En el marco del simposio “Reinserción social con perspectiva de Derechos Humanos: Enfoques y prospectiva funcionalista”, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacana y la Academia Michoacana de Ciencias Penales, el ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, aseguró que la reinserción social es uno de los grandes retos en la agenda de los Derechos Humanos, de ahí que la Defensoría del Pueblo, se sume a la realización de este tipo de foros de análisis y de diálogo.
Agregó que el Simposio fortalece el debate público y que la participación de especialistas de la talla de quienes participan en él alimenta al organismo y marca la ruta de hacia dónde debe dirigirse el organismo para lograr un estado de paz, no como ausencia de violencia, sino como convivencia armónica.
Luego del mensaje de Tinoco Álvarez, se realizó la primera mesa de trabajo con la participación del Dr. Jaime Liera Álvarez, uno de los más reconocidos especialistas en derecho penal y constitucional, quien abordó el tema “Reinserción social y criminología de los Derechos Humanos”.
En su disertación aseguró que al tema de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad se les da un tratamiento burocrático, en el que no se toma en cuenta que la persona privada de la libertad tiene una condición específica que amerita que el tratamiento de sus derechos humanos sea bajo una perspectiva criminológica.
Dijo que es necesaria una interpretación dinámica del término. Que la reinserción social es un principio de política criminal fundamentada en la Constitución y que sirve para establecer una visión de integración social y la desistencia de delito.
Agregó que la persona privada de su libertad sigue siendo un ciudadano y que por lo tanto tiene derecho a que se le dé una oportunidad de pro socializar su comportamiento.
Por su parte, el Dr. Agustín Salgado García, doctor en Ciencias Forenses y licenciado en Psicología Educativa, habló del tema “Andragogía Penitenciaria Re educacional”, un concepto acuñado en su trabajo de titulación, que se refiere a la reestructuración de la persona, a través del fortalecimiento de su estructura psíquica, a fin de que no vuelva a cometer delitos.
En su turno, la doctora Laura Elena Alanís García, magistrada de la 8va. sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, habló de “El Fundamento Preventivo Especial del Plan de Actividades”.
Aseveró que éste, se basa en los ejes de trabajo, capacitación laboral, salud, educación y deporte, pero que es muy cuestionable, por lo que tendría que diseñarse una política pública que tendiera a realizar un plan individualizado que permitiera que las personas realmente fueran preparadas para su reinserción a la sociedad.
Y cuestionó ¿qué se requiere para preparar a las personas privadas de la libertad para su reinserción a la sociedad? Se requieren, dijo, criminólogos y psicólogos que analicen los factores internos y externos que hayan incidido en la persona para cometer un delito, y así elaborar el plan de actividades individualizado, de esta forma, añadió, se lograría reducir la criminalidad.
La segunda mesa del simposio inició con la participación de Manuel Vidaurri Aréchiga, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España, quien abordó el tema “Prisión Vitalicia: Evidencia de la Erosión del Principio de Proporcionalidad”.
Vidaurri resaltó el interés de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán por poner en la mesa este tipo de temas, pues, consideró, que son las Defensorías del Pueblo las que deben visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Dijo que la prisión vitalicia sólo demuestra el desgaste del principio de proporcionalidad, mismo que exige un ejercicio de ponderación del delito para determinar el nivel de la sanción.
Consideró que las consecuencias de sanciones como la prisión vitalicia no resuelven el problema de criminalidad, sino al contrario, lo oculta, por lo que evidentemente su aplicación es totalmente errónea.
El tema “Fines Constitucionales de la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad en México”, estuvo a cargo de José Zaragoza Huerta, doctor en Derecho por la universidad de Alcalá, España.
Aseguró que en nuestro país los legisladores creen que la solución para erradicar la criminalidad es aumentar las penas o sanciones e incrementar el catálogo de delitos, lo cual es absolutamente falso.
Consideró que es necesario democratizar el sistema de justicia, asignar presupuestos suficientes para los centros penitenciarios y que los jueces sepan de criminología, solo así, agregó, podrá lograrse la reinserción social.
Finalmente intervino Omar Hernández Martínez, doctorante en Derecho Procesal Penal, con el tema «Interpretación Evolutiva del Principio Pro Persona en Litigio Estratégico de Ejecución Penal”, mismo que ilustró con un caso práctico.
Coincidió con los demás disertantes en el sentido de asegurar que las personas privadas de su libertad tienen derecho a la reinserción, puesto que aún en prisión siguen siendo parte de la sociedad.
Asistieron al simposio Mayra Treviso Guízar, sub secretaria de Derechos Humanos y Población de Gobierno de Michoacán; Adriana Sánchez Martínez, directora de Ejecución, de la Coordinación del Sistema Penitenciario; Félix López Rosales, Fiscal especializado para el Delito de Tortura; Karla Patricia Frausto Vázquez, directora de Reinserción Social; entre otras personalidades.
