La iniciativa plantea fijar un límite temporal claro para concluir los estudios profesionales e incluso el proceso de titulación                                       

Con el objetivo de evitar que la obligación alimentaria se prolongue indefinidamente, el Congreso del Estado estudia una iniciativa que establecería como límite los 25 años de edad para que los hijos mayores continúen recibiendo pensión alimenticia mientras realizan sus estudios.

La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, quien plantea reformar los artículos 446 y 461, fracción VI, del Código Familiar del Estado de Michoacán.

Actualmente, la legislación obliga a madres y padres a brindar alimentos hasta que los hijos cumplen 18 años.

Sin embargo, cuando estos continúan estudiando, la obligación permanece sin que exista un plazo máximo para concluir la preparación académica.

El legislador sostuvo que esa falta de precisión permite que, en algunos casos, la obligación alimentaria se extienda de manera indefinida, debido a que los beneficiarios retrasan la conclusión de sus estudios o permanecen reinscribiéndose en instituciones educativas bajo el argumento de que aún no pueden incorporarse al mercado laboral.

Por ello, la iniciativa plantea fijar un límite temporal claro para concluir los estudios profesionales e incluso el proceso de titulación.

Entre los objetivos de la reforma destacan fortalecer la seguridad jurídica, evitar prolongaciones indefinidas e irrazonables, incentivar la conclusión oportuna de los estudios, promover la autosuficiencia progresiva, equilibrar derechos y obligaciones familiares y garantizar la suficiencia alimentaria para los hijos.

«El establecimiento del límite ordinario de 25 años responde a criterios objetivos de razonabilidad social, educativa y jurídica. Dicho límite guarda correlación con los parámetros generales de estudio por lo general corresponde aproximadamente al periodo ordinario en el que una persona puede concluir su educación básica, media superior y superior. De tal modo que el parámetro de referencia constituye un margen amplio y razonable que contempla, además, el proceso de titulación», afirma el dictamen.

Asimismo, el proyecto establece que debe existir un equilibrio entre las necesidades del acreedor alimentario y las posibilidades reales del deudor, evitando que la obligación se prolongue de forma excesiva o injustificada.

Magaña de la Mora recordó que la obligación alimentaria deriva del artículo cuarto constitucional y del principio del interés superior de la niñez, sin embargo, puntualizó que al alcanzar la mayoría de edad las personas adquieren capacidad jurídica, autonomía personal y la posibilidad de asumir la responsabilidad sobre su propia subsistencia.

El daño patrimonial que analiza la autoridad investigadora asciende a cerca de 5 millones de pesos                                                                               

La investigación por la presunta compra con sobreprecio de un software para el Congreso del Estado continúa avanzando y podría alcanzar a seis trabajadores y extrabajadores del Poder Legislativo, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La titular del área, Marisol Sánchez Zamudio, explicó que ya existen tres servidores públicos vinculados a proceso, sin embargo, las indagatorias continúan y podrían derivar en nuevas responsabilidades.

«Nos concedieron la vinculación a proceso de tres servidores públicos del Congreso del Estado, sin embargo, las investigaciones siguen abiertas y las líneas de investigación nos están arrojando a más personas de distintos niveles jerárquicos del Poder Legislativo», señaló.

La fiscal explicó que entre las personas que actualmente forman parte de las investigaciones se encuentran extrabajadores de la Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado y reiteró que la carpeta permanece abierta.

Añadió que el daño patrimonial que analiza la autoridad investigadora asciende a cerca de 5 millones de pesos.

Las declaraciones fueron realizadas al concluir su informe anual de labores, presentado ante integrantes de la 76 Legislatura, donde atendió a representantes de los medios de comunicación.

El caso se remonta a la 75 Legislatura, cuando surgieron señalamientos por presuntos sobreprecios en la compra de un software multimillonario adquirido durante la presidencia de Fidel Calderón Torreblanca al frente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Actualmente, el morenista forma parte del equipo político de Raúl Morón y ha rechazado en diversas ocasiones haber cometido actos de corrupción o provocado un daño a las finanzas del Congreso con dicha adquisición.

La denuncia penal fue presentada en 2022 por los diputados Juan Carlos Barragán Vélez, Eréndira Isauro y Julieta García ante la Fiscalía michoacana contra quien resultara responsable.

El software tuvo un costo de 5 millones 460 mil 387 pesos y estaba destinado a la implementación de la contabilidad gubernamental.

La compra se concretó durante el último trimestre de 2021no obstante, se señaló que el mismo sistema había sido adquirido previamente y tenía vigencia hasta 2022, sin que posteriormente se aclarara su existencia dentro del Congreso estatal.