Hay documentos de política pública que se escriben para cumplirse y otros que se escriben para archivarse. El Programa Sectorial de Educación «Educar es Tarea de Todos», publicado en el Periódico Oficial el 8 de abril de 2024, con dos años y medio de retraso, prometió cinco objetivos, 26 estrategias, 101 líneas de acción y una cartera de 378 programas. Hoy, con el 71 por ciento de su plazo consumido y a doce meses de que concluya la administración, es posible hacer lo que el propio Programa dijo que se haría: medir. Y lo primero que aparece al medir es que el instrumento nació con fallas de diseño que explican buena parte de lo que hoy el gobierno no puede demostrar.

La primera es aritmética y está impresa en el Periódico Oficial. El Programa se comprometió a reducir tres puntos porcentuales el abandono escolar en cada nivel. En primaria, la línea base que el propio documento fija es de 2.0 por ciento. Restar tres puntos a dos produce una tasa negativa. Es una meta imposible, firmada y publicada, que hasta donde se sabe no se ha corregido públicamente en dos años y medio. No es un detalle técnico: es la evidencia de que nadie revisó el instrumento con el rigor con que se le exigía a la sociedad que confiara en él.

La segunda inconsistencia es de ambición. La meta de escolaridad promedio fue de 9.0 años para 2027, apenas cuatro décimas más que los 8.6 de 2020. La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI midió 9.2. La meta se superó con dos años de anticipación, y eso es justamente lo que debería preocupar: una meta que se cumple sin esfuerzo no mide transformación. Michoacán sigue siendo el cuarto estado con menor escolaridad del país y la distancia con la media nacional es de 1.1 años, exactamente la misma que en 2020, cuando eran 9.7 contra 8.6. Avanzamos al mismo paso que el país y, por lo tanto, no alcanzamos a nadie.

La tercera es de método. Ninguna de las 101 líneas de acción trae una meta cuantitativa, un responsable único, un calendario o un presupuesto asociado. Sin embargo, la introducción del propio Programa sentencia que las acciones que no puedan sustentarse con evidencias e indicadores no tendrán cabida en una administración orientada a la honestidad y el trabajo. El documento se aplicó a sí mismo una exención que negó a los demás. Un programa sin presupuesto por estrategia no se puede incumplir, y por lo mismo tampoco se puede exigir.

La cuarta es la más grave: ni un solo indicador mide aprendizaje. El Programa mide acceso, escolaridad, abandono, nómina y servicios, pero no mide si las niñas, niños y jóvenes leen, calculan y razonan mejor que hace cinco años. Un programa educativo que no se obliga a medir lo que se aprende puede presumir cobertura y orden administrativo, pero no puede decir que educó. Y el vacío no es solo del papel: a la fecha no existe una evaluación estatal censal de aprendizajes que el público pueda consultar.

A estas fallas se suman las de coherencia interna. El Programa se publicó cuando ya habían transcurrido 30 de los 72 meses de la administración, es decir, el 42 por ciento del sexenio; y en el capítulo de alineación habla de cinco estrategias y 46 líneas de acción, mientras que el cuerpo del texto contiene 26 estrategias y 101 líneas. Un documento rector que no coincide consigo mismo transmite improvisación.

Hay que reconocer lo que sí se hizo, porque la crítica seria empieza por ahí. Se saldaron los adeudos heredados con el magisterio, que sumaban 4 mil 958 millones de pesos entre quincenas, bonos y nómina, gracias al apoyo federal. La nómina se paga con puntualidad. La Secretaría puso en línea más de veinte trámites. El ingreso a las escuelas normales se ordenó con un examen único. Todo eso es real y verificable. Pero es gestión, no resultado educativo. El orden administrativo es el piso, no el techo, de una política educativa.

Y aun en lo administrativo hay una promesa sin cumplir. El Programa se propuso federalizar la nómina educativa. Lo que existe es una dependencia financiera recurrente: la Auditoría Superior de la Federación documenta que el programa U080 aportó 3 mil 787 millones de pesos en 2022, 4 mil 194 en 2023 y 4 mil 581 en 2024, más de 12 mil 500 millones en tres años; y el análisis de las finanzas estatales habla de más de 4 mil 500 millones anuales en convenios. Cada año, el pago al magisterio depende de que la Federación vuelva a firmar. Eso no es federalizar: es prorrogar y politizar el riesgo.

Las consecuencias están en los números que sí se pueden verificar sin matices. La matrícula pasó de un millón 267 mil 647 alumnos en el ciclo 2023-2024 a un millón 240 mil 227 en 2025-2026: veintisiete mil 420 estudiantes menos. Entre 2022-2023 y 2024-2025, preescolar perdió 13 mil 144 alumnos y primaria 22 mil 534. En el mismo lapso la plantilla docente pasó de 84 mil 558 a 83 mil 493 maestros, mil 65 menos, mientras el número de escuelas creció en 274. Hay más planteles, menos estudiantes y menos docentes: la fotografía de un sistema que se encoge sin que nadie lo haya decidido.

El abandono confirma la tendencia. En el ciclo 2023-2024, según la SEP, la secundaria michoacana perdió a 7.3 de cada cien alumnos, casi el doble de la tasa nacional de 3.7; la primaria, a 2.2, frente a 0.6 del país. Es una pérdida que comienza en edades donde la escuela debería ser lo más difícil de abandonar. Y el rezago educativo, aun con la reducción que el gobierno presume y que es real, sigue afectando a uno de cada cuatro michoacanos, alrededor de un millón 270 mil personas. Presumir un primer lugar en velocidad de reducción no cambia que se parte de los últimos lugares en nivel.

A ello se suman las condiciones que el Programa no incorporó como riesgo. El 9 de junio de 2026 había 694 escuelas michoacanas en paro, el 6.5 por ciento del total. En Tierra Caliente se han suspendido clases por enfrentamientos y escuelas de Apatzingán han llegado a usarse como bases militares. Un programa educativo en Michoacán que no contempla continuidad escolar frente a la violencia ni a los paros está planeando para un estado que no existe.

Hay promesas que simplemente no dejaron rastro. El Programa ofreció un Pacto por la Educación en Michoacán entre autoridades, sociedad civil y comunidades educativas. No hay convocatoria, texto, firmantes ni seguimiento públicos. Ofreció un Gabinete Educativo para dar seguimiento a los indicadores y un sistema de contraloría social con participación de madres y padres: tampoco hay evidencia. Y en la infraestructura, el único indicador comprometido no se ha actualizado desde la línea base de 2021, cuando apenas 22 de cada cien escuelas tenían adaptaciones para personas con discapacidad y 10 de cada cien contaban con internet. Mientras tanto, la inversión se cuenta con dos cifras que no se reconcilian: 2 mil 400 millones según la propia Secretaría y más de 4 mil según otras versiones.

¿Qué se debió hacer? Lo primero era elemental: medir el aprendizaje. Una evaluación censal de lectura y matemáticas con línea base en el primer ciclo habría dado al Programa una brújula y a la sociedad una vara. Lo segundo era presupuestar: asignar a cada estrategia un monto, un responsable y un calendario, como el propio Programa exigía. Lo tercero era blindar la nómina con un convenio plurianual con la Federación, en lugar de renovar cada año una negociación que se anuncia como éxito y se vive como incertidumbre. Lo cuarto era convocar el Pacto, con la sociedad civil sentada desde el inicio y no como espectadora. Lo quinto era buscar a los estudiantes que se perdían, con padrones, becas y seguimiento por escuela, en vez de esperar a que las estadísticas anuales confirmaran la fuga. Y lo sexto era transparentar las plazas: hay normalistas egresados esperando asignación mientras la plantilla se reduce, una contradicción que ningún comunicado explica.

Nada de esto exigía un presupuesto extraordinario. Exigía rigor, voluntad de rendir cuentas y la humildad de aceptar que una escuela con pagos puntuales y trámites digitales sigue siendo una escuela donde los niños pueden no aprender. El gobierno ordenó la casa; no la llenó de aprendizaje.

Queda un año. Es poco, pero lo que se haga en ese lapso definirá si el Programa se recuerda como un plan o como un archivo. Por eso conviene dirigir cinco demandas concretas:

1. Al gobernador y a la Secretaría de Educación: publicar una adenda al Programa, en el Periódico Oficial, que corrija las metas imposibles, incorpore indicadores de aprendizaje y asigne responsables y presupuesto a las estrategias restantes.
2. Al Congreso del Estado: Solicitar información sobre el cumplimiento del Programa y condicionar el presupuesto 2027 a metas educativas verificables.
3. A la Auditoría Superior de la Federación y a la local: practicar una auditoría de desempeño al Programa y dar seguimiento público a las observaciones sobre los fondos que pagan la nómina.
4. A la Secretaría de Educación Pública, al INEGI y a las universidades: publicar datos estatales desagregados y apoyar una evaluación de aprendizajes en Michoacán.
5. A la sociedad civil, a las madres y padres y al magisterio: exigir información por escuela, vigilar obras y becas, y sentarse a la mesa del Pacto por la Educación cuando se convoque, que es el único tablero que no depende de ningún comunicado.

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