“Es ejecutivo, premente, que demos a nuestros hijos

una buena educación civil, honrosas y productoras ocupaciones;

que consideremos los destinos públicos como cargos de conciencia

 y de temporal desempeño y no como sinecuras y patrimonios explotables;

que por estrictas economías y justas distribuciones gastemos menos

de lo que ganamos para ir cubriendo nuestras deudas.

Aún es tiempo, pero es acaso la última de las oportunidades  

de que México se salve. No se necesita más que  justicia plena

y policía alta y baja.”

Melchor Ocampo (1814 -1861)

Discurso del 16 de septiembre de 1858.

El epígrafe de esta edición es inmanente, vigente y retador, pero sigue siendo asunto pendiente desde hace 166 años a la fecha en nuestra entidad federativa. Conciencia, educación y destinos públicos, justicia, policía y salvación: Vaya combinación que gravita sobre en quienes residen las responsabilidades públicas en este Michoacán, justamente, de Ocampo.

Los gobiernos tienen nombres y apellidos. Una de las primeras y mejores maneras de darse cuenta de cómo será un gobernante es conocer al equipo de trabajo del que se rodea. Al respecto, es común evitar personalizaciones incómodas, por lo que mucho se habla de las atribuciones olvidadas, de los actos fallidos de autoridad, de la normativa violentada o inaplicable, de los presupuestos mal ejercidos, de la corrupción, de la indiferencia, de la simulación y de la vinculación con grupos fácticos, hasta con la misma delincuencia organizada, pero poco de quienes las realizan y mucho menos se cuestiona cómo es que ostentan un cargo público.

Todo lo anterior no son contradicciones institucionales per se, sino que nacen de la actividad de los seres humanos, con sus fortalezas y debilidades de carácter. Sí, son los perfiles, de quienes asumen un cargo y lo convierten en caja de resonancia de su verdadera esencia, convirtiéndose el poder en activador de los resortes que antes se contenían y autorregulaban, para develarse.

Sí, son las personas, quienes toman las decisiones que hacen a las niñeces y juventudes crecer, aprender y transformarse o, todo lo contrario.

Sí, es su formación académica, traducida como el cuidado y esmero que tuvieron los funcionarios en prepararse para algún día servir a su patria o el ignaro desdén que desde el provenir de una cuna de oro y recibir desde el nacimiento muchos privilegios transmiten al gobernar.

Sí, es su experiencia profesional, en donde quienes sí eligieron retos acordes a un plan de carrera, para el cual se forjarían paso a paso; en contraste con quienes simplemente aceptan los cargos para sobrevivir, medrar y enriquecerse, como muchas veces pasa en áreas clave.

En Mexicanos Primero monitoreamos a las personas titulares de las responsabilidades educativas estatales; desde www.mexicanosprimero.org/monito visibilizamos quiénes son secretarios y, en su caso directores de los sistemas educativos subnacionales, en donde revisamos su experiencia, su perfil y el seguimiento que le brindan a sus planes estatales de desarrollo, así como a sus respectivos programas sectoriales educativos.

Por supuesto, la responsabilidad de asegurar los derechos de las niñas, niños y jóvenes no se circunscribe a una sola persona. No somos omisos con voltear a ver los equipos de trabajo, ni tampoco solamente situamos la mirada en las dependencias educativas, sino que observamos y monitoreamos, quizás con menos sistematicidad, pero con el mismo interés a los responsables de las políticas públicas que hacen intersección con los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes.

Hay dependencias a nivel estatal y municipal como el Sistema DIF, el SIPINNA en donde residen atribuciones muy importantes para la vivencia plena de las garantías individuales de las generaciones en formación. Ahí también es sumamente importante cuidar el perfil de quienes ostentan la titularidad de esos espacios, así como de sus respectivos equipos de trabajo.

Sería un error asumir esta entrega en el terreno de lo personal. No es así: pero las personas hacen funcionar o hundirse a las dependencias.  Por supuesto, esto implica romper códigos políticos anacrónicos, en donde las personas que ocupan cargos se convierten en incondicionales del primer mandatario en turno y, por ende, en extensiones suyas, razón por la cual, si se coloca a uno bajo la lupa, se increpa e interpela la decisión tomada por la máxima autoridad en la materia. Razonamiento, por demás, falaz y egotista.

En fechas recientes, en Michoacán fuimos testigos como en una dependencia clave para la infancia y la juventud, así como sus familias, se rompió la legalidad, el estado de derecho y se colocó con calzador a una persona con un perfil dudoso al frente de una muy importante y grave responsabilidad.

Sí, es importante que el poder legislativo sea garante de la normatividad, para que sean las personas quienes se adecúen a los perfiles deseables y no al revés, como fue lamentablemente el caso, cuando un grupo de legisladores se prestaron a modificar la normatividad aplicable en la materia para permitir que se nombrara a una persona como titular en una dependencia donde simplemente no cumplía con la edad mínima. Aunado a lo anterior, el perfil académico expresado en la semblanza curricular no guarda relación con las atribuciones de la dependencia que ahora está a su cargo.

El primer acto de corrupción que puede perpetrar toda persona que busca ocupar un cargo público es aceptar uno para el cual no posee las competencias mínimas necesarias para desempeñarlo dignamente. Que no se olvide.

Varias personas con cargo público, que deciden sobre las niñas, niños y jóvenes han tomado posturas cuestionables que vale la pena reflexionar colectivamente. Primeramente, esta semana falleció Pablo, un niño de 14 años, en Apatzingán, cuando estaba trabajando, cortando limón, por pisar una mina terrestre. De entrada, dónde quedó la política humanista, la mano asistencialista y el alma generosa que debería garantizar los derechos educativos, misma que no le brindó las condiciones necesarias y suficientes para que continuase su formación educativa básica y no tuviera que truncarla apenas al concluir la primaria, condenándose vitaliciamente a sobrevivir en rezago educativo. Los problemas se acumularon en cascada hasta acabar con su corta existencia.

Peor aún, quién les permite a los titulares de la instancia procuradora de justicia en este estado, así como al de seguridad pública hacer temerarias, infamantes, insensibles e inaceptables inferencias respecto a la filiación del jovencito a la delincuencia organizada.  La revictimización, el apriorismo y la apresuración en deslindarse de graves responsabilidades gravitan por sí mismas.

No es gratuito que, justamente, desde hace muchos años, sean la Secretaría de Educación en el Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública los tres invariables primeros lugares en quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por transgresiones a las garantías individuales más elementales.  Se lo han ganado a pulso y el caso de Pablo ya ha trascendido a escala nacional. La demanda de justicia, resarcimiento del daño y disculpa pública son consustanciales.

Así también, siguen faltando de resolverse problemas gravísimos como el desplazamiento forzado por la violencia delincuencial, el cual es un fenómeno que está institucionalmente invisibilizado. De no ser por la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad (ENVIPE) de INEGI, ni siquiera tendríamos una noción aproximada de lo que está sucediendo en la nación.

Lamentablemente, no hay estadísticas fehacientes. Pero, en los estados con mayor incidencia delincuencial, los habitantes de las comunidades conflagradas pueden dar testimonio de personas que se han visto obligadas a partir de sus hogares, dejándolo todo atrás, so pena de perder su existencia.

Hay casos donde los criminales extorsionan a las familias y las obligan ante notario público a entregar sus propiedades de manera legaloide, así como otros más en donde las amenazas y el clima de violencia obligan a partir para siempre de su tierra natal, abandonando su escuela.

Más aún, las violaciones a los derechos humanos, como el acceso a la educación solamente se documentan en indicadores gruesos como la desescolarización, el abandono escolar y la eficiencia terminal, pero al no existir un ombudsman educativo que brinde seguimiento personalizado para cada estudiante, quedan los casos perdidos en el anonimato.

Si no fuera por denuncias públicas que realizan las víctimas o los activistas esto prácticamente o no se sabría. Mucho hacen abogados, dirigentes partidistas y sacerdotes con subir a la agenda pública la problemática de la ciudadanía, en convertirse en voceros de las causas que al statu quo le interesa obviar y normalizar.

Es moralmente imperativo que ser parte del régimen no deshumanice a las autoridades, para que le brinden seguimiento pleno a tan lacerante fenómeno, multifactorial, pero que a su vez reformulen las medidas que supuestamente constituyen la política social, consistente en becas y dádivas, paliativos que en absoluto hacen frente a la mortal amenaza de la delincuencia organizada.

INEGI exhibió que en 2023 699 mil 020 personas huyeron de su residencia por la inseguridad, en 2024 esta cifra se incrementó a 1 millón 006 mil 810 personas. En Michoacán no tenemos los datos específicos, pero sabemos que la situación empeora día tras día.

Este incremento sustancial en desplazamiento forzado que exhiben las encuestas de INEGI demuestra que la problemática de desplazamiento forzado no se resuelve con becas, ni regalando libros, sino con intervenciones transversales, integradas y que se responsabilicen plenamente de regenerarles condiciones plenas para su vida a las familias que han sido víctimas del estado fallido que se vive en cientos de comunidades de la nación.

Finalmente, la semana pasada estuvo la presidenta de México, quien quiere ser, por boca propia, recordada como “la Presidenta de la Educación”. Vino a una gira de trabajo en donde la herencia de promesas incumplidas del sexenio anterior siguió desatendida, como la federalización de la nómina magisterial y convertir al sistema educativo estatal en “un modelo”, mientras que tampoco se realizaron anuncios de obras, acciones o políticas públicas que favoreciesen al sistema educativo y su comunidad en la entidad federativa.

Los elegidos se eligen solos. Las personas deciden de qué lado de la historia desean estar cuando realizan actos de autoridad y cuando eligen palabra por palabra lo que desean comunicar en sus propias redes sociales y pautar su carrera política con ello.

Si siguen permeando el desinterés, la simulación, la verborrea, la corrupción, la desfachatez y la disociación de la lacerante realidad que viven millones de michoacanos días tras día, nuestra entidad federativa y sus ciudadanos sufrirán daños perennes, como todo niño que busca instintivamente desarrollarse, pero no se le proveen las condiciones y recursos más elementales para alcanzar la mejor versión de sí mismo.

En el hipotético caso de que realmente resida la convicción de estar haciendo las cosas bien, es preciso decir que el buenismo es insuficiente: es necesario ser justos. Y ello implica dar a cada quién lo que se merece. Y las niñas, niños y jóvenes son sujetos de derechos, la esperanza y futuro sostenible de nuestra sociedad y su cultura. ¿Cómo negarles sus derechos?

Sin presupuestos dignos, sin inclusión, sin equidad, sin democracia, sin escuelas decorosas, sin maestros, sin clases, los derechos a estar, a aprender y a participar en entornos libres de violencia están maniatados, limitados y asimétricos y, al no contarse con evidencias ni indicadores de cobertura, permanencia y mucho menos de aprendizaje, parecen también estar en calabozos oscuros.

Como está la educación así está el futuro de Michoacán. Porque aprender importa, merecemos un gobierno educador. Porque en Michoacán se lee, es importante releer a Melchor Ocampo.

Es cuánto.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C

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