Han transcurrido tres años, cinco meses y una semana de gestión gubernamental de la actual administración pública estatal y, con el respeto que todos ustedes merecen, debo expresar una preocupación compartida por madres, padres, docentes y comunidades enteras: los avances en materia educativa en nuestro estado no reflejan la urgencia de nuestra realidad. Los resultados no nos favorecen.

Michoacán, tierra de historia y cultura, cuna de grandes pensadores y revolucionarios no puede conformarse con las estadísticas que hoy nos colocan entre los estados con mayores índices de rezago educativo. No podemos seguir siendo espectadores del devenir de una generación de jóvenes cuyas oportunidades se desvanecen ante la ausencia de acciones contundentes  y ante la presencia de discursos sin soporte en evidencia, que solo exacerban el marasmo y hacen campear la confusión y el caos entre la ciudadanía, induciéndoles a creer que se cursan ciclos escolares completos, que se invierte en todos los planteles de Michoacán, que no faltan maestros, que hay un excelente clima laboral y que no hay paros ni movilizaciones magisteriales.

Cada día que un niño asiste a una escuela sin maestros, cada comunidad que sigue desconectada digitalmente, cada edificio escolar que se deteriora sin mantenimiento y cada irregularidad administrativa que queda impune representan una promesa rota con el futuro de Michoacán.

La educación es el más poderoso motor de cambio social y movilidad económica que existe. Sin embargo, este motor se encuentra averiado en nuestro estado. Las cifras nos hablan de analfabetismo, rezago educativo, tasa bruta de matriculación y abandono escolar sumamente alarmantes, de resultados en pruebas estandarizadas por debajo del promedio nacional, de infraestructura obsoleta o inexistente, así como de la presencia de una inmensa brecha digital que perpetúa las desigualdades históricas entre regiones.

Esta situación no es producto del azar ni de circunstancias inevitables; es el resultado de décadas de decisiones postergadas, de recursos mal administrados, de prioridades equivocadas y, en muchos casos, de la prevalencia de intereses particulares sobre el bien común educativo.

Mientras en otros estados y regiones del país avanzan hacia modelos educativos adaptados al siglo XXI, en Michoacán seguimos debatiendo cuestiones básicas como garantizar que haya un maestro en cada aula o que todos los niños tengan acceso a internet para sus tareas escolares. Festinamos que gran parte de los maestros cobran sus quincenas y que la mayoría de los días de clases sí abren sus puertas muchas de las escuelas.

Conocemos los problemas. Los diagnósticos abundan en informes y estudios. Lo que escasea son las soluciones efectivas y el compromiso inquebrantable para implementarlas. Por eso, es trascendente colocar al centro el garantismo de los derechos a estar, a aprender y a participar de las niñas, niños y jóvenes en la educación michoacana, de tal manera que se transformen la indignación en acción y la crítica en construcción.

Para tales efectos, deben darse pasos firmes en pro de cimentar el sistema educativo estatal en principios fundamentales que requieren de liderazgo y valentía, como la transparencia y rendición de cuentas, que son basamento de la confianza. La transparencia no es una concesión, es un derecho ciudadano.

Es menester realizar cuanto antes la publicación detallada y accesible de la distribución, ejercicio y comprobación del presupuesto educativo, para que, en materia de infraestructura, equipamiento, conectividad, apoyos sociales y pago de nómina existan las documentales públicas que verifiquen el debido ejercicio del gasto, demostrándose que se devenga cada centavo destinado primigeniamente a la educación de los hijos de los michoacanos. Paralelamente, es importante realizar auditorías independientes y periódicas a los programas educativos con resultados de acceso público, a la par que existan mecanismos claros para que la ciudadanía pueda reportar irregularidades y dar seguimiento a sus denuncias, así como una evaluación regular y transparente del desempeño de funcionarios educativos.

La ciudadanía michoacana tiene derecho a saber cómo y en qué se invierten los recursos destinados a la educación de sus hijos. La opacidad solo genera desconfianza y perpetúa la corrupción.

Debemos avanzar hacia un sistema donde los padres de familia puedan verificar en línea el ejercicio de cada peso destinado a la educación. Donde las comunidades escolares participen activamente en la toma de decisiones sobre los recursos asignados a sus planteles. Donde los contratos de obra y adquisiciones sean públicos, con licitaciones abiertas y criterios objetivos.

La rendición de cuentas no debe ser un evento anual de informes estadísticos, sino una práctica cotidiana que empodere a las comunidades y genere confianza en las instituciones.

La corrupción en el sector educativo no es solo un delito administrativo; es un robo directo al futuro de nuestros niños y jóvenes. Por ello, debemos de implementar sistemas digitales de control y seguimiento para la asignación de plazas docentes que eliminen la discrecionalidad; así también, crear una fiscalía especializada en delitos contra el sistema educativo con autonomía real, establecer sanciones ejemplares para quienes trafiquen con plazas o desvíen recursos educativos, proteger a denunciantes e informadores del sistema educativo y crear la figura del ombudsman educativo.

No podemos hablar de una mejora educativa mientras los recursos se desvían y las oportunidades se comercializan. La venta de plazas, el ausentismo de personal justificado mediante corrupción, el desvío de recursos de programas sociales educativos y la asignación discrecional de contratos de obra, compras al mayoreo y servicios son prácticas que deben terminar ya. Es necesario establecer un compromiso público con la política de cero tolerancia a la corrupción educativa, donde los funcionarios sean los primeros en someterse a escrutinio y donde ningún actor, por poderoso que sea, ni pretérito ni presente esté exento del peso de la ley cuando atente contra el derecho educativo de nuestros niños. Se puede establecer oficiosamente todo lo anteriormente mencionado, o acaso, ¿se necesita una Operación Enjambre en el sector educativo también?

Paralelamente, ¿cómo podemos hablar de calidad o excelencia educativas cuando miles de estudiantes michoacanos toman clases en condiciones indignas? Necesitamos un programa emergente de rehabilitación y construcción de infraestructura escolar con prioridad en zonas marginadas, equipamiento tecnológico básico para todas las escuelas, sin excepción, mantenimiento preventivo y correctivo permanente con participación comunitaria, espacios educativos seguros, inclusivos y adaptados a las necesidades pedagógicas actuales.

Una escuela digna no es un lujo, es la manifestación física del valor que damos a la educación. Es inaceptable que sigamos teniendo escuelas con techos de lámina que se convierten en hornos durante el calor, aulas improvisadas en espacios inadecuados, baños en condiciones insalubres o simplemente inexistentes, y patios escolares que se transforman en lodazales con la primera lluvia.

La dignificación de los espacios educativos debe incluir: garantía de servicios básicos, como agua potable, electricidad, sanitarios dignos y drenaje en el cien por ciento de las escuelas. Así también, debe de haber accesibilidad universal para estudiantes con discapacidad, espacios deportivos y recreativos adecuados y contarse con laboratorios y bibliotecas funcionales.

Simultáneamente, la brecha digital en Michoacán no es solo tecnológica, es una brecha de oportunidades que perpetúa la desigualdad. Urge que se consolide un programa que dote de conectividad a internet de banda ancha para el cien por ciento de las escuelas en los próximos dos años, programas de alfabetización digital para estudiantes, docentes y familias, incorporación responsable de la inteligencia artificial como herramienta pedagógica y la creación de laboratorios de innovación educativa en cada región del estado.

Nuestros estudiantes compiten en un mundo globalizado y digital. Negarles estas herramientas es condenarlos a la marginación en la economía del conocimiento.

La conectividad debe concebirse como un servicio educativo básico, tan esencial como los libros de texto. En pleno siglo XXI, un estudiante sin acceso a internet es un estudiante con oportunidades limitadas de aprendizaje y desarrollo.

La inteligencia artificial está transformando todos los sectores de la sociedad, incluida la educación. No podemos permitir que nuestros estudiantes y docentes queden al margen de esta revolución tecnológica. Necesitamos programas formativos que preparen a la comunidad educativa para aprovechar estas herramientas de manera ética y eficiente, cerrando brechas en lugar de ampliarlas.

Partiendo del hecho axiomático de que cada día sin clases es un día perdido para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, resulta inaceptable que a estas alturas existan escuelas sin maestros durante semanas o meses. Es momento de aplicar medidas como un sistema eficiente de sustituciones docentes con respuesta en menos de 72 horas, incentivos para maestros que acepten plazas en zonas de difícil acceso, cumplimiento irrestricto del calendario escolar con mecanismos de verificación ciudadana y formación continua pertinente para todos los docentes del estado.

Las comunidades más apartadas son precisamente las que más sufren la ausencia de maestros. Debemos implementar un programa estatal que garantice la presencia docente en todas las regiones, con incentivos reales para quienes acepten el reto de enseñar en zonas remotas o de alta marginación.

La profesionalización docente debe ser una prioridad estratégica. Un sistema educativo de excelencia requiere maestros actualizados, motivados y con las herramientas necesarias para enfrentar los retos pedagógicos contemporáneos. La formación continua debe responder a necesidades reales del aula, no a modas pedagógicas pasajeras o requisitos burocráticos sin impacto.

Los apoyos sociales no deben ser etiquetados, ni por el régimen ni por la oposición como asistencialismo, sino como dotar de condiciones básicas para el aprendizaje. Se requiere un programa universal de alimentación escolar con productos locales y nutritivos; la distribución oportuna y transparente de útiles, uniformes y calzado escolar; becas focalizadas con mucha precisión para prevenir el abandono escolar, así como atención integral a la salud física y emocional de los estudiantes. Un niño con hambre o sin los materiales básicos no puede aprender en igualdad de condiciones.

Los programas de apoyo social educativo deben concebirse como inversiones en el capital humano del estado, no como gastos. La evidencia científica es contundente: cada peso invertido en nutrición escolar, en útiles básicos o en prevención del abandono genera retornos multiplicados en términos de desarrollo económico y social.

Es fundamental que estos apoyos lleguen de manera oportuna, antes del inicio del ciclo escolar, y que su distribución sea completamente transparente, con padrones públicos y mecanismos de verificación comunitaria.

Todas las acciones anteriores deben converger en un objetivo central: mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para ello, necesitamos evaluaciones diagnósticas periódicas que identifiquen áreas de oportunidad, programas de nivelación académica para estudiantes con rezago, fortalecimiento de las habilidades fundamentales: lectura, matemáticas y pensamiento científico. El verdadero indicador del éxito de nuestra política educativa no será el número de escuelas construidas o de computadoras entregadas, sino cuánto y qué tan bien aprenden nuestros estudiantes.

Redoblar la acción a través de las medidas anteriormente citadas infundirá esperanza, la cual se multiplicará en el ejercicio de los cargos educativos con la dignidad, el enfoque y el compromiso que merecen nuestros niños y jóvenes, para que los funcionarios al final de sus gestiones puedan mirar a los ojos de cualquier estudiante michoacano y decir con orgullo: «hice todo lo que estaba en mis manos para garantizar tu derecho a una educación digna».

El futuro de Michoacán está en sus aulas, y el presente de ese futuro llama a la acción. La historia nos observa. Las generaciones futuras nos juzgarán. Es momento de actuar ahora con la urgencia y el compromiso que este momento histórico demanda.
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