Un análisis crítico de los posicionamientos de la SEE y propuestas para una educación centrada en los derechos de niñas, niños y jóvenes

Tercera Parte: Julio – Septiembre de 2025.

Este artículo examina cronológicamente los principales pronunciamientos de la dependencia estatal emitidos durante 2025 y propone alternativas de política pública que coloquen en el centro los derechos educativos de la infancia y juventud.

Entre julio y septiembre de 2025, se transitó de la celebración de logros administrativos a una crisis de legitimidad que expuso la fragilidad de tres años de gestión. El contraste fue brutal: escuelas seguían sin maestros, los trabajadores sin pagos completos y se cerró la cuenta del ciclo escolar pasado: más de 120 menores perdían la vida en contextos de violencia.

Julio: Celebrando la ‘Estabilidad’ Inexistente

Becas para escuelas privadas: oportunidad de transparencia El 3 de julio se abrió la convocatoria de becas para estudiantes de escuelas particulares con incorporación oficial, ofreciendo exención total o parcial (mínimo 25%) de inscripción y colegiaturas en nivel básico. La política de becas en escuelas privadas no es intrínsecamente problemática —hay familias de clase media que hacen sacrificios para pagar colegiaturas y merecen apoyo—, pero la opacidad en los criterios de asignación es preocupante.

Se menciona la ‘situación socioeconómica’ como criterio, pero sin especificar mecanismos de verificación. ¿Cómo se garantiza que las becas lleguen efectivamente a quienes más las necesitan y no a familias con capacidad de pago que saben gestionar mejor los trámites? ¿Existe algún mecanismo para evitar que escuelas privadas inflen colegiaturas sabiendo que habrá subsidio público? La ausencia de contraloría social en este proceso abre la puerta a inequidades.

Por lo anterior, la propuesta es transparencia en becas para escuelas privadas, consistente en establecer un sistema público de verificación socioeconómica basado en índices objetivos y verificables: nivel de ingresos per cápita familiar, condición de vivienda, acceso a servicios básicos, y situación laboral de padres y tutores, asegurando la priorización absoluta de estudiantes de familias en situación de pobreza moderada o extrema, con un sistema de puntuación transparente y público; la creación de contraloría social con participación de organizaciones civiles especializadas en educación para auditar el proceso de asignación de becas, verificar criterios aplicados y publicar resultados.

‘Estabilidad Educativa’: El Tercer Ciclo Completo. El 24 de julio, la SEE celebró el ‘tercer ciclo escolar completo’, destacando el programa Jalo a Estudiar, con 450 mil pares de tenis distribuidos, la entrega oportuna de libros de texto gratuitos y proclamando la ‘estabilidad educativa’ como ‘pilar del bienestar comunitario’. El discurso suena inspirador hasta que se confronta con los hechos: mayo de 2025 tuvo 15 días de paro magisterial que afectaron a más de 900 mil estudiantes. Eso no es un ‘ciclo completo’.

Por ello, la propuesta es redefinir la ‘estabilidad Educativa’ con honestidad, partiendo de reconocer públicamente los conflictos reales que afectaron el ciclo escolar en lugar de negarlos. La honestidad es prerrequisito para la confianza pública; implementar un sistema de recuperación efectiva de clases perdidas que incluya: cronograma claro de recuperación, mecanismos de seguimiento del cumplimiento, y evaluación del impacto en aprendizajes; medir estabilidad educativa en días efectivos de aprendizaje de calidad: asistencia de docentes, uso efectivo del tiempo escolar, y evidencia de aprendizajes adquiridos, así como establecer mesas permanentes de diálogo preventivo con organizaciones magisteriales desde el inicio de cada ciclo escolar para anticipar conflictos y acordar mecanismos de solución que minimicen impacto en estudiantes.

Agosto: Movimientos administrativos.

Aumento Salarial Docente: Justo Pero Insuficiente. El 3 de agosto se cumplió con el pago del incremento salarial retroactivo para docentes. El cumplimiento puntual es importante y debe reconocerse. Sin embargo, persiste el problema estructural: el presupuesto educativo está concentrado casi exclusivamente en nómina, dejando apenas 105 pesos anuales por docente para formación continua.

Un salario digno es fundamental, pero insuficiente sin desarrollo profesional. ¿Cómo se espera que maestras y maestros implementen la Nueva Escuela Mexicana, integren tecnologías educativas, atiendan la diversidad en el aula y promuevan pensamiento crítico con 105 pesos al año para formación? Es una contradicción brutal: se celebra el aumento salarial mientras se mantiene una subinversión obscena en las capacidades pedagógicas del personal docente.

En ese sentido, la propuesta es lograr equilibrio presupuestal con dignidad, partiendo de la reorientación del presupuesto educativo para el desarrollo profesional docente; la creación de oferta diversificada para la formación continua: diplomados en innovación pedagógica, certificaciones en uso de tecnologías educativas, especialización en atención a la diversidad y actualización disciplinar en todas las áreas del conocimiento, así como liberación de tiempo laboral con goce de sueldo: al menos 80 horas anuales para que docentes participen en programas de formación continua sin afectar sus ingresos ni su carga horaria, con incentivos económicos adicionales para docentes que completen programas de formación y demuestren mejora en sus prácticas pedagógicas mediante portafolios de evidencia y evaluación de pares.

Septiembre: Narrativa Presidencialista.

‘Apoyo de Sheinbaum Impulsa Transformación’. El 1 de septiembre, inicio del ciclo escolar 2025-2026, se destacó el apoyo de la presidenta Sheinbaum como impulsor de la ‘transformación educativa’, enfatizando las becas universales y los recursos federales. El discurso habla de ‘República educadora, humanista y científica’. Todo suena aspiracional y progresista hasta que se confronta con la realidad: ¿dónde está la evidencia de transformación educativa?

Las becas son importantes pero insuficientes. La ‘República científica’ contradice la eliminación de evaluaciones educativas y la retórica humanista contrasta con las 120 vidas de menores perdidas. El énfasis excesivo en reconocimientos políticos a la presidenta desvía la atención de lo fundamental: ¿están aprendiendo las y los estudiantes michoacanos? ¿Están seguros? ¿Tienen docentes bien formados? ¿Cuentan con infraestructura digna?

La propuesta es pasar a la evidencia: definiendo con precisión qué significa ‘transformación educativa’ con indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART). Publicar estos indicadores y reportar avances trimestrales, restablecer evaluaciones independientes de aprendizajes que permitan conocer la realidad del sistema educativo, identificar áreas de mejora y diseñar políticas basadas en evidencia, no en ideología, vincular obligatoriamente las becas con acompañamiento pedagógico, tutorías académicas y seguimiento del desempeño escolar. Una beca sin apoyo educativo es asistencialismo, no política educativa.

Presupuesto 2026: Celebrando Cifras. El 10 de septiembre, se celebró el presupuesto 2026: 400 mil millones de pesos federales para educación, 5 mil millones para Michoacán en becas, 7 mil millones en el programa La Escuela Es Nuestra. Las cifras suenan impresionantes. El problema es que se celebran sin analizar su distribución ni su eficiencia. Como Mexicanos Primero documentó: 590 millones para 12,000 escuelas equivalen a menos de 50,000 pesos por plantel, insuficiente para resolver carencias estructurales.

El presupuesto sigue concentrado en nómina y becas, con inversión insuficiente en formación docente y mejora de aprendizajes. Esto no es un problema de cantidad de recursos, es un problema de prioridades. Se celebra el presupuesto que recibe, pero no cuestiona cómo se distribuye ni propone redistribuciones que atiendan las necesidades más urgentes.

Por ende, la propuesta consiste en la redistribución presupuestal, incrementando los recursos para la formación docente continua, a infraestructura priorizada, a evaluación y mejora de aprendizajes, a seguridad escolar y a atención psicosocial, con publicación en tiempo real del respectivo monitoreo de la asignación y ejercicio de recursos por escuela, con información desagregada por tipo de inversión, con supervisión de organizaciones civiles, académicos y representantes de comunidades escolares para verificar el uso eficiente de recursos.

Visita Presidencial: Evento Político. El 14 de septiembre, la presidenta Sheinbaum visitó Michoacán. Molina destacó 5,200 millones en becas, 1,200 millones en infraestructura y el convenio U080 para pagos puntuales. El evento fue político-propagandístico, porque se adoptó un tono laudatorio hacia la presidenta que desdibujó cualquier atisbo de rendición de cuentas. Se presentó inversión federal como logro estatal.

Las visitas presidenciales son oportunidades para fortalecer compromisos federales, pero también deben ser espacios de exigencia: ¿cuándo llegará la inversión prometida? ¿Cómo se garantizará su uso eficiente? ¿Qué mecanismos de seguimiento existirán?

Por lo anterior, la propuesta es la corresponsabilidad con rendición de cuentas, para diferenciar claramente inversión federal de estatal en toda comunicación pública para evitar apropiación política de recursos que no provienen del gobierno estatal, establecer mecanismos de auditoría ciudadana sobre el uso de recursos federales transferidos al estado, con publicación trimestral de avances en ejercicio y resultados alcanzados.

Crisis del Sistema SIGEM: Desorden que Afecta a Estudiantes. El 19 de septiembre, más de un mes después del inicio del ciclo escolar, se hizo un llamado urgente a directivos para que ingresaran información al Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGEM) antes del 25 de septiembre, porque solo el 72% de secundarias estaban registradas. El problema es grave, porque sin este registro, estudiantes no pueden acceder al programa Jalo a Estudiar ni a becas.

Esta crisis evidencia un desorden administrativo profundo. El SIGEM debió estar completado antes del inicio de clases, no después. Que más de un cuarto de las secundarias no estuviera registrado un mes después del arranque del ciclo es inaceptable. Y lo más grave: las consecuencias no las sufren los directivos incumplidos, las sufren estudiantes que pierden apoyos por problemas administrativos ajenos a ellos.

La propuesta es conformar sistemas administrativos anticipados y eficientes, consistente en implementar todos los sistemas administrativos (SIGEM, preinscripciones, asignación de apoyos) con al menos dos meses de anticipación al inicio del ciclo escolar, no de manera reactiva cuando ya hay problemas; formación continua a directivos escolares en el uso de sistemas digitales antes del inicio de clases, con certificación de competencias y apoyo técnico permanente; un sistema de alertas automáticas que identifique escuelas sin registro completo y active apoyo inmediato, evitando que el problema se acumule.

 Continuaremos con el siguiente trimestre.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.