Dos de sus colaboradores también resultaron lesionados; el percance se registró a la altura de la región de Villa Jiménez                                                                         

Villa Jiménez, Mich.- Marcela Velázquez Vázquez, alcaldesa de Coeneo, quien además es diputada electa por el Séptimo Distrito (Zacapu), resultó lesionada tras la volcadura de la camioneta en la que viajaba sobre la autopista México-Guadalajara, indicaron fuentes allegadas al tema; también dos de los colaboradores de la servidora pública quedaron lastimados.

El percance sucedió durante la tarde de este martes en el kilómetro 292, en el tramo Panindícuaro-Huaniqueo, justo a la altura del municipio de Villa Jiménez.

Trascendió que al parecer quien conducía el mencionado vehículo perdió el control del volante y ocurrió el incidente. Asimismo, se dijo que al momento de los hechos llovía copiosamente.

Al enterarse de la emergencia, unos paramédicos acudieron a la referida ubicación y auxiliaron a la municipe y a sus colaboradores, pacientes que fueron canalizados a un hospital de Zacapu para su adecuada valoración médica.

Unos agentes de la Guardia Nacional (GN) apoyaron en las labores de ayuda y se encargaron del peritaje correspondiente, después una grúa retiró la unidad siniestrada. (RED 113 MICHOACÁN)

El afectado, que laboró por casi tres décadas como Supervisor de la Defensoría Pública, interpuso denuncias por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, amenazas, extorsión y robo

En el municipio de Zacapu, Michoacán, el abogado jubilado, Francisco Javier C, quien laboró por casi tres décadas como Supervisor de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación (PJF), ha interpuesto denuncias jurídicas contra la Guardia Civil (GC) por presuntos actos de corrupción.

Las acusaciones incluyen privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, amenazas, extorsión y robo.

Los hechos ocurrieron cuando Francisco Javier fue abordado por elementos de la Guardia Civil, quienes sin orden judicial, revisaron su camioneta y posteriormente lo detuvieron, alegando faltas administrativas, sin especificar cuáles.

Tras detenerlo, lo subieron a una patrulla, lo amenazaron e intimidaron, privándolo de su libertad en el área de detención municipal conocida como «barandilla».

Allí le exigieron un pago inmediato de mil 500 pesos para recuperar su libertad.

A pesar de realizar el pago, los elementos policiacos se negaron a entregar cualquier documento que avalara la transacción o explicara el motivo de la detención.

También se negaron a proporcionar los nombres de los oficiales involucrados.

«Están robando a la ciudadanía a lo descarado, me esposaron, me tomaron fotografías, me retuvieron al igual que un delincuente, sin haber cometido ningún tipo de delito, no se identificaron y lo único que me exigían era el pago de mil 500 pesos, para recuperar mi libertad, yo como conocedor de leyes, no podía creer la arbitrariedad que estaba sufriendo, no puedo imaginar al resto de la población en la indefensión en la que se encuentra», lamentó.

Francisco Javier, con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y poseedor de varias maestrías y estudios en leyes, se vio incapaz de obtener pruebas documentales sobre su detención, el pago de la fianza o el informe de los hechos.

Ante esta situación, acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para levantar una queja y a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para exigir justicia y el castigo correspondiente para los uniformados.

Francisco Javier no descarta llevar su denuncia a dependencias federales, ya que, asegura tener conocimiento de otros casos similares en Zacapu, donde ciudadanos han sido detenidos sin motivo y obligados a pagar fianzas de entre mil y 10 mil pesos, sin recibir documentos de los hechos.

Varios afectados no han denunciado por temor a represalias.

El jurista destaca que estos uniformados, amparados en la ley y protegidos por armas pagadas con los impuestos de los michoacanos, han encontrado un mecanismo de extorsión hacia la ciudadanía, amenazando con fincar responsabilidades administrativas o judiciales, si no se paga una fianza que permita recuperar la libertad.