México ya enfrenta un reto inmediato: cómo regular una tecnología que no reconoce fronteras, mientras las empresas ya están cambiando la forma en que trabajan.

En medio del avance acelerado de la inteligencia artificial, el país enfrenta uno de sus primeros desafíos regulatorios con implicaciones internacionales.

En abril de 2026, el Congreso mexicano aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para regular el uso de tecnologías capaces de clonar voz e imagen mediante inteligencia artificial. La iniciativa establece que cualquier uso de identidad digital, voz o imagen, debe contar con autorización expresa y contratos específicos que definan su alcance, duración y compensación.

El objetivo es proteger a las personas, particularmente a actores, locutores y creadores, frente al uso no autorizado de su identidad en entornos digitales.

La reforma introduce cambios relevantes: reconoce la voz como un derecho protegido, obliga a condiciones contractuales más estrictas y limita el uso posterior de materiales generados con inteligencia artificial. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos sobre su aplicación práctica, al trasladar posibles sanciones al ámbito judicial, lo que podría dificultar su cumplimiento efectivo.

La aprobación de esta reforma no solo ha generado debate a nivel nacional. También ha despertado preocupaciones en el ámbito internacional, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Especialistas y empresas tecnológicas han señalado que reglas más estrictas sobre el uso de voz e imagen podrían impactar el desarrollo y operación de modelos de inteligencia artificial, los cuales dependen del uso intensivo de datos.

Si bien hasta ahora no existe un procedimiento formal dentro del tratado, el tema comienza a perfilarse como un posible punto de fricción en la revisión prevista para 2026, especialmente en lo relacionado con comercio digital y flujo de información.

Mientras en el plano legal se discuten los límites de la inteligencia artificial, en el ámbito empresarial los ajustes ya están en marcha.

Algunas compañías tecnológicas han optado por recortes directos de personal. Un caso reciente es el de Snap Inc., que anunció el despido de aproximadamente mil empleados, cerca del 16% de su plantilla global, como parte de una estrategia para reducir costos y acelerar su transición hacia modelos operativos apoyados en inteligencia artificial.

La empresa también eliminó más de 300 vacantes abiertas, lo que refleja no solo un ajuste inmediato, sino una contención en la contratación futura. Este tipo de decisiones suele generar presión en los mercados, al interpretarse como señal de reestructuración ante nuevas condiciones tecnológicas y financieras.

Este tipo de medidas se ha replicado en otras empresas del sector tecnológico, donde la adopción de inteligencia artificial se ha vinculado con procesos de optimización y reducción de costos.

En contraste, otras compañías están optando por estrategias más graduales. IBM, por ejemplo, anunció que planea suspender progresivamente la contratación para alrededor de 7,800 puestos, principalmente en áreas administrativas y de back office, funciones que podrían ser sustituidas por inteligencia artificial en los próximos años.

A diferencia de los despidos masivos, este enfoque no implica una reducción inmediata de personal, sino una disminución en la creación de nuevos empleos en ciertas áreas, como parte de un proceso de automatización progresiva.

En paralelo, lo que se discute en la ley y lo que ya ocurre en las empresas refleja una misma realidad: la inteligencia artificial no solo está transformando el trabajo, también está poniendo a prueba los límites de la regulación en un entorno cada vez más global.