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EL CARDENISMO DEL IMPULSO ESTATAL A LA DESMEMORIA CONTENPORANEA
El cardenismo, que podríamos decir surgió después del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934–1940), fue uno de los fenómenos políticos y sociales más trascendentes de la primera mitad del siglo XX en México. No fue únicamente un proyecto de gobierno, sino una política de Estado que transformó la relación entre el poder y la sociedad. A través de la reforma agraria, la educación socialista y la nacionalización del petróleo, el cardenismo articuló un modelo de justicia social que fortaleció al Estado mexicano y generó una identidad popular centrada en el nacionalismo, la equidad y la soberanía económica; los gobiernos posteriores al General, se dieron a la tarea de resaltar su gobierno como el prototipo del gobierno revolucionario por excelencia y Cárdenas en vida se convirtió en un mito.
El Estado impulsó el cardenismo como un instrumento de legitimación y cohesión nacional. La figura de Cárdenas representó la cercanía entre el poder político y las masas campesinas, construyendo la imagen del presidente como líder moral del pueblo. Las políticas sociales y laborales, junto con la creación de instituciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), consolidaron el pacto social entre el gobierno y los sectores productivos. Así, el cardenismo se convirtió en el rostro popular del Estado posrevolucionario; el cardenismo sirvió para dar rostro a las políticas del estado benefactor de buena parte del siglo XX. Ser cardenista era sinónimo de nacionalista.
Sin embargo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), ese legado fue abiertamente cuestionado y desmantelado. La apertura económica, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la reforma al Artículo 27 constitucional significaron el fin del reparto agrario y la privatización de la propiedad social. El campesinado —antes símbolo del cardenismo- fue marginado del proyecto nacional. En esta etapa, el discurso oficial demonizó la intervención estatal y glorificó el libre mercado, persiguiendo las expresiones políticas de izquierda que reivindicaban la justicia social y el nacionalismo económico.
Hoy, el cardenismo sobrevive más como símbolo histórico que como proyecto político. Aunque sus ideales permanecen en la memoria colectiva, el Estado mexicano contemporáneo lo ignora sistemáticamente. Los programas sociales actuales ya no buscan transformar estructuras, sino mitigar desigualdades, y el nacionalismo económico ha sido sustituido por una lógica globalizada. El cardenismo, que alguna vez representó el puente entre el pueblo y el Estado, se ha convertido en una referencia nostálgica, recordada pero desvinculada de la acción política real; la fecha del natalicio del General Cárdenas, que antes era conmemorada con un acto para recordar su memoria, ha venido cada vez a menos y para no ir muy lejos, el día de ayer paso prácticamente desapercibido para la gran mayoría de los mexicanos y gobernantes, que ya no se asumen como cardenistas. Hay nuevas figuras que van borrando su nombre del imaginario colectivo,
En síntesis, el cardenismo fue primero una política de Estado, luego un adversario ideológico y hoy un testimonio del pasado. Su evolución revela cómo el Estado mexicano ha transitado de la justicia social a la tecnocracia, y de la movilización popular a la indiferencia histórica.
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LAS GRACIAS DEL SISTEMA
Una serie de ideas inesperadas que ocurren en la imaginación de quién o quiénes están detrás de los alfiles políticos de la nación, han ocasionado sistemáticamente una involución jurídica en los sistemas de impartición de justicia en México, todo por los desencuentros judiciales en contra de la administración pasada y las satisfacciones que se toman del agravio o supuestos daños recibidos.
La primera de ellas fue la reforma al artículo 28 constitucional para precisar que se prohíbe la condonación de impuestos, olvidando que hay otras contribuciones tales como las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos que por ende respecto de estos, cabe la condonación; un evidente desconocimiento del derecho tributario por parte del constituyente reformador, sin que hasta la fecha exista armonización en la legislación federal, estatal y municipal, para limitar dicha prohibición.
Una siguiente gracia fue la de reformar a nivel constitucional al poder judicial, llevando a la arena política la impartición de la justicia, bajo el esquema ilegítimo de la elección vía sufragio popular de ministros, magistrados y jueces, que ha tenido como consecuencia la pifia generalizada por el desconocimiento del sistema jurídico de muchos de los nuevos impartidores de justicia.
Vino enseguida el decreto mal llamado de “supremacía constitucional”, con la finalidad de que fueran objeto de sobreseimiento todas las impugnaciones enderezadas en contra del proceso legislativo de lo que a la postre fue el decreto del 15 de septiembre de 2024 relativo a la elección por voto popular de los integrantes de los poderes judiciales federal y locales, una disposición retroactiva prohibida por la constitución en su artículo 14, que en la actualidad algunos valientes juzgadores han mantenido el proceso, dictando suspensiones en contra de la petición de sobreseer dichos procesos; litigios que no han concluido a la fecha en muchos casos.
Una gracia no menos importante por su trascendencia fue la de reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eliminando medios de defensa para impugnar determinaciones de cobro del fisco federal, nulificando la figura de prescripción fiscal, restringiendo el interés legítimo entre otros; con un matiz inconcebible en un artículo tercero transitorio que permite la aplicación retroactiva disfrazada de lo aprobado exactamente en un mes; al respecto vendrá una infructuosa lucha nacional antes de acudir al derecho convencional buscando se logre su nulidad.
Y bueno, el 8 de septiembre pasado presentan al Congreso General por conducto de la Cámara de Diputados el llamado paquete fiscal, donde se pretenden reformar, adicionar y derogar diversos ordenamientos fiscales, uno de ellos el Código Fiscal de la Federación, estableciendo nuevos gravámenes nacionales un tanto absurdos entre otros.
Hoy limitan el uso del recurso administrativo llamado recurso de revocación en el Código Fiscal de la Federación, pero se olvidan de que en el mismo ordenamiento existe otro medio de defensa que no tocan llamado «Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo” que podría servir para controvertir lo que no se pueda controvertir en su caso en el otro medio de defensa, dejando intocados los medios de defensa administrativos establecidos en otros ordenamientos legales, utilizados para combatir actos administrativos dictados por otras autoridades fiscales federales u organismos fiscales autónomos, locales y municipales.
Está en ciernes la reforma en materia electoral, ya destruyeron a muchos organismos constitucionales autónomos y la afectación no es solo para algunas personas, es para todos, incluyendo a los beneficiarios de los programas sociales asistencialistas y de cooptación electoral al más puro estilo del otrora partido hegemónico, ahora aplicadas por la administración del partido de estado; ocurrencias o gracias al fin, que destruyen a la nación. @lvarezbanderas
