La educación en México atraviesa una crisis profunda que ya no puede ocultarse bajo el velo del discurso oficial. Los hallazgos presentados en el Estudio sobre la Educación Pública en México, elaborado por Quiddity en junio pasado revelan una realidad ineludible: el Estado ha abdicado de su responsabilidad constitucional frente a las niñas, niños y adolescentes.

El estudio analiza las respuestas brindadas a un cuestionario semiestructurado con 21 preguntas cerradas, por parte de 700 respondientes mayores de edad, a nivel nacional respecto a la percepción de la calidad de la educación pública en México.

De acuerdo con Quiddity, en 2025 la educación ocupaba el décimo lugar entre los principales problemas del país, pero para 2026 se ubicó en la cuarta posición.

La cifra más grave del estudio no es la simple caída en los niveles de satisfacción, sino la confesión implícita del actuar del gobierno: menos del 15% de la población, solo un 14% percibe que la educación pública es una prioridad clara para la administración actual.

El salto de la educación de la décima a la cuarta posición entre los problemas más importantes del país en solo doce meses es la traducción directa y dolorosa del deterioro acumulado: la autoridad federal y estatal ha decidido gestionar paros, conflictos constantes con la CNTE, la disputa por el calendario escolar y la violencia en las aulas mediante parches administrativos, en lugar de diseñar una verdadera política pública de fondo.

Mientras el gobierno insiste en discursos de «transformación educativa», la realidad golpea a las familias mexicanas. El hecho de que casi 7 de cada 10 mexicanos califiquen la calidad de la educación pública como regular (49%) o mala (27%) revela una fractura insalvable entre el relato oficial y la experiencia cotidiana en las aulas.

La legitimidad de cualquier supuesta reforma educativa se mide en el aprendizaje real, no en los comunicados de prensa. Esta desconexión se magnifica al analizar las prioridades de inversión ciudadana. Que la mejora curricular y los programas de estudio sean la principal prioridad para el 35% de los ciudadanos —muy por encima de la infraestructura (18%) o la capacitación docente (17%) contradice frontalmente la narrativa oficial. El gobierno ha centrado sus esfuerzos en la cobertura y en el reparto de «becas para el bienestar», pero la población está exigiendo a gritos calidad y pertinencia educativa. Las transferencias monetarias no resuelven el dramático rezago en los aprendizajes.

También, el estudio documenta la fotografía estructural que el gobierno actual heredó y, trágicamente, no ha revertido con ninguna política pública medible: los resultados de PISA 2022 muestran que solo el 34% de los estudiantes alcanzó un nivel básico de competencia en matemáticas, una miseria frente al promedio del 69% de la OCDE. Peor aún, la ausencia de una prueba estandarizada nacional propia evidencia una decisión deliberada del Estado para evadir la rendición de cuentas.

Que solo el 45.2% de las escuelas públicas de educación básica cuente con computadoras y el 41.5% tenga acceso a internet, en pleno 2026, es inaceptable. En un contexto donde el gobierno promueve reformas de conectividad digital como bandera política, la brecha digital en las escuelas es un abandono presupuestal disfrazado de discurso modernizador.

La crisis también es de confianza institucional. El estudio desnuda una desconexión entre la autoridad y su propio magisterio: mientras la confianza depositada en los maestros es la más alta, 31% los considera muy confiables, mientras que, la desconfianza hacia el gobierno federal y, especialmente, hacia los sindicatos de maestros, 29% de profunda desconfianza entre los hombres. El gobierno ha optado sistemáticamente por negociar con las cúpulas sindicales, las menos confiables para la ciudadanía, en lugar de dignificar de manera directa la función docente.

A la par de este abandono, el Estado ignora consensos absolutos. El respaldo transversal del 94% de la población a la promoción de alimentación escolar nutritiva es una oportunidad de política pública de bajísimo costo político y alto impacto. Cuando existe tal nivel de acuerdo ciudadano, un consenso raro en cualquier encuesta y aun así no se articula una política nacional para garantizar almuerzos nutritivos, la responsabilidad por la desnutrición y el bajo rendimiento asociado recae exclusivamente en la omisión gubernamental.

No sorprende entonces la dramática disminución de las expectativas sobre el futuro de la educación, que pasaron del 61% de optimismo en 2023 al 42%. Esta caída coincide exactamente con el periodo de mayor tensión laboral y administrativa en el sector; es la prueba fáctica de que la ciudadanía relaciona directamente la mala gestión gubernamental y no solo las condiciones estructurales previas con el deterioro percibido.

En suma, el estudio confirma que, en la percepción de adultos, las niñas, niños y adolescentes siguen siendo los grandes ausentes del debate público sobre su propio derecho a la educación. Las consecuencias de estos hallazgos son alarmantes y deberían de generar golpes de timón en la política educativa nacional. Al subordinar el derecho a la educación, el gobierno no solo compromete el desarrollo cognitivo de una generación, sino que cancela la principal vía de movilidad social del país.

Negar la calidad curricular, evadir las evaluaciones, mantener escuelas desconectadas y priorizar pactos sindicales por encima de las aulas, equivale a condenar a millones de infancias a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad. Si la legitimidad de un Estado se mide por cómo protege a los más vulnerables, en materia educativa, el Estado mexicano está en deuda y en falta grave. Este estudio solamente exhibe que los mexicanos despiertan, se dan cuenta de la situación y tienen un veredicto al respecto.  ¡Merecemos un gobierno educador!

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