Hay conflictos que estallan de manera súbita, mientras otros se incuban durante años hasta que una chispa hace visible lo que todos ya sabían.

El paro nacional indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pertenece inequívocamente a la segunda categoría. Nada de lo que ocurre en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México resulta sorpresivo: los plantones, los bloqueos, las estatuas de futbolistas derribadas y la FIFA migrando sus capacitaciones al formato virtual. Mucho menos, lo que pasa en Michoacán. Todo es el resultado de una cadena de omisiones acumuladas que, estallaron apenas nueve días antes de que México abriera sus puertas al mundo entero.

Para entender qué está en juego hay que recorrer, con honestidad intelectual, la secuencia de los hechos. No para señalar culpables únicos, porque en este conflicto la responsabilidad está repartida con una generosidad desconcertante de inicio, pero sumamente lógica, después del análisis, sino para comprender por qué estamos donde estamos y qué podría ocurrir si seguimos en la misma dirección.

Partamos del 2007, cuando el gobierno calderonista impulsó y logró la aprobación de una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que cambió de raíz el modelo pensionario de los trabajadores del sector público, incluidos los maestros. El régimen solidario de reparto, en el que los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados mediante aportaciones colectivas, con el Estado como garante fue sustituido por un sistema de cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro, sí, las denominadas AFORE. El argumento era la insolvencia fiscal del viejo sistema. La consecuencia fue la precarización del retiro de cientos de miles de trabajadores que ingresaron al servicio después de aquella reforma.

La CNTE nunca aceptó ese cambio. Lo resistió desde el primer momento y lo convirtió en el eje de su agenda de largo plazo, pero con calculados silencios y estridencias. Durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, la demanda de abrogación fue colocada y recolocada sobre la mesa de negociación, con el mismo resultado invariable: promesas, mesas técnicas, compromisos procesales y ninguna resolución de fondo.

López Obrador, que había caminado de la mano de la CNTE durante su ascenso político y que prometió en campaña revertir esa reforma, entregó el poder en 2024 heredando un expediente abierto, sin resultados, con fintas, pero sin goles.

Entonces, la deuda con el magisterio disidente no es de este gobierno ni del anterior: tiene dieciocho años de antigüedad y varias administraciones presidenciales de acumulación.

El 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajo, la CNTE entregó formalmente su pliego petitorio a la Secretaría de Educación Pública y a la Subsecretaría de Gobernación. El documento, que según sus propios representantes es el mismo de hace años, concentra setenta y nueve puntos articulados en cuatro ejes: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la USICAMM, un incremento salarial del cien por ciento al sueldo base, y la convocatoria a una mesa resolutiva directamente con la presidenta de la República. Al entregar el documento, los líderes del movimiento fueron explícitos: si no hay respuesta antes del 15 de mayo, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convertirá en el escenario de sus movilizaciones.

El gobierno entendió la presión, pero calculó mal la respuesta. El 15 de mayo, la Secretaría de Educación Pública anunció un incremento salarial del nueve por ciento, en negociación con el SNTE, del cual la CNTE es un ala beligerante, la cual lo rechazó de inmediato y sin matices. Para sus cúpulas, un nueve por ciento frente a una demanda del cien se tradujo en una ofensa.

Durante las semanas siguientes, entre el 16 y el 30 de mayo, las secciones estatales de la Coordinadora celebraron asambleas para coordinar acciones. La Sección 22 de Oaxaca anunció que iniciaría su paro de manera anticipada el 25 de mayo y que a partir del 1 de junio se uniría formalmente al paro nacional indefinido. Simultáneamente, la Sección 7 de Chiapas declaró la reanudación del paro que había sido suspendido el año anterior, alegando que el gobierno federal no había cumplido con los compromisos adquiridos. Las mesas de diálogo de las últimas semanas de mayo concluyeron sin acuerdos, con los líderes centistas calificando las respuestas de la Secretaría de Gobernación de dilatorias y carentes de compromisos reales.

El 1 de junio de 2026 amaneció con la Ciudad de México en estado de máxima tensión. Decenas de miles de maestros provenientes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la propia capital marcharon desde el Ángel de la Independencia por el Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico. El Zócalo estaba cerrado: las vallas metálicas instaladas por el gobierno capitalino para resguardar la infraestructura del FIFA Fan Fest, el espacio donde se concentrarían hasta sesenta mil aficionados durante el torneo, bloqueaban el acceso a la plaza principal. Los maestros instalaron su campamento en las calles adyacentes. Ese mismo día, cientos de militantes de la Sección XVIII de la CNTE cerraron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, las cuales así permanecen hasta el momento.

La jornada del 1 de junio también registró los primeros episodios de violencia: grupos de encapuchados derribaron y vandalizaron varias estatuas de futbolistas instaladas por el gobierno capitalino para ambientar el Mundial, marcándolas con la leyenda que se convertiría en el lema del movimiento: “Si no hay solución, no rodará el balón”. La presidenta atribuyó los actos a provocadores externos y descartó que fueran maestros: “No vamos a caer en la provocación, no somos Díaz Ordaz”, declaró en su conferencia matutina del 3 de junio.

El 2 de junio, la FIFA canceló la primera capacitación presencial de sus voluntarios en el Zócalo por razones de seguridad, migrando la sesión a formato virtual. Era la primera señal concreta de que el conflicto magisterial comenzaba a afectar la organización del torneo. Ese mismo día se instaló la primera mesa formal de negociación entre la CNTE y el gobierno federal. La reunión duró casi cuatro horas y concluyó sin acuerdos.

El 3 de junio, el gobierno hizo su primera concesión sustantiva: la presidenta confirmó la disposición de desaparecer la USICAMM y el secretario Delgado presentó una ruta con calendario: mesa plural el 15 de junio, iniciativa legislativa en verano y aprobación en otoño. El magisterio salió de la reunión señalando que la propuesta era insuficiente y que el calendario era inaceptablemente largo.

El 4 de junio, la mesa de negociación en Gobernación se rompió por segunda vez. Los líderes de la Comisión Nacional Única de Negociación abandonaron el edificio antes de concluir la sesión. Minutos después, el gobierno emitió el Comunicado Conjunto 8, presentando una propuesta para el régimen pensionario: el fortalecimiento de PENSIONISSSTE como Afore pública y la posible creación de una aseguradora pública para el pago de pensiones. Es la primera propuesta estructurada en materia pensionaria. La CNTE la calificó, en comunicados extraoficiales, como insuficiente. El paro continúa.

La tentación mediática es reducir este conflicto a su dimensión mundialista. El gobierno no quiere que el torneo sea boicoteado. La CNTE sabe que tiene una ventana de presión que se cierra el 11 de junio. Ambas partes hacen timing al respecto. Pero lo que realmente está en juego va mucho más allá de las imágenes que el mundo verá desde la Ciudad de México: está en vilo el futuro del sistema pensionario de los trabajadores al servicio del estado. Si el gobierno cede a la abrogación total de la Ley del ISSSTE en los términos que la CNTE exige, así como el retorno inmediato al régimen solidario de reparto, el costo fiscal estimado en las primeras proyecciones supera los doscientos mil millones de pesos anuales. Eso equivale a comprometer presupuesto que hoy financia hospitales, escuelas, infraestructura y programas sociales… o colocar a PEMEX en números negros, por ejemplo. Si el gobierno no cede, perpetúa un agravio real: miles de maestros jubilados o próximos a jubilarse que proyectan pensiones que no alcanzarán el cincuenta por ciento de su último salario activo.

También, está en juego el control de las plazas docentes. La desaparición de la USICAMM, ya prometida por el gobierno puede convertirse en la restitución del peor esquema del corporativismo educativo mexicano: el mercado de plazas, en el que el sindicato asigna, hereda y vende posiciones docentes sin criterio pedagógico. O puede ser una oportunidad para construir un modelo de ingreso más transparente y más justo. La diferencia entre ambas opciones radica en los detalles del diseño del nuevo sistema, detalles que aún no han sido discutidos públicamente.

Así también, está en juego la legitimidad del gobierno federal frente a sus propias bases. La CNTE fue aliada del obradorismo. Perder ese flanco, o ceder ante él a costa del orden fiscal y educativo, son dos formas distintas de debilidad política, por lo que se navega ese dilema en tiempo real, con el mundo mirando.

Y está en vilo, sobre todo, algo que los análisis políticos tienden a subvaluar: el derecho constitucional a la educación de millones de niñas, niños y jóvenes cuyas escuelas llevan días cerradas. En Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán residen los estudiantes más vulnerables del país: aquellos que viven en comunidades indígenas, los que sufren mayor pobreza, quienes son víctimas de la delincuencia organizada y son presionados a sumarse a la cadena delincuencial, son los que no tienen alternativas privadas y, paradójicamente, también son quienes pagan el precio más alto de una negociación que los excluye por completo. En este conflicto, los únicos que no tienen voz en la mesa son los únicos que no eligieron estar en él.

Hay dos fechas determinantes: el 11 de junio, cuando comienza el Mundial, el clímax de la presión o el día en el que se caen los telones de un tinglado de valores entendidos; así como el 15 de julio, cuando el ciclo escolar 2025-2026 debería concluir oficialmente. Lo que es un hecho es que, cada día en paro es un día de aprendizaje perdido que ningún decreto puede devolver: el costo no lo están pagando los funcionarios, no lo están pagando los líderes sindicales, no lo está pagando la FIFA. Lo están pagando los niños.

El Gobierno de México debe de resolver este conflicto con criterios que pongan el derecho a la educación en equilibrio con el derecho a la pensión digna y al orden fiscal. Ello exige voluntad política, transparencia y la disposición de reconocer que, en su negociación, debe de estar al centro el futuro de millones de estudiantes.

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