Como recordarán, la semana pasada escribí en mi columna que el miedo también manda y hoy quiero compartir dos situaciones respecto a mi persona y que considero necesario hacer del conocimiento público.

Hace unas semanas recibí, por conducto de un conocido, un mensaje de una exviceregenta del Colegio de San Nicolás, donde me mandaba a decir que “le bajara”; por su contenido y contexto, fue una amenaza relacionada con mis expresiones públicas sobre la vida universitaria, situación que di a conocer a través de mi cuenta de Facebook.

Ahora a lo anterior se suma, mi exclusión de un examen de grado de maestría y el contexto es que, durante dos años fui lector de la tesis de un estudiante y hace apenas unos días, dictaminé su versión final para que pudiera realizarse el examen de grado y sin embargo, no fui convocado a la defensa de la tesis, ni recibí una explicación; como muchos saben, fui Jefe de la División de Estudios de Posgrado y se, que por reglamento quien tiene este nombramiento, es quien decide finalmente la conformación de las mesas para los exámenes, así que saquen sus conclusiones, quién me elimino de esa mesa. Si este acoso a mi persona sigue, daré más detalles y nombres.

La sucesión de estos hechos me hace percibir un ambiente de intimidación y posibles represalias dentro de la Universidad Michoacana. Corresponde a las autoridades explicar las razones de una exclusión que, hasta ahora, considero y sé que es arbitraria. Por mi parte, seguiré señalando las injusticias que advierta; asumo las consecuencias de ejercer mi libertad de expresión y mantendré informados a los lectores de cualquier nueva situación.

Precisamente porque la Universidad necesita condiciones para expresarse, disentir y participar sin temor en la discusión sobre su próximo proceso de elección merece algo más que declaraciones favorables a la democracia, pues requiere reglas claras y garantías para todos.

Elegir a quién encabezará la rectoría de la Universidad Michoacana mediante el voto de su comunidad es una propuesta que merece una discusión seria. Su atractivo resulta comprensible, como es ampliar la participación, escuchar a los distintos sectores y dar mayor legitimidad a una decisión fundamental para la vida universitaria. Sin embargo, organizar una elección de esa naturaleza exige resolver mucho más que la fecha de la jornada y es que, hasta este momento, no hay claridad de muchas de sus etapas.

La primera dificultad aparece cuando quienes van a participar desconocen las reglas o cuando estas todavía no ofrecen respuestas claras a situaciones previsibles, lo cual, trae consigo una serie de interrogantes inevitables, como por ejemplo, ¿quiénes podrán votar?, ¿con qué padrón?, ¿cómo se corregirán las omisiones y en qué términos?, ¿qué ocurrirá con quienes sean, al mismo tiempo, estudiantes y trabajadores (es mi caso) ?, ¿cada voto tendrá el mismo valor o existirá alguna ponderación por sectores o dependencias?

Las anteriores respuestas pueden modificar el resultado, por eso deben conocerse antes de que las candidaturas organicen sus estrategias y la comunidad decida cómo participar. Convocar a votar sin aclarar el alcance del sufragio puede producir expectativas que después se conviertan en frustración y generen conflictos.

La instalación de casillas es otro desafío, porque debe determinarse cuántas habrá, dónde se ubicarán, quiénes las integrarán y cómo se garantizará que actúen con imparcialidad. Una universidad con distintas dependencias, horarios y sedes necesita una organización que permita participar en condiciones razonablemente equitativas, porque se sabe que la ubicación y el horario de una casilla pueden facilitar el voto de algunos sectores y dificultar el de otros.

Y además, la boleta tampoco es un detalle menor, porque su diseño debe permitir identificar claramente a las candidaturas y expresar la voluntad del elector. Hace falta establecer cómo se ordenarán los nombres, qué marcas serán válidas, cuándo un sufragio se considerará nulo y cómo se procederá ante errores de impresión, faltantes o diferencias entre las boletas recibidas y las contabilizadas.

A ello se suma una pregunta indispensable y es, ¿cómo votarán los estudiantes de educación a distancia?, porque exigirles presencia física puede imponerles una dificultad que no enfrentan quienes acuden cotidianamente a las instalaciones. Si se propone una modalidad electrónica, deben resolverse la identificación del votante, el secreto del sufragio, la prevención del voto duplicado y la posibilidad de revisar el procedimiento y también debe existir una respuesta para las fallas de conexión o del sistema. Estimo que también es importante si será la Universidad la que organice la elección, con que personal o en su defecto se contratará a una empresa y más con la premura temporal en que estamos envueltos

Las candidaturas, por su parte, necesitan saber si podrán acreditar representantes ante las casillas y durante los cómputos. Debe precisarse qué podrán observar, cómo presentarán incidentes y de qué manera obtendrán copias de las actas. La confianza aumenta cuando los participantes pueden verificar lo que ocurre.

Pero la prueba más exigente de una elección suele llegar con las inconformidades. ¿Ante quién se impugnará una irregularidad?, ¿en qué plazo?, ¿con qué pruebas?, ¿quién resolverá y antes de qué momento deberá hacerlo? Una elección necesita vías para corregir errores y resolver controversias mientras todavía es posible reparar sus consecuencias.

Pensemos, además, en un conflicto previsible: que un aspirante cuestione la imparcialidad de algún integrante de la comisión especial por una relación de amistad estrecha, enemistad manifiesta o un interés directo en el resultado. ¿Existirá un procedimiento para solicitar su separación del asunto?, ¿será posible hacerlo?, ¿quién examinará las pruebas?, ¿cómo se sustituirá, en su caso, al integrante cuestionado?

Una inconformidad no demuestra por sí misma que exista parcialidad. Precisamente por eso se requiere un procedimiento que permita examinarla con seriedad, escuchar a los involucrados y emitir una decisión razonada.

Estas preguntas muestran la magnitud de la tarea que parece no se ha tomado con la debida seriedad, porque el voto universal requiere preparación, recursos, información accesible y autoridades electorales capaces de responder a escenarios difíciles. Además, se necesita tiempo para que la comunidad conozca las reglas, revise el padrón y comprenda cómo se convertirán sus votos en una decisión.

La participación universitaria merece certezas desde la convocatoria hasta la resolución de la última inconformidad.

La legitimidad de una elección se construye cuando los participantes conocen las condiciones, pueden vigilar su cumplimiento y cuentan con una vía efectiva para reclamar. Sin esas garantías, una jornada con muchas urnas puede terminar produciendo una nueva disputa sobre quién decidió realmente el futuro de la Universidad.

Ante esta complejidad, considero más recomendable que, por esta ocasión, no se lleve a cabo la elección mediante votación universal, porque lo advertimos hace semanas, de que se estaba dejando pasar el tiempo necesario para organizar adecuadamente un proceso de esta magnitud. Hoy, los plazos disponibles resultan insuficientes para desarrollar, con las garantías que merece la comunidad, el mecanismo previsto en la actual Ley Orgánica.

Por ello, merece discutirse seriamente una reforma que permita resolver esta sucesión mediante una salida institucional, excepcional y claramente delimitada, sin conducir a la Universidad a un conflicto que todavía puede evitarse; como sabemos ya hay una propuesta de modificación de esa naturaleza, justificada públicamente, que sea por una única ocasión

Hasta el momento de escribir estas líneas, seguimos sin contar con un reglamento electoral publicado; tampoco con el reglamento para la conformación de la comisión especial, ni con la convocatoria correspondiente. Si todavía faltan esos instrumentos, ¿cuándo se pretende integrar el padrón, registrar candidaturas, organizar las casillas, informar a los votantes y resolver las inconformidades?

¿Se realizarían las elecciones a finales de noviembre, cuando muchos estudiantes están concluyendo cursos? Ese escenario dificultaría una participación amplia y reduciría las oportunidades para conocer las propuestas y discutir el futuro de la institución. El nuevo rector carecería de legitimidad porque podría ser electo por un grupo reducido de la comunidad universitaria, cuando el espíritu de esta forma de elección es incentivar la participación de la comunidad universitaria y lo que vemos parece más bien un ánimo de inhibirla.

Y finalmente, pero no menos importante, los tiempos de las campañas. La Universidad Michoacana tiene más de cincuenta y cinco mil integrantes, entre docentes, administrativos y alumnos; tiene unidades profesionales en Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Zamora y Uruapan, así como Facultades en Apatzingán y grupos de medicina en Tangancícuaro. ¿La convocatoria dará el tiempo suficiente para que los candidatos a Rectora o Rector puedan visitar todos estos espacios y hacer llegar sus propuestas de trabajo a todos los nicolaítas y sus espacios?, ¿o solamente se hará la simulación de campañas?, ¿se pensará que con una semana de campaña bastará para difundir proyectos?, ¿se tienen previstos tiempos para realizar debates? Lo cierto es que hay una gran cantidad aspectos que cubrir y siendo realistas, muy poco tiempo para organizar.

Los plazos se dejaron venir encima, escribí sobre este tema hace dos meses. Ahora corresponde reconocerlo y construir una solución que dé certeza a la sucesión. Insistir en una votación apresurada, con reglas tardías y una comunidad concentrada en el cierre del semestre, puede comprometer la legitimidad que precisamente se busca alcanzar y dar pie a problemas que los universitarios no deseamos.