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Joven albañil es asesinado a tiros mientras trabajaba, en Zamora

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El crimen, en la comunidad de Chaparaco                                                                                                                                                               

Zamora, Mich.- 17 de junio de 2026.- Un joven albañil fue asesinado a balazos cuando se encontraba laborando en una construcción, en la comunidad de Chaparaco, perteneciente a esta demarcación de Zamora.

De acuerdo con fuentes policiales, la tarde de este miércoles, el agraviado estaba realizaron sus labores, en un predio ubicado en la calle Jacarandas a espaldas de la Gasolinera “Almarail”, hasta donde llegaron sujetos armados y le dispararon, para enseguida darse a la fuga.

El hecho fue reportado de forma anónima al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron oficiales de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Guardia Civil, así como los paramédicos de Rescate, quienes al revisar al susodicho confirmaron su deceso.

Durante las primeras diligencias realizaras por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, el ahora occiso fue identificado con el nombre de Bryan G., R., de 18 años de edad, vecino de la misma comunidad de Chaparaco.

Hasta el momento se ignora el probable móvil del crimen, mismo que se espera sea esclarecido en base a las investigaciones de las autoridades. (RED 113 MICHOACÁN)

Obtiene Nuevo Poder Judicial de Michoacán 99.11% de cumplimiento en evaluación nacional de armonización contable

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Este resultado refleja un manejo más eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos                                          

En sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial, se presentó el informe de resultados de la evaluación realizada por el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, en la que el Poder Judicial de Michoacán obtuvo una calificación de 99.11% de cumplimiento.

Durante la sesión, el magistrado presidente Hugo Gama Coria, quien encabeza esta Comisión integrada por la magistrada Paula Edith Espinoza Barrientos y el licenciado Gustavo Adolfo Mendoza García, y en la que también estuvo presente el Director de Administración, Alán Juan Rodríguez Manríquez, destacó que este resultado refleja los esfuerzos institucionales para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Uno de los principales retos que asumimos como nueva administración fue mejorar el manejo de los recursos públicos para hacerlo más eficiente, transparente y honesto. Este resultado demuestra que vamos por el camino correcto y que existe un compromiso permanente con la rendición de cuentas ante la sociedad”, afirmó.

Gama Coria señaló que el resultado alcanzado representa una mejora significativa respecto de años anteriores, debido a que en 2023 el nivel de cumplimiento fue de 61.82%, en 2024 alcanzó 72.64%o y en 2025 llegó a 77.36%. “El avance es muy significativo, en comparación con 2023 hablamos de una mejora cercana a 30 puntos porcentuales y respecto de los últimos dos años supera los 20 puntos. Esto significa que hoy administramos mejor los recursos públicos y que nuestros procesos son más transparentes”.

Asimismo, subrayó que estos resultados cobran especial relevancia en un contexto en el que las instituciones públicas están obligadas a fortalecer sus mecanismos de control y fiscalización, “debemos ser especialmente cuidadosos y puntuales en el uso de los recursos públicos. La ciudadanía exige instituciones transparentes y responsables, y esta evaluación confirma que estamos cumpliendo con ese compromiso”.

Por último, el magistrado presidente reconoció el trabajo realizado por las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial, así como por la Dirección de Administración y las distintas áreas involucradas en el cumplimiento de las disposiciones contables y financieras.

Más de 400 denuncias ambientales al año se presentan para frenar daños ecológicos

Tala ilegal, cambios irregulares de uso de suelo y construcción clandestina de ollas de agua, entre las que más destacan                                                                 

La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (SECMA) interpone cerca de 400 denuncias anuales por afectaciones al entorno natural, informó su titular, Alejandro Méndez López, al destacar que gran parte de estos casos son detectados mediante el programa “Guardián Forestal”.

Durante una entrevista realizada en la sede del Poder Legislativo, a donde acudió para participar en la ceremonia de entrega del Reconocimiento al Mérito Ambiental “Homero Gómez” 2026, el funcionario detalló que las denuncias corresponden principalmente a tala ilegal, cambios irregulares de uso de suelo y construcción clandestina de ollas de agua.

“Hemos puesto denuncias por tala clandestina, por cambio de uso de suelo, por construcción ilegal de ollas de agua y son alrededor de 400 denuncias anuales desde los años 2024 y 2025, que fue cuando empezó el programa Guardián Forestal”, manifestó.

El encargado de la política ambiental estatal destacó que uno de los esfuerzos recientes consiste en fortalecer las denuncias mediante capacitación especializada para reunir pruebas sólidas que permitan una mejor integración de los expedientes.

Además, señaló que la dependencia ha optado por privilegiar la judicialización únicamente de aquellos asuntos que requieren la intervención de los tribunales, evitando sobrecargar a las instituciones con procedimientos que pueden resolverse mediante acuerdos.

Méndez López indicó que también se han promovido seis acciones por la vía civil sustentadas en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado, con la intención de lograr que los responsables reparen los daños causados.

“Nosotros, más que la reparación del daño o un delito penal o imposición de una multa, lo que queremos es que se repare el daño y estamos ensayando recientemente en esta vía”, explicó.

Respecto a las zonas de mayor preocupación, mencionó a Aquila, Coahuayana y Tumbiscatío, ubicadas en la región Sierra-Costa, donde las condiciones de inseguridad dificultan las labores de vigilancia y protección ambiental.

A pesar de ello, afirmó que alrededor de 30 municipios de la franja aguacatera han mostrado una reducción en los daños al medio ambiente.

Sin embargo, reconoció que aún es necesario ampliar las acciones de monitoreo hacia la zona tequilera y otros puntos de la costa.

Sobre el destino jurídico de las denuncias, comentó que desconoce cuántas han derivado en resoluciones, ya que dicha información es administrada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario subrayó que la finalidad de estas acciones es fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental y garantizar la restauración de los ecosistemas afectados.

Planta de tratamiento de Coeneo llevará agua limpia a más de mil habitantes

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Funciona con energía solar, lo que permite operarla sin costo energético para el municipio                                                                                                

Coeneo, Mich.- La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) inauguró una planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Bellas Fuentes, en el municipio de Coeneo. Olivia Cazarez Arreola, titular de la dependencia, destacó que la obra permitirá beneficiar a mil 187 habitantes de la región, quienes contarán con agua limpia para uso doméstico y agrícola.

La planta de tratamiento operará sin costo energético para el municipio gracias a la instalación de 37 paneles solares, lo que representa un modelo de infraestructura sustentable para la región.

La coordinadora general de la Ceac destacó la importancia de esta obra para el cuidado del agua y el medio ambiente, subrayando el compromiso del Gobierno de Michoacán, que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con la modernización de los servicios básicos en las comunidades.

La infraestructura inaugurada cuenta con tecnología de punta para el tratamiento de aguas negras, incluyendo un tanque anóxico, reactor biológico, tanque clarificador, espesador de lodos, un tanque de desinfección y dos bombas sumergibles que optimizan el manejo de los líquidos.

La obra se construyó a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2025, con una inversión total de tres millones 198 mil pesos, mismos que fueron aportados en un 50 por ciento por la federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su delegación Michoacán; el Gobierno de Michoacán, a través de la Ceac, con una aportación del 25 por ciento, y el Ayuntamiento de Coeneo con el 25 por ciento restante.

Director destituido de la Facultad de Derecho, interpondrá amparo, espera regresar al cargo

Definió que de lo que le señalan no es motivo de destitución; continuará dando clases y llevando su defensa                                                                 

Sergio Carmelo Domínguez Mota, director hoy destituido de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, anunció que se va a amparar. En entrevista exclusiva señaló que ante el Juzgado de Distrito Federal acudirá a interponer un recurso de amparo, y dijo esperar que éste se resuelva en unos 20 días con el fallo a su favor, por lo que espera regresar al cargo para el cual aún le resta un periodo de 10 meses, ya que su cuatrienio termina en abril del 2027.

Por lo pronto, continuará dando clase y llevando a cabo su defensa legal, dijo en exclusiva a RESPUESTA este miércoles, tras denunciar que en la sesión de ayer del Consejo Universitario nunca se le dijo los argumentos ni por qué estaba siendo señalado, y menos el porqué de su destitución que no fue aprobada por la unanimidad del órgano máximo de gobierno de la UMSNH. Por lo que lamentó la postura personal de la rectora y esta actitud violatoria a sus derechos.

Respecto a la elección pasada del lunes en que a puerta cerrada en la Facultad de Derecho solo la comunidad de este plantel eligió a los nuevos miembros del Consejo Técnico, replicó Domínguez Mota que este proceso tuvo lugar de manera tranquila.  Además de que se negó la asistencia del cuerpo de seguridad universitario solicitada por lo que él tuvo que pedir apoyo a las corporaciones policíacas civiles, cuyos elementos hicieron rondines alrededor del plantel. Señaló que el pleito que se suscitó entre grupos de alumnos fue en el Jardín Morelos fuera de la Facultad, aunque de todos modos atendió el caso.

Referente a su adhesión al equipo de la aspirante morenista Gladyz Butanda Macías, aclaró que es únicamente como asesor jurídico y no como parte de Morena ni de campaña. De hecho, precisó que fuera de sus actividades en la Dirección de la Facultad de Derecho, y en su tiempo libre si alguien lo solicita él brinda asesoría jurídica.

Domínguez Mota no descalificó a Ávila González, pero cuestionó su proceder y señaló verla tomando decisiones inapropiadas en los últimos meses. Dijo tener diferencias y desencuentros con ella, además de que la comunidad nicolaita de Derecho es unida, aparte, y trabaja de manera diferente.

Admitió estar sujeto a observaciones de parte de la Auditoría que, dijo, ha venido desvaneciendo con el paso de los meses, por lo que consideró este procedimiento de las autoridades un prejuzgamiento sin el debido proceso, y dejó en claro que de los otros procesos que presuntamente se le señala, no ha sido ni siquiera notificado y a la fecha no ha sido sujeto de inicio de un proceso de responsabilidades, ni de acusación alguna.

Definió que de lo que le señalan no es motivo para una destitución a su cargo,  el cual señaló desempeñar con orgullo, gusto y dedicación, incluso, cubriendo más horas de lo que corresponde, atendiendo a los estudiantes y a todos los asuntos de la Facultad.

Por lo pronto Domínguez Mota continuará dando clases y llevando su defensa legal en espera de que le restituyan en el cargo como director del plantel, y le restituyan sus salarios caídos, además una indemnización

Pide PRI que ambientalistas sean considerados defensores de Derechos Humanos

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La iniciativa del diputado Guillermo Valencia busca modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas                                       

Amenazas, persecución, secuestros y hasta homicidios, como el de Roberto Chávez, han padecido ambientalistas de Villa Madero que defienden los bosques y sus recursos de un grupo delictivo que opera en la región, y a pesar de ser víctimas de estos criminales, siguen su lucha, es por eso, que deben ser reconocidos como defensores de derechos humanos porque de la tarea que realizan, derivan derechos fundamentales como la vida misma, afirmó Memo Valencia.

El diputado local del PRI recordó también los casos de Homero Gómez,  y de Lázaro Mendoza, ambientalistas asesinados que no han tenido justicia.

«En el 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró que el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, es un derecho universal. Por lo tanto, quien protege un bosque, un río o la calidad del aire no solamente está cuidando la naturaleza de forma abstracta, sino que está defendiendo la base material que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación», dijo.

Lamentó que actualmente no sean considerados dentro de la Ley para la Protección de Personas  Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán, por eso, presentó una iniciativa para reformar el artículo Segundo y sean incluidos.

«Defensores de derechos humanos y periodistas tienen quejas por la aplicación de esa Ley y podrán decir que nuestra pretensión quedará en otra manifestación de buenas intenciones y no dudo que tengan razón, pero al menos desde nuestro ámbito como legisladores cumplamos con dotar de las herramientas normativas a los ejecutores para la verdadera transformación de la realidad», indicó.

Memo Valencia insistió en que la «adición de un par de palabras a un artículo puede ser la diferencia entre que alguien viva o muera».

Pide Homero Gómez Jr reabrir el expediente de su padre y ampliar las declaraciones de actores políticos

Afirma que durante la administración del exfiscal Adrián López Solís no existió disposición para avanzar en las indagatorias                                          

La reapertura de la investigación por la muerte de Homero Gómez González y la comparecencia de diversos actores políticos fueron nuevamente exigidas por Homero Gómez Junior durante una entrevista en el Parlamento michoacano.

El hijo del activista ambiental sostuvo que es indispensable que la Fiscalía General del Estado (FGE) explore todas las líneas de investigación disponibles, debido a que la labor de su padre en defensa de los bosques y de la mariposa monarca impactó intereses económicos, políticos y criminales.

Recordó que Homero Gómez fue un actor clave en el combate a la tala clandestina y señaló que la frontera entre estructuras gubernamentales y grupos delictivos puede resultar difícil de distinguir, motivo por el que considera necesario profundizar en todas las hipótesis.

También planteó que sean llamados a declarar regidores de Zitácuaro y personajes que tuvieron contacto con su padre en sus últimos días de vida, entre ellos el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova.

Incluso consideró pertinente que rinda declaración el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, actualmente prófugo de la justicia por acusaciones relacionadas con lavado de dinero, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El joven afirmó que durante años ha insistido en que el caso sea retomado por las autoridades.

A su juicio, durante la administración del exfiscal Adrián López Solís no existió disposición para avanzar en las indagatorias, situación que provocó el estancamiento del expediente.

Además, rechazó la conclusión oficial que estableció que la muerte de Homero Gómez fue accidental.

“Las personas que estuvimos en el lugar sabemos que no es cierto y tuvimos diversas brigadas de búsqueda cuando supimos que mi padre estaba desaparecido. Sabemos la mentira que nos contó en esos tiempos la Fiscalía. Sí se les pide que reabran el caso, que existan sanciones y que citen a declarar a personas que no han declarado, más allá de que sean culpables o no, pero una investigación es algo que muchos nos merecemos”, exigió.

Asimismo, cuestionó que anteriormente la propia Fiscalía le argumentara que algunos personajes no podían ser investigados debido a que contaban con amparos.

“A mí en su momento me dijo la Fiscalía que no los podían investigar porque ya estaban amparados. Lo único que pido es que declaren, que vayan a la Fiscalía, incluso si tienen manchada su imagen, para que ahí puedan limpiarla”, afirmó.

Finalmente, reiteró que no busca responsabilizar de manera anticipada a ninguna persona, sino que se garantice una investigación completa que permita esclarecer plenamente las circunstancias en que perdió la vida el llamado Guardián de la Monarca.

“Juega bonito, juega limpio”, una apuesta del SEA para retar a la corrupción

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Se trata de un encuentro de sensibilización, diálogo y participación deportiva                                                                                

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) llevará a cabo el encuentro deportivo “Juega bonito, juega limpio” el día 26 de junio a las 9:00 horas, en las instalaciones deportivas de la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, delegación Michoacán (CMIC), con la intención de promover la desnormalización de la corrupción.

Dirigido a personas servidoras públicas, organizaciones, asociaciones y clubes deportivos, comunidades académicas, sector empresarial, cámaras y colegios de profesionistas, este evento busca vincular los valores del juego limpio con la desnormalización de la corrupción.

“Se trata de una herramienta innovadora de educación en valores, trabajo en equipo y sana competencia, una actividad que contará con un ambiente pambolero y familiar”, aseguró la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Miryam Alcalá.

Un espacio de sensibilización, diálogo y participación deportiva que se desarrollará a través de un circuito que incluye actividades de prevención, identificación, denuncia, investigación y sanción con temática alusiva al fútbol. Además, se llevará a cabo la conferencia denominada «Tarjeta Roja: La corrupción NO juega».

Cabe señalar que este evento forma parte del Programa de Sensibilización y Capacitación 2026 del Comité Coordinador del SEA. Para registrar asistencia se pone a disposición de los interesados el siguiente registro: t.ly/dlDQz.

SE LEVANTÓ EL PARO; EL REZAGO SIGUE

Estamos a punto de cerrar el Ciclo Escolar 2025-2026, el último antes de que arranque, en septiembre próximo, el proceso electoral 2026-2027 en 17 estados de la república, incluyendo a  Michoacán, en el cual se renovará la gubernatura y que, como ya es costumbre dolorosa en esta entidad, suele venir acompañado de politización y de manejo discrecional de los recursos destinados a la formación de niñas, niños y jóvenes.

Lo hemos visto y denunciado: subsistemas enteros, niveles educativos completos e instituciones de educación media superior y superior son convertidos en auténticos feudos políticos, donde hasta el personal de comunicación digital es desviado para hacer proselitismo. Esta vez no hubo que esperar al banderazo formal. El Instituto Electoral de Michoacán ya emitió, en abril, medidas cautelares contra el propio gobernador por presuntos actos anticipados de campaña y, en plena negociación centista en Ciudad de México, el pasado 19 de junio el INE removió a cinco integrantes del Instituto Electoral de Michoacán, dejando al organismo sin quórum justo cuando debía preparar el arranque de ese proceso.

La precampaña, en los hechos, ya empezó. Y todo apunta a que, otra vez, se va a financiar con el erario educativo. Las bardas de muchas escuelas públicas, ya desde ahora convertidas en murales políticos, llenos de pintas y hashtags políticos no mienten y avizoran tempestades políticas, máxime porque, en no pocos casos, quienes se promocionan en ellas, son personas que tienen a su cargo responsabilidades educativas en la entidad federativa.

Por si fuera poco, se ha discursado mucho sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa que no existía antes del magnicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025, y que fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum apenas una semana después como respuesta a la indignación social que generó el crimen. Doce ejes, más de cien acciones, promesas de seguridad, educación, salud, vivienda y empleo digno. Pero cada vez que revisamos el diseño o los avances del plan, nos encontramos reiteradamente que éste no contempla una sola medida diseñada específicamente para frenar la violencia dentro de las escuelas. Se presumen armas decomisadas, vehículos asegurados o kilos de droga sintética incautados. No se presume un solo protocolo pensado para que un docente en Aquila, en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas o en la Tierra Caliente llegue a su salón sin temor.

Por si fuera poco, considerando las ya de por sí complejas circunstancias, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició su paro nacional indefinido el 1 de junio de 2026 en al menos diez entidades, entre ellas Michoacán, movilizada a través de algunos colores de su Sección XVIII. El pliego petitorio incluía la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial de hasta cien por ciento al sueldo base, la eliminación de la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros y el regreso a un esquema de pensiones sin administradoras privadas. El 19 y 20 de junio, tras casi veinte días de plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las distintas secciones acordaron levantar el movimiento. Lo llamaron receso estratégico, reorganización, pausa táctica. En absoluto fue una victoria, porque la abrogación de la ley del ISSSTE sigue sin ocurrir, el incremento salarial real se quedó en el nueve por ciento que el SNTE acordó para todos sus agremiados, incluyendo la CNTE y la eliminación de la USICAMM quedó apenas como ofrecimiento del gobierno federal, no como hecho consumado. Lo único que sí se entregó, según trascendió, fue una bolsa de ochocientos millones de pesos para Oaxaca, cifra que el secretario de Educación Pública se apresuró a negar como pago por desmontar el plantón, sin explicar por qué otras secciones igualmente rezagadas no recibieron el mismo trato y a la espera de que se revele qué obtuvo exactamente cada una de las fracciones estatales de la CNTE, particularmente, las de Michoacán, donde la CNTE está fragmentada.

El costo, sin embargo, ya se pagó. Una revisión hemerográfica reciente documenta que la Coordinadora acumula setenta y un días de paro en dos años y medio: veintisiete en 2024, veinticinco en 2025 y diecinueve en este 2026, equivalentes a entre el diez y el catorce por ciento del calendario lectivo de ciento ochenta y cinco días, según el año.  Lo hemos dicho durante diecisiete años: es incongruente argüir que estas protestas defienden la educación pública en entidades donde la probabilidad de que un niño termine una carrera universitaria es inferior al veintidós por ciento, como es el caso de Michoacán, donde el impacto fue parcial.

Que el paro se haya levantado no resuelve nada de lo que ya estaba descompuesto antes de que empezara. Las cuotas escolares siguen ahí, ciclo tras ciclo, a pesar de que la Secretaría de Educación en el Estado reitera que son estrictamente voluntarias y que ninguna escuela puede condicionar inscripción, exámenes o entrega de documentos a su pago. La circular emitida xiste; la práctica, en los hechos, persiste, porque la propia autoridad ha reconocido que el presupuesto estatal no alcanza para las más de doce mil escuelas de la entidad, así que delega en las familias lo que debería ser obligación del Estado, y luego se sorprende cuando algún director convierte la voluntariedad en condición.

Las quejas por la necesidad de plantillas de personal completas tampoco se resolvieron con el plantón. Maestros sin grupo, aulas sin maestro y familias separadas porque el padre o la madre docente terminó comisionado a horas de distancia de su casa: ese es el saldo cotidiano de un sistema de asignación de plazas que nadie en el gobierno federal se ha atrevido a desmontar, aunque ahora lo use como moneda de cambio en la mesa de negociación. Durante el ciclo 2025-2026, la autoridad educativa estatal recibió cerca de mil setecientas solicitudes de jubilación, cifra que supera el número de egresados normalistas en un ciclo completo. Hagan cuentas: se van más maestros de los que se forman, y el magisterio michoacano promedia un ingreso equivalente a apenas dos salarios mínimos. A esa precariedad hay que sumar un dato que debería sonrojar a cualquier funcionario: el presupuesto federal destinado a la formación continua del profesorado equivale a unos ciento cinco pesos anuales por maestro. Con eso no alcanza ni para las fotocopias.

Y luego está la violencia, la que no se retira con ningún acuerdo de Gobernación. De acuerdo con el conteo que realizamos desde Mexicanos Primero Michoacán, en el ciclo 2024-2025 fueron asesinados ciento veinte menores en Michoacán, la segunda cifra más alta del país, solo detrás de Guanajuato, con 163. El doble homicidio de las maestras en Lázaro Cárdenas no fue un hecho aislado: cuatro meses antes, en la misma localidad, otro estudiante había incitado por redes sociales a matar a dos docentes. En Uruapan se cerró un plantel porque los propios estudiantes extorsionaban con cobro de piso a sus maestros. En Apatzingán, cuatro escuelas se convirtieron en bases de operaciones interinstitucionales. En Aquila, dos docentes fueron balaceados mientras viajaban junto a autoridades comunales. Anteriormente, hemos documentado amenazas directas del crimen organizado contra personal educativo en al menos veinte municipios del estado durante el ciclo anterior. Frente a ese mapa, el Plan Michoacán enumera armas decomisadas y litros de precursores químicos, pero no enumera un solo protocolo de seguridad escolar diseñado, presupuestado y auditado.

Quedan apenas diecisiete días hábiles antes de que el ciclo escolar concluya el 15 de julio. No es tiempo para discursos ni para resultados grandilocuentes; es tiempo de cerrar bien lo que se pudo y de sentar las bases de lo que viene.

La primera tarea, urgente y verificable, es que la Secretaría de Educación en el Estado audite con datos públicos cuántos días efectivos de clase se perdieron por escuela y por municipio, y que diseñe, junto con los Consejos Técnicos Escolares, un plan de recuperación pedagógica real para las semanas que faltan, en contraturno si es necesario, en lugar de simular que el calendario oficial cubrió lo que el paro y la violencia se llevaron.

La segunda es exigir, antes de que se entreguen boletas y se cierre el ciclo, un reporte transparente de cuotas escolares por plantel: cuánto se cobró, a quién, para qué se usó y bajo qué acuerdo de consejo escolar, porque la opacidad es exactamente lo que permite que lo voluntario se convierta en obligatorio en los hechos.

La tercera, y no menos urgente, es que toda escuela en zona de riesgo, en la Tierra Caliente, en la Costa o en los municipios colindantes con Jalisco, cuente antes de que termine julio con un protocolo de seguridad mínimo y verificable: una ruta de evacuación, un contacto directo con la mesa de seguridad regional y un mecanismo de alerta temprana ante amenazas detectadas en redes sociales, que es justamente lo que faltó en Lázaro Cárdenas.

La cuarta propuesta mira hacia septiembre: que el Congreso del estado y la sociedad civil michoacana vigilen, desde ahora, que el arranque del proceso electoral 2026-2027 no contamine, otra vez, el cierre de un ciclo escolar y el inicio del siguiente con actos anticipados de campaña disfrazados de entrega de útiles o de inauguración de obra educativa.

Y la quinta es que la Secretaría de Educación Pública federal y la Secretaría de Educación en el Estado hagan pública, antes de que arranque el ciclo 2026-2027, una hoja de ruta concreta sobre el futuro de la unidad de plazas: si se elimina, cómo y cuándo se sustituye, y qué pasa con las miles de plazas y comisiones pendientes que hoy dejan aulas sin maestro y maestros sin grupo.

Prometer la caída de un sistema sin construir el que lo sustituye no es una reforma; es otro vacío, idéntico al que ya estamos pagando, gatopardismo legislativo. El paro se levantó. La responsabilidad educativa permanece. Los indicadores educativos siguen tan grises o rojos como antes del plantón. Es momento de construir un mejor futuro. ¡Merecemos un gobierno educador!

 Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles

 Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.

Concede Congreso 45 días al fiscal Torres Piña; MC exhibe división interna

Señala Antonio Carreño que las instituciones públicas no deben utilizarse como escalones para aspiraciones políticas o electorales                         

La solicitud de licencia por 45 días presentada por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, fue aprobada por la 76 Legislatura con 32 votos a favor y únicamente dos en contra.

Aunque la autorización avanzó sin mayores contratiempos, el debate evidenció diferencias dentro de Movimiento Ciudadano (MC).

Mientras la coordinadora de la bancada, Grecia Aguilar, respaldó la petición, su correligionario Antonio Carreño Sosa fijó una postura contraria y la defendió desde la máxima tribuna del Estado.

Durante su intervención, el legislador señaló que las instituciones públicas no deben utilizarse como escalones para aspiraciones políticas o electorales.

“Es nuestra oportunidad de demostrar congruencia. ¿Cuántas veces hemos dicho que aman Michoacán, pero tienen detrás de la cabeza el proceso electoral? Hay familias que esperan paz, hay familias que esperan justicia, hay personas que siguen esperando a sus familiares desaparecidos”, expresó.

Asimismo, cuestionó que el fiscal solicitara separarse temporalmente del cargo cuando, afirmó, persisten rezagos importantes dentro de la institución, entre ellos 40 mil 279 carpetas de investigación que permanecen sin judicializar y cerca de dos mil órdenes de aprehensión que continúan sin ejecutarse.

La licencia fue votada durante la sesión ordinaria de este miércoles.

Al momento de emitir el sufragio, Carreño Sosa y el diputado independiente Alejandro Bautista Tafolla fueron los únicos legisladores que rechazaron la petición del fiscal michoacano.