La Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa. (ENIAG), presentada por la Secretaría de Educación Pública señala que, 55.1 por ciento de las y los estudiantes universitarios del país, y 63.4 por ciento de sus docentes, recurren hoy a herramientas de inteligencia artificial generativa para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza. La cifra es nacional, construida a partir de la participación de un millón 539 mil 732 estudiantes y 163 mil 259 docentes de dos mil 900 instituciones. Pero como toda estadística agregada, exige aterrizarse en el territorio donde se vive, se enseña y se sufre todos los días: Michoacán.
Trasladar este hallazgo al sistema educativo michoacano obliga a mirarlo junto a tres realidades que ya conviven en las aulas del estado. La primera es un rezago educativo estructural que arrastra el sistema desde hace más de una década, expresado en abandono escolar, plazas sin cubrir y comunidades enteras sin oferta educativa digna. La segunda es una violencia que dejó de ser hipótesis para volverse tragedia documentada en la nota roja. La tercera integra las consecuencias de un periodo prolongado sin titular en la conducción política y técnica de la Secretaría de Educación en el Estado.
En ese contexto, la información nacional sobre inteligencia artificial y salud emocional es toda una advertencia directa. Si en el promedio del país más de la mitad de la comunidad universitaria ya delega su malestar emocional a un algoritmo, cabe preguntarse qué tan expuesta está la juventud michoacana, que enfrenta simultáneamente precariedad educativa, inseguridad y un vacío de autoridad estatal en la materia.
El sistema educativo michoacano llega a este momento en condiciones particularmente frágiles. El rezago acumulado se mide en escuelas con infraestructura deficiente, en zonas rurales e indígenas donde la conectividad continúa siendo aspiración más que realidad y en indicadores de aprendizaje que colocan al estado por debajo del promedio nacional en prácticamente todas las mediciones disponibles. A ese rezago se suma una violencia que ha traspasado los muros escolares para instalarse dentro de ellos, con el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y episodios que evidenciaron la fragilidad de los protocolos de seguridad y de contención emocional en los planteles.
Paralelamente, el gobierno estatal impulsó el programa D4TA, presentado como una apuesta de conectividad digital que otorga acceso a internet y redes sociales a estudiantes de educación básica y media superior, y que se acompaña de una reforma al artículo 139 de la Constitución local. Ese acceso a redes sociales, que en apariencia busca cerrar la brecha digital, trae consigo, sin que hasta ahora exista advertencia institucional al respecto, la presencia de asistentes de inteligencia artificial generativa integrados en las plataformas más usadas por adolescentes: Meta AI en Instagram y WhatsApp, chatbots conversacionales en aplicaciones de mensajería, generadores de imagen y texto de acceso libre. Es decir, el mismo programa que el gobierno estatal presenta como avance de inclusión digital es también la puerta de entrada, sin filtro ni acompañamiento, a las mismas herramientas que la ENIAG 2025 documenta como refugio emocional de millones de estudiantes en el país.
El cruce de estos elementos permite un diagnóstico que ninguna autoridad ha reconocido: Michoacán combina un sistema educativo debilitado por el rezago, comunidades escolares marcadas por la violencia, un programa de conectividad que amplía el acceso a inteligencia artificial sin regulación pedagógica ni protocolos de salud mental, y una secretaría estatal acéfala en el momento exacto en que debió estar diseñando la respuesta institucional a estos fenómenos.
La ENIAG documenta que casi la totalidad de estudiantes y docentes del país ya conoce y usa la inteligencia artificial generativa de forma cotidiana, y que más del setenta por ciento de estudiantes y docentes en instituciones públicas declara desconocer cualquier normativa institucional sobre su uso. Si esa desprotección normativa es la norma nacional, en Michoacán se agrava porque el programa D4TA llegó carente de lineamientos sobre uso responsable de inteligencia artificial, de actualización docente específica, ni de mecanismos de detección temprana para estudiantes que puedan estar canalizando angustia emocional hacia estas herramientas en lugar de hacia servicios profesionales de salud mental.
Michoacán tampoco parte de cero. El estado cuenta con universidades públicas con capacidad técnica probada, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuya trayectoria en investigación educativa y en formación docente representa un activo que el gobierno estatal ha subutilizado en la construcción de política pública sobre inteligencia artificial. Existen además experiencias acumuladas por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa del derecho a la educación, que durante años han documentado el rezago, la violencia escolar y las omisiones institucionales, y que hoy pueden aportar diagnósticos y propuestas construidas desde la evidencia territorial.
A ello se suma el propio marco que ofrece la Secretaría de Educación Pública federal, cuyos diez Principios de Acción derivados de la ENIAG 2025 constituyen una plataforma que Michoacán podría adoptar y adaptar de inmediato, particularmente en lo relativo a la atención del bienestar estudiantil en la era de la inteligencia artificial y al establecimiento de lineamientos institucionales claros. La existencia de este marco nacional reduce el costo político y técnico de construir una respuesta estatal, porque ofrece un punto de partida ya validado que solamente exige voluntad y conducción para aterrizarse en el territorio michoacano.
De mantenerse esta combinación de factores, las consecuencias para el sistema educativo michoacano serán tangibles y medibles en el corto plazo. La primera consecuencia es que estudiantes y docentes michoacanos que atraviesen episodios de ansiedad, estrés o depresión seguirán canalizando esa angustia hacia asistentes de inteligencia artificial accesibles a través del propio programa D4TA, sin que exista del otro lado un protocolo de referencia hacia servicios psicológicos escolares, que en la mayoría de los planteles públicos del estado son escasos o inexistentes.
La segunda consecuencia es que la violencia que ya golpeó al sistema educativo michoacano, con el caso de Lázaro Cárdenas como referencia más dolorosa, seguirá produciendo secuelas emocionales en comunidades escolares que carecen de acompañamiento profesional suficiente, lo que empujará a más estudiantes y docentes hacia herramientas de inteligencia artificial como sustituto de una atención que el estado está obligado a garantizar y que hoy resulta insuficiente.
La tercera consecuencia, quizá la más grave en términos de gobernanza, es que el arranque del ciclo escolar 2026-2027 ocurrirá sin que exista, hasta el momento, una sola política pública estatal nueva que responda a los hallazgos de la ENIAG 2025 ni a las particularidades del contexto michoacano. Miles de estudiantes y docentes iniciarán clases con el mismo vacío normativo, el mismo programa D4TA sin filtros pedagógicos y la misma secretaría sin rectoría que ha caracterizado los últimos meses.
La cuarta consecuencia se proyecta directamente sobre la juventud michoacana, que celebró su día internacional sin recibir de su gobierno estatal ninguna señal concreta de que su bienestar emocional, su seguridad escolar y su relación con la tecnología ocupan un lugar prioritario en la agenda pública. Esa ausencia de respuesta institucional erosiona la confianza de miles de jóvenes en que el estado puede, y debe, acompañarlos en un momento de transformación tecnológica que ya está incidiendo en su salud mental.
Conviene recuperar aquí una idea que la ENIAG subraya: la inteligencia artificial generativa resulta, en sí misma, ajena a la causa de estos fenómenos. Es el uso que las instituciones educativas hagan de ella lo que determina si empobrece o potencia el aprendizaje, y si acompaña o sustituye la atención emocional que estudiantes y docentes merecen. Trasladado a Michoacán, esto significa que el problema central es institucional: un sistema educativo que arrastra rezago, que sufre violencia sin resolver y que amplió el acceso digital sin acompañarlo de reglas claras.
La juventud michoacana y también su magisterio están enviando una señal que la evidencia nacional confirma con cifras contundentes: existe una necesidad de salud mental que rebasa la capacidad de los servicios disponibles. Interpretar esa señal como oportunidad de diálogo, y no como amenaza que ignorar, es la responsabilidad mínima que corresponde a cualquier autoridad educativa estatal que se asuma comprometida con su comunidad.
Frente a este panorama, resulta indispensable que el gobierno de Michoacán actúe con la urgencia que la evidencia exige y se avoque a incorporar al programa D4TA un componente obligatorio de literacidad digital y uso ético de inteligencia artificial, dirigido a estudiantes, docentes y familias, que acompañe la conectividad otorgada con criterios claros sobre los riesgos y beneficios de interactuar con asistentes de inteligencia artificial integrados en redes sociales.
Así también, debe de fortalecer de manera sustantiva los servicios de salud mental, para estudiantes, maestros y sus familias, incorporando protocolos de detección temprana y rutas de canalización profesional para estudiantes y docentes que manifiesten señales de ansiedad, estrés o depresión, de forma que la inteligencia artificial deje de operar como sustituto y comience a operar, si acaso, como complemento supervisado.
Paralelamente, se debe de construir, junto con universidades públicas michoacanas y organizaciones especializadas en derecho a la educación, un lineamiento estatal sobre uso de inteligencia artificial generativa en las aulas, alineado con los Principios de Acción de la SEP, pero adaptado a las condiciones específicas de rezago y violencia que enfrenta Michoacán.
También, se debe de presentar, antes del arranque formal de clases, una agenda pública de bienestar juvenil, con metas verificables en materia de salud mental escolar, prevención de violencia y uso responsable de tecnología, sometida a seguimiento público y a rendición de cuentas periódica ante la sociedad michoacana.
El llamado es directo al gobierno estatal, para que asuma plenamente la conducción de un sector educativo que exige cabeza y rumbo; para que coloque la salud mental y el uso responsable de inteligencia artificial entre sus prioridades inmediatas; y a las universidades, organizaciones civiles y comunidades escolares michoacanas, para que sostengan la exigencia de que ningún estudiante ni docente del estado quede a la deriva.
Michoacán está a tiempo de convertir esta evidencia en política pública. Esa ventana que abrió de par en par la ENIAG 2025 al documentar la problemática a escala nacional, debe de aprovecharse al máximo, para nunca más dejar solo frente a una pantalla a quien debería encontrar, en su lugar, acompañamiento humano e institucional.
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Quien es el comandante del XII Batallón de Infantería y del Centro de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adelantó que recibirán también conocimientos relacionados con la aplicación del plan D-N-III, instrumento mediante el cual el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional participan en auxilio de la población ante situaciones de desastre, y «con ello comprenderán que servir a México no solamente significa defenderlo sino también estar al lado de la sociedad cuando más lo necesita», fue enfático. De igual manera conocerán principios fundamentales sobre los derechos humanos e igualdad de género, les dijo.
