Cada 30 de abril en México, los políticos hacen campaña mal disimulada: se inflan globos, regalan pelotas de hule, se organizan festivales y se fotografían con la sonrisa de sus niñas y niños. En Michoacán, esa sonrisa existe, pero cohabita con una realidad que la contradice y que las autoridades han preferido administrar antes que transformar. Las infancias y juventudes michoacanas enfrentan hoy una acumulación de crisis que se encadenan y se potencian mutuamente: la explotación laboral que les roba la infancia antes de que puedan definirla, la violencia homicida que les arrebata la vida en el tramo más breve y más sagrado de su existencia, el abandono educativo que cierra la única puerta segura hacia el futuro, el reclutamiento criminal que pervierte la promesa de una vida digna, el desplazamiento forzado que les priva del territorio y de la comunidad y la violencia escolar que convierte el espacio donde deberían sentirse más seguros en un lugar de angustia y miedo.

Ninguno de estos fenómenos es nuevo en Michoacán. Todos están documentados, medidos y denunciados desde hace años por organismos internacionales, por la academia, por la sociedad civil y por las propias familias afectadas. Lo que resulta verdaderamente insostenible en pleno 2026 es que el estado michoacano siga acumulando evidencia sin traducirla en voluntad política de transformación. Celebrar a las infancias mientras se les mantiene en esas condiciones es una contradicción que Mexicanos Primero Michoacán se niega a asumir en silencio.

La primera y más extendida de las crisis es la del trabajo infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 2022, Michoacán ocupa el quinto lugar nacional en este fenómeno, con el 18 por ciento de la población entre 5 y 17 años involucrada en actividades laborales, una cifra que supera en casi cinco puntos el promedio nacional. Aproximadamente 213 mil menores michoacanos trabajan, uno de cada cinco niñas o niños en el estado, la gran mayoría en la informalidad: campos agrícolas bajo el sol de Tierra Caliente, comercios en los mercados de las ciudades medias o realizando labores domésticas en hogares ajenos. Hay que decirlo: tener a los menores trabajando en esas condiciones es robarles su infancia. La meta de la Organización Internacional del Trabajo de erradicar el trabajo infantil para 2025 llegó y pasó en Michoacán sin que nadie la cumpliera.

La segunda crisis es la que más duele en su literalidad: Michoacán mata a sus menores. La Red por los Derechos de la Infancia en México documentó 74 homicidios de niñas, niños y adolescentes en la entidad durante 2024, colocando a Michoacán en el tercer lugar nacional. Durante el ciclo escolar completo 2024-2025, en un conteo que realizamos desde Mexicanos Primero Michoacán fueron asesinados 120 menores, ubicando al estado como la segunda entidad más mortífera para este sector en todo el país, solo por debajo de Guanajuato. La violencia impactó directamente a la vida escolar: planteles cerrados, dronazos sobre comunidades, minas antipersonales en caminos escolares, amenazas directas contra docentes en al menos 20 municipios.

El asesinato de dos maestras en la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas el 24 de marzo de 2026, perpetrado con un arma de uso exclusivo del Ejército por un estudiante, fue la expresión más brutal de un ecosistema de violencia que permea las aulas michoacanas y que el estado ha sido incapaz de contener.

La desescolarización configura la tercera crisis de fondo. Michoacán registra tasas de abandono escolar superiores al promedio nacional en todos los niveles de educación obligatoria. Alrededor del 10 por ciento de los estudiantes abandona la secundaria, y más del 11 por ciento deja la educación media superior antes de concluirla. A nivel nacional, el ciclo escolar 2024-2025 cerró con más de 864 mil estudiantes menos en las aulas, siendo la media superior el nivel más afectado.

Analizamos, con base en información de CONEVAL, que el Programa de Becas Benito Juárez apenas logró reducir en 2 por ciento el abandono escolar en ciclos anteriores, lo que evidencia que las transferencias económicas aisladas resultan insuficientes frente a causas estructurales que se llaman pobreza, violencia, distancia geográfica y falta de sentido de pertenencia institucional.

El reclutamiento por el crimen organizado representa la cuarta amenaza, y quizá la más corrosiva para el tejido social michoacano. La representación de UNICEF en México identificó en 2025 territorios específicos dentro de la entidad donde grupos criminales captan a menores desde los 9 o 10 años de edad. Las redes sociales y los videojuegos en línea se han convertido en instrumentos de captación digital, donde los grupos delictivos construyen perfiles personalizados para atraer a niñas y niños mediante falsas promesas de dinero, empleo o reconocimiento. Un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración ubica a Michoacán entre los diez estados con mayor incidencia de reclutamiento infantil organizado. Siete de cada diez menores captados provienen de entornos previos de violencia intrafamiliar o abuso, lo que revela que el crimen organizado opera siempre sobre las vulnerabilidades que el Estado dejó abiertas y desatendidas.

La migración forzada y el desplazamiento interno completan el cuadro de una infancia michoacana en emergencia. Michoacán figura entre los principales estados de origen de familias que huyen hacia la frontera norte del país, y alrededor del 30 por ciento de las personas en situación de desplazamiento interno son menores de edad. Quienes migran enfrentan albergues hacinados, ruptura del proceso educativo, riesgo de captación por redes de trata en las ciudades de tránsito y separación familiar que deja a niñas y niños solos en territorios donde las garantías institucionales son prácticamente inexistentes. La violencia escolar y el acoso entre pares agravan todavía más este panorama: los reportes de bullying crecieron 205 por ciento entre 2019 y 2026, y al 30 de abril de 2026, al menos 12 escuelas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Tarímbaro se habían sumado al reto viral de tiroteo en redes sociales, convirtiendo los planteles en espacios de pánico colectivo.

Estas crisis se encadenan en una espiral de vulnerabilidad con consecuencias mensurables sobre la vida presente y futura de las infancias michoacanas. La más inmediata es la privación del derecho a la educación en su sentido más pleno: el derecho a estar en la escuela, a aprender en ella con calidad y a participar en su comunidad educativa con seguridad y dignidad. Cuando un menor trabaja en lugar de estudiar, cuando la violencia lo expulsa del salón de clases, cuando el crimen organizado lo capta antes de que el Estado lo alcance, se quiebra una trayectoria de vida que difícilmente se reconstruye con programas de retención diseñados a destiempo.

Las consecuencias económicas son igualmente severas. Los menores que dejan el sistema educativo enfrentarán a lo largo de su existencia menor ingreso per cápita, menores posibilidades de movilidad social y una esperanza de vida más corta. A escala agregada, la desescolarización masiva representa una pérdida de capital humano que hace más difícil la transición de Michoacán hacia una economía productiva y diversificada. Los estados con mayor abandono escolar son también los que presentan mayores tasas de informalidad laboral y menores índices de desarrollo humano: una causalidad que el diseño de la política pública michoacana sigue ignorando de manera sistemática.

Las consecuencias sobre la salud mental son profundas y persistentes. La exposición a la violencia directa produce trauma, depresión, ansiedad y trastornos del sueño en poblaciones escolares. Las niñas y niños que han sido víctimas de acoso escolar presentan mayor riesgo de depresión y comportamientos de riesgo. Los menores que han perdido familiares por homicidio o que han sido testigos de la violencia cotidiana en sus comunidades cargan con heridas que ningún programa de transferencias económicas puede sanar por sí solo. Y la ausencia de psicólogos en los planteles públicos michoacanos, la escasez de servicios de salud mental en zonas rurales e indígenas y la estigmatización cultural de estas afecciones dejan a los menores más vulnerables sin acceso a la atención que su situación exige y que el Estado tiene la obligación de proveer.

La violencia, el trabajo infantil y el abandono educativo son tres expresiones de un mismo fracaso del Estado en el cumplimiento de su obligación más elemental frente a las generaciones que le garantizan futuro.

Michoacán figura, con datos de la REDIM publicados en marzo de 2026, como el noveno estado con mayor población infantil y adolescente del país, con 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años. De ellos, el 42.7 por ciento vive en situación de pobreza y el 6.6 por ciento en pobreza extrema.

En suma, esos son los números sobre los que se levantaron los globos del 30 de abril en Michoacán.

Festejar sin mirar esos números es celebrar sobre una deuda que cada año se hace más grande e impagable para las infancias michoacanas.

¡Merecemos un gobierno educador!

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