El balón rodó. La CNTE delibera en suspenso. Los maestros siguen cobrando. Los niños siguen en casa. La SEP anunció una consulta para agosto mientras el ciclo escolar termina el quince de julio. Todo eso ocurrió en la misma semana en que México recibió al mundo.

Se cumplieron ya dos semanas de lo que la CNTE llama paro nacional, con plantones en el corazón de la capital, bloqueos que asfixiaron a decenas de miles de comerciantes y familias trabajadoras, marchas bajo el sol de junio, rechiflas propias a los propios líderes a las puertas de la Secretaría de Gobernación. Así termina, con el balón ya rodando en el Estadio Ciudad de México, la primera gran crisis política del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fracturada, dividida entre quienes exigen continuar la lucha y quienes piden tocar retirada.

Que la CNTE se desgaste internamente no es una novedad histórica. Lo que sí resulta notablemente nuevo es que ese desgaste ocurra en tiempo real, frente a las cámaras, mientras la Asamblea Nacional Representativa deja en suspenso decisiones que debieron tomarse días antes, y los propios maestros que esperaban afuera en medio de la lluvia lanzan rechiflas a sus representantes. Cuando los representados exhiben a sus representantes en la vía pública, hay problemas. Un movimiento que pierde la confianza de sus propias bases pierde su razón de ser.

Partamos de que, la demanda de fondo de la CNTE, la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, es legítima. Tiene razón en que dicha reforma trasladó la carga de la jubilación al trabajador individual, que convirtió la pensión de un derecho colectivo garantizado en una apuesta de mercado, y que los gobiernos de 2007 a la fecha ó cometieron ó toleraron un error histórico del que hoy pagan las consecuencias cientos de miles de maestras y maestros que ven el horizonte de su vejez con angustia genuina.

Pero una demanda legítima puede ser administrada con una estrategia equivocada. El gremialismo disidente llegó al Mundial más observado de la historia con los bolsillos llenos de razones y hasta ahora tienen las manos vacías de resultados. Más de un millón de estudiantes de los estados de alta marginación, los mismos que la CNTE dice defender, llevan dos semanas sin clases.

El gobierno federal ganó el partido político. La FIFA y su cadena de valor, el empresarial. Los estudiantes de los estados más pobres del país perdieron diez días de clase: ese es el verdadero costo del conflicto. Los niños de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán están perdiendo la única apuesta que nadie tiene derecho a perder por ellos: su tiempo en el aula.

Morena tiene mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Tiene capacidad constitucional para legislar sobre pensiones, sobre seguridad social y sobre el régimen de retiro de los trabajadores del Estado: si la reforma de 2007 fue un error y si tienen los votos para corregirla, que expliquen con precisión actuarial cuánto costaría una solución gradual, progresiva y financieramente sustentable, en lugar de limitarse a declarar que es imposible y cambiar el tema al Mundial.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, en réplica a lo que denunciamos en un diario de circulación nacional lo que muchos sabían pero pocos se atrevían a decir en voz alta: los maestros de la CNTE siguen cobrando íntegro su salario mientras están en paro. Es un acuerdo. En diez días de paro, esa cortesía institucional ha costado al erario federal más de quinientos ochenta y seis millones de pesos, según estimaciones basadas en los ochenta y ocho mil ciento seis docentes reportados en huelga y el sueldo promedio mensual de veinte mil pesos reportado por la propia SEP.

Quinientos ochenta y seis millones de pesos es el costo de diez días de paro pagado. Con esa cifra se equiparían miles de aulas en los municipios con mayor carencia educativa de Michoacán, Chiapas y Guerrero.

Si el Estado garantiza el ingreso del docente en huelga, el Estado debe garantizar también la recuperación efectiva de los días no impartidos. Esa es la contraprestación que nadie exige y que todos deberían exigir. Es profundamente cuestionable que el derecho a la protesta se ejerza sin consecuencias sobre el derecho a la educación de los niños y jóvenes de los estados más pobres del país, que son precisamente los que más dependen de esas aulas y esos maestros.

Mario Delgado, titular de la SEP, anunció con bombos y platillos que en agosto se realizará una consulta nacional sobre el futuro de la USICAMM, escuela por escuela, maestro por maestro, para que sean las bases del magisterio y no las cúpulas sindicales quienes definan el nuevo modelo de carrera docente. El planteamiento suena democrático, participativo y moderno. También suena sospechosamente conveniente en medio de una huelga que ya le costó al gobierno federal la peor imagen internacional de su primer año en el cargo.

La desaparición de la USICAMM es el compromiso número veintisiete de los cien que la presidenta presentó a la nación. El gobierno ha sostenido más de cincuenta y una reuniones técnicas con representantes del magisterio. Y es apenas ahora, en medio de la crisis, con el Mundial de fútbol como fondo y la presión internacional como contexto, que se anuncia la consulta. Entonces, anunciarla bajo presión no es política educativa, sino gestión de crisis con vocabulario pedagógico.

Dicho lo anterior, la propuesta contiene un elemento que merece ser rescatado y vigilado. La idea de consultar directamente a los docentes, sin intermediación de las cúpulas sindicales tanto de la CNTE como del SNTE, es correcta. Las bases magisteriales tienen intereses que no siempre coinciden con los de sus dirigentes, quienes, al formar una cúpula, adquieren rápidamente lo que denominaría Marx “conciencia de clase”, por lo que, un proceso de participación directa podría generar medidas más legítimas que los acuerdos que se producen en asambleas controladas por los aparatos gremialistas, donde se vota a mano alzada después de gritar arengas. El problema es que una consulta sin metodología robusta, sin órgano verificador independiente y sin garantías de que sus resultados sean vinculantes se convierte en un ejercicio de simulación participativa.

Entonces, la consulta sobre la reforma a la carrera docente deberá de cumplir con los siguientes criterios: metodología de muestreo representativa por entidad y nivel educativo; participación de observadores de organismos de la sociedad civil autónomos; resultados públicos y vinculantes; y un mecanismo de rendición de cuentas que impida que el producto de la consulta termine archivado en un cajón de la SEP.

La CNTE amenaza con extender sus movilizaciones a Monterrey y Guadalajara, las otras dos sedes mexicanas del Mundial 2026. El liderazgo de la sección 7 de Chiapas fue claro: si la base dice que nos vamos a Guadalajara, ahí estaremos protestando; si hay que ir a Monterrey, también ahí estaremos. La advertencia se produce en el contexto de una marcha de doce kilómetros que no logró llegar al Estadio Ciudad de México el día de la inauguración.

Aquí es donde la posición debe ser inequívoca. El derecho a la protesta es inviolable. El derecho a manifestarse en el espacio público, incluso durante eventos de visibilidad internacional, es parte esencial de toda democracia que merezca ese nombre. Pero ese derecho tiene un límite que la propia Constitución establece: el ejercicio de los derechos de unos no puede anular el ejercicio de los derechos de otros.

Usar el sufrimiento de los niños sin clases como palanca de presión política internacional no dignifica al magisterio: lo degrada.

La CNTE tiene razones legítimas para protestar. La tiene para marchar, para realizar plantones, para negociar con dureza. Lo que no tiene derecho a hacer es convertir a los estudiantes en rehenes de una disputa política, ni utilizar el costo educativo de sus alumnos más pobres como instrumento de presión ante las cámaras del mundo. Cuando un dirigente sindical dice que su lucha llegará en tiempo y en espacio, no piensa en momento alguno en los niños que llevan al menos diez días sin clases, algo fundamental se ha perdido en la brújula moral del movimiento.

Desde Michoacán, cuna histórica del magisterio democrático, desde la tierra de Melchor Ocampo y de la Sección XVIII, lo afirmamos sin ambigüedad: apoyamos la demanda de pensiones dignas, un salario magisterial digno y un sistema de carrera meritocrático, trazable, justo y transparente. Pero repudiaremos siempre tanto la estrategia política gobiernista, como la medida de presión social que convierten a los alumnos en daño colateral aceptable y sus derechos en moneda de cambio.

Por ello, el gobierno federal debe presentar ante el Congreso cuanto antes una propuesta técnica con costo actuarial explícito para una reforma gradual y progresiva del régimen de pensiones de los trabajadores del Estado. Que deje de decir que es imposible y empiece a decir cuánto cuesta, en qué plazo y con qué fuentes de financiamiento. La diferencia entre imposible y caro es la diferencia entre la deshonestidad y la política pública seria.
Paralelamente, la CNTE debe de regresar a las aulas. Por supuesto, previo llamado de la autoridad federal, que increíblemente no ha hecho de esta consigna su principal exigencia. ¿Por qué razón? La coordinadora debe entender que un paro indefinido de labores que afecta prioritariamente a los niños de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán es políticamente suicida y éticamente indefendible. Están como campos de disputa la agenda legislativa y la movilización ciudadana, no la inasistencia de sus alumnos.

El poder legislativo debe de asumir su responsabilidad constitucional y convoque a un proceso legislativo serio sobre el sistema de pensiones del Estado mexicano, con dictamen de impacto actuarial, audiencias públicas y votación nominal, así como para la construcción de la nueva ley para la carrera de maestras y maestros, que regule ingreso, permanencia, promoción vertical, horizontal, condiciones de trabajo, formación continua y fin de la carrera. Que no delegue en el ejecutivo lo que es su atribución exclusiva.

Los ciudadanos debemos de exigir al gobierno federal, a la SEP y a las dependencias estatales el diseño de un programa de recuperación de los días perdidos que incluya refuerzo académico focalizado en los municipios de alta marginación, con indicadores públicos y verificables. No se trata de extender el calendario hasta agosto: se trata de garantizar que cada niño que perdió clases recupere los aprendizajes, no solo el tiempo.

Jamás debemos de normalizar la pérdida de días de clases: son un costo incalculable del conflicto político. Debemos interpelar, solos u organizados a las autoridades municipales y estatales, a la vez que usar nuestras redes sociales personales para documentar el impacto del paro y colocarlo en el debate público con la misma intensidad con la que se habla del Mundial.

En la educación mexicana, nadie pierde más cuando los adultos pelean que los niños que dependen de esas aulas. El conflicto CNTE-gobierno no es entre sindicato y Estado. Es, en el fondo, un conflicto sobre quiénes importan de verdad cuando llega la hora de pagar los costos. Y los que pagan, sistemáticamente, son los que menos voz tienen: los alumnos de los municipios más pobres, más lejanos y más ignorados del país. ¡Merecemos un gobierno educador!

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