Indiscutiblemente la asignatura pendiente que enfrenta el estado mexicano es la inseguridad, se trata de un gran lastre que ha provocado toda serie de conflictos, incluso se mantiene una creciente normalización de la violencia que refleja una crisis que debe ser atendida ya de manera impostergable, ello si revisamos lo que sucede en México en donde grandes zonas geográficas parecen estar sin ley.

El estado detenta el monopolio de la violencia legítima, teóricamente, porque también resalta el alcance de los poderes fácticos, principalmente el crimen organizado que agrega los componentes tóxicos a nuestra realidad.

Recién inició el gobierno que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum, habrá que esperar un plazo razonable para medir cuáles habrán de ser los resultados, esperando haya buenas cuentas, un ejercicio autocrítico y políticas públicas convincentes que abonen certidumbre para frenar actos violentos.

Los principios del contractualismo social establecen que el estado debe garantizar la seguridad para la sociedad, no tenemos un modelo de justicia retributiva, es decir no hay derecho a la venganza, ya no estamos en las etapas antiguas en donde prevalecía la Ley del Talión.

Existe desconfianza en las autoridades, por ejemplo, en las entidades federativas se tiene respecto al Ministerio Público, ente que integra las carpetas de investigación, los saldos de impunidad son evidentes así como el déficit en materia de justicia.

En cualquier sistema político y económico es el estado el que debe garantizar las condiciones para la seguridad, es uno de los propósitos, como dirían los antiguos griegos se trata de la teleología de las autoridades legalmente constituidas.

En algunas regiones del país no hay tregua en cuanto a los embates del crimen organizado, como sucedió en Chilpancingo y el atroz crimen de quien fuera el presidente municipal de dicha capital del estado de Guerrero, también se ha registrado una gran sangría en Sinaloa ante las confrontaciones de los grupos en pugna tras el asunto de la detención del Mayo Zambada.

Los saldos violentos saltan a la vista, por ello el tema de la seguridad encabeza la lista de las demandas sociales, es lo primero a resolver, combatirla no significaría hacer una guerra sin ton ni son como en su momento aplicó el presidente Felipe Calderón con resultados fallidos.

Se habla de nuevas estrategias que recién delineó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, entre  las que destacan: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de Inteligencia e Investigación y la Coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas.

En otros momentos en algunas entidades federativas se padeció el divorcio entre quien fuera presidente y algunos gobernadores y ello provocó serios problemas ante la falta de coordinación como sucedió en Michoacán en los tiempos de Felipe Calderón en la presidencia y Leonel Godoy Rangel en la gubernatura.

Esperemos que haya un viraje completo en cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, la sociedad lo demanda, no hay porque postergar la intervención el estado, el monopolio de la violencia legítima no debe terminar en una suerte de diarquía.