Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité Técnico de Producción y Productividad Forestal se presentaron un análisis del ciclo de corta 2016-2026 y la estrategia nacional para el periodo 2026-2030
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) presentó la Estrategia de Incremento a la Producción y Productividad Forestal Maderable 2026-2030 durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité Técnico de Producción y Productividad Forestal, realizada en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia.
Durante la sesión se analizaron las tendencias del aprovechamiento forestal en Michoacán, los cambios registrados en la superficie sujeta a manejo y las acciones necesarias para fortalecer el aprovechamiento legal y sustentable de los recursos forestales maderables.
En la primera parte de la reunión, el ingeniero Mario Delgado Alcántar, jefe del Departamento de Manejo Forestal de la Comisión Forestal del Estado (COFOM), presentó un análisis de los aprovechamientos forestales correspondientes al ciclo de corta 2016-2026, con base en registros históricos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El análisis identificó una tendencia descendente en el aprovechamiento forestal, asociada, entre otros factores, a los cambios de uso de suelo y a dificultades relacionadas con la documentación legal de ejidos y comunidades, particularmente en lo referente a sus carpetas básicas.
Ante este panorama, se planteó fortalecer la coordinación entre las dependencias federales y estatales, con la participación del Registro Agrario Nacional (RAN), a fin de atender las dificultades documentales que limitan la incorporación de núcleos agrarios al manejo forestal y generar condiciones para recuperar su participación en esta actividad productiva.
Posteriormente, el ingeniero Víctor Manuel Quiñónez Arroyo, titular de la Oficina de Representación Estatal de la CONAFOR en Michoacán, presentó la estrategia 2026-2030, en la que expuso el comportamiento histórico de la producción forestal maderable en la entidad.
De acuerdo con la información presentada, durante el periodo 2000-2010 la superficie con autorizaciones vigentes de programas de manejo forestal sustentable se situó, en promedio, por encima de las 450 mil hectáreas, mientras que el volumen autorizado y extraído legalmente fluctuó alrededor de los 970 mil metros cúbicos rollo anuales. En ese periodo, Michoacán se ubicó históricamente como el tercer productor forestal maderable del país, después de Durango y Chihuahua.
Para el periodo 2011-2020, la superficie promedio bajo manejo forestal disminuyó a aproximadamente 180 mil hectáreas y el volumen de extracción legal se situó en alrededor de 480 mil metros cúbicos rollo anuales. Entre los factores señalados se encuentra la dinámica de cambio de uso de suelo vinculada con la expansión de huertas de aguacate.
En el periodo 2021-2025, la superficie bajo manejo se ubicó en alrededor de 150 mil hectáreas, mientras que el volumen de aprovechamiento se situó en aproximadamente 450 mil metros cúbicos rollo anuales.
Con base en estas cifras, durante la presentación se estimó una reducción cercana a las 300 mil hectáreas respecto de la superficie registrada en el periodo 2000-2010. Se señaló que esta diferencia podría relacionarse con cambios de uso de suelo y con áreas que ya no reúnen las condiciones de productividad para su aprovechamiento; por ello, su cuantificación requiere considerar los registros y las condiciones específicas de cada predio.
Como parte de las propuestas para revertir la tendencia y fortalecer la actividad forestal, la CONAFOR planteó promover la incorporación de nuevas áreas al manejo forestal sustentable en la región suroccidental de Michoacán, la Meseta Purépecha y la cuenca del lago de Pátzcuaro.
Asimismo, se propuso impulsar la renovación de 634 programas de manejo forestal maderable cuyo vencimiento está previsto entre 2026 y 2030, así como revisar las posibilidades de atención de solicitudes que no obtuvieron autorización. También se destacó la importancia de fomentar las plantaciones forestales comerciales y apoyar las prácticas silvícolas en predios con producción maderable, incluidas las plantaciones con más de diez años que requieren aclareos.
La estrategia contempla, además, fortalecer la capacitación de asesores técnicos y núcleos agrarios, promover métodos intensivos de manejo forestal cuando las condiciones lo permitan e impulsar la inscripción como plantaciones forestales comerciales de aquellas reforestaciones que hayan sido establecidas con fines productivos y cumplan los requisitos aplicables.
Otra de las propuestas consiste en aprovechar la experiencia de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro como instancia de extensión forestal en la Meseta Purépecha, así como promover la formación de equipos técnicos comunitarios que contribuyan a la capacitación y difusión de mejores prácticas de manejo en ejidos y comunidades.
En el caso de las comunidades indígenas, también se planteó revisar los requisitos de documentación legal aplicables a la autorización de programas de manejo forestal, con el propósito de identificar alternativas dentro del marco normativo vigente que faciliten su incorporación a esta actividad.
Durante su intervención, Quiñónez Arroyo subrayó la importancia de sumar a la iniciativa privada, los asesores técnicos y las instituciones de los distintos órdenes de gobierno. Asimismo, propuso desarrollar programas piloto de manejo forestal en microcuencas, que permitan evaluar acciones integrales y generar experiencias susceptibles de replicarse en otras regiones.
La coordinación entre la CONAFOR, la SEMARNAT, la COFOM, la Procuraduría Agraria, el RAN y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) fue identificada como un componente indispensable para avanzar en la estrategia, junto con la participación de otros actores y la posible incorporación de apoyos estatales.
Con estas propuestas, el Comité Técnico de Producción y Productividad Forestal busca contribuir al fortalecimiento del manejo forestal sustentable, la producción maderable legal y las capacidades productivas de ejidos y comunidades, mediante acciones coordinadas que permitan aprovechar de manera responsable los recursos forestales de Michoacán.
Ante este escenario, integrantes del sector gallero manifestaron su preocupación por las posibles repercusiones legales, económicas y sociales que implicaría la aprobación de dicha reforma, particularmente para las familias que dependen de esta actividad.
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