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Disminuye personal ocupado 0.3 % en establecimientos con programa IMMEX, en febrero

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La estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) muestra las principales características de los establecimientos manufactureros y no manufactureros registrados en este programa.

Cifras desestacionalizadas

En febrero de 2026 y con cifras desestacionalizadas, el personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX decreció 0.3 % a tasa mensual. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros cayó 0.3 % y en los no manufactureros (asociados con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios) no presentó variación.

Las horas trabajadas ascendieron 0.2 % a tasa mensual: en las unidades económicas manufactureras crecieron 0.4 % y en las no manufactureras descendieron 0.5 %, en febrero pasado.

Durante el segundo mes de 2026, las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX —pesos mensuales por persona, deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— incrementaron 0.7 % en relación con enero de 2026. En los establecimientos manufactureros tuvieron un alza de 0.7 % y en los no manufactureros, de 0.6 %.

Cifras originales

En febrero de 2026 había 6 513 establecimientos registrados en el programa IMMEX: 5 217 desempeñaron actividades manufactureras y 1 296 ejercieron actividades relacionadas con la agricultura, pesca, comercio y servicios.

Baja California concentró el mayor número de establecimientos (17.3 % del total). Siguieron Nuevo León (13.8 %), Chihuahua (9.3 %), Coahuila (7.1 %), Guanajuato (6.5 %), Jalisco (6.4 %) y Tamaulipas (6.2 %).

En el mes de referencia, el personal ocupado total sumó 3 156 839 personas: cifra 2.5 % menor que la de febrero de 2025. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros disminuyó 3.1 % —el contratado directamente retrocedió 2.9 % y el subcontratado, 19.3 %—. En los no manufactureros ascendió 2.5 %.

Por entidad federativa, el personal ocupado se concentró, principalmente, en Nuevo León (13.4 % del total), Chihuahua y Baja California (12.1 %, cada una), Coahuila (8.2 %), así como Tamaulipas y Jalisco (7.4 %, cada entidad).

En el segundo mes de 2026, las horas trabajadas fueron 570.4 millones: 2.6 % menos respecto a las de igual mes de un año antes. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros bajaron 3.3 % a tasa anual —las del personal contratado directamente decrecieron 3.0 % y las del subcontratado, 18.3 %—. En los no manufactureros aumentaron 3.1 %.

A tasa anual, las horas trabajadas incrementaron en Ciudad de México (8.9 %), Nuevo León (3.6 %) y Jalisco (2.6 %). En el resto de las entidades descendieron.

Las remuneraciones medias reales pagadas (al personal que se contrata directamente por el establecimiento) se ubicaron en 21 705 pesos mensuales (deflactados con el INPC), en febrero de 2026: estas presentaron un alza de 2.4 % a tasa anual. En los establecimientos manufactureros y no manufactureros subieron 2.4 %.

Los ingresos de los establecimientos con programa IMMEX alcanzaron 625 mil 076 millones de pesos. Las unidades manufactureras generaron 89.5 % de estos y las no manufactureras, el restante.

Acusa Reyes Galindo a diputados prejuiciosos de bloquear justicia para comunidad trans

También urgió a modificar el artículo 121 Bis del Código Penal para generar mecanismos efectivos de prevención                                                                              

La falta de avances legislativos en favor de la comunidad transexual responde a la presencia de diputados “mochos y prejuiciosos” dentro del Congreso michoacano, sostuvo el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza.

Durante una conferencia de prensa, el legislador recibió la iniciativa “Memoria y justicia para las personas de identidad trans”, promovida por Pride Michoacán, la cual plantea tipificar el transfeminicidio y el transhomicidio, con sanciones que alcanzarían los 35 años de prisión como mínimo.

Galindo Pedraza reconoció que históricamente el Congreso local ha sido un espacio donde han predominado visiones conservadoras que han frenado propuestas orientadas a proteger a este sector vulnerable.

«Por demasiado tiempo este Congreso, por ciertos momentos muy mocho, todavía hay legisladoras y legisladores también con muchos prejuicios, han sido cómplices del silencio y han tolerado lo que debería ser intolerable, y no solamente vamos a ser solidarios para legislar por las que ya no están y cuyos nombres hoy recordamos con profundo respeto», afirmó.

La iniciativa pretende reformar el Código Penal para sancionar con mayor severidad los homicidios motivados por odio hacia la identidad o la orientación de las víctimas, estableciendo un piso mínimo de 35 años de cárcel.

Desde la sociedad civil, Victoria Cruz destacó que en Michoacán hay más de 140 mil personas pertenecientes a la comunidad lésbico-gay, quienes demandan reconocimiento pleno de derechos.

También urgió a modificar el artículo 121 Bis del Código Penal para generar mecanismos efectivos de prevención.

«Basta de ambigüedades, no somos una preferencia, somos una orientación y una identidad; la preferencia se elige y la identidad es lo que somos, y por lo que somos nos matan. Esta iniciativa busca que el odio tenga nombre y apellido, es por ello que vengo hoy a este recinto», señaló.

Subrayó que la comunidad trans exige justicia integral, lo que implica visibilidad, investigaciones con enfoque adecuado y erradicación de prácticas excluyentes dentro del sistema judicial.

«Las personas trans somos humanas, sujetas a derecho y también dignas de protección, por ello solicitamos explícitamente que esta iniciativa sea turnada a las comisiones correspondientes», afirmó.

Asimismo, alertó sobre la brecha en la esperanza de vida, mientras a nivel nacional es de 75 años, en Michoacán apenas alcanza los 35, situación que refleja la gravedad del contexto y la necesidad urgente de reformas.

Aumenta 5.5 % la producción minerometalúrgica, en febrero

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La estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) proporciona información sobre la actividad minerometalúrgica. El propósito es generar indicadores relevantes, confiables y oportunos sobre el volumen y valor de la producción.

Cifras desestacionalizadas

En febrero de 2026, la producción minerometalúrgica del país (actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) creció 5.5 % a tasa mensual y disminuyó 0.1 % a tasa anual, con cifras desestacionalizadas.

Cifras originales

En el periodo de referencia, la producción minerometalúrgica por mineral registró el siguiente comportamiento a tasa anual: descendió la de plomo, azufre, oro, plata y fluorita.

La de carbón no coquizable permaneció sin variación, mientras que la de yeso, cobre, pellets de fierro y zinc mostró incrementos.

La producción minera (la que refiere únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) presentó, en febrero de 2026, los siguientes resultados por entidad federativa:

MUNDIAL 2026: PREVENIR ANTES DE LAMENTAR

El lunes 20 de abril de 2026, un hombre armado abrió fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, específicamente en la Pirámide de la Luna, uno de los destinos turísticos más visitados de México. Una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida por los disparos, mientras que al menos trece personas resultaron heridas.

Seis de ellas fueron alcanzadas por arma de fuego, incluyendo ciudadanos de Canadá, Colombia, Brasil y Estados Unidos, y siete más sufrieron lesiones al correr para ponerse a salvo.

Este hecho es especialmente impactante porque, aunque se han reportado accidentes en zonas arqueológicas, es la primera vez en décadas que se reporta un caso de violencia armada de esta magnitud en un sitio prehispánico en México.

Este evento preocupa porque el ataque ocurrió a menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México co-organiza con Estados Unidos y Canadá.

Recordemos que desde 1970, varios mega eventos deportivos han sido escenario de violencia. El 5 de septiembre de 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, ocho miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro irrumpieron en la Villa Olímpica, tomaron como rehenes a once miembros del equipo israelí y asesinaron a dos de inmediato.

En un fallido intento de rescate en la base aérea de Fürstenfeldbruck, los nueve rehenes restantes murieron junto con cinco terroristas y un oficial de policía. Esta masacre es considerada el atentado más oscuro en la historia del deporte olímpico y transformó radicalmente la seguridad en eventos masivos a nivel global.

El 27 de julio de 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, una bomba de fabricación casera escondida en una mochila estalló en el Centennial Olympic Park mientras se realizaba un concierto nocturno. La explosión mató a una espectadora, Alice Hawthorne, e hirió a 111 personas. Un camarógrafo turco, Melih Uzunyol, sufrió un infarto al correr hacia el lugar y también falleció.

El responsable fue el terrorista doméstico Eric Rudolph, y el guardia de seguridad Richard Jewell, inicialmente señalado como sospechoso, fue exonerado años después. El atentado evidenció la vulnerabilidad de los eventos masivos ante amenazas internas.

Finalmente, el 15 de abril de 2013, dos bombas de presión arterial explotaron cerca de la línea de meta del Maratón de Boston, matando a tres personas e hiriendo a más de 264 corredores y espectadores, muchos de ellos con amputaciones. Los responsables fueron los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev, radicalizados por extremistas islámicos.

La intensa cacería humana que paralizó la ciudad llevó a una revisión masiva de los protocolos de seguridad en carreras callejeras y eventos deportivos masivos en Estados Unidos y el mundo.

La historia de los megaeventos deportivos nos ha dejado lecciones dolorosas pero claras: la seguridad no puede ser un elemento secundario ni una reacción tardía. Desde la masacre de Múnich en 1972 hasta los atentados del Maratón de Boston en 2013, cada ataque ha demostrado que el deporte, en su esencia más noble y convocante, también puede convertirse en un blanco vulnerable para la violencia.

En todos estos casos, la respuesta no fue solo el duelo y la condena, sino también una transformación profunda de los protocolos de inteligencia, coordinación internacional y protección de espacios públicos.

IA Y DEMOCRACIA: EL NUEVO TABLERO DEL PODER EN MÉXICO

​​México atraviesa un momento constituyente en su historia digital. Mientras la Inteligencia Artificial redefine nuestra forma de consumir realidad, las instituciones y el marco legal intentan seguirle el paso a una tecnología que no conoce fronteras. De cara a los próximos desafíos democráticos, analizamos cuatro ejes críticos que definen la agenda nacional.

1. La «Ley General de IA»: El castigo al engaño

​En el Senado de la República, la Comisión de Ciencia y Tecnología, respaldada por la Agencia de Transformación Digital, avanza en una iniciativa transpartidista para crear la primera Ley General de Inteligencia Artificial. No se trata solo de fomento técnico, sino de una reforma profunda al Código Penal Federal que busca sancionar con cárcel la manipulación cognitiva y la suplantación de identidad mediante deepfakes no etiquetados. El dictamen, que se encuentra en su fase final de revisión para pasar al Pleno este mismo periodo de sesiones, envía un mensaje claro: la libertad de expresión no puede ser el escudo de la guerra sucia digital. Sin embargo, el reto jurídico es mayúsculo: ¿quién definirá la frontera entre una sátira legítima y una «manipulación gravísima»?

2. Michoacán: El nudo gordiano electoral

​A nivel local, el reloj legislativo corre bajo una presión asfixiante. La LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán tiene como fecha límite fatal el 15 de mayo para armonizar la ley estatal con las disposiciones federales, cumpliendo así con los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Sin embargo, esta intención de blindar la cancha digital choca con una realidad financiera crítica: un recorte presupuestal de 453 millones de pesos que pone en jaque la capacidad operativa del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Resulta contradictorio, y hasta demagógico, exigir una fiscalización de vanguardia contra «granjas de bots» y contenido sintético mientras se desmantela el capital humano y técnico necesario para operarla.

3. El Padrón del Futuro: La huella en la nube

​Lo que inició en 2006 como un incipiente esfuerzo postal para los mexicanos en el extranjero, hoy se ha convertido en una fortaleza tecnológica bajo el mando de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. Mediante el uso de modelos de machine learning y algoritmos de matching facial, el sistema ahora valida la identidad de los votantes comparando una selfie en tiempo real contra la base histórica del Padrón. Si bien esta transición biométrica busca erradicar la suplantación en el sistema de voto electrónico (SIVEI) para los comicios de 2027, nos obliga a reflexionar sobre la soberanía de nuestros datos. En un mundo de filtraciones masivas, ¿quién custodia realmente nuestros rasgos físicos y bajo qué estándares de transparencia se resguarda nuestra identidad en la nube?

4. Soberanía Digital: La lucha contra las «Big Tech»

​Finalmente, el INE ha puesto sobre la mesa un debate de asimetría de poder: la lucha de las instituciones frente a las plataformas de Silicon Valley. Al poseer la infraestructura misma de la conversación pública, empresas como Meta, X y TikTok ejercen una influencia sin precedentes que a menudo escapa a la jurisdicción nacional. Inspirado en recientes resoluciones de la ONU sobre el control humano de la tecnología, México busca implementar auditorías algorítmicas y el etiquetado obligatorio de contenidos generados por IA. La apuesta es recuperar una soberanía digital que hoy parece secuestrada por términos y condiciones extranjeros; nuestra democracia no puede quedar a merced de un algoritmo configurado en California que desconoce el contexto social de Michoacán.

Responsabiliza líder de SUEUM a rectora de estar politizando a la UMSNH

«Ya nomás falta que le ponga oficina» la rectora a Raúl Morón que «está adelantando campaña política y se la pasa encerrado con Yarabí», acusó sobre el aspirante gubernamental morenista

Para el líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tena Flores, la politización en que está sumergida la institución nicolaita es total responsabilidad de quien la encabeza,  Yarabí Ávila González, quien la ha convertido en un ring de disputas personales por su aspiración e intereses, denunció.

«Hay una cuestión política que a todos nos molesta, a mí particularmente, ese cachondeo que trae con Raúl Morón Orozco que ya no sale de la Universidad, ya no más falta que le ponga oficina aquí cuando Raúl está adelantando una campaña política», espetó el líder sueumista,  quien acusó que todavía no salen las convocatorias de su partido ni nada y el senador de Morena «se la pasa encerrado con Yarabí, entonces es una cuestión política que seguramente al gobernador y a mí en lo particular no nos gusta».

Ella se ha encargado de politizar todo por un lado, y por el otro dice defender la autonomía de la UMSNH «y no sale Raúl de acá dentro, ¿qué autonomía cuida o para ella qué significa?», cuestionó Tena Flores.

También reclamó el líder sueumista que la rectora no quiere soltar un solo centavo para resolver este conflicto y menos gestiona recursos para cubrir la serie de pagos y reparar las 48 cláusulas violentadas de su contrato colectivo porque no tiene interés ni voluntad la funcionaria saliente en dar solución y cubrir estas irregularidades que son las dos causales del estallamiento a huelga, no el aumento salarial del 4 por ciento. Ello tras atajar que el lunes el gobernante Alfredo Ramírez Bedolla en su mañanera «le echó la pelota a la rectora, que dispone de presupuesto suficiente para que resuelva esta huelga».

«El mensaje es que estamos utilizando un derecho que la ley nos confiere y que supimos cómo hacerlo, no como nosotros sindicatos, la rectora no está haciendo bien las cosas y nosotros vamos a aguantar a que se vaya, sino es que antes la despedimos», sentenció.

Le teme Morena al voto ciudadano y quiere cambiar las reglas: Carlos Quintana

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Acción Nacional acusa intento de Morena de manipular los tiempos electorales para no perder el control del Poder Judicial                                                              

El dirigente estatal del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, acusó que Morena busca alterar el calendario de la elección judicial porque sabe que perdería espacios si se respeta el voto ciudadano.

Luego de que se planteara aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros, Quintana Martínez señaló que el oficialismo está actuando por miedo, no por convicción. “Morena no está corrigiendo nada, está huyendo del voto. Saben que la ciudadanía ya despertó y que no van a poder imponer otro Poder Judicial al servicio del gobierno”, afirmó.

El líder panista advirtió que cambiar las reglas del proceso es una señal clara de debilidad política y afirmó, “cuando no puedes ganar, cambias las reglas. Eso es exactamente lo que está haciendo Morena: acomodar el proceso para no enfrentar una derrota que ya ve venir”.

Ante ello, Quintana Martínez subrayó que el intento de mover la elección no solo busca evitar perder posiciones en el Poder Judicial, sino blindar el proyecto político del oficialismo rumbo a 2030.

“El cartel de Morena quiere controlar quién imparte justicia hoy para asegurar su permanencia mañana. No es una reforma, es un plan para mantenerse en el poder a cualquier costo”, enfatizó.

Asimismo, acusó que Morena pretende concentrar el poder eliminando cualquier contrapeso institucional. “Ya controlan el Legislativo y ahora van por el Judicial. No creen en la división de poderes, creen en el control total”, señaló.

Finalmente, Carlos Quintana reiteró que Acción Nacional no permitirá retrocesos democráticos. “México no puede aceptar elecciones a modo ni instituciones sometidas. Vamos a enfrentar cualquier intento de manipular el proceso y defender el derecho de la gente a decidir”, concluyó.

Congreso recibe iniciativa ciudadana y lanza advertencia: la seguridad en Michoacán no se improvisa

En los últimos 15 años se han registrado 17.8 millones de delitos en el Estado, lo que supera por más de tres veces su población, afirma Fucidim                          

La seguridad en Michoacán requiere profesionalización y no decisiones improvisadas, afirmaron legisladores locales al recibir una iniciativa ciudadana que busca reformar el modelo policial en el Estado.

La propuesta, presentada ante el Congreso del Estado, plantea modificar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para crear la Academia de Alta Gerencia Policial y el Colegio de Mandos Policiales, con el fin de fortalecer la formación de liderazgos en las corporaciones municipales.

El diputado presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, calificó como urgente la implementación de esta iniciativa, al advertir que las condiciones actuales de inseguridad exigen respuestas estructurales.

“Las policías municipales muchas veces están improvisando y echando un volado para ver cómo se atiende la problemática, y los tiempos no están para eso; por eso considero que esta iniciativa es exageradamente importante y necesaria”, expresó.

Desde el ámbito técnico, Bernardo María León Olea, especialista en justicia cívica, aseguró que las policías municipales fortalecidas podrían resolver hasta el 90 por ciento de los delitos que se cometen, destacando la relevancia de profesionalizar a los mandos.

“Construir un Estado seguro y justo para reformar a las policías municipales de Michoacán es una tarea inaplazable. Aunque son muchas las tareas por realizar para que las policías municipales asuman un papel protagónico, se requiere ofrecer seguridad a los michoacanos, asegurar liderazgos policiales comprometidos, competentes y honestos es la prioridad número uno”, sostuvo.

En paralelo, el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto Ramírez Delgado, alertó que en los últimos 15 años se han registrado 17.8 millones de delitos en el Estado, lo que supera por más de tres veces su población.

Subrayó que la mayoría de estos ilícitos se relacionan con actividades cotidianas donde la policía municipal tiene contacto permanente con la población.

El legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, respaldó la iniciativa, aunque enfatizó la necesidad de asignar recursos y herramientas legales suficientes para garantizar su viabilidad.

La propuesta también establece la obligatoriedad para los ayuntamientos de contratar únicamente a mandos policiales egresados de la academia.

Con inversión tripartita, garantizan agua potable en Tlazazalca

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En la localidad de La Yerbabuena se instalaron más de 2 kilómetros de tubería y 212 tomas domiciliarias                                                                                           

Tlazazalca, Mich.- La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) finalizó los trabajos de ampliación de la red de agua potable en la localidad de La Yerbabuena, municipio de Tlazazalca. Con esta obra, se garantiza el suministro directo en los hogares de más de 532 habitantes, elevando su calidad de vida y bienestar.

Olivia Cazarez Arreola, coordinadora general de la Ceac, destacó que esta obra se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y busca llevar agua potable hasta las regiones más remotas de la entidad.

“Se construyeron dos mil 179 metros de tubería y se instalaron 212 tomas domiciliarias, lo que garantiza que las familias de esta localidad puedan acceder al agua de manera regular en sus viviendas”, subrayó la funcionaria estatal.

La obra se ejecutó con una inversión total de 2.9 millones de pesos, provenientes del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2025. El financiamiento fue un esfuerzo tripartito: la Federación aportó el 50 por ciento a través de la Conagua, mientras que la Ceac y el Gobierno Municipal de Tlazazalca contribuyeron con un 25 por ciento cada uno.

Finalmente, la titular de la Ceac reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado con las comunidades michoacanas para garantizar que el acceso al agua potable sea una realidad que transforme su calidad de vida.

Trabajan TAAM y FGE para fortalecer justicia con perspectiva de género

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A través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres se ejerce un esquema de “solidaridad institucional y coordinación”                                                           

En avance a su objetivo institucional por impulsar la impartición de justicia administrativa con perspectiva de género en nuestra entidad, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) trabaja actualmente con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ello, a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), con el cual se ejerce un esquema de “solidaridad institucional y coordinación” para fortalecer los aspectos comunes del servicio público que ofrecen ambas instancias michoacanas.

La primera de estas actividades conjuntas, se llevó a cabo en la sede regional del CJIM en la ciudad de Zamora, Michoacán, donde la magistrada Swany Peña Reyes -presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del TAAM- expuso la relación entre la materia administrativa y la justicia con perspectiva de género en el estado.

“En el TAAM nos dimos a la tarea de generar políticas públicas al interior, en favor de las mujeres y, desde nuestra competencia, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC) y de las Defensorías Jurídicas, ya que ambos atienden en la cotidianidad a las mujeres y muchas de ellas presentan, no solo el asunto del juicio, sino también situaciones más complejas”, explicó la magistrada Swany Peña.

De ahí, dijo, que sea importante trabajar con la Coordinación General del CJIM, ya que se puede redireccionar a las usuarias, a fin de que ejerzan un acceso real e integral de la justicia.

Los Tribunales como el TAAM, “no tenemos competencia para atender violencias de manera directa”, pero estamos comprometidos con detectar y erradicar, a través de nuestras resoluciones, situaciones de discriminación que puedan afectar a las mujeres, niñas, niños y otros grupos vulnerables, explicó la magistrada.

Por ello el tribunal Anticorrupción ha buscado sumar esfuerzos con otras dependencias federales y estatales, organismos autónomos y grupos de la sociedad civil.

En el caso del CJIM, “le pedimos ayuda a la doctora Rosario Berber para integrar ambos servicios en nuestro desempeño cotidiano, de forma que, si no podemos atender a una usuaria directamente, podamos enviarla a alguno de los CJIM, a fin de seguir garantizando el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, refirió.

A su vez, la coordinadora general del CJIM, Rosario Berber Cerda, precisó que se trata de “generar esta vinculación entre las instituciones michoacanas”, ya que es la vía más eficiente para “hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia para las mujeres de Michoacán”.

En esta actividad participaron, también por parte del TAAM, el juez administrativo de la Región Zamora, Santiago Manzo Chávez; el defensor jurídico, Daniel Magaña Flores, y el subcoordinador de la Unidad de Género, Pedro Alberto Carreón Ramón.