Cada mes de septiembre se repite el mismo ritual. La Secretaría de Hacienda entrega al Congreso el Paquete Económico del año siguiente, los comunicados oficiales celebran incrementos históricos en tal o cual rubro, y los gobiernos estatales —Michoacán entre ellos— esperan pacientemente a que, meses después, la letra chiquita del Diario Oficial de la Federación les diga cuánto les tocará en realidad. El Paquete Económico 2027 no rompe con ese guion. Y para un estado como Michoacán, con un sistema educativo que arrastra rezagos estructurales, conflictos magisteriales históricos y una infraestructura escolar que en muchas regiones sigue esperando su turno, esa distancia entre el anuncio y el desglose es, literalmente, la diferencia entre saber o no saber con qué se va a trabajar el próximo ciclo escolar.

El presupuesto directo de la Secretaría de Educación Pública crecerá para 2027 a 576,631.9 millones de pesos, un incremento de poco más de 10% en términos nominales y de 6.6% en términos reales respecto a 2026. Es un aumento real, en un contexto de disciplina fiscal declarada, con una reducción gradual del déficit y unos Requerimientos Financieros del Sector Público que bajan a 3.9% del PIB. Tampoco lo es que, si se suman todas las bolsas que alimentan al sistema educativo nacional —el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la infraestructura educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples, el fondo para educación tecnológica y de adultos, las becas universales y el presupuesto de ciencia y tecnología— el gasto federal en función educativa ronda 1.35 billones de pesos. Son cifras que, leídas en el vacío, cuentan una historia fondeo hacia la educación.

El problema es que Michoacán no vive en el vacío de las cifras nacionales. Vive en la intersección entre esas cifras y una fórmula de distribución que, año con año, decide cuánto de ese pastel llega realmente al estado, a sus municipios y, en última instancia, a sus escuelas. Y ahí es donde el optimismo del comunicado de prensa empieza a chocar con la realidad de la gestión educativa estatal.

Al revisar de manera exhaustiva los documentos del Paquete Económico 2027, el Decreto de Presupuesto de Egresos con sus 34 anexos, los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y las reformas fiscales asociadas, la mención explícita a Michoacán en materia de recursos es sorprendentemente escasa. Aparece con nombre propio en un puñado de líneas: los subsidios federales a las universidades públicas estatales (poco más de 2,624 millones de pesos), un apoyo específico para la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (cerca de 10 millones de pesos), algunos subsidios hidroagrícolas y de sanidad agropecuaria, y hasta un diplomado cultural de 127 mil pesos sobre «culturas comunitarias y cultura de paz» en el estado. Es, literalmente, todo lo que el Decreto desglosa por nombre para Michoacán en materia presupuestal, y no llega ni a 3 mil millones de pesos.

Esto no significa que Michoacán vaya a recibir solamente esa cantidad. Los fondos que de verdad mueven la aguja de la educación estatal, empezando por el FONE, que a nivel nacional asciende a más de 606 mil millones de pesos y que es, ni más ni menos, la bolsa que paga la nómina de los maestros de educación básica y normal en todo el país, no se desglosan por entidad en el Decreto de Presupuesto. Lo mismo ocurre con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Participaciones federales. Todos ellos existen en el Paquete Económico como cifras nacionales; su reparto estatal se define después, mediante fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal que la Secretaría de Hacienda publica típicamente entre diciembre y enero.

No se puede hablar de educación en Michoacán sin hablar del FONE y de la relación, siempre tensa, a veces abiertamente conflictiva, entre el gobierno federal, el gobierno estatal y la Sección XVIII del SNTE-CNTE. Michoacán ha sido, durante más de una década, uno de los estados con mayor conflictividad magisterial del país, con movimientos que han derivado en bloqueos, paros y, en muchas ocasiones, en retrasos o irregularidades en el pago de salarios y prestaciones a los docentes. Esta historia es la razón por la cual, para Michoacán más que para casi cualquier otro estado, el diseño y la oportunidad del FONE son una cuestión de gobernabilidad, no solo de contabilidad.

Un incremento nacional del FONE, sin una definición clara y oportuna de su distribución estatal, sin mecanismos de transparencia sobre cómo se calculan las plazas, las plazas duplicadas o «aviadores» y sin una hoja de ruta consensuada con el magisterio michoacano sobre cómo se van a resolver los pasivos históricos de nómina, corre el riesgo de repetir el mismo ciclo de siempre: anuncio de crecimiento presupuestal a nivel nacional, seguido de conflicto local por la manera en que ese crecimiento se traduce —o no se traduce— en certeza salarial para el magisterio michoacano.

El Paquete Económico 2027 confirma la consolidación de la arquitectura de becas universales que ha sido el sello distintivo de la política educativa federal de los últimos años: la Beca Rita Cetina para educación básica, con 133,561 millones de pesos; la Beca Benito Juárez de educación media superior, con 43,932 millones; y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con 13,058 millones para educación superior. En conjunto, el paquete de becas «Benito Juárez» suma más de 190 mil millones de pesos a nivel nacional.

Es una política pública que, bien entendida, ataca un problema real: el abandono escolar por motivos económicos. En estados con altos niveles de marginación y con comunidades rurales e indígenas dispersas —y Michoacán, con su región Purépecha, el Oriente, Tierra Caliente y la Sierra-Costa, tiene todas esas realidades geográficas y sociales conviviendo dentro de un mismo territorio estatal—, una transferencia directa a las familias puede ser la diferencia entre que un adolescente termine la preparatoria o la abandone para trabajar.

Pero, las becas resuelven, parcialmente, el problema de la demanda educativa: incentivan que las familias mantengan a sus hijos en la escuela. No resuelven, ni pretenden resolver, el problema de la oferta: la calidad de la infraestructura física, la disponibilidad de maestros bien formados y pagados, la conectividad a internet en escuelas rurales o la pertinencia curricular para comunidades indígenas. El programa «La Escuela es Nuestra», con 20 mil millones de pesos a nivel nacional para comités escolares que deciden cómo invertir en mejoras a sus planteles constituye un intento de atender ese segundo frente, pero su lógica de entrega directa a comités escolares —sin un diagnóstico centralizado de qué escuelas tienen las carencias más graves— puede terminar beneficiando de manera desigual a las comunidades con mayor capacidad organizativa, no necesariamente a las de mayor necesidad.

Para Michoacán, donde la brecha entre la infraestructura educativa de Morelia o Zamora y la de comunidades serranas o de Tierra Caliente es enorme, este es un riesgo que merece atención específica por parte de las autoridades estatales: sin un mapeo estatal de rezago de infraestructura que oriente la aplicación de estos recursos federales, «La Escuela es Nuestra» puede terminar profundizando desigualdades en lugar de cerrarlas.

Otro dato relevante del paquete es el fortalecimiento del llamado Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con 193,333 millones de pesos a nivel nacional y el presupuesto directo del Ramo 38 (antes CONACYT, hoy CONAHCYT), de 42,217 millones de pesos. Michoacán tiene una vocación universitaria y de investigación históricamente subestimada: alberga instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Colegio de Michoacán, centros del propio sistema CONAHCYT y una oferta de universidades interculturales, incluida la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que sí aparece explícitamente en el presupuesto con un apoyo, aunque modesto, de casi 10 millones de pesos.

El desafío aquí no es solo de monto, sino de mecanismo de acceso. Los recursos de ciencia y tecnología, así como el Fondo Federal Especial para garantizar la obligatoriedad de la educación superior, se distribuyen mediante convocatorias, convenios y negociaciones directas entre instituciones y dependencias federales. Un estado que no tenga una estrategia activa de gestión —una oficina de enlace fuerte, capacidad técnica para diseñar proyectos competitivos, relaciones institucionales sólidas con CONAHCYT y con la Subsecretaría de Educación Superior— puede terminar recibiendo menos de lo que su tamaño poblacional y su potencial académico ameritarían, simplemente por no competir con la misma eficacia que otras entidades.

Puestas todas estas piezas juntas, las consecuencias prácticas para la educación michoacana en el año próximo pueden resumirse en cuatro puntos:

Primero, habrá más dinero disponible a nivel nacional para educación, pero Michoacán no sabrá con precisión cuánto de ese incremento le corresponde sino hasta bien entrado el proceso de aprobación presupuestal, lo que dificulta cualquier planeación estatal seria para el inicio del ciclo escolar 2027-2028.

Segundo, el FONE seguirá siendo el epicentro de la relación —y potencialmente del conflicto— entre el gobierno estatal, la federación y el magisterio michoacano, especialmente si no se acompaña de mecanismos claros de transparencia sobre nómina, plazas y pasivos laborales acumulados.

Tercero, las familias michoacanas en situación de pobreza seguirán teniendo, e incluso ampliando, el acceso a las becas universales, lo que puede sostener o mejorar las tasas de permanencia escolar, pero sin garantía de que la infraestructura y la calidad educativa mejoren al mismo ritmo.

Cuarto, la brecha entre las regiones urbanas y las rurales o indígenas del estado —Oriente, la Sierra-Costa, la región Purépecha— probablemente se mantendrá o incluso se ampliará si los mecanismos de asignación de recursos de infraestructura no incorporan criterios explícitos de equidad territorial.

Frente a este panorama, no basta con señalar los riesgos: hace falta proponer. Hay cinco líneas de política pública que, el gobierno estatal de Michoacán debería impulsar de manera urgente, tanto ante la federación como en su propia gestión interna.

Primera: crear una Unidad de Inteligencia Presupuestal Educativa Estatal. Michoacán necesita una oficina técnica, dentro de la Secretaría de Educación estatal o de la Secretaría de Finanzas, dedicada exclusivamente a monitorear, anticipar y modelar los montos que corresponderán al estado por FONE, FAIS educativo, FAM y Participaciones, usando las fórmulas públicas de la Ley de Coordinación Fiscal antes de que Hacienda federal publique el desglose oficial. Esto permitiría a las autoridades estatales planear con meses de anticipación, en lugar de reaccionar cuando el DOF publica los montos definitivos.

Segunda: exigir y construir, de manera conjunta con la federación, un mecanismo de transparencia total de la nómina del FONE en Michoacán. Esto implica una auditoría periódica y pública de plazas, del padrón de docentes activos, y de cualquier pasivo laboral histórico, como condición para reducir el riesgo de conflicto magisterial recurrente. La transparencia, más que un gesto simbólico es la única manera de que tanto el gobierno como la Sección XVIII puedan negociar sobre una base de datos compartida y verificable.

Tercera: diseñar un Mapa Estatal de Rezago de Infraestructura Educativa, con criterios de equidad territorial, para orientar de manera activa la aplicación de recursos como «La Escuela es Nuestra» y el FAM de infraestructura educativa. En lugar de dejar que la disposición organizativa de cada comunidad escolar determine quién accede primero a los recursos, el estado debería usar su propio diagnóstico —basado en variables objetivas como estado físico de los planteles, conectividad, matrícula y marginación municipal— para priorizar y, en su caso, complementar con recursos estatales o municipales las zonas de mayor urgencia, particularmente en Tierra Caliente, la Costa y la Sierra Purépecha.

Cuarta: fortalecer una oficina de gestión y vinculación con CONAHCYT y con la Subsecretaría de Educación Superior federal, con capacidad técnica para diseñar proyectos competitivos que permitan a las instituciones michoacanas —la Universidad Michoacana, el Colegio de Michoacán, las universidades interculturales e institutos tecnológicos— captar una proporción mayor de los 193 mil millones de pesos del Programa de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y del presupuesto directo de CONAHCYT, en lugar de depender pasivamente de fórmulas históricas de asignación.

Quinta: complementar, con recursos propios del estado, un fondo de contingencia para becas y permanencia escolar en zonas de alta incidencia de abandono escolar, que actúe como puente en los casos donde las becas federales universales lleguen con retraso administrativo o no cubran a la totalidad de la población objetivo, particularmente en comunidades indígenas y en zonas afectadas por violencia o desplazamiento forzado, un fenómeno que en años recientes ha golpeado con particular dureza a municipios de Tierra Caliente y de la Costa michoacana, y que tiene un efecto documentado de interrupción de trayectorias escolares.

El Paquete Económico 2027 no es, en el papel, una mala noticia para la educación mexicana ni para la michoacana. Los montos crecen, la arquitectura de becas se consolida, y el discurso oficial coloca a la educación entre los sectores estratégicos de la administración. Pero el papel y el aula no siempre coinciden, y en Michoacán, con su historia particular de conflictividad magisterial, dispersión geográfica y desigualdad regional, la distancia entre ambos puede ser más amplia que en otros estados si no hay una estrategia estatal activa, técnica y anticipatoria.

La responsabilidad, entonces, no recae solamente en la federación que reparte el presupuesto, sino también en la capacidad del gobierno estatal michoacano para anticiparse, exigir transparencia, priorizar con criterios de equidad territorial y gestionar de manera competitiva los recursos disponibles. Crecer en el papel es relativamente sencillo cuando la economía nacional lo permite; que ese crecimiento efectivamente llegue al aula, al salario puntual del maestro de la Sierra Purépecha y al techo que gotea en una telesecundaria de Tierra Caliente, es la tarea pendiente y la que definirá si 2027 fue, para la educación michoacana, un año de números o un año de resultados. ¡Merecemos un gobierno educador!

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.