La educación cobra sentido en el territorio. Y Michoacán es un estado que ha aprendido a vivir en la contradicción. Un territorio donde la belleza de la Meseta Purépecha convive con la violencia de la Tierra Caliente; donde la innovación tecnológica de la capital coexiste con la precariedad digital de cientos de comunidades rurales; donde los avances institucionales del último año comparten titular con las escuelas que cerraron por amenaza. Ese es el Michoacán real que observamos con esperanza en una mano y urgencia en la otra.
En los últimos meses, el sistema educativo estatal ha registrado movimientos que merecen ser nombrados, analizados y vigilados con rigor. Desde la inseguridad que asedia nuestras aulas hasta las plazas docentes asignadas con transparencia; desde la llegada de la educación superior a municipios históricamente marginados hasta los chips de internet que buscan cerrar la brecha digital. Son seis batallas que, juntas, dibujan el mapa de lo que somos y de lo que podemos ser.
La estadística más aterradora de la educación michoacana no está en los índices de reprobación ni en las tasas de deserción: está en el hecho de que uno de cada cuatro estudiantes del estado reporta que la inseguridad afecta su vida escolar. En 120 menores de edad asesinados durante el ciclo escolar pasado. En la Región Oriente y en la Tierra Caliente, las clases no se cancelan por lluvia o por epidemia; se cancelan por WhatsApp, cuando algún actor armado decide que ese día el territorio será inseguro para que los niños caminen a la escuela.
Cuando el aula deja de ser un refugio, el Estado está incumpliendo su promesa más elemental: garantizar que cada niño y niña pueda aprender en paz, sin miedo. El trauma que genera la violencia en una comunidad escolar no termina cuando se reanuda el calendario; se instala en los cuerpos y en las mentes de los estudiantes como una carga invisible que pesa sobre cada evaluación, cada lectura y cada sueño de futuro. El estrés postraumático, el miedo y la ansiedad llegan para quedarse.
Es inaceptable normalizar que los docentes tengan que negociar su seguridad para llegar al plantel o que los directores reciban amenazas, las que que ningún sindicato ni ninguna instancia gubernamental atienden con la urgencia que merece. El sector educativo debe dejar de ser una víctima colateral de la violencia y convertirse en una prioridad explícita de la política de seguridad. Proteger la escuela es proteger la última línea de defensa de nuestra civilidad en Michoacán.
Particularmente, desde la óptica del Plan Michoacán, la respuesta debe ser mucho más integral que solo policial. Necesitamos corredores escolares seguros con vigilancia total y respaldo tecnológico; protocolos de educación en emergencias que permitan la transición inmediata a modalidades híbridas cuando la seguridad física esté en riesgo; y unidades de apoyo psicosocial permanente en cada zona escolar afectada, porque el estrés postraumático de una infancia que creció bajo el ruido de la violencia no desaparece con el regreso a clases.
En ese tenor, durante décadas, acceder a la educación superior en Michoacán significó, para la mayoría de los jóvenes del interior del estado, una elección imposible: emigrar a Morelia, con los costos que eso implica o renunciar a la educación profesional. Ese centralismo educativo fue una cuestión pletórica de clasismo geográfico. La educación superior era, en los hechos, un privilegio para quien podía costear un cuarto de renta, los pasajes y los meses de transición.
La apertura de sedes de la Universidad Rosario Castellanos en municipios como Múgica y Zitácuaro representa una transición hacia el fin de esa era, porque bien operadas pueden representar el principio sólido de una transformación estructural de quién tiene derecho al conocimiento universitario en este estado. Al llevar la educación superior gratuita a las regiones, se elimina la ecuación perversa que obligaba al joven michoacano a escoger entre su familia y su formación.
Pero la sostenibilidad de este modelo depende de decisiones que se toman hoy. Las sedes de la UNRC deben ser más que aulas replicadas en otro municipio y aspirar a ser centros de investigación aplicada que resuelvan problemas locales, desde la gestión del agua hasta la soberanía alimentaria. La oferta académica debe estar vinculada a la vocación productiva de cada región, para que el egresado encuentre en su propia comunidad un ecosistema donde su talento sea útil y reconocido. Un joven que se forma en la Tierra Caliente debería encontrar en su universidad las herramientas para transformar su entorno, no solo para buscar empleo en otra ciudad.
Así también, en una economía doméstica al límite, tres meses de beca equivalen a certeza. El pago triple de la beca «Rita Cetina Gutiérrez» —más de cinco mil setecientos pesos depositados en las cuentas de las familias michoacanas— por encima de ser una cifra económica abstracta representa el uniforme escolar para el que no había presupuesto, es la diferencia entre que el adolescente se quede estudiando o salga a buscar trabajo porque la familia ya no puede esperar.
En un estado con altas tasas de migración y abandono escolar temprano, este apoyo económico funciona como parte de un muro de contención contra el trabajo infantil y la desesperanza económica. Su carácter universal elimina el estigma y su alcance en los 113 municipios coadyuva a que el apoyo sea interpretado como un derecho de las niñeces y juventudes mucho más que una dádiva clientelar. La educación obligatoria debe ser plenamente gratuita: en las colegiaturas, en los pagos extraordinarios y en la inscripción en el papel lo son; pero así también, en todas las condiciones materiales que permiten que un estudiante esté sentado en su banca, con sus útiles, alimentado, con paz y con energía para aprender.
Sin embargo, el dinero por sí solo no educa. Para que la beca tenga el impacto transformador que promete, necesita ir acompañada de tutoría, de orientación vocacional, de un sistema de alerta temprana que active apoyos adicionales cuando un estudiante muestre señales que amenacen su continuidad educativa. La juventud michoacana debe permanecer en la escuela, sabiendo por qué está ahí y hacia dónde va. Las becas y apoyos sociales sí abonan, pero el proyecto de vida del estudiante hasta alcanzar la mejor versión de sí mismo es lo que verdaderamente debe de cuidarse y arroparse, no solo con dinero.
También es de reconocerse que, con más de 334 mil registros procesados, el ciclo de preinscripciones digitales de Michoacán fue un golpe directo al «compadrazgo» que durante años empañó el acceso a los mejores planteles del estado. El derecho a la educación empieza por un proceso de acceso justo, donde el lugar de un niño no dependa de a quién conoce su padre ni de cuántas horas puede hacer fila bajo el sol. La tecnología, bien aplicada, es un gran nivelador democrático de nuestro sistema.
Este proceso digitalizado tiene además un efecto secundario valioso que pocas veces se menciona: produce datos reales sobre la demanda educativa. Sabemos dónde hacen falta maestros, dónde sobran aulas, dónde la presión demográfica exige nuevas inversiones. Esa información, si se usa bien, puede ser la base de una planeación educativa que deje de ser reactiva para volverse estratégica.
Pero la preinscripción digital solo es inclusiva si nadie queda fuera por falta de conectividad. Michoacán tiene aún miles de familias que no tienen internet en casa ni cerca. Para ellas, la digitalización del trámite puede transformarse en una nueva forma de exclusión si no se habilitan Kioscos Digitales de Asistencia en las jefaturas de tenencia y en los centros comunitarios. Un medio es que el trámite sea digital, pero su fin es que sea justo y universal. Pero, sabemos que, la justicia en Michoacán sigue requiriendo acompañamiento presencial.
Paralelamente, la distribución de 237 mil chips de internet gratuito en Michoacán es, en términos de política educativa, una de las apuestas de inclusión digital más ambiciosas de los últimos años. Para un estudiante en la Meseta Purépecha, tener internet en su dispositivo es tener acceso a una biblioteca global, a tutoriales en su lengua, a convocatorias de becas que antes nunca llegaban a su comunidad. Es, literalmente, abrir una ventana al mundo desde lo que fue un calabozo, un cuarto sin ventanas.
Este programa ataca la «pobreza digital» que hoy profundiza las brechas de aprendizaje con la misma eficacia que la pobreza económica. Y lo hace de forma directa, sin intermediarios y sin condicionamientos. Pero la conectividad sin educación crítica puede ser un arma de doble filo. Un joven que tiene acceso a Internet, pero no sabe distinguir información de desinformación, que consume, pero no produce contenido, que navega, pero no investiga, ha recibido un pasaporte sin que alguien lo asesore para viajar.
Por ende, la entrega de chips debe ir acompañada de un programa estatal de alfabetización mediática y digital, así como de pensamiento crítico, si queremos que el Internet sea una palanca de desarrollo y no solo un espacio de consumo pasivo. El chip es el boleto; la escuela debe enseñarles a ser ciudadanos digitales creativos, responsables y con agencia sobre su propio aprendizaje.
Michoacán está teniendo avances en este ciclo: más transparencia, más conectividad, más acceso y más presencia del Estado en donde antes solo había ausencia. Pero el umbral no es el destino. Del otro lado de este momento histórico está la escuela que soñamos: segura, incluyente, pertinente culturalmente, equipada y liderada por un magisterio digno y comprometido.
Este ideal se alcanzará cuando la sociedad civil, padres de familia, estudiantes, maestros, organizaciones y periodistas deciden que la educación es el terreno donde no ha lugar para la corrupción, en donde no se acepta la simulación y donde no se cede ante la violencia. El futuro de Michoacán se escribe hoy en sus pizarrones y sus cuadernos, desde lo local. Su arquitectura del mañana se traza con manos infantiles y juveniles. Esas dosis de realidad local son las que necesita nuestro sistema educativo para salir de la nota roja y lograr que, nuestro origen como nacidos en esta entidad federativa no siga representando destino.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
