Un análisis crítico sobre los factores de integralidad para la construcción de paz y justicia
«La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.»
— Rigoberta Menchú
El asesinato de Carlos Manzo descorrió el velo sobre una realidad lacerante: en 2024, México se ubicó como el país sin guerra regular más peligroso y violento del mundo. En este contexto, Michoacán representa uno de los epicentros de una crisis humanitaria que lleva décadas gestándose.
La respuesta federal: control de daños y gestión de crisis
La presidenta Sheinbaum anunció el «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia», basado en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. El plan contempla el fortalecimiento de fuerzas federales, programas sociales dirigidos a jóvenes y familias, y su segunda capa será presentada oficialmente este domingo 8 de noviembre.
Este anuncio surge en un contexto de control de daños presidencial. Primero hubo negación e insensibilidad, luego victimización ante la crítica, y finalmente el reconocimiento de que algo debía hacerse. Sin embargo, la forma y los tiempos del proceso exponen vulnerabilidades estructurales que deben atenderse con honestidad.
El problema fundante: verticalismo sin legitimidad
El Plan Michoacán nace desde la Presidencia de la República, pero se promete construir «desde abajo». Esta contradicción fundamental genera una interrogante inescapable: ¿cómo legitimar lo que surge verticalmente cuando se promete horizontalidad? Un plan de desarrollo debe emanar de procesos participativos genuinos, no de consultas apresuradas que funcionan más como validación cosmética que como construcción colectiva. La legitimidad no se decreta; se construye con tiempo, escucha activa y redistribución real del poder de decisión.
Si bien el reconocimiento de que se necesita un plan específico para Michoacán evidencia que el gobierno federal acepta la especificidad y gravedad del problema, el diseño vertical contradice el discurso participativo y replica patrones de imposición que históricamente han fracasado en el estado.
Imprecisión estructural y velocidad contra profundidad
Las propuestas iniciales incluyen desde mayor presencia de fuerzas armadas hasta centros de alto rendimiento deportivo. Esta mezcla de medidas evidencia dispersión conceptual. La intención de abordar múltiples dimensiones reconoce la complejidad del problema, pero la lluvia de ideas sin priorización ni diagnóstico técnico riguroso genera expectativas difusas y puede diluir recursos en acciones de bajo impacto.
Un plan estratégico de desarrollo requiere diagnóstico participativo, construcción de consensos, diseño técnico, validación ciudadana y arquitectura institucional para su implementación. Todo esto no puede hacerse en una semana. La premura política no debe imponerse sobre la calidad técnica y la participación genuina. La rapidez puede interpretarse como sensibilidad ante la urgencia social, pero los procesos apresurados generan instrumentos endebles, con alto riesgo de convertirse en documentos simbólicos sin capacidad real de transformación.
Exclusiones que debilitan: quiénes faltan en la mesa
Las mesas de trabajo anunciadas invitan a sectores productivos, autoridades tradicionales, comunidades e iglesias. Sin embargo, brillan por su ausencia: académicos especializados en seguridad y desarrollo regional, investigadores con trayectoria en el estado, periodistas que han documentado la crisis, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en paz y justicia, colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos, líderes políticos de oposición, representantes del magisterio y pueblos originarios con voz propia no mediada.
La inclusión de sectores productivos y autoridades tradicionales puede aportar conocimiento territorial valioso, pero la exclusión de voces críticas, académicas y de víctimas reproduce lógicas de cooptación que debilitan la legitimidad y la calidad técnica del instrumento. No hay buzones ciudadanos, plataformas digitales de consulta abierta, metodologías de consulta en comunidades marginadas, ni procesos específicos para pueblos originarios respetando sus formas de organización. Esto no es consulta ciudadana; es, en el mejor de los casos, un sondeo selectivo.
Los irrenunciables técnicos: el vacío metodológico
Hasta ahora, no se han presentado objetivos específicos, metas cuantificables, indicadores de resultado e impacto, estrategias diferenciadas por región, líneas de acción priorizadas, matriz de marco lógico, responsables con nombres y cargos, plazos calendarizados, ni mecanismos de rendición de cuentas. Sin estos elementos, no hay plan; hay declaración de intenciones.
El anuncio público compromete al gobierno federal y genera expectativa que puede traducirse en presión por resultados. Sin embargo, la ausencia de arquitectura técnica impide la evaluación, el seguimiento y la exigencia de resultados concretos. Tampoco se ha definido quién dará seguimiento al Plan, cómo se integrará el órgano de seguimiento, qué autonomía tendrá, ni cómo se evitará que sean los mismos actores gubernamentales quienes se autoevalúen.
El problema presupuestal: recursos sin novedad
Hasta el momento, no se ha anunciado un solo peso adicional específico para el Plan Michoacán. La estrategia parece ser reasignar recursos ya etiquetados, creando la ilusión de inversión nueva. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 es deficitario, lo que dificulta la llegada de recursos extraordinarios sin incrementar la deuda pública. La optimización y reorientación de recursos puede generar eficiencias si se hace con criterio técnico, pero sin recursos adicionales significativos, el Plan será una reorganización administrativa con impacto marginal en territorio.
Existen instrumentos federales, estatales y municipales de planeación que no se han articulado con el Plan. No se ha explicado cómo se alineará con estos instrumentos, cómo se evitarán duplicidades, ni cómo se garantizará coherencia normativa y operativa. Un plan específico puede funcionar como articulador transversal de esfuerzos dispersos, pero sin alineación explícita, se corre el riesgo de crear un instrumento paralelo que compita por recursos y genere confusión institucional.
La madre de todas las interrogantes: las causas estructurales
Más allá de los vacíos técnico-políticos señalados, subsiste la pregunta fundante: ¿Cómo resolverá el Plan Michoacán las causas estructurales de la violencia? Hablamos de gobernanza criminal consolidada en decenas de municipios, captura institucional sistemática de policías, fiscalías y gobiernos locales, colonización de sectores económicos como aguacate, limón y transporte, reclutamiento forzado de jóvenes, extorsión, secuestro y cobro de piso generalizados, impunidad rampante con más del 90% de delitos sin resolver, cifra negra delictiva monumental, desplazamiento forzado de comunidades enteras, pobreza multidimensional que afecta a millones, desescolarización y rezago educativo crónico, y abandono institucional histórico.
El plan contempla fortalecimiento de presencia de fuerzas federales, unidades conjuntas enfocadas en homicidios y extorsión, propuesta de Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, sistema de alerta para presidentes municipales, garantía de seguridad social para jornaleros agrícolas, inversión en infraestructura rural, becas para estudiantes, y centros sociales y deportivos. Estas medidas, siendo necesarias, no tocan los núcleos duros.
No hay propuestas para depurar corporaciones policiales, fiscalías o gobiernos locales infiltrados. No se aborda quién se enriquece, cómo operan las cadenas de valor ilícitas, ni qué poderes políticos y económicos las protegen. Michoacán registra feminicidios, desapariciones de mujeres y violencia sexual sistemática, pero el plan no coloca esto como prioridad. La disputa territorial está vinculada a recursos naturales como aguacate, limón, minerales y bosques, pero sin abordar el latifundismo y la devastación ambiental, no hay paz posible. Tampoco hay programas robustos de reparación, memoria histórica, ni garantías de no repetición para las víctimas.
Paz militarizada o construcción de paz
Sheinbaum ha enfatizado que «la seguridad no se sostiene con guerras» ni «se impone con la fuerza», sino que «se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano». Sin embargo, la estrategia operativa sigue siendo: más Guardia Nacional, más operativos militares, más coordinación de fuerzas armadas.
No hay protocolos claros de uso proporcional de la fuerza, mecanismos de supervisión externa ciudadana, rutas efectivas para investigar abusos de agentes estatales, protección robusta a periodistas, defensores y familiares de víctimas, ni estrategia de desmilitarización gradual de la seguridad pública. El cambio discursivo es importante porque reconoce que la «guerra contra el narco» fracasó, pero sin transformación institucional profunda, el resultado será el mismo: seguridad militarizada con retórica de paz.
El Plan Michoacán también guarda silencio sobre el tráfico de armas desde Estados Unidos, los flujos financieros ilícitos transnacionales, la cooperación judicial internacional, la persecución de estructuras criminales más allá de fronteras, y la coordinación con agencias internacionales.
Voces de grupos vulnerados: ¿participación o decoración?
El plan menciona a mujeres, jóvenes, pueblos originarios y víctimas, pero no queda claro si tienen poder de decisión o solo de opinión. No hay agenda específica de cuidados para quienes sostienen la vida en medio de la violencia, ni se reconoce la violencia de género como eje estructural del conflicto. La inclusión simbólica no transforma; solo legitima decisiones tomadas desde arriba.
Hacia una propuesta integradora: el equilibrio necesario
Lo que el Plan debería integrar en lo inmediato incluye protección efectiva a presidentes municipales con evaluaciones de riesgo actualizadas, despliegue coordinado de fuerzas con protocolos transparentes de actuación, fortalecimiento de denuncias anónimas con protección real a testigos, apoyo psicosocial a víctimas y comunidades afectadas, y transparencia total en recursos asignados.
En lo estructural, se requiere depuración institucional con mecanismos ciudadanos de supervisión, estrategia de justicia transicional que incluya verdad, justicia, reparación y no repetición, programas de desarrollo económico alternativo en zonas de alta violencia, reforma integral al sistema de justicia penal estatal, y construcción de paz territorial con metodologías participativas certificadas.
En lo transformador de mediano y largo plazo, debe contemplarse la desmilitarización gradual de la seguridad pública, un modelo de seguridad ciudadana con policías de proximidad, desarrollo regional integral que abarque educación, a fondo; salud y empleo digno, reparación del tejido social mediante cultura de paz, y fortalecimiento de capacidades locales de gobernanza democrática.
No puede ser el gobierno federal solo quien lidere este proceso. Se requiere un Consejo Ciudadano del Plan Michoacán integrado por académicos especializados, organizaciones de sociedad civil, colectivos de víctimas, periodistas, empresarios locales, representantes de pueblos originarios, líderes religiosos y representantes de partidos políticos. Este Consejo debe tener autonomía operativa y presupuestal, representación de todas las regiones michoacanas sin simulación, capacidad vinculante en recomendaciones, acceso a información gubernamental y voz pública sin restricciones.
Aprender de la historia o repetirla
Michoacán ha sido laboratorio de estrategias de seguridad por dos décadas. Todas han fracasado porque no tocan la corrupción estructural, no abordan las causas económicas del reclutamiento criminal, no construyen capacidades institucionales locales, no incluyen genuinamente a la ciudadanía, y no tienen continuidad ni evaluación rigurosa.
El Plan Michoacán puede ser diferente si se construye con humildad reconociendo errores del pasado, se abre a la crítica y la mejora continua, se dota de arquitectura técnica robusta, se financia adecuadamente, y se gobierna democráticamente con participación ciudadana real.
La encrucijada histórica
Este domingo se presentará la «segunda capa» del Plan Michoacán. Será un momento definitorio. La sociedad michoacana, dolida e indignada, pero también digna y resistente, estará atenta. La pregunta no es si el plan será perfecto; ningún instrumento lo es. La pregunta es: ¿será un ejercicio genuino de transformación o una operación política de control de daños?
Carlos Manzo alzó la voz cuando nadie lo hacía. Pagó con su vida. Su memoria exige que este Plan no sea un documento más en el archivo de las buenas intenciones. La seguridad es prerrequisito. Con justicia. Para el desarrollo integral.
Michoacán merece paz verdadera, no retórica de paz. Y la paz verdadera se construye con memoria, para no olvidar; con verdad, para no mentir; con justicia, para no tener impunidad; con reparación, para no abandonar; con dignidad, para no humillar; y con democracia, para no imponer.
Estemos atentos. Participemos. Exijamos. Corrijamos. Construyamos.
Sus comentarios son bienvenidos en doctorado@gmail.com
