La pérdida de matriculación es uno de los más graves males que aquejan a nuestro sistema educativo estatal, toda vez que exhibe la incapacidad del régimen de conformar políticas públicas que arropen a los estudiantes y les permitan ejercer sus derechos educativos plenamente.

En Michoacán hacen falta 20 mil 696 estudiantes al arranque del ciclo escolar 2025-2026, respecto a los del ciclo escolar pasado. ¿Dónde están? En este caso, las cifras evidencian una dolorosa realidad que no ha podido superarse, ni siquiera con las transferencias económicas.

Ya se ha mencionado que, el Programa de Becas “Benito Juárez” no tuvo el impacto deseado, porque apenas logró reducir en un dos por ciento la pérdida de matriculación en el ciclo escolar subsecuente, de acuerdo con un estudio del ya extinto CONEVAL, publicado en diciembre pasado.

La problemática de la disminución de estudiantes en las aulas debe ser interpretada como una situación de emergencia estatal, por las implicaciones sistémicas a corto, mediano y largo plazo para las niñas, niños y jóvenes cuyos derechos humanos están siendo transgredidos.

Las afectaciones estriban en menos ingreso per cápita a lo largo de su existencia, menos posibilidades de movilidad social y hasta una menor esperanza de vida. Aunado a lo anterior, la vulnerabilidad a ser cooptados por las redes delincuenciales se incrementa, pudiendo ser reclutados para ejercer actividades ilícitas.

Si bien, se publicó recientemente el Programa Sectorial de Educación 2025 – 2030 y en él se contempla incrementar la cobertura educativa y la tasa de matriculación, no existen en estos momentos políticas públicas de amplio alcance e integrales para lograr los efectos necesarios ante la magnitud de este fenómeno.

En el marco de la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y su entrega al poder legislativo, es menester contemplar este grave flagelo, diseñar y presupuestar las medidas que habrán de aplicarse para afrontar el éxodo de estudiantes del sistema educativo estatal, que no es sino un reflejo de que el estado mexicano los ha abandonado. En este documento se asignan muchos recursos a las becas «Rita Cetina» y otros programas de transferencias directas. Es muy importante tomar en cuenta los hallazgos previos de estudios de efectividad para no repetir los errores de los ejercicios fiscales recientes. Es momento de asegurar la transversalidad e integralidad de la política social y, particularmente, de los programas socioeducativos.

Cuando un menor de edad sale del sistema educativo, inmediatamente se enfrenta a múltiples vulnerabilidades que marcarán profundamente su trayectoria de vida. Los estudiantes de primaria que no continúan en las aulas son empujados prematuramente al trabajo infantil, en actividades agrícolas, comercio informal o labores domésticas no remuneradas que comprometen su desarrollo físico y emocional.

Los jóvenes de secundaria y bachillerato que ya no están matriculados enfrentan un panorama aún más preocupante. Sin las competencias y credenciales educativas necesarias, son orillados hacia empleos precarios, informales y mal remunerados que perpetúan los ciclos de pobreza intergeneracional. La ausencia de perspectivas educativas los convierte en blanco fácil para redes de explotación laboral, trata de personas y, en el caso específico de Michoacán, reclutamiento por grupos del crimen organizado.

La salida del sistema educativo genera en los menores un profundo sentimiento de fracaso personal y exclusión social que impacta su autoestima y proyección de futuro. Los jóvenes que no completan su educación media superior experimentan niveles más altos de depresión, ansiedad y comportamientos de riesgo, incluyendo consumo de sustancias y prácticas sexuales no protegidas.

La pérdida del espacio escolar significa también la ruptura de redes sociales fundamentales para el desarrollo adolescente. La escuela no solo es un lugar de aprendizaje académico, sino también de socialización, construcción de identidad y desarrollo de habilidades socioemocionales. Su ausencia deja a los jóvenes sin referentes adultos positivos y sin espacios seguros para su desarrollo integral.

En Michoacán, esta problemática adquiere dimensiones dramáticas que reflejan y amplifican la crisis estatal. Nuestro estado, con sus profundas desigualdades territoriales y la presencia histórica de grupos armados, se ha convertido en un espacio donde las consecuencias de la pérdida de matriculación se manifiestan con particular crudeza.

En las regiones rurales michoacanas, especialmente en la Tierra Caliente, la Costa y zonas de la Meseta Purépecha, la disminución de estudiantes en las aulas ha coincidido con el incremento del reclutamiento de menores por parte de grupos delincuenciales. Los testimonios recogidos por organizaciones civiles dan cuenta de cómo niños de 12 y 13 años, que ya no asisten a la escuela, son incorporados como «halcones» o en labores de apoyo logístico para organizaciones criminales.

En términos económicos, las investigaciones indican que cada año de escolaridad perdido reduce los ingresos potenciales a lo largo de la vida. La reducción de la matrícula educativa significa menos profesionistas, menos innovadores, menos líderes comunitarios y menos ciudadanos con las competencias necesarias para participar plenamente en la vida democrática del país. Para Michoacán, un estado que requiere urgentemente de cuadros técnicos y profesionales para su desarrollo, la sangría educativa representa hipotecar su futuro.

La experiencia reciente nos demuestra que las becas y transferencias económicas, aunque necesarias, son insuficientes por sí mismas para combatir la pérdida de matriculación. En Michoacán, hemos sido testigos de cómo programas federales de gran envergadura presupuestal no han logrado revertir significativamente la disminución de estudiantes en las aulas.

Es imperativo reconocer que la pérdida de matriculación es un fenómeno multifactorial que requiere respuestas igual de complejas e integrales. Las causas van desde la necesidad económica familiar hasta la falta de pertinencia cultural y relevancia de los contenidos educativos, pasando por deficiencias en la infraestructura escolar, ausencia de docentes y la creciente influencia de grupos delincuenciales en territorios abandonados por el Estado.

Hay que subrayar la necesidad de fondo que persiste: lo que necesitan las niñas, niños y jóvenes en riesgo de salir del sistema educativo no son solo becas, ni condiciones de infraestructura, equipamiento, conectividad y transferencias de recursos, sino ecosistemas de protección integral que contemplen acompañamiento psicosocial, espacios seguros de aprendizaje, contenidos pertinentes a sus realidades territoriales, y alternativas reales de desarrollo personal y profesional.

Por ello, es importante conformar un modelo de política pública que coloque en el centro los derechos y necesidades específicas de las niñas, niños y jóvenes, con énfasis en completar trayectorias educativas desde educación inicial hasta la obtención de un título y cedula profesional de licenciatura.

Debe de contemplarse entonces la conformación de sistemas de alerta temprana y acompañamiento personalizado, es decir, la implementación de mecanismos tecnológicos y humanos que identifiquen oportunamente a estudiantes en riesgo de salir del sistema, con protocolos de intervención que involucren a familias, comunidades y autoridades locales.

Paralelamente, debe lograrse que los espacios educativos y sus entornos sean seguros y constituyan territorios de paz, mediante el fortalecimiento de las escuelas como lugares seguros, especialmente en regiones afectadas por violencia, donde niñas, niños y jóvenes encuentren no solo educación, sino protección, alimentación y cuidado integral.

Así también, se debe de contar con una educación pertinente y liberadora, con programas y contenidos educativos que reconozcan y valoren las diversidades culturales, lingüísticas y territoriales, especialmente para poblaciones indígenas y rurales, evitando que la escuela sea un espacio de imposición cultural o de desarrollo de proyectos aislados sin secuencia didáctica ni pertinencia respecto a los retos sociales, productivos, culturales, identitarios y políticos que entrañan a las comunidades michoacanas.

Aunado a lo anterior, es trascendente considerar el fortalecimiento de las trayectorias familiares, mediante programas integrales que trabajen con las familias para que comprendan la importancia de la continuidad educativa y reciban apoyo transversal, continuo y durante décadas para superar las condiciones que obligan a sus hijos a salir de la escuela.

Redobladamente, debe haber una articulación interinstitucional e intersectorial real y efectiva, entre educación, salud, desarrollo social y seguridad para crear redes de protección que acompañen integralmente a los estudiantes más vulnerables. En Michoacán, donde los índices de desarrollo humano se encuentran muy por debajo de la media estatal, no podemos permitirnos perder a toda una generación. No una vez más.

La relación entre disminución de estudiantes en las aulas y reclutamiento por parte del crimen organizado es una realidad innegable en nuestro territorio. Mientras el Estado mexicano no ofrezca alternativas reales de desarrollo a través de la educación, seguiremos entregando a nuestros jóvenes a dinámicas que perpetúan la violencia y la descomposición social.

El momento actual representa una oportunidad histórica para repensar y transformar nuestro sistema educativo. El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 debe traducirse en acciones concretas que prioricen la retención y permanencia escolar como estrategia fundamental de protección de derechos humanos y desarrollo estatal.

Desde Michoacán hacemos un llamado urgente a las autoridades para que el Presupuesto de Egresos 2026 contemple recursos suficientes y estrategias innovadoras para revertir la pérdida de matriculación. No podemos seguir permitiendo que programas multimillonarios tengan efectividad del 2%. Necesitamos políticas públicas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos, perspectiva territorial y participación comunitaria real.

Es axiomático: la educación es el derecho humano que posibilita el ejercicio de todos los demás derechos. En Michoacán, como en el resto del país existe la obligación ética y constitucional de garantizar que cada niña, niño y joven pueda completar su trayectoria educativa con calidad, pertinencia y en condiciones de seguridad.

Cada estudiante que regrese a las aulas y cada trayectoria educativa que se complete exitosamente representa una victoria contra la desigualdad, la violencia y la desesperanza. La hora de actuar es ahora. El futuro de Michoacán y de Michoacán depende de las decisiones que tomemos hoy para rescatar a nuestros estudiantes de la exclusión y ofrecerles las herramientas necesarias para construir un país más justo y próspero.

Al respecto, sigamos vigilantes y exigiendo que los derechos educativos de la niñez y juventud michoacana sean una prioridad real en la agenda gubernamental. Cada niña, niño y joven cuenta. Su educación no puede esperar más, merecen un gobierno educador y garantista.

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