Advierten sobre el impacto creciente en cadenas de suministro, costos y continuidad empresarial, y llaman a establecer lineamientos claros para dar certidumbre al entorno productivo
La combinación de inseguridad persistente y presiones regulatorias internacionales eleva de manera significativa —y cada vez más compleja— los riesgos operativos a los que se enfrenta el sector privado en México, al generar un entorno de creciente incertidumbre que impacta directamente la viabilidad, continuidad y competitividad de las empresas.
En este contexto, la International Chamber of Commerce México (ICC México) expresa su preocupación por el deterioro del entorno de seguridad en diversas regiones del país, así como por el efecto acumulado que esta situación tiene sobre la operación cotidiana de las empresas y la integridad de las cadenas de suministro.
Eventos recientes han evidenciado con claridad la fragilidad del entorno operativo en amplias zonas del territorio nacional, al afectar de manera directa la movilidad, el transporte de mercancías, la continuidad de operaciones, así como la seguridad del personal y de las instalaciones empresariales, lo cual no solo incrementa los riesgos físicos, sino que también introduce nuevas complejidades en materia de cumplimiento corporativo y gestión de riesgos.
La realidad actual muestra un aumento sostenido en la exposición de las empresas a distintas formas de presión ilícita, incluyendo aquellas que se manifiestan de manera indirecta a través de intermediarios, contratistas o proveedores dentro de la cadena de valor, además de disrupciones logísticas derivadas de incidentes de violencia focalizada, bloqueos y robos, particularmente en el transporte de carga, que afectan la eficiencia y confiabilidad de las operaciones.
De manera paralela, las empresas enfrentan un entorno regulatorio más exigente, en el que los estándares internacionales de cumplimiento demandan una mayor profundidad en los procesos de debida diligencia a lo largo de toda la cadena de suministro. Esta combinación de factores eleva los costos operativos, incrementa la complejidad de la gestión empresarial y afecta la competitividad de diversos sectores productivos.
Asimismo, diversas entidades federativas presentan condiciones que incrementan de manera sustancial el nivel de riesgo para la actividad empresarial, al impactar la continuidad operativa y tras obligar a las empresas a adoptar medidas adicionales de seguridad y mitigación, con los costos que ello implica en términos financieros y estratégicos.
Frente a este panorama, la ICC México hace un respetuoso y firme llamado al Gobierno Federal para avanzar hacia la construcción de un marco de certidumbre institucional que permita a las empresas gestionar de manera más efectiva estos riesgos, ya que resulta indispensable contar con lineamientos claros y homologados, alineados con estándares internacionales, que orienten la gestión empresarial frente a la inseguridad y sus implicaciones operativas y regulatorias.
De igual forma, es fundamental fortalecer los mecanismos institucionales que permitan a las empresas reportar y atender situaciones de riesgo, como la extorsión u otros ilícitos, sin generar una exposición adicional, a través de la coordinación efectiva entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, clave para garantizar condiciones de movilidad seguras y reducir la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.
En este sentido, cobra especial relevancia el diseño de esquemas transparentes y estandarizados de colaboración con las fuerzas de seguridad pública para la protección de operaciones estratégicas, infraestructura crítica y personal en territorio. De igual forma, resulta necesario establecer un espacio permanente de diálogo técnico entre autoridades y sector privado que permita anticipar y gestionar los riesgos derivados de un entorno en constante evolución.
México se encuentra en un momento decisivo para consolidar su posición como un actor estratégico en las cadenas globales de valor. Sin embargo, la persistencia de riesgos operativos asociados a la inseguridad puede limitar el aprovechamiento pleno de esta oportunidad, al generar condiciones que inciden directamente en las decisiones de inversión y en la configuración de las operaciones empresariales.
Para el sector privado, operar en un entorno de alta incertidumbre no solo implica mayores costos, sino también la necesidad de adoptar esquemas más restrictivos y cautelosos. Por ello, fortalecer las condiciones de seguridad y certidumbre jurídica se vuelve un elemento indispensable para preservar la competitividad del país y asegurar la continuidad de las operaciones productivas.
La ICC México reitera su disposición de colaborar de manera técnica y constructiva con las autoridades para contribuir al fortalecimiento del entorno operativo, el cumplimiento normativo y la resiliencia empresarial en México.
Así, esta tarde noche en punto de las 19:00 horas los sueumistas y su dirigencia colgaron la primera bandera en la antigua torre de Rectoría, que es donde los jueces que admitieron la causa de que fuera huelga a puertas cerradas dictaminaron declarar estallada la huelga porque fue esa oficina donde se notificó a la autoridad universitaria legalmente de estos emplazamientos y de la determinación del embargo jurídico si no cubre los más de 47 miles de pesos que adeuda a cerca de 300 empleados de manera individual.
Hasta ahí llegó el dirigente Eduardo Tena Flores para el acompañamiento del cierre de puertas y cuelgue de banderas que de manera simultánea penden ya a las afueras de los edificios universitarios e inmuebles todos. Y señaló estar dispuestos a aguantar hasta seis meses de huelga, que es lo que le queda a la rectora saliente quitando el periodo de verano de vacaciones, «si es que no la sacamos antes» de este rectorado en que, dijo, hay «mucho odio, mucho rencor» y enojo hasta llegar «a mentadas de madre» que es lo único que han podido intercambiar la rectora Yarabí Ávila González y el propio Tena Flores, ante la falta de diálogo y el encono de los posicionamientos de ambas partes, la patronal y la sindical.
Y remató, “si el señor dijo que quería promover un juicio administrativo, también está mal, porque el Código de Justicia Administrativa, en uno de sus primeros artículos establece que ese tribunal no conocerá de los actos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. O sea, no es competente”.
Eduardo Tena Flores, líder del sindicato, informó que no se lograron acuerdos con la autoridad universitaria en demandas laborales y económicas que no salariales.
