El magistrado presidente sostuvo una reunión de trabajo
La Piedad, Mich. En el marco de los encuentros regionales que impulsa el Poder Judicial de Michoacán para fortalecer el diálogo y la vinculación institucional con sectores productivos, el magistrado presidente Hugo Gama Coria sostuvo una reunión de trabajo con empresarias, empresarios, notarias y notarios de la región La Piedad.
Durante el encuentro, Gama Coria destacó la importancia de escuchar de manera directa las voces de los distintos sectores de la sociedad, a fin de generar condiciones que otorguen certeza jurídica y fortalezcan la confianza en la impartición de justicia, particularmente en un rubro tan relevante como la inversión.
En este contexto, subrayó que el Poder Judicial tiene claridad sobre el papel que juega la certeza jurídica en la toma de decisiones empresariales y señaló que “la mejor manera de impartir justicia es que sea completa: lo que significa que todas las partes de un asunto sean atendidas en su totalidad, ya que es la mejor manera de acercar la justicia a la gente”
Por su parte, las y los notarios reconocieron este ejercicio de intercambio de información y manifestaron su interés en que, desde el Poder Judicial, se revisen e impulsen diversos procedimientos y disposiciones legales, entre ellos los relacionados con la prevención de lavado de dinero, los juicios sucesorios, la jurisdicción voluntaria y una eventual reforma al Código Civil en materia de caducidad de gravámenes, precisando que este último corresponde al ámbito legislativo, aunque podría ser impulsado de manera conjunta.
Ante estos planteamientos, el magistrado presidente señaló que gracias a la coordinación que mantiene el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, es posible coadyuvar al impulso de las reformas necesarias para agilizar los procesos, sin que ello represente afectación alguna a la autonomía judicial, y se acordó la realización de un conversatorio en materia de lavado de dinero, en el que participarán juezas, jueces, notarias y notarios, con la finalidad de fortalecer la eficiencia institucional.
Finalmente, las y los empresarios reconocieron los beneficios de la regionalización del Poder Judicial, al destacar que la descentralización representa una nueva forma de hacer las cosas, al permitir un mayor contacto con la autoridad judicial y facilitar el acceso a los servicios de impartición de justicia.
En ese sentido, se ratificó la obligación del sentenciado de cubrir el monto de $1,246,986.40 pesos (un millón, doscientos cuarenta y seis mil novecientos ochenta y seis pesos 40/100 m.n.) por concepto de indemnización y gastos mortuorios, así como la reparación del daño moral derivado de las afectaciones psicológicas ocasionadas a los familiares de la víctima, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución de sentencia.
En el lugar, familiares y amigos compartieron su duelo y solicitaron de manera enfática que tanto autoridades como medios de comunicación actúen con responsabilidad, evitando la revictimización y apostando por un proceso que permita hacer justicia y honrar la memoria de las víctimas.
La movilización incluyó la colocación de flores, veladoras y lonas con las imágenes de la familia, así como la representación de una mano pintada con los colores de la bandera de la comunidad sorda, símbolo que acompañó el reclamo colectivo.
