Hoy, mientras la mayoría de las familias michoacanas todavía disfrutan los últimos días de vacaciones, miles de maestras, maestros, directoras y directores de educación básica están de vuelta en sus centros de trabajo. El calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación fija del lunes 24 al viernes 28 de agosto la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), el espacio en el que, en teoría, los colectivos docentes diagnostican cómo dejaron a sus alumnas y alumnos el ciclo anterior, planean la enseñanza del que está por comenzar y organizan la logística —inscripciones, infraestructura, útiles, seguridad— para que el lunes 31 de agosto, cuando regresen presencialmente preescolar, primaria y secundaria, todo esté listo.

El CTE, cuando funciona, es una de las pocas herramientas genuinamente poderosas que tiene el magisterio para transformar sus escuelas desde adentro. Cuando no funciona —cuando se convierte en una firma de lista de asistencia, en un acta prellenada que se sube a la plataforma para cumplir el trámite, en una reunión que dura una hora en lugar de una semana completa— deja de ser planeación pedagógica y se convierte en simulación administrativa pagada con recursos públicos.

La semana de regreso de personal antes que de estudiantes es, por diseño, una ventana de bajo escrutinio. Las familias no están en las escuelas, los medios están enfocados en la cuenta regresiva del ciclo escolar y no en lo que ocurre puertas adentro de los planteles, mientras que, las estructuras gremiales y administrativas saben que tienen días de relativa opacidad antes de que la comunidad educativa regrese completa y empiece a preguntar. En ese margen se han documentado, en Michoacán y en el resto del país, al menos cuatro patrones que merecen nombrarse.

El primero es el de las plazas fantasma, conocido coloquialmente como “aviadores”: personal que cobra un salario sin cumplir función real, adscrito en el papel a escuelas donde nunca se presenta, sostenido por la opacidad de la nómina y, con frecuencia, solapado tanto por autoridades como por estructuras gremiales. En julio de este año, la Fiscalía del Estado de México detuvo a más de treinta exfuncionarios de la Secretaría de Educación estatal por operar una red que, únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, obtuvo de forma ilícita más de 96 millones de pesos registrando a personas como docentes con expedientes incompletos y adscripciones a planteles inactivos o inexistentes. Michoacán no es inmune a este patrón: hace algunos años se desmanteló aquí mismo una red de venta ilegal de plazas que llegó a exigir hasta 300 mil pesos por una posición docente que, en muchos casos, nunca se entregó, con víctimas amenazadas cuando intentaron denunciar.

Que hoy la autoridad estatal presuma, con razón, cinco años consecutivos de ingreso transparente por examen Ceneval a las Escuelas Normales es una buena noticia y debe reconocerse; pero un proceso de ingreso limpio en calidad de estudiantes a un sistema educativo no cierra la puerta trasera  de la formación docente y de su ingreso al servicio profesional, a las permutas, los cambios de adscripción y las promociones, tanto verticales como horizontales, que se resuelven todos los años, casi sin ojos encima.

El segundo patrón es el cobro de cuotas que dejan de ser voluntarias en la práctica y se convierten en condición de facto para inscribir, entregar documentos, boletas o certificados. La Constitución es inequívoca: la educación básica que imparte el Estado es gratuita. Ninguna cuota escolar, por acostumbrada que esté, puede condicionar el derecho de una niña o un niño a inscribirse. Y sin embargo, cada agosto se repiten los mismos reportes de padres de familia a los que se les exige el pago de la cuota  antes de formalizar la inscripción, hecho particularmente severo en los subsistemas que atienden a la población más marginada, donde paradójicamente se han documentado algunas de las cuotas “voluntarias” más altas.

El tercer patrón es el monopolio comercial dentro del plantel: directivos que conceden en exclusiva la venta de uniformes, papelería o alimentos a un proveedor determinado, prohibiendo de facto que las familias busquen opciones más económicas, a cambio de una comisión que nunca aparece en ningún estado de cuenta escolar. Y el cuarto, quizá el más silencioso porque no deja rastro documental fácil de auditar, es la simulación pura del proceso de planeación: consejos técnicos que se realizan en dos horas en lugar de cinco días, diagnósticos copiados del ciclo anterior, programas analíticos firmados sin haberse discutido colegiadamente y asambleas del programa La Escuela es Nuestra manipuladas para autorizar gastos de infraestructura que después no se comprueban.

Ninguno de estos cuatro patrones es exclusivo de Michoacán ni de este ciclo escolar. Son, lamentablemente, estructurales al sistema educativo mexicano. Pero es precisamente su carácter recurrente lo que debería quitarnos cualquier margen de indulgencia: no estamos ante hechos aislados que se puedan explicar como excepción, sino ante un patrón que se repite porque nadie —ni autoridad, ni sindicato, ni sociedad— ha cerrado sistemáticamente las rendijas por las que se cuela.

Cuando una plaza fantasma cobra un salario, ese dinero no financia un aula con menos alumnos por maestro, ni el mantenimiento del baño que no funciona, ni el material didáctico que nunca llega. El costo de oportunidad lo paga, siempre, un estudiante concreto que no tuvo el maestro, la infraestructura o el material que ese presupuesto debió comprarle. Cuando una cuota condiciona una inscripción, el filtro invisible que aplicamos es económico y sabemos exactamente a quién excluye primero: a la familia que menos tiene, en el municipio que menos recursos recibe, reproduciendo exactamente la desigualdad que la educación pública debería romper. Cuando un Consejo Técnico Escolar se simula, la escuela entera pierde su única oportunidad institucionalizada de diagnosticar con honestidad sus rezagos de aprendizaje, en lectura, matemáticas, ciencias o socioemocional y de diseñar una respuesta pedagógica pertinente; ese diagnóstico ausente se traduce, mes tras mes, en estudiantes que avanzan de grado sin las bases que necesitaban, en un rezago que se acumula silenciosamente hasta manifestarse, años después, como “abandono escolar”, trasladando la culpa de ello a las niñas, niños y jóvenes a quienes el Estado orilló a dejar de ejercer sus derechos educativos, revictimizándolos.

Así también, cada acto de corrupción o simulación que queda impune erosiona la legitimidad del magisterio honesto —que es la inmensa mayoría— frente a las familias y erosiona la confianza de las familias en que vale la pena exigir, participar y denunciar, para la mejora continua de la educación. Esto es, a la larga, tan corrosivo para el derecho a la educación como el desvío de un presupuesto: una comunidad que deja de creer que puede incidir en su escuela deja de vigilarla, y una escuela sin vigilancia ciudadana es una escuela más vulnerable a que el próximo ciclo la corrupción encuentre, de nuevo, las puertas abiertas.

Si nada de esto se corrige, el costo no se queda en las estadísticas fiscales de una auditoría que quizás nunca llegue. Se queda en el aprendizaje que una niña de tercero de primaria en Michoacán no adquirió porque su Consejo Técnico Escolar duró una hora, en el certificado que un padre de familia no pudo recoger porque no completó una cuota que la ley no le exige pagar y en la escuela cuyo techo sigue goteando porque la asamblea que debió aprobar su reparación fue, en realidad, una simulación de asamblea.

Por lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado debe de publicar, escuela por escuela, la evidencia de que la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar efectivamente ocurrió los cinco días completos, con actas firmadas por el colectivo docente y no solo por la dirección, disponibles para consulta ciudadana en un portal abierto, tal como ya se hace y debe reconocerse, con los resultados del examen Ceneval de las Escuelas Normales.

Las supervisiones escolares deben redoblar esfuerzos para realizar, durante esta misma semana, la mayor cantidad de visitas de verificación presencial, con un formato público de hallazgos que distinga entre incidencias menores y faltas que ameriten inicio de procedimiento administrativo, incluyendo la revisión de nómina contra personal efectivamente presente.

Quedan pocos días, en los que miles de maestras y maestros michoacanos están discutiendo cómo mejorar el aprendizaje de sus alumnos, revisando materiales o acondicionando aulas, sin que nadie los esté vigilando ni tampoco reconociendo. A ellos y ellas les debemos brindar el beneficio de la confianza y, sobre todo, condiciones dignas de trabajo que no dependan de tolerar o normalizar lo que unos cuantos hacen mal.

Y les debemos, sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes de Michoacán, titulares de un derecho humano que no admite condicionamientos ni simulaciones,  que esta última semana de vacaciones termine con la certeza de que alguien, en algún lugar de la estructura educativa, decidió que este ciclo escolar sí sería distinto. Que el Consejo Técnico Escolar fue planeación real y no trámite. Que la inscripción fue gratuita de verdad. Que el uniforme se compró donde la familia quiso. Y que, si algo salió mal, hubo un canal para decirlo y una autoridad dispuesta a escuchar y a resolver. Que esta última semana de vacaciones sea, para variar, la semana en que el sistema educativo michoacano decidió no simular y sí hacer el cambio, antes de que sea demasiado tarde.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.

El calendario escolar señala al 31 de agosto de 2026 como el día de regreso a clases en educación básica. Sin embargo, para miles de familias michoacanas la cuesta de agosto arrancó semanas atrás, cuando las papelerías, las zapaterías y los vendedores de uniformes comenzaron a exhibir sus vitrinas repletas de cuadernos, mochilas y prendas escolares.

Mientras unas familias ya gastan, con la angustia de estirar un ingreso que difícilmente alcanza, otros hacen literalmente su agosto: comerciantes, intermediarios y hasta algunas escuelas que insisten en exigir marcas específicas o cuotas disfrazadas de donativo voluntario convierten el derecho a la educación en una temporada de consumo forzoso.

La ironía resulta evidente: el mes que debería marcar el reencuentro con el aprendizaje se transforma, para buena parte de las familias michoacanas, en el mes que decide si sus hijas e hijos entran completos a la escuela, si lo hacen a medias, con un cuaderno prestado y un uniforme heredado del ciclo anterior o, si simple y llanamente, no regresan.

La propia Secretaría de Educación Pública publicó, a mediados de julio de 2026, la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo 2026-2027. El documento insiste en que se trata de una guía orientativa, exhorta a las escuelas a evitar exigencias de marca y promueve la reutilización de cuadernos, mochilas y útiles del ciclo anterior.

Un ejercicio periodístico que comparó los precios mínimos disponibles en el mercado calculó que la lista completa de útiles para primaria cuesta entre 202 pesos para primer grado y 321 pesos para sexto grado, cifra que crece conforme avanza el grado porque se solicitan más cuadernos y material de geometría, calculadoras científicas y material de laboratorio.

Por supuesto, hay que reconocer, en honor a la exactitud, que, en las escuelas públicas los libros de texto continúan siendo gratuitos, un acierto que evita que el costo total termine de dispararse aún más.

El problema surge cuando se suma todo lo demás. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes calculó que el regreso a clases 2026 costará hasta 12 mil 422 pesos por estudiante, 13.8 por ciento más que el año anterior, cuando el monto de referencia fue de 10 mil 916 pesos.

Únicamente la renovación de uniforme y calzado representa hasta 4 mil 895 pesos: mil 210 pesos por el uniforme diario, mil 485 por el deportivo, 900 por los zapatos, 900 más por los tenis y 385 por las calcetas. A esto se suma la cuota escolar anual, estimada en 3 mil 200 pesos, y los artículos de limpieza que las escuelas solicitan a las familias, que este año llegan a 369 pesos con 83 centavos. Y la cuenta continúa durante todo el ciclo escolar: transporte, con un costo mensual cercano a 2 mil 500 pesos, y alimentación o lunch diario, que suma alrededor de mil 500 pesos mensuales adicionales.

Materiales, calzado, útiles, uniformes y cuotas conforman, juntos, una cuesta que supera con holgura un salario mínimo mensual completo, multiplicada por cada hija o hijo en edad escolar dentro del hogar.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, confirma esta presión también en las cifras agregadas. El gasto promedio de los hogares mexicanos en vestido y calzado ascendió a mil 830 pesos trimestrales en 2024, un incremento de 8.7 por ciento frente a 2022, mientras que el gasto en educación y esparcimiento creció 6 por ciento en el mismo periodo. Michoacán, además, figura entre las cinco entidades que destinan una mayor proporción de su gasto a salud, con 4.45 por ciento, una señal indirecta de que los hogares michoacanos administran presupuestos ya comprometidos y con escaso margen para absorber gastos extraordinarios como el regreso a clases.

Aquí conviene detenerse en quién puede pagar esta cuesta y quién queda fuera. La propia ENIGH 2024 documenta que la proporción del gasto que una familia destina a educación crece conforme aumenta su ingreso: los hogares del primer decil destinan apenas 13 por ciento de su gasto a este rubro, mientras que los del último decil alcanzan 21 por ciento.

La lectura resulta reveladora: entre los hogares más pobres el porcentaje resulta menor sencillamente porque el ingreso total apenas cubre lo indispensable para comer, vestir y pagar renta, de manera que cualquier gasto adicional compite directamente con la subsistencia. Entonces, lo que supere el porcentaje de subsistencia, simple y llanamente significa abandono escolar. La brecha entre el decil más alto y el más bajo alcanza, en varias entidades del país, hasta 14 y 16 veces.

En Michoacán, esa desigualdad se combina con un retroceso preocupante. Mientras el promedio nacional de pobreza multidimensional bajó de 36.3 a 29.6 por ciento entre 2022 y 2024, Michoacán figura entre el reducido grupo de entidades donde la pobreza aumentó en el mismo periodo, junto con Tlaxcala, Durango, la Ciudad de México y Baja California Sur.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la entidad se ubicó en 2024 con 34.3 por ciento de su población en situación de pobreza multidimensional, por encima de la media nacional. La pobreza extrema michoacana, medida en el corte de 2022, rondó 7.5 por ciento, equivalente a 372 mil personas que sobreviven con un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria básica. La carencia alimentaria en el estado alcanzó 27.8 por ciento, una de las cinco proporciones más altas del país, y la seguridad alimentaria en los hogares michoacanos se ubica en un rango de apenas 40.1 a 50 por ciento, muy por debajo del promedio nacional de 69.4 por ciento.

Estas cifras adquieren su verdadero peso cuando se comparan con los indicadores educativos. El rezago educativo en Michoacán alcanzó 25.8 por ciento en 2024, equivalente a un millón 270 mil personas, una proporción muy superior al 18.6 por ciento nacional, a pesar de que las autoridades estatales han insistido en presentar la reducción de 3.2 puntos porcentuales como la mayor del país. Al haber solo 1 millón 247 mil estudiantes en Michoacán, tenemos más personas en situación de rezago educativo que alumnos.

El abandono escolar confirma la misma tendencia estructural: cerca de 10 por ciento de los estudiantes michoacanos abandona la secundaria y más de 11 por ciento queda sin concluir la educación media superior, ambas cifras por encima del promedio nacional. De los 935 mil 749 alumnos de educación básica en la entidad, cerca de 173 mil enfrentan condiciones de riesgo de abandono, una quinta parte de la matrícula estatal.

Estudiar en Michoacán más que un derecho universal constituye un acto privativo y excluyente: la pobreza, la pobreza extrema y la carencia alimentaria se combinan, cada agosto, con una factura que decide quién entra completo al aula y quién se queda atrás.

La conclusión resulta ineludible. Cuando una familia del primer decil de ingresos destina apenas 13 por ciento de un presupuesto que ya escasea, y aun así debe reunir 12 mil 422 pesos por cada hija o hijo para el regreso a clases, la educación deja de operar como el derecho universal que consagra la Constitución y se convierte en un privilegio que solo alcanzan quienes logran sortear simultáneamente la pobreza, la necesidad educativa y la carencia alimentaria. El rezago educativo y el abandono escolar aparecen entonces, con toda claridad, como la consecuencia directa y medible de un sistema que exige a las familias más pobres el mayor sacrificio proporcional para acceder a una educación que, en el papel, se anuncia gratuita.

Existen, es cierto, algunos mecanismos que atenúan la presión. La Beca Rita Cetina entrega un depósito anual de 2 mil 500 pesos a las familias con hijas e hijos inscritos en primaria, destinado justamente a útiles y uniformes. La Procuraduría Federal del Consumidor organiza ferias de útiles escolares con descuentos de hasta 50 por ciento, y programas como Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro buscan sostener la permanencia en la educación media superior. Cada uno de estos instrumentos aporta un alivio real y merece reconocerse como tal.

El problema surge en la escala. Frente a un costo total que ronda 12 mil 422 pesos por estudiante, un apoyo de 2 mil 500 pesos cubre apenas una quinta parte del gasto, y su cobertura se limita a primaria, dejando fuera a las familias con hijas e hijos en secundaria o media superior, los niveles donde precisamente se concentra el mayor abandono escolar en Michoacán. Las ferias de útiles, por su parte, suelen concentrarse en las cabeceras municipales, un formato que favorece a quienes viven en zonas urbanas y deja rezagadas a las familias de comunidades rurales e indígenas, justamente las que enfrentan los mayores índices de carencia alimentaria y rezago educativo.

Cuando el ingreso familiar resulta insuficiente frente a la cuesta de agosto, las consecuencias se multiplican y golpean directamente el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. El endeudamiento familiar crece, pues numerosos hogares recurren a préstamos informales, tandas o empeño de bienes para reunir el efectivo necesario antes del inicio de clases. La matrícula se vuelve parcial, ya que muchas familias inscriben a sus hijos con solo una fracción de los útiles solicitados, lo que expone a los menores a la exclusión simbólica frente a sus compañeros y a la presión de docentes que exigen materiales completos. El riesgo de abandono escolar se dispara particularmente en los municipios rurales e indígenas de Michoacán, donde la carencia alimentaria y la pobreza extrema conviven con la distancia física a los planteles.

El trabajo infantil emerge como estrategia de compensación económica en algunos hogares, cuando adolescentes optan por emplearse de manera informal para costear su propio regreso a clases o el de sus hermanos menores. El estrés familiar se intensifica, con efectos comprobados sobre el desempeño académico y la salud emocional de la niñez michoacana. Y, en el fondo, la confianza social en la gratuidad constitucional de la educación se erosiona, porque cada agosto confirma a millones de familias que el derecho a estudiar exige, en los hechos, un desembolso que compite con la alimentación y con la vivienda.

Existe una paradoja que merece contarse con especial cuidado: la cuesta de agosto golpea con dureza, precisamente, a las familias de quienes trabajan en la educación. El calendario de pago de la nómina magisterial en Michoacán adelanta las quincenas correspondientes a julio y agosto, meses en que las escuelas permanecen cerradas, y posterga el siguiente depósito hasta mediados de septiembre, ya después de haber arrancado formalmente el ciclo escolar. El resultado práctico consiste en que los propios maestros y trabajadores de la educación acumulan hasta cuatro quincenas sin recibir un nuevo pago justo en el periodo en que deben comprar los útiles, el uniforme y el calzado de sus propios hijos, además de sostener el gasto adicional que representa tener a la familia completa en casa durante las vacaciones de verano, cuando la alimentación, los servicios y el entretenimiento infantil disparan el presupuesto doméstico.

En el argot educativo michoacano, para este periodo de espera hay un bono extraordinario que fue negociado localmente, para atemperar la crisis económica en las familias del magisterio, el cual recibe un nombre elocuente: el bono de lástima, un apoyo que las autoridades entregan para nivelar económicamente a los trabajadores de la educación mientras llega, hasta el 15 de septiembre, el siguiente pago regular de su salario. El término resume, con la crudeza del lenguaje coloquial, una precarización estructural: quienes sostienen con su trabajo diario el derecho a la educación de la niñez michoacana enfrentan su propia versión, agravada, de la cuesta de agosto. La Secretaría de Educación Pública federal confirmó, para la quincena 16 de este 2026, un pago extraordinario de 2 mil 160 pesos netos bajo el concepto de Medida Económica, además de la segunda exhibición de la Compensación Nacional Única, que en 2026 asciende a 13 mil 15 pesos con 40 centavos anuales para el personal docente de educación básica. Se trata de un paliativo bienvenido, aunque difícilmente compensa dos meses de espera salarial en un gremio donde la mayoría de las plazas iniciales perciben un ingreso neto que apenas ronda los 12 mil pesos mensuales.

Es importante remarcar que, el término “bono de lástima” corresponde al argot utilizado por los propios trabajadores de la educación en Michoacán para describir este mecanismo de nivelación salarial, y se retoma para caracterizar el fenómeno denunciado.

Michoacán requiere una política de regreso a clases diseñada desde la perspectiva de derechos, ajena a la lógica del calendario comercial. Resulta indispensable ampliar el monto y adelantar el calendario de pago de becas como Rita Cetina para que el depósito llegue antes de que las familias deban comprar uniformes y útiles, en lugar de después. Conviene ampliar la cobertura de las ferias de útiles escolares con descuento real hacia los municipios rurales e indígenas donde se concentran la carencia alimentaria y el rezago educativo más severos, en vez de limitarlas a las cabeceras urbanas. Urge etiquetar presupuesto estatal específico para uniformes y calzado en las zonas de mayor marginación, siguiendo el ejemplo de programas similares en otras entidades. Resulta impostergable auditar con transparencia pública la nómina docente estatal para erradicar de raíz los adeudos estructurales que generan la necesidad misma del bono de lástima, atacando la causa antes que el síntoma. Y conviene extender la gratuidad educativa más allá de los libros de texto, incorporando uniformes y útiles básicos como parte de un paquete de bienestar escolar en los municipios con mayor pobreza extrema, de manera que estudiar deje de depender del calendario de cobro de los padres.

La cuesta de agosto llegó, otra vez, disfrazada de rutina. Cada año se repiten las listas, los precios, las filas en las papelerías y las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que documentan cómo la pobreza michoacana convive con el rezago educativo y el abandono escolar. Y cada año, también, se repite el silencio institucional frente a una evidencia que exige acción inmediata. Toca a las autoridades estatales y federales, a los actores políticos, al poder legislativo, al sector empresarial, a las organizaciones de la sociedad civil y a cada familia que puede alzar la voz, convertir esta cuesta en un asunto de política pública prioritaria y en un tema de exigencia ciudadana permanente, porque ninguna niña y ningún niño michoacano deberían quedar fuera del aula por culpa de un calendario de pagos, un bono insuficiente o una lista de útiles que, silenciosamente, decide quién estudia y quién se queda atrás. Ese es el mayor y más terrible costo de la cuesta de agosto.

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