Hace unos meses hablabamos del registro obligatorio de los teléfonos celulares. Después vino la CURP biometrica y, a penas en octubre, la aprobación de una ley para ampliar el uso de pagos digitales.

Tres noticias que hemos seguido por separado y que, vistas juntas, comienzan a contar una historia bastante interesante.

Primero nos pidieron identificar nuestros teléfonos, después, incorporar nuestros datos biométricos a la identificación oficial y, ahora buscan que cada vez más operaciones económicas se realicen por medios electrónicos.

Todo, por supuesto, en nombre de la seguridad, la eficiencia y la modernización.

Sin embargo, hay algo que no termina de convencerme, y tiene que ver menos con la tecnología que con el dinero.

Resulta que mientras los mexicanos estamos siendo cada vez más identificados, el gobierno también está necesitando cada vez más recursos para sostener sus compromisos, y las cifras más recientes ayudan a entender este enfoque.

En junio reportábamos alrededor de 63 millones de líneas telefónicas vinculadas con la identidad de sus usuarios, para el 18 de octubre ya eran más de 96 millones.

La autoridad informó también que más de un millón de líneas suspendidas, dentro de uno de los bloqueos del registro, habían recuperado el servicio después de completar el trámite.

Con la CURP biométrica ocurre algo semejante, pues su implementación avanza mientras todavía se discute jurídicamente el alcance de sus obligaciones. Tan es así que el 22 de octubre se publicó un acuerdo de la Suprema Corte relacionado con los juicios que cuestionan su constitucionalidad.

Y ese mismo mes, el Congreso aprobó la Ley de Economía Digital para pagos Digitales y Electrónicos. A ver, no se trata de una nueva moneda que sustituirá los billetes, se trata de extender los pagos electrónicos y facilitar su uso en más actividades, aquí la diferencia es que, antes, el efectivo cambiaba de manos sin dejar rastro, ahora una transferencia con pago con tarjeta tiene una huella de trazabilidad, y esa información, además de servir a los bancos y comercios, puede ser útil para verificar operaciones e ingresos cuando la autoridad tiene facultades legales para hacerlo.

Hasta aquí, tres historias que podrían parecer independientes, y que podrían sujetarse a la una motivación de modernización, seguridad y adopción tecnológica, sin embargo, cuando ponemos de lado las cuentas del gobierno, la historia cobra otro matiz.

En 2018, la deuda pública amplia de México rondaba los 10.6 billones de pesos, para septiembre de 2026 llegó a 19.55 billones, 9 billones más en menos de 8 años.

Y mientras tanto, durante los primeros 9 meses de este año, el gobierno ingresó 6.30 billones de pesos y gastó 7.27 billones, solo el costo financiero de la deuda consumió alrededor de 959 mil millones de pesos.

Lo curioso es que la recaudación del IVA aumentó el 12 por ciento en términos reales y, aún así, los ingresos públicos totales disminuyeron 2.8%.

En pocas palabras: podemos estar pagando más impuestos, el gobierno puede estar cobrando mejor y, aun así, continuar gastando por encima de lo que ingresa.

Entonces ¿Dónde está el dinero? ¿Qué compromisos están absorbiendo el presupuesto? ¿Cuánto queda realmente para mejorar la salud, la educación y otros servicios que recibimos? Porque una cosa es aumentar la recaudación y otra muy diferente saber administrar lo que se recauda.

Y esto me lleva a la reflexión inicial, tenemos un gobierno que necesita fortalecer sus ingresos, que ha incrementado considerablemente su deuda y que ahora impulsa mecanismos para identificar mejor a las personas y registrar más operaciones económicas.

Es posible que pensemos que solo es parte de un ambicioso proyecto de modernización, o cuánto de esta transformación responde a la conveniencia de contar con una economía más fácil de fiscalizar.

No hace falta imaginar que Hacienda esta mirando cada transferencia, sin embargo, cuanto más dinero circula por sistemas electrónicos más operaciones pueden documentarse y en un momento dado, revisarse, y eso resulta particularmente útil para un Estado que necesita recaudar.