La legisladora michoacana alcanza 35.4 por ciento de aprobación; ninguno de los 32 titulares evaluados supera el umbral del 40 por ciento                                   

En un escenario marcado por bajos niveles de aprobación, la diputada del partido obradorista, Fabiola Alanís Sámano, figura como la quinta presidenta de Junta de Coordinación Política (Jucopo) mejor evaluada a nivel nacional, según la encuestadora GobernArte.

El estudio revela que, pese a su posición dentro del top cinco, la legisladora michoacana alcanza apenas un 35.4 por ciento de aprobación, reflejo de una tendencia general, ninguno de los 32 titulares evaluados supera el umbral del 40 por ciento.

Para construir el ranking, la firma encuestadora aplicó dos preguntas clave “¿Quién realmente está conectado con la gente desde los congresos estatales?” y “¿Qué opinas del desempeño del Poder Legislativo en tu estado?”.

En este ejercicio, Alanís Sámano obtuvo 35.8% en nivel de conocimiento y 34.9 por ciento en aprobación.

El listado nacional es encabezado por Andrés Atayde Rubiolo, del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, con 39.4 por ciento.

En segundo sitio se ubica Jesús Urióstegui García, de Guerrero, por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 38.7 por ciento.

Le siguen Óscar Daniel Martínez Terrazas, de Morelos, por el PAN, con 38 por ciento, y Carlos de la Fuente Flores, de Nuevo León, con 36.5 por ciento.

En contraparte, la evaluación más baja recae en perfiles del partido en el poder.

Wilmer Monforte, de Yucatán, lidera la lista negativa con 10.6 por ciento, acompañado por Tania Caballero, de Oaxaca; José Roberto García, de San Luis Potosí; Ever Campech, de Tlaxcala; y María Teresa Guerra, de Sinaloa, ninguno con más del 15 por ciento de aceptación.

Es lamentable que tenga que venir de otro país para que pueda haber un rayo de luz de esperanza para hacer justicia, afirma dirigente estatal                             

Para el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, el escándalo que envuelve al Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con la delincuencia organizada es apenas el inicio de un fenómeno que alcanzará a otras entidades del país.

El legislador local sostuvo que dispone de información que advierte que las indagatorias impulsadas desde Estados Unidos no se concentrarán exclusivamente en gobernadores, sino que se ampliarán hacia diversos actores políticos.

“Eso no quedará solamente en Sinaloa, pasará a afectar a otros estados y no solo a los poderes ejecutivos. Pero es lamentable que tenga que venir de otro país para que pueda haber un rayo de luz de esperanza para hacer justicia”, afirmó.

Desde su perspectiva, resulta preocupante que las acciones de justicia dependan de instancias extranjeras, evidenciando debilidades institucionales en el país.

En paralelo, Valencia Reyes señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una oportunidad inédita “de sacudirse de tanta lacra” y encauzar procesos judiciales contra quienes han sido vinculados con estructuras criminales, para ser “destinados al basurero de la historia”.

“Porque pactaron con criminales y empoderaron durante muchos años al crimen organizado, contaminando la política en México”, manifestó.

El líder del partido tricolor subrayó que, a su juicio, la mandataria federal no es “una narcopolítica”, lo que le permitiría actuar sin ataduras en este contexto.

Advirtió además que el caso de Rubén Rocha Moya tendrá repercusiones nacionales, al enviar una señal contundente contra quienes han pactado con el crimen organizado.

Según dijo, esto podría frenar prácticas como las registradas en las elecciones de 2021, donde —acusó— hubo una intervención abierta de grupos delictivos.

Afirmó que diversos candidatos optaron por negociar con organizaciones criminales en lugar de convencer al electorado, lo que derivó en presiones directas sobre los votantes.

En el ámbito local, aseguró que en Michoacán existen legisladores con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, aunque omitió precisar identidades.

El caso de Rocha Moya se encuentra en curso luego de que solicitara licencia temporal al cargo, con el fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) lleve a cabo las investigaciones por presuntos nexos con narcotráfico y tráfico de armas.