“Hacer política es marcar distinción entre amigo y enemigo»
Carl Schmitt (1888 – 1985)
El desmontaje silencioso de la educación en México rebasa la torpeza, la frivolidad y el descuido: es política. Y nuestros hijos pagan el precio.
Que un niño llegue a sexto de primaria sin poder leer con comprensión plena de un texto de una cuartilla es mucho más que un simple un accidente del sistema. Que un gobierno proponga reducir materias en bachillerato entre aplausos a modo, en lugar de vergüenza y escarnio tampoco lo es. Hay una lógica detrás de cada uno de estos «errores». Y esa lógica no apunta a liberar a nuestros hijos: apunta a mantenerlos mansos, dependientes y útiles para quien sabe manipularlos.
La presidenta de México anunció, con tono casi maternal, que el bachillerato tiene demasiadas materias y que los jóvenes no necesitan aprenderlas todas. Lo presentó como un gesto de compasión ante un supuesto sufrimiento que implica el aprendizaje y como una medida que busca disminuir el abandono escolar. Quienes conocemos las aulas michoacanas sabemos que eso es una mentira bien empaquetada.
El abandono escolar en México tiene rostro y nombre: es el adolescente que debe trabajar porque su familia no llega al fin de semana; es la joven que no puede pagar el transporte; es el muchacho que reprobó porque nadie en casa pudo ayudarlo con tareas. Ninguno de ellos dejó la escuela porque había demasiadas materias. La causa es estructural, económica y social: el sistema educativo y, por extensión, el Estado mexicano los abandonó; ellos no abandonaron la escuela. Reducir contenidos no resuelve la pobreza ni dota de mayor movilidad social: solo produce egresados más pobres intelectualmente.
Lo que sí resuelve esta medida, aquí está la clave, es el presupuesto. Menos materias significa menos maestros, menos laboratorios y menos aulas especializadas. Es un recorte disfrazado de reforma pedagógica. Y, para rematar la trampa, los indicadores de «permanencia escolar» mejorarán artificialmente: más jóvenes terminarán el bachillerato, sí; pero sabrán menos. El gobierno presumirá el dato; nadie preguntará el costo.
Reducir materias no combate el abandono escolar: solo produce ciudadanos más baratos de mantener ignorantes y hasta se aspira a que las generaciones en formación agradezcan este dudoso gesto.
Pero, antes de hablar de bachillerato, tendríamos que hablar de algo más elemental y, por ende, más escandaloso: los niños mexicanos de primaria no están aprendiendo a leer con comprensión plena.
Los datos del INEGI y la UNESCO son contundentes: México registra retroceso en aprendizajes básicos. Estamos reprobados en lo más elemental que puede pedir una civilización moderna a su sistema educativo. ¿Y la respuesta del gobierno? Eliminar los exámenes de ingreso a media superior para que nadie vea el desastre con demasiada claridad.
4.3% del PIB invierte México en educación en 2026, apenas si es un poco más de la mitad del 8% recomendado por la OCDE. Mientras se recorta el saber, se raciona también el presupuesto para enseñarlo. En contraste, las dádivas de unos pocos miles de pesos se promocionan en videos de redes sociales.
Más aún, la Secretaría de Educación Pública eliminó el examen de ingreso a la educación media superior argumentando que era una «trampa de exclusión». El diagnóstico del problema no es equivocado: muchos jóvenes en desventaja no podían acceder. Pero la solución es radicalmente errónea. Un examen de ingreso, bien diseñado, no es una puerta que se cierra: nos revela brechas. Eliminar un panóptico no borra las brechas; solo nos impide verlas. El resultado es que miles de jóvenes ingresarán a preparatoria sin las herramientas mínimas para aprovecharla. Y ni siquiera nos daremos cuenta a tiempo: el sistema los dejará avanzar sin aprender hasta que el rezago sea tan profundo que los expulse de todos modos. Solo que ahora, sin diagnóstico y sin intervención oportuna. Esto, más que inclusión es negligencia con etiqueta progresista.
Por si fuera poco, si algo simboliza con crueldad el estado de nuestra educación, son los libros de texto gratuitos. Diseñados bajo la gestión de alguien que no tenía competencias, liderazgo, formación ni ética en el servicio público como para poder afrontar semejante tarea, llegaron a las aulas cargados de errores de redacción, imágenes pixeladas e imprecisiones históricas que habrían reprobado a cualquier estudiante universitario que los hubiera entregado como trabajo.
Pero lo más grave no son los errores técnicos, sino las tendencias, la ideología que los atraviesa: contenidos que sustituyen el razonamiento científico por pensamiento mágico, que mezclan rituales y supercherías con el currículo oficial, que le enseñan a un niño a invocar fuerzas sobrenaturales antes de enseñarle a formular una hipótesis. No es exageración: es lo que está en esas páginas y ya se ha denunciado por expertos, académicos, investigadores, maestros, padres de familia, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil y por los propios estudiantes.
Un país que no enseña a sus hijos a pensar críticamente no forma ciudadanos, sino clientelas, fáciles de gobernar. Un país que le enseña a sus niños rituales mágicos en lugar de método científico no está educando: está domesticando.
En ese tenor, preocupa que, el gobierno de Michoacán entregó chips de internet a jóvenes estudiantes, pero, apenas la mitad se registró para usarlos. Un chip sin contexto, sin capacitación, sin equipos adecuados en el aula y sin una visión pedagógica detrás, es solo plástico con señal.
Peor aún: la solución tecnológica mal aplicada se convierte en parte del problema. El celular con internet, sin guía, deriva en redes sociales, en algoritmos que entretienen y no forman, en inteligencia artificial que «piensa por el alumno» y le atrofia la capacidad de articular argumentos propios. La ciencia cognitiva lo confirma: el uso excesivo de pantallas sin mediación pedagógica daña el desarrollo del lóbulo frontal. Estamos prestándole a nuestros hijos una herramienta que los hace más dependientes, no más inteligentes.
La tecnología debe entrar al aula, no al bolsillo. Computadoras con finalidades pedagógicas, proyectores y conectividad de alta velocidad gestionada por docentes en condiciones dignas son factores insustituibles de una debida política educativa tecnológica. El populismo clientelar tecnológico no debe tener cabida en las escuelas.
Lo que ocurre en algunas escuelas normales de Michoacán no puede seguir siendo descrito con eufemismos. En Tiripetío, normalistas han protagonizado secuestros de vehículos y actos de extorsión a transportistas. Estas son conductas delictivas y el Estado los tolera porque ha decidido no hacerlo. ¿Qué les enseñamos a los niños michoacanos cuando sus maestros provienen de escuelas donde la ley es opcional? La recuperación de la rectoría sobre las normales es una obligación del Estado democrático. Las escuelas normales deben producir maestros ejemplares, no ciudadanos que aprendieron que la fuerza sustituye al argumento.
Más aún, el paro nacional de la CNTE de 72 horas tuvo una fecha que lo dijo todo: se convocó justo una semana antes de Semana Santa, en una semana corta, de fin de semana largo, después de cobrarse la quincena, en el umbral del Mundial de Fútbol 2026 y en el horizonte de las elecciones de 2027. Hay demasiado cálculo político en la sincronicidad de este paro que afectó gravemente a Michoacán y al menos a otros 8 estados del país.
Reconozcamos que muchos maestros tienen razones legítimas para exigir diálogo: el gobierno federal los ha ignorado, los ha reducido a instrumentos de propaganda y los ha enfrentado con reformas que no les preguntaron. Su precarización y los intentos de darles trato de clientela son indignos e infamantes. Esas quejas merecen ser escuchadas y resueltas. Pero el aula no puede ser el campo de batalla. Los días de clase no pueden ser moneda de cambio. Los niños que llegan a vacaciones de Semana Santa cargando semanas de rezago son un daño colateral inaceptable, el cual ningún reclamo sindical justifica. El derecho a buscar mejores condiciones laborales es legítimo, pero, usarlo contra los niños que deberían de atender durante ciclos escolares completos no lo es en absoluto.
El gobierno federal debe de revertir la reducción de materias en bachillerato. Ninguna reforma curricular puede hacerse sin consulta real con padres, docentes y especialistas. La simplificación disfrazada de inclusión es un fraude pedagógico. Así también, se debe de aumentar el presupuesto educativo al 8% del PIB. El 4.3% actual lacera los derechos de las generaciones que construirán el país del mañana. También, se deben de reincorporar evaluaciones diagnósticas de ingreso, para conocer la realidad y atenderla. Cerrar los ojos no cura la enfermedad.
Es imperativo romper el mito de que los libros de texto gratuitos están escritos en piedra. Es necesario revisar y corregir los materiales educativos con base cero, para lo cual se debe de crear una mesa permanente, con amplia participación de padres de familia, maestros y científico, la cual revise anualmente los contenidos y elimine errores, imprecisiones y pensamiento mágico de los materiales oficiales.
El Gobierno de Michoacán debe de recuperar la rectoría plena de las escuelas normales, con diálogo efectivo, con sanciones reales y sin complicidad. Un Estado que tolera el delito en sus propias aulas ha perdido su razón de ser, así como resulta innecesario sostener un sistema educativo. También, debe de transformar la política de chips en una estrategia real de aula. Equipar planteles con computadoras, proyectores y conectividad gestionada pedagógicamente. El internet en el bolsillo sin orientación es distracción, no educación.
Y, en esta primavera magisterial tan programada, no olvidamos que se declaró por parte de la SEE que “no habrá sanciones” para quienes abandonaron las aulas porque “es un derecho laboral” manifestarse fuera del centro de trabajo, es menester que las autoridades demuestren que estos días dialogaron y acordaron con los representantes de la CNTE y, a la vez, que han tomado medidas pertinentes y conforme a derecho para proteger a las niñas, niños y jóvenes de las consecuencias del conflicto, comenzando por la pérdida de clases y por haberse declarado tres días de caos en donde cualquier trabajador de la educación puede abandonar sus responsabilidades sin consecuencia alguna, porque la propia autoridad le otorga ese dudoso “derecho”. Sí, el diálogo es urgente. Pero los días de clase son innegociables. Michoacán no puede seguir siendo rehén de la política sindical cada vez que se acercan elecciones.
Finalmente, para la sociedad michoacana, es imperativo participar, exigir y no normalizar. Hay que asistir a las reuniones de padres de familia y a los consejos escolares. Revisar los libros de texto de sus hijos es una labor cotidiana que debemos de realizar, así como documentar y denunciar lo que ocurre en las aulas cuando afecte al interés superior de nuestros hijos. La movilización ciudadana es hoy el único antídoto contra el empobrecimiento intelectual organizado.
¿A quién le conviene que los hijos de Michoacán no puedan competir con el mundo? Porque alguien, claramente, se está beneficiando de su ignorancia. Y ese alguien no somos nosotros. Hacer política educativa es hacer distinción entre amigo y enemigo. Mientras el rezago educativo, la ambición y los intereses sectarios en torno al sistema educativo no sean declarados adversarios, está claro que la niñez no es amiga de las autoridades educativas.
Por ello, no olvidemos que, ya está la efervescencia rumbo al proceso electoral 2027: Si tu aspirante o candidato no sabe o no supo cambiar la educación, cambia de candidato, para que quien llegue, sí sepa marcar la diferencia entre ignorancia y educación. Merecemos un gobierno educador.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
