Hay reuniones en las que todos saben que algo está mal y casi nadie lo dice, no se atreven a expresarlo; se nota en las miradas que se cruzan, alguien baja la cabeza y otro revisa su teléfono. Al terminar, en el pasillo, aparecen las objeciones que no se escucharon frente a la autoridad y surge una frase que explica buena parte de nuestra vida institucional: “Estoy de acuerdo contigo, pero no quiero problemas”; podemos decir que el miedo ya hizo su trabajo.

Podemos reconocer el poder por sus manifestaciones más visibles, como puede ser una orden, un nombramiento, una sanción, pero también se ejerce mediante la expectativa de lo que podría ocurrir y basta que alguien crea que expresar una inconformidad puede costarle sus materias, la renovación de un contrato o una oportunidad profesional para que empiece a medir cada palabra.

La amenaza ni siquiera necesita formularse, porque la incertidumbre puede disciplinar por sí sola.

Esta posibilidad resulta especialmente inquietante en las universidades, porque es allí, donde se enseña a preguntar, argumentar y someter las afirmaciones a examen, que debería existir una protección efectiva para quien discrepa; es claro que una comunidad académica necesita discutir las decisiones de sus autoridades con la misma libertad con que discute las ideas de un libro.

Pero esa libertad se vuelve frágil cuando las condiciones de trabajo dependen de decisiones poco claras de las autoridades. Para un profesor que desconoce si conservará sus grupos, intervenir en una reunión puede representar mucho más que expresar una opinión, pues detrás de su silencio pueden estar la renta, los medicamentos o los gastos de su familia.

Por eso sería injusto confundir toda reserva con cobardía, puesto que hablar tiene costos distintos según el lugar que cada quien ocupa en una Universidad. Quien dispone de estabilidad laboral puede asumir riesgos que resultan mucho mayores para quien espera una contratación o unas horas de interinatos.

Precisamente por ello, una institución democrática debe reducir el costo de disentir. Las reglas claras, las decisiones motivadas y los procedimientos imparciales permiten que una diferencia de opinión no se convierta en una amenaza sobre el sustento.

Pero también hay que examinar con cuidado el silencio colectivo en una Universidad, porque una sala callada puede ofrecer una imagen engañosa de unanimidad, por eso cuando las objeciones aparecen solamente en conversaciones privadas, la autoridad pierde información indispensable: deja de escuchar errores, abusos y consecuencias que necesita conocer; el problema es cuando se llega a interpretar esa ausencia de críticas como aprobación, termina tomando decisiones sobre una realidad incompleta.

A su alrededor puede formarse un círculo en el que cada intervención confirma lo que supone que todos piensan; mientras tanto, quienes tienen reparos aprenden a expresarlos lejos de las actas y de los micrófonos.

El daño alcanza así a toda la institución, porque se empobrece la deliberación, se normaliza la simulación y se vuelve más difícil corregir una decisión equivocada, pues una comunidad que aprende a cuidarse de sus propias autoridades dedica parte de su energía a calcular riesgos que deberían estar resueltos mediante garantías.

Aquí conviene mantener una distinción y es que una exigencia académica, una evaluación desfavorable o un procedimiento administrativo no constituyen, por sí mismos, actos de intimidación; es claro que toda institución necesita exigir responsabilidades, el problema es cuando los criterios cambian según quién pregunta, cuando una sanción carece de explicación suficiente o cuando discrepar se interpreta como una falta de lealtad.

La diferencia se aprecia en los hechos: reglas conocidas, razones comprobables, oportunidades de defensa y trato consistente, porque es ahí donde la autoridad demuestra que puede ejercer sus atribuciones sin convertir la dependencia laboral o académica en obediencia personal, no usando las instituciones de la propia Universidad, como puede ser la contraloria o el tribunal universitario como organismos represores.

Una universidad puede organizar ceremonias sobre libertad y, al mismo tiempo, tener dificultades para escuchar una pregunta incómoda. La distancia entre ambas cosas se mide en la experiencia cotidiana de sus integrantes: si pueden reclamar un pago, cuestionar una asignación o disentir en un consejo sin anticipar consecuencias ajenas al asunto que plantean.

Esa es una prueba exigente para cualquier autoridad, porque supone aceptar que el cargo otorga facultades, pero también impone el deber de escuchar a quienes dependen de sus decisiones.

Al final, la calidad democrática de una institución universitaria se reconoce en algo muy concreto es que alguien pueda levantar la mano, expresar su desacuerdo y volver a casa sin preguntarse qué perderá por haber hablado.