Junio dejó un saldo sumamente negativo en el sistema educativo michoacano. Este no es un problema nuevo, sino que se trata de un cúmulo de decisiones, omisiones y complicidades que configuran uno de los peores cierres de ciclo escolar que se recuerden en la entidad. A continuación, se reseñan algunos de los problemas más graves que hoy golpean al sistema educativo michoacano y las consecuencias que de ellos se derivan.
El primer problema es el más visible: un paro de labores que, entre movilizaciones, bloqueos y asambleas, mantuvo cerradas escuelas durante al menos quince días hábiles en pleno tramo final del ciclo escolar, precisamente cuando se consolidan los aprendizajes del año y se preparan las evaluaciones finales.
El segundo es la forma en que se pretendió resolver ese conflicto: una minuta negociada con al menos tres facciones distintas de la Sección XVIII, firmada con la solemnidad de una foto oficial junto al secretario de educación pública federal, pero sin claridad sobre quién asume los compromisos financieros y operativos que ahí se pactaron y mucho menos, la seguridad de que estos beneficiarán a las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Negociar con fracciones múltiples de un mismo sindicato no resuelve el conflicto: lo fragmenta y lo hace recurrente. La sumatoria de los recursos involucrados en la minuta superan los 11 mil millones de pesos.
El tercero es la distracción institucional generada por el mundial de fútbol, que ha desviado la atención mediática y política de las autoridades educativas justo cuando debieran estar concentradas en recuperar los días perdidos y garantizar el cierre ordenado del ciclo.
El cuarto problema proviene del propio magisterio, pero por otra vía: el SNTE dio a conocer, mediante su Comunicado número 22, que busca al titular de la SEP para impulsar la conformación de una mesa de negociación en Michoacán y en otras tres entidades, ante la percepción de que no se les toma en cuenta en decisiones relativas a plazas docentes, ingreso, promoción vertical y horizontal, y adscripciones. Es decir, mientras una organización gremial bloquea escuelas, otra denuncia que ni siquiera es escuchada. El gobierno, más que dialogar, reacciona a quien más presiona.
El quinto es el abandono escolar, que no se ha dimensionado a fondo porque los indicadores no se actualizan mes a mes y porque se ha vuelto práctica común no reportar oportunamente a las víctimas de deserción, sino simplemente asignarles una calificación final sin que se contabilicen como casos de abandono. Esa opacidad estadística es la forma en que el sistema esconde su propio fracaso.
El sexto problema es un vacío de autoridad: la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán permanece acéfala desde el 24 de junio, conducida desde entonces mediante una encargatura de despacho, sin que exista certeza sobre cuándo ni con qué perfil se nombrará a quien deba dirigirla.
El séptimo se relación con la contaminación política del sistema: el fin de semana se solicitó la renuncia al titular del subsistema CONALEP en la entidad por participar en eventos políticos, siendo hasta ahora el único funcionario que ha dejado su cargo por involucrarse en la campaña interna del partido en el poder, pese a que es evidente que no es el único caso. Su reemplazo fue designado en un par de días, lo que sugiere más una operación de relevo político que una decisión basada en perfiles idóneos.
El octavo problema es la ausencia de exigencia sobre el cumplimiento del calendario escolar oficial: no hay señales de que la autoridad esté presionando para que los planteles recuperen los días perdidos, ni mecanismos claros de verificación y sanción para quienes incumplen.
El noveno son las clausuras escolares en cascada que continúan produciéndose por distintos motivos, como son la decisión de las comunidades escolares respectivas, por razones laborales, de infraestructura, climáticas o de seguridad, sin que exista una estrategia integral para contenerlas ni para garantizar la reposición efectiva de horas clase.
El décimo, y quizá el más estructural, es el rezago educativo histórico de Michoacán, que durante años ha colocado a la entidad entre los últimos lugares nacionales en aprendizaje, cobertura y logro educativo. Ese rezago es el resultado acumulado de gabinetes débiles, decisiones cortoplacistas y una negociación permanente con los factores reales de poder del sistema, en detrimento del derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes.
La primera y más inmediata consecuencia es pedagógica: menos días de clase, menos horas efectivas de aprendizaje y una brecha creciente entre lo que el currículo exige y lo que realmente se aprende. Los estudiantes de escuelas públicas, particularmente en zonas rurales e indígenas donde la escuela es frecuentemente el único espacio de aprendizaje estructurado, son quienes más pierden.
La segunda consecuencia es la erosión de la confianza social en la autoridad educativa. Cuando las familias ven que el ciclo escolar se resuelve a golpe de paros, minutas y encargaturas de despacho, dejan de creer que la escuela pública es un espacio confiable, y muchas optan por sacar a sus hijos del sistema o por resignarse a que la educación pública sea, en los hechos, de segunda categoría.
La tercera consecuencia, y aquí es donde el problema educativo se convierte en problema económico estructural, tiene que ver con la pobreza laboral. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias dio a conocer recientemente que, Michoacán, en el cuarto trimestre de 2025 registró la mayor caída de ingreso laboral real del país, con una contracción de 7.6 por ciento. La relación con el sistema educativo no es casual ni metafórica: un sistema que pierde días de clase, que no forma en competencias sólidas, que expulsa silenciosamente a sus estudiantes por la vía del abandono no contabilizado, está produciendo generaciones con menor escolaridad efectiva, y la evidencia es clara en que a menor escolaridad, mayor probabilidad de empleo informal, menor ingreso laboral y mayor persistencia en la pobreza. Michoacán no solo repite el patrón nacional: lo profundiza, porque su sistema educativo funciona, en la práctica, como una fábrica de vulnerabilidad económica futura. 21 de cada 100 hogares conformados por personas trabajadoras, no pueden siquiera adquirir la canasta básica. ¿Si hubieran terminado la licenciatura todos, sería la misma situación?
La cuarta consecuencia es todavía más grave porque involucra la vida y la integridad de las personas: la crisis de desapariciones en el estado no da tregua, y coincide de forma alarmante con el periodo del Mundial de Fútbol que hoy distrae a las autoridades. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 11 de junio y el 1 de julio de este año se reportaron 866 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales 526 continúan sin ser localizadas. Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en ese periodo, solo detrás de la Ciudad de México, con 92 personas reportadas como desaparecidas: 59 hombres y 33 mujeres. Esta crisis no es ajena al sistema educativo: los mismos jóvenes que el sistema no logra retener, formar ni proteger dentro de las aulas son, con enorme frecuencia, los más expuestos a la violencia, el reclutamiento forzado y la desaparición fuera de ellas. Un Estado que no garantiza escuela ni calendario escolar completo tampoco está garantizando el entorno mínimo de protección que evita que sus jóvenes terminen en una carpeta de búsqueda.
La quinta consecuencia es la parálisis institucional que se retroalimenta a sí misma: una Secretaría de Educación acéfala, no está en condiciones de exigir cumplimiento de calendario, de sancionar irregularidades, de negociar con solvencia frente al magisterio ni de rendir cuentas sobre el abandono escolar no reportado. Cada día que pasa, el sistema se administra por inercia.
Para salir de la crisis es imperativo nombrar de inmediato a la persona titular de la Secretaría de Educación en el Estado, pero eligiendo a alguien con perfil y experiencia comprobada para el cargo, que no esté manchada por antecedentes de corrupción —ni ella ni sus familiares cercanos— y que no haya comprometido en el pasado el erario educativo ni firmado minutas con expresiones gremiales o sindicatos en las que se haya extralimitado en sus atribuciones. Las mismas personas, haciendo las mismas cosas, no pueden generar resultados distintos.
Segundo, establecer de manera pública y verificable un plan de recuperación del calendario escolar, con fechas concretas, mecanismos de supervisión por plantel y consecuencias claras para las escuelas y autoridades que incumplan, de modo que el compromiso de llegar a clases regulares no dependa de la buena voluntad de cada director, sino de una política de Estado.
Tercero, transparentar de forma inmediata las cifras reales de abandono escolar, actualizando los indicadores mes a mes y prohibiendo la práctica de asignar calificación final a estudiantes que en realidad han desertado, para que el diagnóstico sea honesto y las políticas de retención puedan diseñarse con datos verdaderos.
Cuarto, articular una estrategia de protección educativa que reconozca el vínculo entre abandono escolar, pobreza laboral y vulnerabilidad ante la violencia y la desaparición, de manera que la política educativa deje de diseñarse de forma aislada y se convierta en una pieza central de la política de seguridad y de desarrollo económico del estado, con metas medibles y presupuesto etiquetado.
La efectividad de un sistema educativo jamás podrá exceder la capacidad de su gabinete educativo. Esa es la razón esencial que explica por qué Michoacán lleva décadas por debajo de la media nacional en prácticamente todos los indicadores que importan: aprendizaje, cobertura, abandono, y ahora también movilidad social y seguridad de sus jóvenes. El último mes de clases de este ciclo escolar es la fotografía más nítida de un sistema educativo que necesita, con urgencia, la recuperación de su rectoría.
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