Ya hemos visto demasiado hacia el pasado. Hay diagnósticos que, de tanto expresarse, inmunizan, anestesian, normalizan y se vuelven decorativos. Ha informes que se apilan en cajones, datos que se publican para tranquilizar conciencias y afianzar campañas, pero que jamás terminan de transformar realidades. Michoacán ha sido objeto de innumerables estudios, encuestas, panoramas educativos y comunicados de prensa que describen con precisión quirúrgica una herida que nadie termina de curar.

El rezago educativo en Michoacán alcanza a casi una tercera parte de su población mayor de quince años: aproximadamente un millón doscientas setenta mil personas que todavía están lejos de completar la educación obligatoria. Eso coloca a la entidad como la quinta con mayor rezago en el país, apenas por debajo de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, y 7.2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional de 18.6%. Para contextualizar la magnitud del problema: los estados mejor posicionados, como Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León, tienen un rezago de entre 8.5% y 13.3%. Michoacán tiene el triple.

Pero lo más revelador es que esa cifra supera al total de estudiantes inscritos en el sistema educativo michoacano, que suman un millón doscientos cuarenta y siete mil. Estamos ante un déficit de humanidad educativa que rebasa al propio sistema.

El ciclo escolar 2024-2025 concluyó con al menos 120 menores de edad asesinados en la entidad. Dos de cada tres escuelas carecen de servicios básicos completos. Quince días hábiles de paro magisterial afectaron a más de novecientos mil estudiantes. Las evaluaciones educativas censales brillaron por su ausencia. La planta docente se redujo en mil veinticuatro maestros respecto al ciclo anterior. Y el presupuesto federal para formación docente llegó a ciento cinco pesos anuales por maestro.

¿De qué sirve presumir una reducción estadística del rezago cuando dicha reducción se explica, en parte, por los 10,798 homicidios dolosos registrados entre 2020 y 2024 en Michoacán? El 54% de las víctimas del crimen no habían concluido la educación secundaria. Cuando una persona en situación de rezago muere, el indicador mejora. Es el espejismo más cruel de las estadísticas educativas michoacanas.

La mirada hacia atrás, sin embargo, debe ser honesta sobre otro fenómeno más silencioso: la exclusión estructural de quienes nunca entraron al sistema. Existe una brecha generacional de rezago que se ha transmitido de padres a hijos como una herencia maldita. Abuelos que no saben leer enseñan a sus nietos que la escuela es secundaria frente al trabajo y la supervivencia. Comunidades enteras que han normalizado la exclusión educativa porque el Estado jamás les ofreció una escuela que valiera la pena. Esa normalización es quizá el obstáculo más difícil de superar, porque está en la cultura, en la desconfianza, en la memoria colectiva de generaciones defraudadas y en la falta de oportunidades tangibles de desarrollo para las juventudes.

Y, sin embargo, ahí también radica la esperanza. Porque donde el Estado ha llegado con verdadera voluntad, con maestros comprometidos, con infraestructura digna y con acompañamiento real, las familias michoacanas han respondido con una determinación que deja sin palabras. Madres que caminan horas para llevar a sus hijas a la escuela más cercana. Jóvenes purépechas que aprenden programación en comunidades sin luz eléctrica. Maestros rurales que dan clases bajo la sombra de un árbol porque el salón se cayó hace tres años y nadie ha llegado a reconstruirlo. Esas historias existen. Y merecen una política pública a su altura.

Ya hemos visto suficiente hacia atrás. Es hora de ver hacia adelante. Con valentía, con visión y con urgencia transformadora.

Las medidas adoptadas merecen una crítica necesaria. Entre 2021 y 2026, las autoridades educativas michoacanas han adoptado medidas que, aunque bienintencionadas, resultan insuficientes, mal calibradas o, en el peor de los casos, francamente ineficaces ante la magnitud del desafío.

Hasta adelante, está el fracaso silencioso de las becas, que han sido presentadas como la solución al abandono escolar y al rezago. La lógica parece sólida: si las familias tienen dinero, sus hijos dejan de abandonar la escuela. Pero la realidad es más compleja y dura. Hemos presentado análisis basados en el método científico.

Si las becas no van acompañadas de escuelas dignas, maestros presentes, rutas seguras y aprendizajes reales, no son becas: son transferencias sociales disfrazadas de política educativa. Una beca que llega a una familia cuya hija camina cuarenta y cinco minutos por un camino de terracería vigilado por el crimen organizado, cuya escuela carece de baños y agua potable, cuyo maestro faltó treinta días en el ciclo, no cumple su propósito educativo. Es un apoyo económico que puede aliviar la pobreza alimentaria, pero que garantizar el derecho a aprender requiere mucho más.

Se ha documentado que la cobertura de becas educativas es limitada y diferenciada. Para los adolescentes, el 43.5% del decil de menores ingresos recibe una beca, pero también el 40.3% del decil más rico. La universalización ha diluido la focalización: el programa está siendo universal sin ser transformador. Esto, las eficientiza aún menos, porque solo el 35% del dinero se usa en propósitos educativos.

Las becas, sin estar vinculadas a condicionalidades pedagógicas, a asistencia real, a logros de aprendizaje medibles y a una oferta educativa de calidad, son subsidios. Y los subsidios, aunque necesarios, transforman sistemas en pocas ocasiones. El resultado lo vemos: el 7% de analfabetismo en Michoacán y más del 42% de la población sin educación básica completa persisten, con o sin becas.

La Nueva Escuela Mexicana nace con buenas intenciones, pero con implementación fallida. El modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana llegó a Michoacán en medio de una tormenta estructural: paros magisteriales, violencia en comunidades escolares, desaparición de órganos de evaluación como el INEE y Mejoredu  y una planta docente que nunca recibió la formación suficiente para implementarlo. El resultado: más de dos décadas de información sobre evaluación educativa se perdieron con la extinción de Mejoredu y un sistema que enseña sin saber si sus alumnos aprenden.

En Michoacán no existe ningún sistema estatal de evaluación universal del aprendizaje. Se ignora, con certeza estadística y cobertura total, si los estudiantes michoacanos leen, escriben y calculan de forma competente. Se celebra escolaridad, no aprendizajes. Y la diferencia entre las dos es, precisamente, el abismo que separa a Michoacán de los sistemas educativos que transforman vidas.

La infraestructura es una promesa rota. Se destinaron 590 millones de pesos para infraestructura en doce mil planteles escolares, lo que equivale a menos de cincuenta mil pesos por escuela: una cifra que apenas alcanza para pintura y sillas. Mientras tanto, el 63% de los hogares michoacanos carece de computadora, y apenas el 37.2% tiene acceso a internet. Solo 3,893 de los más de doce mil planteles escolares cuentan con internet gratuito.

Esta brecha tecnológica, en el mundo que habitamos, pesa inmensamente:  carecer de conectividad equivale a carecer de acceso a la biblioteca más grande de la historia de la humanidad. Un estudiante sin internet en Michoacán rural compite en desigualdad de condiciones con un estudiante conectado de Monterrey o Ciudad de México. Pero la brecha digital es solo el síntoma más visible de un problema más profundo: la desigualdad estructural entre el Michoacán urbano y el rural, entre el Michoacán hispanohablante y el indígena, entre el Michoacán de las zonas de paz y el de las zonas de guerra silenciosa.

La problemática que no podemos eludir es la de violencia e inseguridad: el primer derecho que hay que garantizar es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, el derecho a la educación resulta imposible de ejercer. Durante 2025, Michoacán fue uno de los estados más afectados por cierres escolares vinculados a hechos de violencia. Los 120 menores asesinados en un solo ciclo escolar son 120 proyectos de vida interrumpidos, 120 familias destrozadas y 120 fracasos del Estado.

El crimen organizado roba días de clase, genera miedo en comunidades enteras, recluta a jóvenes que el sistema educativo no pudo retener y perpetúa el ciclo de marginación que reproduce la pobreza generación tras generación. La correlación es devastadora: el 54% de las víctimas de homicidio doloso en Michoacán no habían concluido la educación secundaria. La falta de educación alimenta la violencia, y la violencia impide la educación. Es una trampa mortal.

La atención socioemocional es la asignatura pendiente más urgente. Las niñas, niños y jóvenes michoacanos cargan con traumas colectivos que ningún plan de estudios contempla. El duelo por familiares asesinados o desaparecidos, el miedo crónico, el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión son realidades cotidianas en decenas de municipios del estado. Un estudiante que sobrevive psicológicamente a su entorno requiere, de manera simultánea, el acompañamiento socioemocional adecuado para poder aprender matemáticas o desarrollar pensamiento crítico.

El bienestar socioemocional es la condición mínima para que ocurra el aprendizaje: Finlandia lo entendió hace décadas. Michoacán aún debe integrarlo de manera sistemática, con recursos suficientes, con personal formado y con evidencia de impacto.

La defensa de los derechos de niñas, niños y jóvenes es cardinal. Los derechos a estar, aprender y participar, los tres ejes del trabajo de Mexicanos Primero siguen siendo violados cotidianamente en Michoacán. Estar: miles de estudiantes no llegan a la escuela por inseguridad, pobreza o falta de infraestructura. Aprender: sin evaluaciones, sin maestros bien formados y sin materiales adecuados, el aprendizaje efectivo se convierte en una lotería. Participar: los consejos de participación social son, en la mayoría de los casos, figuras decorativas sin poder real de incidencia.

La niñez michoacana requiere justicia. Justicia educativa que se traduzca en políticas públicas concretas, presupuesto suficiente, transparencia en su ejercicio y mecanismos reales de rendición de cuentas.

Hay que reconocer que el sistema ha fallado: es el primer paso honesto hacia la transformación. Michoacán tiene todo lo que necesita para cambiar su destino educativo: comunidades que valoran el conocimiento, maestros que eligen quedarse a pesar de las adversidades, jóvenes llenos de ideas y familias que sueñan con un futuro distinto. Lo que ha faltado es la voluntad política de ponerse a la altura de esa esperanza. Esa es la deuda más urgente que este estado tiene con sus niñas y niños. Y es, también, la oportunidad más grande que ningún gobernante debería desperdiciar. La segunda parte de este análisis presenta veinticuatro propuestas concretas, inspiradas en la mejor evidencia internacional, para comenzar a saldarla. ¡Merecemos un gobierno educador!

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles

 Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.

Hay documentos que el gobierno produce con toda la seriedad técnica de que es capaz y que, sin embargo, no parece haberse detenido a leer con detenimiento. El Estudio sobre el Uso de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, elaborado en febrero de 2024 por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de la Coordinación Nacional de Becas, es uno de ellos. Sus páginas contienen, con metodología combinada cuantitativa y cualitativa, con encuestas de hogares del INEGI y con entrevistas en trece estados del país, una radiografía de uno de los programas más costosos y políticamente sensibles del gobierno federal. Lo que esa radiografía muestra no es lo que el discurso oficial sobre las becas Benito Juárez ha prometido a las familias mexicanas, y esa distancia merece una discusión pública que todavía no ha ocurrido con la profundidad que el asunto exige.

El programa de becas educativas federal cubre tres niveles: el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior. En conjunto, atendieron en 2022 a más de 5.2 millones de estudiantes de básica, 2.5 millones de media superior y 335 mil de educación superior, con una inversión presupuestal de magnitud considerable. La pregunta es: ¿en qué se gasta realmente el dinero de estas becas?

La respuesta que los propios datos gubernamentales ofrecen es la siguiente: apenas el 35.3% del gasto de la beca se destina a educación. El resto se distribuye entre alimentos y bebidas (15.8%), vestido y calzado (10.5%), ahorro (10.3%), comunicaciones (7.8%), transporte (5.6%), cuidados personales (4.2%) y otros rubros de menor mención, incluidos salud, vivienda y, en una fracción mínima pero estadísticamente registrada, alcohol y tabaco. Dicho de otro modo: de cada peso que el Estado mexicano entrega como beca educativa, menos de cuatro centavos de diez tienen como destino comprobado la educación del becario.

Lo anterior ocurre a plena luz de los datos oficiales, sin que la Coordinación Nacional cuente con ningún mecanismo de seguimiento sobre el destino del apoyo. La propia institución lo reconoció: no realiza ni cuenta con herramientas de seguimiento, registro o verificación del destino específico que cada persona beneficiaria les otorga a los recursos recibidos. El programa entrega millones de pesos bimestrales a millones de familias y luego cierra los ojos.

El hallazgo central del estudio no es que los beneficiarios gasten mal la beca: es que el programa fue diseñado para ser una cosa y opera como otra. Entre el 49% y el 83% de los beneficiarios de básica y media superior reconoce que la beca se utiliza tanto para los gastos del estudiante como para el gasto familiar en general. Los padres y madres de familia, que en la educación básica controlan el destino real de los recursos, lo dicen con franqueza en las entrevistas grupales: la beca ayuda a completar el gasto del hogar. Es la respuesta racional de una familia pobre ante una transferencia monetaria que llega a un hogar donde la escasez es general y las necesidades compiten entre sí sin jerarquías formales.

El Estado mexicano ha construido un instrumento de alivio a la pobreza por ingresos, lo ha clasificado en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, lo ha presentado como política educativa y lo ha evaluado con indicadores de permanencia escolar, sin que ninguna de esas tres decisiones sea coherente con lo que el programa efectivamente hace. Las Becas Benito Juárez son, en la práctica, una transferencia condicionada débilmente a la inscripción escolar, más próxima en su lógica al Programa de Apoyo Alimentario o a cualquier otro esquema de ingreso básico que a una beca educativa en el sentido estricto del término. Llamarla de otra manera no cambia su naturaleza: solo la oculta.

Esta confusión de identidad programática tiene consecuencias presupuestales reales. Mientras miles de millones se etiquetan como gasto educativo en el presupuesto federal, las intervenciones que sí inciden directamente sobre el aprendizaje: formación docente continua, fortalecimiento curricular, infraestructura escolar o materiales pedagógicos enfrentan recortes o estancamiento. Presentar el monto de las becas como inversión en educación es, en términos de política pública, una distorsión que perjudica la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

El estudio documenta un hallazgo de enorme peso político que aparece casi de pasada en sus páginas: mientras el 30% de los padres y madres de becarios de educación media superior se asumió como parte de un grupo indígena, ninguno de sus hijos becarios lo hizo. En contraste, en educación básica, el 74% de los becarios sí reconoció pertenecer a un grupo originario. Esta grieta intergeneracional es el retrato de un proceso de desidentificación cultural acelerado que ocurre precisamente durante la transición escolar crítica. Los jóvenes indígenas que acceden al bachillerato, frecuentemente en planteles urbanos alejados de sus comunidades, suprimen su identidad como estrategia de adaptación. El programa de becas, que debería operar con enfoque intercultural, no contempla ni un solo mecanismo para reconocer o fortalecer esa identidad. La política de becas es culturalmente ciega.

Cuando se pregunta a los padres de becarios de educación básica qué habría pasado si sus hijos no tuvieran la beca, el 68% responde que no pasaría nada: seguirían estudiando. En media superior, esa proporción alcanza el 47%. Estos datos no niegan que la beca sea un apoyo valioso para muchas familias, pero sí interpelan con fuerza una de las premisas centrales de la política: que la beca es el factor determinante de la permanencia escolar. Si la mayoría de los beneficiarios habría permanecido en la escuela de cualquier manera, el programa puede estar destinando recursos escasos a familias cuya decisión educativa no depende de la transferencia, mientras otras familias en mayor riesgo de abandono real quedan con apoyos insuficientes.

El 10.3% de los participantes conserva remanentes de la beca como ahorro para imprevistos: familias en condición de vulnerabilidad, receptoras de una transferencia modesta y bimestral optan por reservar una fracción como fondo de emergencia, lo que revela una disciplina financiera que el programa debería fortalecer. La beca despierta conductas de ahorro que el Estado no aprovecha ni acompaña con ningún componente de inclusión financiera.

De los hallazgos del estudio se desprenden al menos cinco certezas de política pública que no admiten dilación. La primera: el programa debe ser evaluado con diseño cuasiexperimental para determinar su efecto causal real sobre la permanencia y el logro escolar, en lugar de seguir justificándose con cifras de reparto de becas que no distinguen entre retención formal y aprendizaje efectivo. La segunda: la focalización del apoyo debe incorporar un índice de riesgo de abandono escolar que diferencie la intensidad del monto según la vulnerabilidad real del becario, privilegiando a quienes sí están en el límite entre estudiar y no estudiar. La tercera: el programa debe complementarse con intervenciones directas sobre las barreras estructurales que los propios datos evidencian, como transporte, conectividad y equipo tecnológico, en lugar de dejar que la beca monetaria sea el parche de todo lo que el Estado no provee. La cuarta: debe diseñarse un componente de educación financiera y acompañamiento familiar que convierta la transferencia en una oportunidad de desarrollo de capacidades, especialmente en los grupos con mayor rezago. La quinta, y más urgente: el programa debe ser clasificado presupuestalmente con honestidad. Si opera como transferencia de ingreso, porque los datos dicen que en gran medida así es, debe contabilizarse como política social y evaluarse con los estándares que ese tipo de instrumento exige, sin que su presupuesto se siga imputando como inversión educativa de calidad.

Michoacán ocupa el lugar 16 en el padrón del programa de educación básica con 179 mil 365 becarios, el lugar 16 también en media superior con 69 mil 158 becarios y el lugar 16 en educación superior con 16 mil 659 jóvenes en Jóvenes Escribiendo el Futuro. Es una entidad que recibe una proporción significativa de los recursos federales de becas y que, al mismo tiempo, encabeza de manera persistente los indicadores más dolorosos de rezago educativo del país: altas tasas de abandono en la transición entre secundaria y bachillerato, brechas de logro académico entre zonas urbanas y comunidades rurales e indígenas, y déficits estructurales de infraestructura y conectividad en amplias regiones del territorio.

La pregunta que las organizaciones civiles, los legisladores, los académicos y las familias michoacanas tienen todo el derecho de formular es esta: ¿los recursos de las becas Benito Juárez que ingresan a Michoacán están efectivamente cerrando esas brechas, o están cubriendo necesidades básicas de subsistencia que el Estado debería garantizar por otras vías, mientras las brechas educativas permanecen intactas?

No se trata de negar el valor de las becas como alivio a la pobreza. Se trata de exigir que el Estado sea honesto sobre lo que hace, riguroso sobre lo que logra y valiente para corregir lo que no funciona, escuchando voces y estableciendo procesos de mejora continua.

El derecho a la educación de calidad de las infancias y juventudes de Michoacán no se garantiza con transferencias monetarias sin seguimiento, sin evaluación de impacto y sin complemento en las condiciones objetivas del aprendizaje. Se construye con maestras y maestros bien formados y acompañados, con infraestructura escolar digna, con currículos pertinentes y actualizados, con conectividad real en cada aula, con transporte accesible hacia cada plantel, con identidad cultural respetada en cada salón y con un Estado que asume la responsabilidad de rendir. Las becas deben ser parte de esa arquitectura, pero diseñadas con honestidad, evaluadas rigurosamente y dejándose de presentar como la respuesta completa a una pregunta que apenas están empezando a hacerse bien.

El estudio sobre el uso de las becas Benito Juárez ya fue escrito. Los datos ya están sobre la mesa. Lo que falta es que alguien en el gobierno tenga la valentía de leerlos con sus consecuencias y modificar la política educativa en consecuencia. ¡Merecemos un gobierno educador!

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.