Lo advertimos desde el año pasado. Lo denunciamos cuando nadie quería escuchar. Y hoy, la realidad nos golpea con una crudeza que no debería sorprendernos, pero que nos indigna profundamente: las escuelas de Michoacán se están convirtiendo en bases militares, y con ello, miles de niñas, niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, la seguridad y el desarrollo integral.

El 11 de febrero de 2026, UnoTV documentó lo que veníamos denunciando: al menos cinco comunidades en Apatzingán —El Alcalde, El Guayabo, La Loma de Los Hoyos, Las Bateas y El Morado— tienen sus escuelas primarias convertidas en Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI). No hablamos de instalaciones provisionales en espacios públicos neutros. Hablamos de salones de clase que ahora son dormitorios para soldados, de patios de juegos donde antes había risas de niños y ahora hay costales de arena y armas de alto calibre, de techos atacados con drones donde alguna vez hubo festivales escolares.

La Escuela Primaria «Gral. Lázaro Cárdenas del Río» en El Alcalde es apenas un ejemplo. Como reportó el mismo medio, desde hace ocho meses que comenzaron los bombardeos, esta y otras escuelas tuvieron que cerrar ante los constantes ataques de grupos armados. Hoy, el desminador del Ejército Mexicano ocupa el patio techado. Los espacios que debían ser santuarios de aprendizaje son ahora posiciones tácticas en una guerra que no debería librarse en los espacios de la infancia.

En diciembre de 2025, desde Mexicanos Primero Michoacán presentamos datos devastadores que deberían avergonzar a cualquier gobierno que se precie de velar por su población: Michoacán es el segundo estado más mortífero para menores de edad en todo el país, con 120 niñas y niños asesinados entre agosto de 2024 y julio de 2025. Sólo Guanajuato, con 163 asesinatos, supera esta cifra macabra.

También, documentamos que, al menos 20 municipios registran cierre de escuelas debido a la violencia, el fuego cruzado, dronazos, minas, asesinato de alcaldes, secuestro de maestros y cobro de piso. En Apatzingán específicamente, identificaron al menos cuatro escuelas convertidas en BOI, mientras que las infancias tuvieron que abandonar sus estudios ante la falta de espacios seguros.

Las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) son instalaciones donde convergen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ahora llamada Defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales.  En teoría, se trata de puestos de coordinación interinstitucional para combatir el crimen organizado. En la práctica, cuando se instalan en escuelas, se convierten en objetivos militares legítimos para grupos criminales que buscan debilitar la presencia del Estado.

Pero más allá de la lógica militar, existe una pregunta: ¿Por qué las escuelas? La respuesta es tan pragmática como escalofriante. Como señaló irónicamente un funcionario: las escuelas tienen infraestructura básica —baños, electricidad, drenaje— que no todas las instalaciones públicas poseen.  Es decir, se eligieron las escuelas no por ser los lugares más seguros para instalar operativos de seguridad, sino por ser los más cómodos para las fuerzas del orden.

El resultado es que dos de cada tres escuelas en Michoacán no tienen servicios básicos completos; irónicamente, una de cada tres estaría «completa» para la instalación de BOI. Esta lógica utilitaria ignora por completo el propósito fundamental de estos espacios: educar a nuestras niñas y niños.

El Artículo 3° de nuestra Constitución Política no puede ser más claro: «Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior». Además, establece que «Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica».

Más aún, el mismo artículo constitucional establece que «Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación».

¿Cómo puede el Estado garantizar condiciones idóneas cuando las escuelas albergan armamento, personal militar y se convierten en blancos potenciales de ataques? ¿Cómo puede garantizar un entorno que contribuya a los fines de la educación cuando los niños están expuestos a la violencia cotidiana de un conflicto armado?

El Artículo 31 de la Constitución establece como obligación de los mexicanos «ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria». Pero ¿cómo pueden las familias cumplir esta obligación cuando enviar a sus hijos a la escuela puede significar exponerlos a fuego cruzado, dronazos o minas?

La Ley General de Educación, en su Artículo 1°, enfatiza que la educación es un derecho reconocido cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas y que se considera un servicio público sujeto a la rectoría del Estado, Sin embargo, en 24 comunidades de Apatzingán, según el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, las actividades educativas se han suspendido por petición de los propios padres de familia ante el temor fundado por la seguridad de sus hijos.

La instalación de BOI en escuelas vulnera múltiples derechos de manera simultánea y sistemática: el derecho a la educación,  el derecho a la seguridad e integridad física, el derecho a un desarrollo integral libre de violencia

Al convertir las escuelas en objetivos militares, se pone en riesgo directo la vida de los estudiantes. La presencia de armamento, personal militar y operaciones tácticas atrae inevitablemente la atención de grupos criminales.  La exposición temprana a contextos militarizados y violentos tiene efectos devastadores en el desarrollo psicosocial de niñas y niños. Así también, cuando los niños crecen viendo armas en sus escuelas, soldados en sus patios y operativos militares como parte de su cotidianidad, se normaliza la violencia como forma de resolución de conflictos. Esto tiene implicaciones a largo plazo en la construcción de paz y convivencia social.

Algunas de las formas concretas en que las BOI afectan a las infancias son la interrupción educativa prolongada, desplazamiento forzado, exposición directa a la violencia, trauma psicológico, pérdida del sentido de seguridad y abandono escolar masivo. Ante ello, es revelador —y profundamente preocupante— que la Secretaría de Educación del Estado no haya respondido a las peticiones de información sobre el cierre de escuelas y la reconversión de planteles para tareas de seguridad.  Mientras el gobierno estatal proclamó haber completado 180 días de clases en el ciclo escolar 2024-2025, está documentado que se instruyó a los directivos cerrar los planteles cuando lo consideraran oportuno, evidenciando una simulación administrativa que oculta el incumplimiento real del calendario escolar.

En algunos municipios de Sinaloa, la violencia provocó ausentismo escolar superior al 70% al inicio del ciclo escolar. En Coahuayana, Michoacán, al menos 62 planteles educativos suspendieron actividades presenciales, afectando a 3,732 estudiantes y 207 docentes.

A nivel internacional, los ataques a la educación incluyen no solo la violencia directa contra estudiantes, docentes o instalaciones escolares, sino también cualquier acción u omisión que impida el acceso seguro y continuo a la educación. México está violando estándares internacionales de protección a la educación en contextos de conflicto.

La situación es insostenible e inaceptable. Como sociedad civil organizada, como madres y padres de familia, como educadores y como ciudadanía michoacana, exijamos:

1)            Desmilitarización inmediata de todas las escuelas.  Las Bases de Operaciones Interinstitucionales deben ser reubicadas a espacios que no pongan en riesgo a las infancias. El Ejército, la Guardia Nacional y demás fuerzas del orden deben operar desde instalaciones diseñadas para tal fin, no desde espacios destinados a la educación.

2)            Plan integral de seguridad escolar. Que se implemente, un sistema de protección que incluya patrullajes escolares en horarios clave sin militarización de los espacios educativos, cámaras de vigilancia conectadas a centros de monitoreo, protocolos de emergencia efectivos y practicados regularmente, así como un sistema de protección para docentes amenazados.

3)            Garantía de continuidad educativa, para que se garantice el derecho constitucional a la educación mediante la reapertura segura de escuelas cerradas, transporte escolar protegido para estudiantes de zonas de riesgo, modalidades híbridas cuando sea necesario, con conectividad garantizada y apoyo psicopedagógico para estudiantes afectados por la violencia.

4)            Transparencia y rendición de cuentas. Que la Secretaría de Educación del Estado publique el número exacto de escuelas cerradas por violencia, la cantidad de estudiantes afectados desglosada por municipio, el plan específico para garantizar el cumplimiento del calendario escolar y los convenios o autorizaciones para instalación de BOI en escuelas.

5)            Atención psicosocial integral, que se implementen programas de atención a la salud mental de estudiantes, docentes y familias afectadas por la violencia, reconociendo que el trauma no atendido perpetúa ciclos de violencia y dificulta la recuperación educativa.

6)            Inversión urgente en infraestructura educativa; que se destinen recursos suficientes para dotar a todas las escuelas de servicios básicos completos, de manera que no exista pretexto para utilizar instalaciones escolares con fines militares o de seguridad.

7)            Protección legal reforzada para espacios educativos. Es urgente que se legisle específicamente sobre la inviolabilidad de los espacios educativos como zonas de paz, prohibiendo expresamente su uso para fines militares o de operaciones de seguridad, salvo en casos de evacuación o emergencia humanitaria temporal.

Impidamos normalizar que nuestros niños crezcan entre armas. No podemos aceptar que las escuelas —motores del desarrollo humano comunitario, templos del conocimiento y santuarios de la esperanza— se conviertan en cuarteles. No podemos ser indiferentes ante el hecho de que 120 menores fueron asesinados en Michoacán en un solo ciclo escolar, pero, en absoluto es una ruta la que se está tomando.

La militarización de las escuelas, más que una simplona solución de seguridad representa una rendición ante el crimen organizado y una traición a nuestras infancias. Es reconocer que hemos perdido tanto control del territorio que estamos dispuestos a sacrificar los espacios más sagrados de nuestra sociedad.

Lo advertimos desde el año pasado. Lo seguiremos denunciando hasta que cada niña y niño de Michoacán pueda asistir a una escuela segura, digna y libre de violencia. Porque el derecho a la educación no es negociable, ni el interés superior de la niñez puede estar subordinado a la lógica de la guerra.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.