Falta una decena de días para que más de 900 mil niñas, niños y adolescentes michoacanos crucen de nuevo el umbral de un salón de clases en educación básica. Para muchas familias, esta última semana de vacaciones significa mochilas nuevas, uniformes recién comprados y la ansiedad dulce del reencuentro con amigos, así como el dramatismo que implica afrontar los gastos correspondientes al nuevo ciclo escolar. Pero detrás de esa escena entrañable hay un sistema educativo estatal que llega al arranque del ciclo 2026-2027 arrastrando fisuras que no deberíamos normalizar. Es importante nombrar con claridad lo que está en juego, mientras todavía hay tiempo de actuar.

El calendario oficial marca el 17 de agosto como el día en que la Secretaría de Educación del Estado retomó, tras el receso vacacional, sus actividades administrativas y operativas. En condiciones ideales sería una noticia menor, casi protocolaria. Pero cuando apenas restan dos semanas para recibir a casi un millón de estudiantes, volver a la normalidad justo entonces confirma algo más incómodo: que gran parte de la logística que sostiene el arranque de clases —la distribución de materiales, la revisión de plantillas docentes, la verificación del estado físico de las escuelas, la resolución de conflictos laborales pendientes— se comprime en un margen peligrosamente estrecho. El problema de fondo no es que el personal haya descansado, algo a lo que tiene todo el derecho, sino que la maquinaria administrativa del Estado no cuenta con la anticipación estructural que exige un sistema educativo de esta magnitud. Si este patrón se repite ciclo tras ciclo, la consecuencia es previsible: decisiones apresuradas, escuelas que reciben instrucciones de último momento, directores improvisando sin insumos suficientes, y una desorganización que termina pagando, invariablemente, el alumno que llega el primer día y encuentra un aula sin las condiciones mínimas.

Pero si hay un punto que es aún más grave, es que desde el 24 de junio de 2026 Michoacán no cuenta con una persona titular al frente de la Secretaría de Educación. Han transcurrido ocho semanas, casi dos meses —todo el periodo en que debería planearse con cuidado el nuevo ciclo— sin que el gobierno estatal resuelva quién conducirá la educación de más de un millón 247 mil niñas, niños y jóvenes. No hablamos de un cargo simbólico, sino de la persona que negocia con el magisterio, que autoriza recursos, que firma las decisiones sobre infraestructura, calendario y plazas docentes. Es quien ostenta la titularidad de la constitucional rectoría educativa por parte del Estado mexicano en la entidad federativa.

En contraste, un despacho encargado, sin investidura plena, negocia inevitablemente desde la debilidad frente a la CNTE, el SNTE  y frente a las propias familias que exigen respuestas.  Una vacante de esta duración no es un tecnicismo administrativo: es un vacío de autoridad y de rendición de cuentas. Cuando una institución pública queda sin cabeza visible durante meses, se abre precisamente el terreno fértil para la opacidad y, en el peor de los casos, para la corrupción. Sin una persona titular que firme, que responda pública y legalmente por cada decisión, las responsabilidades se diluyen entre encargados de despacho que carecen del mandato político para exigir transparencia en el ejercicio de los recursos, en la asignación de plazas o en los contratos de mantenimiento escolar. Si esta anomalía se prolonga o, peor aún, se normaliza como parte del paisaje institucional, el riesgo deja de ser administrativo para volverse estructural: decisiones de alto impacto, como a quién se asigna una plaza docente o qué proveedor gana un contrato de obra, terminan tomándose sin el contrapeso que una titularidad plena exige. La corrupción no siempre llega con maletines; muchas veces llega disfrazada de interinato prolongado, de silencio institucional o de responsabilidades que nadie firma. En el fútbol, si no hay portero, si no hay quien cuide la portería educativa, es mucho más probable que caigan los goles. Para la niñez, la consecuencia es directa: cada semana que pasa sin resolver esta vacante es una semana menos de planeación real para su regreso a clases y cada decisión tomada en la penumbra institucional es un riesgo de que los recursos destinados a mejorar su escuela terminen, sencillamente, en otro lado.

A la par de este vacío de liderazgo, hay una noticia que en principio debería alegrarnos: de 900 aspirantes, la Secretaría seleccionó a 550 docentes que ya cuentan con su clave magisterial para el ciclo que comienza, docentes que ingresarán a la nómina el primero de septiembre y que deberán presentarse en la escuela primaria que les fue asignada desde el 31 de agosto. Significa, en los hechos, más maestras y maestros frente a grupo, salarios formalizados, plazas que dejan de estar vacantes. Pero el entusiasmo debe ir acompañado de vigilancia, porque no se ha explicado con suficiente claridad cuáles fueron los criterios exactos que separaron a los 550 elegidos de los 350 aspirantes que se quedaron fuera. La asignación de plazas magisteriales ha sido, históricamente en nuestro país, uno de los puntos más sensibles a prácticas de opacidad: la venta o herencia informal de espacios docentes, los favoritismos políticos o sindicales, procesos que rara vez se documentan de cara a la sociedad. Si el criterio de mérito no se comunica con toda transparencia a las familias michoacanas, el riesgo de que estas asignaciones —y las que vendrán en ciclos futuros— se conviertan en un espacio de tráfico de influencias sigue absolutamente latente. Y, si esa opacidad crece en lugar de reducirse, significa que el aula de un niño puede quedar a cargo no de quien mejor preparado está para enseñarle, sino de quien mejor conectado está con las redes de poder que dan y quitan acceso al servicio profesional docente. Eso, en el fondo, es una violación silenciosa al derecho de cada niña y cada niño a recibir una educación de excelencia.

Conviene detenerse, además, en la magnitud misma de lo que está en juego. Cerca de 900 mil niñas y niños de educación básica en Michoacán iniciarán el ciclo escolar 2026-2027 el próximo 31 de agosto, y de ellos, más de 507 mil cursan el nivel primaria, el segmento con mayor matrícula de todo el sistema y, por lo tanto, el que más recursos, plazas docentes e infraestructura demanda: son 900 mil historias de vida que dependen de que el Estado cumpla su parte, y es precisamente por su tamaño que el nivel primaria resulta el más vulnerable a cualquier falla del sistema. Sostener esta desproporción entre una responsabilidad de casi un millón de estudiantes y una capacidad institucional debilitada por la falta de liderazgo y por procesos poco transparentes es condenar al sistema a administrar la educación apagando incendios, en lugar de planear con visión de mediano y largo plazo. Así también, es multiplicar por la simple aritmética de la matrícula los efectos de cualquier ineficiencia o irregularidad, por pequeña que parezca en el papel.

Todo esto converge, además, en un calendario apretadísimo. Docentes, directivos, supervisores y jefes de sector deberán presentarse desde el 24 de agosto para el taller intensivo de la Nueva Escuela Mexicana, una semana antes de que lleguen los alumnos. En teoría, es el momento clave para organizar el arranque, revisar la infraestructura y resolver pendientes administrativos. En la práctica, corre el riesgo de convertirse en la única ventana real para atender rezagos que debieron resolverse durante todo el verano: escuelas sin el mantenimiento necesario, plazas sin resolver, materiales sin distribuir. Comprimir meses de planeación en cinco días laborales es un acto de improvisación y desdén. Si esta lógica se repite año con año, la consecuencia es un profesorado que llega al primer día de clases agotado por la premura administrativa, en lugar de energizado para recibir a sus estudiantes. La estabilidad que se busca dar a las comunidades escolares al no permitir cambios de escuela una vez asignadas las plazas, una medida en principio sensata y pensada para evitar la rotación constante que tanto perjudica la continuidad pedagógica de los niños,  solo es justa si el proceso previo fue impecablemente transparente. Si una plaza se otorgó bajo criterios poco claros y, además, esa asignación queda blindada sin posibilidad de revisión, lo que hacemos es institucionalizar cualquier error o irregularidad del proceso inicial, dejando a una comunidad escolar atada, durante todo un ciclo o más, a una decisión tomada sin el escrutinio público adecuado ni un mecanismo real de apelación para las familias afectadas.

Cuando se observan juntas estas situaciones, se envían alertas. Si dejamos que la falta de titular en la Secretaría se normalice bajo la idea de que, total, el despacho funciona igual, estaremos aceptando que la rendición de cuentas es opcional, que el liderazgo es secundario y que la autoridad se puede fragmentar. Si dejamos que los procesos de asignación de plazas sigan sin explicarse con claridad a la sociedad, abriremos la puerta a que el mérito deje de ser el criterio central para decidir quién educa a nuestros hijos. Y si estas dos fallas convergen y se profundizan con el tiempo, el costo  lo pagarán las niñas, niños y jóvenes que merecen un maestro bien seleccionado, en una escuela bien administrada, dentro de un sistema que responde por sus decisiones.

El ciclo escolar 2026-2027 apenas comienza. Todavía podemos decidir qué clase de resultado se les entregarán a las niñas, niños, jóvenes y sus familias en  Michoacán, quienes merecen contar con un gobierno educador.

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