El ombudsperson reflexionó sobre la importancia de que se garanticen de manera simultánea el derecho a la libre manifestación y los mecanismos de seguridad y protección
Con la participación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) se inauguró el Taller de derechos humanos para fuerzas de seguridad: uso de la fuerza y derecho a la protesta, un espacio de capacitación y reflexión sobre la importancia de que prevalezcan de manera armónica derechos fundamentales como la libre manifestación, la libertad de expresión y la garantía de seguridad y protección para la ciudadanía.
Durante su participación, el ombudsperson, Josué Alfonso Mejía Pineda, expuso que esta capacitación surge a partir de una reflexión necesaria en torno a la colisión diversa de derechos que se presenta en contextos de protesta social. Precisó que los derechos a la libre manifestación, a la libre expresión y a la libertad de tránsito conviven con el derecho de las personas a que el Estado les garantice mecanismos de seguridad y protección, y que ninguno de ellos debe anular al otro.
Señaló que tanto la manifestación como la seguridad son piezas fundamentales de cualquier sistema democrático y forman parte del catálogo de derechos humanos individuales, por lo que el reto institucional consiste en asegurar que ambos subsistan de manera simultánea. En este marco, explicó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos avanza hacia una nueva visión, en la que deja de ser únicamente un organismo observador para asumir un papel más activo en la prevención de violaciones a derechos humanos.
Mejía Pineda subrayó que cuando ocurre una violación a derechos humanos, el Estado ya falló, entendiendo al Estado como un entramado que incluye a las autoridades, a las instituciones y a la propia sociedad. En este sentido, destacó que la capacitación no debe depender de la existencia previa de una recomendación emitida por la CEDH, sino concebirse como una herramienta para garantizar medidas de no repetición, previstas en la Ley General de Víctimas, con el objetivo de evitar que los errores institucionales se reproduzcan.
Asimismo, señaló que este taller no se limitará a una sola jornada, ya que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos buscará replicar y fortalecer estos procesos formativos, así como avanzar en esquemas de certificación en la materia.
Finalmente, hizo un reconocimiento a las y los elementos de seguridad, quienes —dijo— arriesgan su vida diariamente en contextos complejos y de alta violencia, y los invitó a aprovechar esta capacitación como una vía para fortalecer una actuación profesional, respetuosa de los derechos humanos, en escenarios donde convergen distintos derechos.
Por su parte, Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó el valor de trabajar de manera conjunta con las instituciones estatales responsables de promover y proteger los derechos humanos. Señaló que estos espacios permiten reflexionar sobre la aplicación práctica de los estándares internacionales en temas especialmente sensibles como el uso de la fuerza, el derecho a la protesta y las detenciones.
Reconoció que las instancias encargadas de hacer cumplir la ley enfrentan desafíos importantes en materia de seguridad y operan frecuentemente bajo presión. No obstante, subrayó que el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos no representa un obstáculo para la seguridad, sino una herramienta que contribuye a obtener mejores resultados y a fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones.
Explicó que el derecho internacional de los derechos humanos ofrece un marco claro para orientar la actuación de las autoridades, particularmente en lo relativo al uso de la fuerza, cuya legitimidad deriva del deber del Estado de mantener el orden público y garantizar la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Añadió que las comisiones de derechos humanos, junto con otras instituciones como las fiscalías y el poder judicial, desempeñan un papel fundamental en la rendición de cuentas y en el fortalecimiento de la legitimidad institucional.
En su intervención, Rubén Ignacio Barrera Pedraza, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, señaló que hablar del uso de la fuerza implica necesariamente hablar de responsabilidad estatal. Explicó que la fuerza pública es legítima cuando se ejerce bajo los principios de legalidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad y diferenciación, y que una actuación profesional salva vidas, mientras que una actuación sin estándares erosiona la confianza ciudadana.
Destacó la coordinación existente entre las autoridades estatales y municipales, así como el trabajo conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Fiscalía y las instancias de atención a víctimas, como un entramado institucional que contribuye a la construcción de una mejor sociedad. Asimismo, reconoció la labor cotidiana de las y los elementos policíacos y subrayó la importancia de garantizar, en el marco de la protesta pacífica, tanto el derecho a la libre manifestación como la integridad de todas las personas participantes.
El Taller de derechos humanos para fuerzas de seguridad: uso de la fuerza y derecho a la protesta es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los elementos de seguridad del estado y del municipio de Morelia en materia de estándares internacionales aplicables al uso de la fuerza y al derecho a la protesta.
En esta actividad participaron mandos altos, medios y personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la Policía Morelia, y se desarrolló en el auditorio del Colegio de Morelia.
Solo hacia el final hizo una breve referencia a problemáticas como el machismo, el aborto masculino y el desplazamiento forzado de menores de edad provocado por la inseguridad que enfrenta la entidad.
