido, indiscutiblemente, las familias más marginadas, los estudiantes en riesgo de abandono escolar y las madres jefas de familia y trabajadoras.

La lección es contundente: el calendario escolar se respeta. Ese es el punto de partida correcto. Pero el destino al que debemos llegar es a que esos días sean dignos, seguros, frescos en lo posible, cargados de sentido pedagógico y administrados por autoridades que hayan aprendido, de una vez y para siempre, que el derecho a aprender de los niños mexicanos es la razón de ser del sistema educativo entero. Un gobierno educador construye confianza cumpliendo y haciendo cumplir la ley.

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