El acceso digital: entre la inteligencia artificial y la violencia juvenil en el estado       

Michoacán acumula ya más de un mes sin una persona titular al frente de la Secretaría de Educación en el Estado. Desde el 24 de junio de 2026,  la dependencia que administra la educación de más de un millón doscientos cincuenta mil alumnas y alumnos opera sin conducción formal. Esa vacante, por sí sola, ya representa un costo: pretérito, por la ya realizada inversión en su curva de aprendizaje, presente, por lo que se está dejando de hacer estas seis semanas y futuro, por el impacto que tendrá una Secretaría de Educación en el Estado acéfala a corto, mediano y largo plazo.

Pero, conviene mirar más allá del reclamo inmediato y preguntarse qué debe hacer, desde el primer día, quien finalmente asuma la titularidad. Michoacán requiere mucho más que un nombre, que palomear a un perfil: necesita una agenda de trabajo capaz de convertir catorce meses de gestión en resultados verificables para la niñez y la juventud del estado.

Quien asuma la titularidad recibirá una ventana de gobierno reducida y sin margen para el aprendizaje lento. De los catorce meses que restan a la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hacia el 30 de septiembre de 2027, cada semana adicional que tarde la designación resta tiempo útil a una agenda que exige resultados verificables antes del cierre del sexenio.

Por ello, la persona que sea designada como titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo debe de llegar mucho más que a improvisar: a ejecutar, a resolver, a estabilizar y a garantizar los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad federativa.  Es trascendente que, quien sea que llegue, lleve un proyecto bajo el brazo, para evitar las  perniciosas curvas  de aprendizaje o al menos reducirlas a su mínima expresión.

Por ello, debe de contar con una hoja de ruta organizada en horizontes sucesivos, pensada para producir resultados desde el primer mes y para dejar, al término de la gestión, un sistema educativo ordenado y una entrega institucional transparente a la siguiente administración. Esta agenda no parte de cero: Michoacán cuenta ya con diagnósticos municipales construidos a partir del Formato 911, con un plan estatal de desarrollo integral próximo a concluir su vigencia, al igual que el programa sectorial educativo, con una minuta suscrita con el magisterio que exige seguimiento puntual y con un programa de conectividad digital en fase de impulso constitucional. La persona titular no tendrá que inventar una ruta desde el primer día, sino retomar con decisión los insumos disponibles y ordenar las prioridades en función del tiempo real de gobierno que le reste.

Durante el primer mes, la persona titular debe convocar una revisión exhaustiva del estado que guarda la dependencia, con énfasis en tres frentes. El primero es la verificación puntual de los compromisos adquiridos previamente; especialmente, la minuta suscrita entre la Secretaría de Educación Pública federal, la Secretaría de Educación en el Estado y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, identificando qué compromisos siguen pendientes tras semanas sin una autoridad plenamente investida y cuáles son legales y/o factibles de beneficiar a las infancias y juventudes en la entidad federativa. El segundo es la revisión del ejercicio presupuestal del año en curso, para detectar y corregir cualquier subejercicio derivado de la vacante y garantizar que los recursos destinados a infraestructura, nómina magisterial y programas de becas se ejerzan conforme al calendario original. El tercero es la reconstrucción de la interlocución institucional con la federación y con la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas, recuperando la voz de Michoacán en las decisiones nacionales que afectan el financiamiento del sistema estatal, paralelamente al cumplimiento de los instrumentos de planeación para el desarrollo, a la normatividad aplicable en la materia y a la agenda pública de emergencias e incidencias que atiborran los escritorios de las dependencia educativas.

Los primeros treinta días deben producir entregables verificables: un informe breve sobre el estado que guarda cada compromiso, reuniones formales con las delegaciones regionales de la propia dependencia, una auditoría interna sobre la calidad de los datos del Formato 911 y contar con un equipo cercano con perfiles técnicos, no exclusivamente perfiles de confianza política.

Con la estabilización inicial completada, del segundo al sexto mes la agenda debe concentrarse en cerrar con orden el ciclo escolar en curso y en planear, con meses de anticipación, el calendario del ciclo siguiente. La experiencia reciente de Michoacán, cuando una decisión colegiada intentó recortar cuarenta días lectivos y tuvo que revertirse ante la crítica del Congreso del Estado y de la sociedad civil, deja una lección clara: el calendario escolar debe definirse con evidencia técnica y con consulta oportuna y no bajo la presión de negociaciones de última hora. En este horizonte corresponde publicar los resultados del diagnóstico municipal que cruza datos del Formato 911 con indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en los ciento trece municipios del estado, identificando con precisión dónde se concentran el rezago educativo, el abandono escolar y las brechas de género. Con base en ese diagnóstico, la persona titular debe presentar un protocolo actualizado de prevención y atención a la violencia escolar, que recoja las lecciones del homicidio de dos maestras en la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, con mecanismos de alerta temprana y coordinación con las autoridades de seguridad estatal. La decisión sobre el calendario del ciclo escolar 2027-2028 debe anunciarse con al menos noventa días de anticipación al inicio de clases, incorporando una consulta previa con el Congreso, con los ayuntamientos y con representantes de madres y padres de familia.

El tramo intermedio de la gestión, del séptimo al décimo mes, debe destinarse a traducir el diagnóstico territorial en inversión concreta. Corresponde priorizar la infraestructura escolar en los municipios donde la evidencia muestre mayor rezago, evitando que la asignación de recursos responda a criterios políticos y no a necesidades verificadas. En este periodo resulta estratégico impulsar la conectividad digital de las escuelas michoacanas, de manera que el acceso a internet en los planteles deje de depender de la voluntad de cada municipio. La atención territorial debe cuidar de manera particular a las comunidades indígenas de la Meseta Purépecha, a las regiones costeras de la Costa y a los municipios de Tierra Caliente, históricamente postergados frente a la capital del estado. Corresponde también revisar el esquema de asignación de plazas docentes tras la inminente desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, garantizando que el mecanismo que lo sustituya sea transparente, y dar seguimiento puntual a la operación del programa Becas para el Bienestar. La inversión debe regirse por criterios públicos y objetivos, como el número de planteles sin agua potable, sin energía eléctrica estable o con daños estructurales identificados en el propio diagnóstico municipal, y no por la cercanía política de cada alcaldía con el gobierno estatal.

A un año de gestión, del undécimo al decimotercer mes, la persona titular debe presentar una evaluación pública y verificable de los avances alcanzados frente a las metas del Plan de Desarrollo Integral de Educación de Michoacán 2021-2027, documento que concluye su vigencia junto con la administración estatal. Esta evaluación debe abrirse al escrutinio del Congreso del Estado y de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el derecho a la educación e incorporar indicadores de aprendizaje, no únicamente indicadores de cobertura administrativa. Corresponde también publicar un portal de transparencia con información desagregada por municipio sobre matrícula, planta docente, infraestructura y resultados educativos, y contrastar los indicadores michoacanos de cobertura, aprobación, abandono escolar y resultados de aprendizaje con los promedios del resto del país, en lugar de limitarse a exhibir avances aislados sin punto de referencia. Resulta conveniente invitar a instituciones académicas a revisar de manera independiente la metodología y los resultados presentados, fortaleciendo así la credibilidad del ejercicio frente a un magisterio y una ciudadanía que han visto, en años anteriores, evaluaciones oficiales cuestionadas por falta de rigor técnico.

Los meses finales, coincidentes con el proceso electoral de 2027 y con la llegada de una nueva administración estatal el 1° de octubre de ese año, deben destinarse a construir un protocolo de entrega-recepción robusto, que documente con precisión la cobertura del estado de los acuerdos con el magisterio, el ejercicio presupuestal, los proyectos de infraestructura en curso y los compromisos pendientes con la federación. Esta entrega debe elaborarse con independencia del resultado electoral, de manera que la continuidad del sistema educativo michoacano no dependa de la identidad política de quien llegue a gobernar el estado. El protocolo debe hacerse público desde antes de que concluya la administración, para disrumpir con la inercia de mostrar un trámite reservado entre funcionarios salientes y entrantes. Michoacán ya experimentó en varias ocasiones lo que significa una transición sin información disponible, por lo que, esa experiencia no debe repetirse al cierre de esta administración.

La agenda descrita no exige recursos extraordinarios ni condiciones ideales: demanda, sobre todo, una persona titular con la investidura plena, la capacidad técnica y la voluntad política para ejecutarla desde el primer día. Michoacán necesita, mucho más que una nueva promesa educativa suspendida en el discurso, requiere una conducción capaz de convertir catorce meses en resultados verificables para la niñez y la juventud del estado.

Cada horizonte descrito, del diagnóstico inicial a la entrega final, está pensado para funcionar como una cadena de responsabilidades verificables, en la que cada tramo produce evidencia sobre el siguiente y permite a la sociedad michoacana dar seguimiento puntual al desempeño de la persona titular. Esa es, precisamente, la diferencia entre un proyecto educativo serio y una promesa de campaña: la posibilidad de medir, mes con mes, si el compromiso asumido el día del nombramiento se traduce en escuelas más seguras, en un calendario escolar planeado con tiempo, en recursos ejercidos con transparencia y en una niñez michoacana que recupera, de manera verificable, el lugar central que la educación merece en la agenda pública del estado. En suma, hay condiciones para conformar y validar un proyecto educativo para Michoacán, todo está trazado y está disponible. Lo único que falta es quien lo encabece.

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